POLITICA
Una lista infinita de enemigos, traidores y golpistas

El jueves por la noche, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contó que se sentía traicionado por “una persona” que conduce un noticiero porque vio cómo se indignaba ante uno de sus viajes, cuando originalmente había planeado compartir ese viaje con él. Horas después, la periodista Cristina Pérez se dio por aludida. “Mucha gente te votó y también se sintió traicionada”, le respondió. “Yo avisé y el que avisa no es traidor”. Unos días antes, la diputada oficialista Lilia Lemoine estaba enojada por un comentario editorial de Esteban Trebucq, también, respecto del futuro de Adorni. Entonces, sugirió que el periodista era golpista. “¿Qué sigue, Esteban? ¿Javier, bajate?”, le escribió en la red social X.
Los dos episodios contribuyen a explicar algunas de las cosas que le pasan al Gobierno en estos días. Pérez y Trebucq son dos colegas que muchas veces pusieron en riesgo su reputación por defender políticas oficiales, algo que siempre es difícil para cualquier periodista. Sus posturas respecto del caso Adorni reflejan hasta qué punto el escándalo genera una opinión casi unánime. No se trata de la oposición o del periodismo más crítico. Incluso quienes han sostenido una postura comprensiva hacia el Gobierno en otros momentos difíciles, consideran que las evidencias son categóricas. En el caso Adorni, el Gobierno está aislado como nunca; ese es el primer dato.
El segundo elemento es la reacción oficial: no tolera la disidencia ni siquiera entre aquellos más cercanos. Tarde o temprano, por hache o por be, toda cabeza rodará. La única alternativa para ser “un argentino de bien” consiste en obedecer todo, ser ciego, hincarse. Lo otro es traición o golpismo. Progresivamente, eso va aislando al Presidente incluso de los más cercanos, que muchas veces prefieren callar críticas muy elementales, por temor a una reacción destemplada.

En el caso Adorni se ha producido una disociación muy profunda entre la percepción de la sociedad y la del círculo más cerrado del poder político. Más allá de lo que defina la Justicia en su momento, hay evidencias contundentes de que incrementó su calidad de vida de manera sensible luego de llegar al poder, al punto de acceder a bienes y servicios -como un viaje en avión privado por motivos particulares- que son exclusivos de la elite más privilegiada de la sociedad. Nuevas propiedades, pasajes en primera clase, estadías en hoteles carísimos: la exposición pública de todos estos detalles derrumbó la imagen social de la mano derecha del Presidente. En ese contexto, durante sesenta días, Milei y Adorni tenían dos opciones: explicar lo que pasaba o que el jefe de Gabinete renunciara. No hicieron ninguna de las dos cosas.
Es impresionante la cantidad de miembros del oficialismo que, en este caso, desautorizaron la mirada presidencial sobre el asunto. Nicolás Márquez, el biografo presidencial que era hasta hace poco un incondicional, ahora también engrosa la larguísima lista de traidores. La senadora Patricia Bullrich, la principal aliada del Gobierno, se diferenció por segunda vez: la primera había sido con el escándalo Espert. Las relaciones con ella empiezan a derrapar hacia una ruptura paulatina pero inevitable. El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sumó su propio señalamiento y ahora amenazan con eyectarlo del directorio YPF. Es que para la inmensa mayoría de los argentinos, Adorni ha incurrido en conductas muy cuestionables. Pero un ínfimo puñado de ellos cree que no: el líder de ese grupito cerrado es el Presidente. El choque de percepciones es monumental.

