POLITICA
Los riesgos de la obstinación política en tiempos de ebullición social

La conversación digital de los argentinos muestra un clima social más áspero, con la negatividad en alza por cuarto mes consecutivo y un universo emocional dominado por fuerte sentimientos como la culpa, el odio, la tristeza, la preocupación, el enojo y la venganza.
En este clima social tan adverso, el caso de Manuel Adorni aparece como el segundo nombre más dominante en la charla digital local detrás del de Javier Milei, asociado a un debate digital que inflige un daño reputacional al corazón mismo del poder libertario.
Ante este escenario, cabe preguntarse si el Presidente, en modo “bombero incendiario” debe moderar su discurso buscando bajar la tensión pública o bien continuar con un agite político dañino para el humor de los argentinos.
La gobernabilidad, por otros medios
Desde el punto de vista institucional, un gobierno puede tener margen formal para tomar decisiones, con el riesgo de perder margen social para sostenerlas.
Abril mostró precisamente este problema: la conversación de los argentinos en redes sociales develó una negatividad que combinó el malestar social general, la crisis política de gobierno de Javier Milei, en un texto de ansiedad pública potenciada por ambos fenómenos.
En ese contexto, la gobernabilidad de Milei enfrenta un riesgo: que la confrontación permanente, que pudo haber servido como combustible electoral o como técnica de cohesión del núcleo duro, empiece a rendir cada vez menos como herramienta de gobernabilidad.
La motosierra comunica mejor cuando promete futuro, pero impacta peor cuando el público empieza a agitar sentimientos de culpa, odio, preocupación y desesperación.
La llamada polarización afectiva, como fenómeno en cuestión, puede amenazar la cohesión social, obstaculizar la formulación efectiva de políticas públicas y aumentar la distancia social entre grupos políticos.
Lo que luce como una decisión de riesgo, para los libertarios pareciera ser una opción válida para darse volumen político y fundamentalmente lograr gobernabilidad.
Adorni, el “jarrón chino”
Sostener en el cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como una decisión de alto costo reputacional para Milei.
Adorni es un actor central que ordena la conversación general en redes sociales, sólo detrás del presidente.
En una charla pública ya deteriorada, esa centralidad convierte su permanencia en un recordatorio constante de la crisis interna se sufre el gobierno.
Desde el punto de vista de la gestión de crisis, el peor escenario es aquel en el que el gobierno no logra cerrar el episodio ni resignificarlo.
De hecho, la gestión libertaria intentó obturar la crisis con la exposición desafiante de Manuel Adorni en el Congreso, en su presentación del informe de gestión.
La teoría situacional de comunicación de crisis, usada en estudios de reputación, diferencia entre negar, minimizar, reconstruir y dar respuestas de base.
La evidencia experimental muestra que las respuestas informativas —explicar qué pasó, cómo afecta al público y qué se hará para evitar repetición— pueden mitigar el deterioro reputacional, mientras que la ausencia de respuesta o el simple “recordatorio” de méritos previos puede empeorar la confianza y la percepción pública.
Si Manuel Adorni permanece sin una respuesta institucional robusta, el gobierno queda atrapado en una defensa de pertenencia.
Sirve para decir “no nos vencerán”, pero no servirá para reconstruir confianza.
Y en un contexto de alta crispación de la conversación pública, con 59% de negatividad en abril, la “épica del aguante” puede terminar pareciéndose demasiado a la obstinación.
Atacar a la prensa: útil para polarizar, malo para gobernar
El ataque a la prensa que el gobierno sostiene y profundiza puede tener un rendimiento táctico en pleno despliegue del Adornigate: activa identidad, ordena enemigos, retiene conversación y disciplina al propio espacio.
Pero en un clima digital deteriorado, su efecto de gobernabilidad es regresivo.
La agresión abierta al periodismo no sólo suma conflicto: transforma una crisis de gestión en una crisis de legitimidad informativa.
La investigación sobre acusaciones de desinformación realizadas por políticos muestra que esas acusaciones pueden reducir la confianza general en los medios entre ciudadanos con actitudes populistas fuertes.
La clave es que el ataque no impacta sólo sobre un medio específico: puede derramar sobre la confianza en la institución periodística en general.
Tal vez es lo que busca el gobierno de Javier Milei, contrariando los manuales de buenas prácticas políticas.
Para el presidente, el problema es práctico: un gobierno que necesita reformas, negociación legislativa, tolerancia social al ajuste y credibilidad externa no puede vivir indefinidamente en guerra con todos los intermediarios de confianza.
La prensa puede ser incómoda; convertirla en enemigo permanente es pegarle al termómetro que, en realidad, es el medio que marca la fiebre, pero no explica la enfermedad que la causa.
Moderar el discurso no es retroceder: es administrar poder
Más allá de si Javier Milei debe abandonar o no su identidad política, la cuestión es si puede gobernar con la misma intensidad discursiva con la que construyó poder: los datos de abril sugieren que no le conviene.
La moderación, en este contexto, no implica volverse “tibio”, sino separar la situación en tres planos:
- confrontar por temas (como fue la reforma laboral).