Esa disociación, en la que existe consenso casi unánime en un sentido pero el Presidente va en otro, también se produce en el área económica. En las últimas semanas los tres medios económicos más importantes del mundo –The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist- publicaron notas donde detallan los problemas de la gestión Milei. Hasta hace poco, en esas páginas elogiaban al Presidente. Ahora explican que la persistencia de la inflación crónica, la recesión y los escándalos de corrupción amenazan el futuro de la gestión libertaria. La coincidencia entre los editores de esos medios puede decir dos cosas: que realmente el programa de Caputo está en problemas, o que hay una conspiración internacional en contra de la Argentina. Para la inmensa mayoría de los economistas profesionales, sucede lo primero. Para el círculo áulico de Milei, se trata una conspiración.
Algo de esto se puede percibir en la ácida polémica que enfrentó esta semana a Milei y Caputo con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Todo empezó hace casi dos años cuando, en su blog, Cavallo insinuó, en términos muy respetuosos, algunas críticas laterales al plan económico. A Milei le resultó intolerable, a tal punto que despidió del Gobierno a Sonia Cavallo, la hija del ex ministro, que no había hecho nada. Se ve que algo le molestó mucho al ex ministro porque el enfrentamiento tuvo, esta vez, una franqueza inédita. Cavallo sostuvo que a Milei no le interesa el funcionamiento de la macroeconomía porque prefiere dedicarse “a la filosofía económica, esas cosas de Keynes, Hayek o Rothbard” y que Caputo es un “trader”, no un buen economista. “Enfoca para un lado, y si no le sale cambia de rumbo y va para otro lado. No tiene un esquema definido de cómo funciona la economía”, dijo. Además, contó que el presidente lo bloqueó en Whatsapp y en la red social X. La reacción, otra vez, fue violentísima. Cavallo pasó de ser el mejor de la historia a un expropiador y un resentido que generó la crisis del 2001, cuando era fácil de evitar.
En medio del intercambio, intervino Joaquín Cottani, el ex secretario de política económica de Caputo y amigo personal de Cavallo.

“Durante mis ocho años en Wall Street tuve lo que se podía llamar ‘complejo de economista’. Muchas veces los traders nos menospreciaban –medio en joda, medio en serio- por nuestro exceso de teoría y falta de gimnasia y conocimiento del mercado en el día a día. Yo nunca me ofendía por eso porque, por un lado, tenían bastante razón y, por el otro, yo trabajaba de economista, no de trader, y ambos hacíamos falta en la organización. A diferencia de lo que me pasaba a mí en Wall Street, a Toto no le gusta que le digan que ‘como economista es un buen trader’. La diferencia es que él es ministro de Economía, y para eso no hace falta un buen trader sino un buen economista. Lo mismo ocurre con el presidente Milei. Como presidente es un buen filósofo del anarcocapitalismo”.
Todas estas personas, como los medios internacionales mencionados, comparten la filosofía pro mercado de Milei y participan de su marco conceptual. A todos ellos, tanto en lo que se refiere a los escándalos de corrupción como a los desmanejos de la economía, les ocurre lo mismo: se preocupan por los errores, nadie les presta atención, disienten en público, son agredidos brutalmente y entonces todo termina como termina. Una y otra vez, cientos de veces.
La disociación presidencial llega, por momentos, a dimensiones preocupantes. Esta semana hubo un episodio estremecedor cuando un frigorífico anunció en Moreno que se abrían sesenta puestos de trabajo. Se presentaron más de 4000 personas. Una cola interminable de doce cuadras, por momentos bajo la lluvia. Jóvenes que habían dormido allí para ser los primeros en ser atendidos, argentinos desperados por un trabajo fijo, que sobreviven como pueden, con menos de 500 mil pesos al mes, al mando de familias con cuatro o más integrantes. Los dueños de la empresa se sorprendieron porque había postulantes mayores de 70 años y otros que no sabían leer y escribir. Los testimonios recogidos por los medios durante todo el día eran estremecedores, entre otras razones, porque todos contaban que sus casos eran de lo más comunes, o sea, que todo el mundo en su entorno está así.

Esa noche, el Presidente habló por televisión, a los gritos, para defender a Adorni. Eso ya marcaba una disociación obvia con la mayoría de la población. Pero había otra: no hizo ninguna referencia a lo que había sucedido en Moreno. Si alguna de las personas que había hecho cola bajo la lluvia durante horas escuchó la nota, habrá deducido que Milei no le hablaba a él o a ella. No le importaba. Estaba en otra cosa. ¿Llegarán la imágenes de Moreno a los despachos oficiales o solo miran las que postea el Presidente, de las colas cuando frente a los bazares con chucherías importadas? ¿Alguien recuerda algún discurso donde el Presidente se refiriera a los haberes de los jubilados, por ejemplo, o a los trabajadoresque tienen tres trabajos y aun les cuesta llegar a fin de mes, o a los millones de sobreendeudados? “El consumo récord, la exportación récord, la producción récord”, dijo el Presidente, el jueves, en su enésimo viaje a los Estados Unidos.
La disociación compromete en estos días también al ministro Caputo. “Muchos argentinos tomaron crédito porque creían que la inflación les iba a licuar la deuda. Pero como no hubo inflación ahora no la pueden pagar”, dijo esta semana. Nadie se endeudó por necesidad, o para financiar consumos básicos, o con la tarjeta. Él no tuvo responsabilidad alguna en la desregulación del mércado de crédito, que gatilló una campaña agresiva para convencer a quien lo necesitaba de endeudarse a altas tasas de interés.