- negociar por gobernabilidad (como lo hizo con los gobernadores aliados)
- responder con transparencia ante crisis (como no lo hizo hasta ahora con Adorni)
En un contexto de negatividad en aumento, el gobierno debe bajar el volumen del conflicto identitario y subir la calidad de la explicación pública.
No es tan difícil, aunque resulte casi impracticable para el gobierno de La Libertad Avanza.
Según Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias”, estos regímenes políticos no dependen sólo de reglas formales, sino también de normas informales como la tolerancia mutua y la contención institucional.
Cuando los rivales pasan a ser tratados como enemigos existenciales, aumenta la tentación de usar cualquier herramienta para bloquearlos o destruirlos.
Esta perspectiva aplica de lleno al problema argentino: la moderación discursiva no sería una concesión estética, sino un mecanismo de reducción de riesgo institucional.
Construir puentes con opositores cercanos
En presidencialismos fragmentados, gobernar exige algo más que voluntad ejecutiva.
En ese sentido, Javier Milei entendió que trabar acuerdos con gobernadores aliados (cercanos o lejanos ideológicamente) le permite construir un interesante músculo político, con resultados parlamentarios.
Esta suerte de coalición ad hoc del gobierno libertario dio sus resultados en leyes clave como la reforma laboral, que fue aprobada (no sin sobresaltos) en el Congreso, pese a haber tenido fuertes resistencias en la sociedad.
El problema es si el caso Adorni (y más aún la imposibilidad de librase de sus efectos) no está poniendo en juego esos méritos acuerdistas del gobierno con distintos sectores políticos.
¿Será esa la razón por la cual Patricia Bullrich vienen exigiéndole al gobierno una solución concreta a la situación de Manuel Adorni, para atemperar los ánimos opositores que se blandean sobre futuros acuerdos parlamentarios?
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La realpolitik expone a Javier Milei a una inevitable corrección de método: si necesita aprobar nuevas reformas, sostener el vínculo con los gobernadores, ordenar el Congreso y administrar conflictos sectoriales, debe ofrecer algún tipo de previsibilidad a los opositores más cercanos.
Esta concesión no implica cogobierno, pero sí forjar la interlocución, fijar reglas (más o menos) claras y establecer un mínimo de respeto público, en favor de la salud del debate público.
Javier Milei, Manuel Adorni
POLITICA
Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reclamó una reforma política con el mayor consenso posible para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se pronunció a favor del diálogo con el Gobierno nacional sin resignar su identidad peronista y dejó un mensaje hacia la interna del PJ.
Jalil es uno de los gobernadores peronistas con mayor fluidez de trato con el presidente Javier Milei. En el programa dejó en claro que ese vínculo no implica adhesión total. “No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar”, dijo, y mencionó a Gustavo Sáenz y a Osvaldo Jaldo como parte del grupo de mandatarios con los que articula posiciones frente al Ejecutivo nacional. El gobernador también citó a Alberto Weretilneck entre los que acompañan “algunos procesos”, siempre con la premisa de defender los intereses de sus provincias. “La gente quiere que uno defienda su provincia, pero también dialogar con el Gobierno nacional”, resumió
Esa postura tiene un correlato concreto en el Congreso. Los legisladores nacionales que responden a Jalil votaron a favor del RIGI y del presupuesto 2026, entre otras iniciativas del oficialismo. El gobernador lo enmarcó en una lectura electoral que, según él, ya no distingue entre partidos: “La gente valora la gestión, valora el diálogo, el consenso; a la hora de decidir, corta el voto”. Recordó que en las últimas elecciones provinciales ganó en distritos donde Milei también se impuso, con boleta única, lo que implica que una parte del electorado los eligió a ambos en la misma papeleta. “La gente hoy es mucho más inteligente de lo que nosotros pensábamos”, afirmó durante una entrevista con Lorena Maciel en el programa Futuro Imperfecto de Radio Con Vos.
Sobre los aspectos que rescata del Gobierno nacional, apuntó al equilibrio fiscal y al control de la inflación. “El contrato social es la inflación; la inflación es el impuesto a la pobreza, al que más afecta a la pobreza”, afirmó, y señaló que Catamarca ya venía cumpliendo ese objetivo hace años: la deuda provincial representa hoy el 3% del presupuesto, contra el 30% que heredó su antecesora, Lucía Corpacci. Habló desde su perspectiva de economista y también respaldó la idea de reformar el Banco Central para que custodie el valor de la moneda. “Creo que nos debemos una reforma del Banco Central a donde, como es en Estados Unidos y en otros países, esté cuidando la moneda; creo que nos faltó el cuidado de la moneda, que es el contrato social que tiene la sociedad con el Gobierno nacional”, planteó.

De todas formas, Jalil reconoció que la baja de la inflación tiene costos. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, señaló ante la pregunta de Maciel sobre los recortes en educación, salud y obra pública. Y agregó que la mejora en la relación con los gobernadores es perceptible: “En lo que es la gestión y la relación con los gobernadores, creo que estamos mejor que hace seis meses. Creo que sí, también escuchan un poco más”.