Tal vez a todo esto se refería la revista The Economist, cuando editó su última nota sobre la Argentina. El título decía: “Javier Milei está en serios problemas”. Luego, se leía: “El presidente sostiene que es la verdadera víctima de una economía en crisis”. Es que unos días antes, en uno de sus últimos discursos, el Presidente se golpeó el pecho y gritó: “El que más perdí fui yo, que no actualicé mi salario”.
Por momentos, pareciera que hay un mundo real -el de las colas interminables de personas que desesperan por un puesto de trabajo, el de los escándalos de corrupción, el de la opinión pública- y otro mundo, muy distante, en el que vive el Presidente. Para conocer este segundo universo, basta mirar un poco sus redes sociales. Su nuevo berretín son los videítos de inteligencia artificial. En uno de los últimos aparece como arquero de un equipo argentino donde juegan también Lionel Messi Guillermo Francella, Susana Gimenez y Agustín Laje, tamaña ensalada. El equipo contrario es un seleccionado comunista integrado por Lenin, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Mao Zedong y Hugo Chávez. Cuando aparecen las imágenes de estos últimos, se escucha una música de fondo.
“Tirapiedras, Kuka, tirapiedras”.
Mesa Política
POLITICA
“Showroom” por Malvinas: un encuentro comercial en Punta Arenas entre isleños y chilenos desafía la postura argentina

En Punta Arenas, al sur de Chile y frente al estrecho de Magallanes, se lleva a cabo hasta mañana un foro donde participa la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), que encabeza la mayor delegación empresarial para apoyar y concretar un nuevo enlace marítimo que conecte ambas regiones.
La subdirectora de la corporación isleña, Louise Ellis, calificó esta misión como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago, porque se trata de 80 empresas y emprendedores tentados con hacer negocios tomando a Punta Arenas como un punto de partida y entrada de sus productos.
La delegación está compuesta por dueños de empresas, gerentes y funcionarios de rubros tan diversos como la construcción, la pesca, el turismo, el hotelería, la agricultura, los servicios portuarios, la ciencia antártica y el transporte marítimo. El evento Business Showroom tiene lugar este lunes 28 y martes 29 de septiembre en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos.
El objetivo de este encuentro es reconstruir una ruta marítima entre el continente y las islas, justo en medio de un malestar público de parte del gobierno argentino, que pide sanciones a los países vecinos que desarrollen relaciones comerciales con las islas o permitan tomar sus territorios como escenarios para hacerlo.
No se trata de un evento menor, ya que Punta Arenas supo tener una ruta comercial durante décadas con las islas hasta que dejó de ser rentable a principios de este siglo. Pero ahora, con la aparición del petróleo isleño que se proyecta explotar en Sea Lion, que generó una escalada diplomática de enfrentamiento y sanciones entre argentina y las Islas Malvinas, parece incorporarse un tercer actor importante en este debate, la República de Chile.
A principios de este año, la empresa de transporte marítimo Eastern Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Malvinas con el fin de lograr un acuerdo para operar la nueva ruta marítima. El 3 de septiembre pasado, el mismo día que el presidente Javier Milei habló por cadena nacional, la naviera chilena firmó un contrato con el gobierno isleño, no solo para reconstruir la ruta con Punta Arenas, sino también con los puertos de Valparaíso y San Antonio.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, de alto perfil político, fue uno de los organizadores. Hasta consiguió el apoyo del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, quien esta semana que habilitó la construcción de una red comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, con polémicas declaraciones sobre la “soberanía británica por 200 años en las islas” y el reconocimiento a la “voluntad e interés de los isleños”, en una entrevista otorgada a Radio Polar, de Magallanes.
Radonich explicó entusiasmado que entre lo que buscan las empresas malvinenses están “temas de abarrotes, productos congelados, cemento, madera, repuestos para vehículos” y agregó: “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran Home Center de las Islas y sus habitantes”, afirmó, y agregó que la idea es que una familia que “quiere ampliar la casa” o “ampliar el baño” pueda comprar esos artículos en Punta Arenas.
“Saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay. En ese sentido lo que se busca es dar empleo y mayor desarrollo a las pymes locales”, sostuvo, y estimó en 20 millones de dólares anuales el poder de compra del archipiélago. La nueva ruta marítima -cuyo primer viaje ya está previsto para noviembre- reduciría a la mitad la distancia que hoy recorren los Isleños hasta Montevideo, según citan portales locales.
La ruta operó con éxito durante décadas antes de volverse financieramente inviable a principios de la década de 2000. En 2025, FIDC identificó suficiente potencial para iniciar consultas con el sector privado de las Islas Malvinas, las navieras chilenas y el municipio de Punta Arenas, y posteriormente elaboró un informe de antecedentes para las partes interesadas. Una conexión con Chile complementaría el exitoso servicio mensual existente desde Uruguay, fortaleciendo la resiliencia de las importaciones y exportaciones.
“El restablecimiento de la ruta entre Punta Arenas y Stanley fue visto como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por parte de Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota”, declaró Ellis, subdirectora general de FIDC.
“Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las Islas Malvinas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”, dijo hoy en el primer día del encuentro.
El empresario chileno Andrés Monteros, que además es especialista en temas australes, sostuvo en una columna de opinión en el sitio de noticias Mercopress, que “Argentina puede sostener su reivindicación sobre las Falkland (Malvinas). Puede expresar su desacuerdo con la relación comercial entre Chile y las Islas. Sus dirigentes pueden incluso criticar públicamente el proyecto. Pero una cosa es expresar una posición política y otra muy distinta es pretender impedir, por vías administrativas o diplomáticas, una operación comercial que se desarrolla entre un puerto chileno y Port Stanley”, dijo.
Monteros agregó: “El extremo austral necesita más comercio, más conectividad y más cooperación, no nuevas barreras. Magallanes y las Falkland (Malvinas) estuvieron vinculados durante décadas por el comercio y la navegación. Recuperar esa relación no es una provocación: es simplemente recuperar una ruta”. También reconoció que habrá obstáculos, por la posición argentina y la interpretación de los tratados de 1881 y 1984. “Los tratados están vigentes. Argentina dice que son definitivos. El decreto todavía habla de -control conjunto-”, dijo.
Brasil y Uruguay
Las sanciones que busca implementar el gobierno argentino chocan con una realidad, y un problema de implementación, y es visible en este caso, porque Chile dice tener la autonomía suficiente para oxigenar la economía de su parte austral consolidando una ruta naviera con las islas, pero también, en menor escala, Brasil y Uruguay mantienen vínculos comerciales y logísticos limitados pero significativos con las Islas Malvinas.
Por ejemplo, Uruguay compra hasta seis millones de dólares en lana a los isleños anualmente y les vende productos siendo su puerto un punto de contacto permanente para los buques británicos junto al de Santa Helena. Días atrás el presidente uruguayo Yamandú Orsi desmintió tener un acuerdo firmado con el Reino Unido para abastecer de fibra óptica a las islas, luego de que un barco neerlandés informara que realizó un estudio del lecho marítimo que une las islas con Uruguay, lo que algunos interpretaron era para tal fin.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
POLITICA
Fernanda Miño reclamó fondos para los barrios populares: “El Gobierno desmanteló la integración urbana”

Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.
“Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.
La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.
“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.
“Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
El déficit de infraestructura en los barrios populares
Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.
“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.
En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.

El reclamo por los fondos
Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.
“Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.
Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.
Cómo se asignaban y controlaban las obras
Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.
Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.

“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.
Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.
“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
La transición con el gobierno de Milei
Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.

Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.
El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.
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POLITICA
El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad de las petroleras en Malvinas en un plazo de dos semanas

El Gobierno intimó formalmente al Reino Unido este lunes para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
En ese sentido, Javier Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
Para defender esa posición, el Ejecutivo volvió a mencionar una vez más la Resolución 2065 (XX) de la ONU que reconoció la disputa entre ambos países por el archipiélago e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones. En paralelo, también citó la Resolución 31/49 del organismo que llamó expresamente a los dos protagonistas del conflcito a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el reclamo, una norma que se ve afectada por el proyecto Sea Lion.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, enfatizaron las autoridades nacionales.
Sanciones por sobrevuelos entre Punta Arenas y Malvinas
A su vez, el Gobierno también informó la detección de operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Por eso, el Presidente ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
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