La reforma política y las PASO
Jalil ratificó su posición a favor de eliminar las PASO, aunque con una condición que reiteró en más de una oportunidad: que el cambio cuente con el respaldo más amplio posible. “Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos”, sostuvo, y planteó que esa discusión debería incluir a Axel Kicillof, a Diego Santilli y al propio presidente.
El gobernador argumentó que el sistema de primarias abiertas no fortaleció a los partidos políticos y que las candidaturas deberían volver a resolverse en el interior de cada fuerza, a través de internas o acuerdos entre frentes. Señaló que hoy solo cuatro provincias —Catamarca, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— mantienen ese mecanismo, mientras el resto ya reformó su legislación electoral. “Cuando fue medio una moda las PASO, hoy solamente cuatro provincias lo tienen”, graficó.
Para Jalil, la reforma electoral es también una señal hacia el exterior. “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”, advirtió. Fijó marzo o abril de 2027 como el momento adecuado para que los gobernadores y el Gobierno nacional cierren un acuerdo sobre el nuevo esquema, y pidió que ese consenso “dure varios años, más allá de la coyuntura”. Fue preciso sobre su posición personal: “Yo pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, aunque aclaró que esa es “una opinión personal” y que lo que importa es el acuerdo colectivo.
“Yo personalmente creo que tenemos que ir a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos y que se resuelva a través de una interna, consenso o a través de los frentes políticos que se tienen que dar. Pero eso es una opinión personal. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que Axel, Santilli, el presidente, todos los gobernadores logremos un consenso en una reforma política”, aseveró.
El peronismo y su momento
Al ser consultado sobre el estado del peronismo, Jalil evitó los diagnósticos tajantes. Reafirmó su pertenencia al justicialismo desde 1983, pero reconoció que los partidos políticos atraviesan una transformación que excede a la Argentina. Citó al senador ítalo-argentino Mario Borghese para ilustrar que las etiquetas partidarias pesan cada vez menos: “La gente vota lo que interpreta de izquierda, lo que interpreta de derecha, más allá de los partidos políticos”.
En ese marco, descartó de plano afiliarse a La Libertad Avanza. “Yo estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, respondió cuando la conductora le planteó la pregunta en forma directa. Pero tampoco ofreció una lectura sobre si el kirchnerismo cumplió su ciclo. “En política no se puede decir cumplió una etapa o no cumplió una etapa; la política es muy dinámica ante el escenario”, esquivó.
Sobre las intervenciones partidarias en provincias, fue más preciso. Señaló que las que se aplicaron en Salta, Misiones y Jujuy terminaron con derrotas electorales y reclamó apertura interna. “No crean que el partido es de uno; el partido es de todos”, afirmó. También advirtió que la discusión política en Buenos Aires tiene sus propios tiempos: “Buenos Aires tiene que resolver sus problemas de interna y después conversará con los gobernadores”.
POLITICA
Reforma electoral: crece el optimismo en el Gobierno y Santilli retoma la ronda de reuniones con gobernadores.

El Gobierno aumenta su optimismo por los votos de la reforma electoral y prepara una nueva ronda de Diego Santilli con gobernadores para acelerar acuerdos políticos y tratativas de cara a 2027. El jefe de Gabinete recibirá el lunes en la Casa Rosada al puntano Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza cerró un entendimiento en 2025 y que ahora busca replicar para la próxima elección presidencial.
El Ejecutivo toma el caso de San Luis como un antecedente de negociación posible: Poggi cedió el plano nacional y conservó el armado local. En Nación creen que ese formato puede servir como referencia para otros distritos donde el oficialismo necesita votos para eliminar o suspender las PASO, pero no quiere resignar el control de la boleta presidencial de Javier Milei.
La Casa Rosada sostiene que Santilli también activará reuniones con otros gobernadores a los que todavía no recibió desde que asumió como jefe de Gabinete, más allá de la foto compartida en Tucumán durante los actos del 9 de Julio. El objetivo es ordenar acuerdos por reformas, votos legislativos y eventuales entendimientos electorales antes de que la agenda quede absorbida por el Presupuesto 2027.
En Balcarce 50 buscan mostrar una señal de avance pese a los cuestionamientos de aliados y opositores al esquema de colectoras o adhesiones. En varios despachos oficiales creen que la reforma electoral “sale sí o sí” y ya trabajan sobre los preparativos de campaña para después de esa votación. La prioridad es llegar a agosto con acuerdos encaminados y fijar como deadline la primera mitad de septiembre para votar en Diputados.
En la mesa política del oficialismo quieren evitar que la discusión electoral choque con el tratamiento del Presupuesto 2027, que será enviado antes del 15 de septiembre.
Ese proyecto incluirá cambios sobre las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de la reforma presupuestaria inspirada en el shutdown estadounidense y modificaciones a la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno también mira el Senado. En Nación aseguran que tienen los votos para impulsar el paquete de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que se votará el jueves. En ese marco, no descartan que la mesa política se traslade al Congreso para seguir de cerca la negociación legislativa y ordenar a los bloques aliados.
El Ejecutivo diseña en paralelo la hoja de ruta de la campaña, con visitas a provincias, ejes discursivos y una narrativa apoyada en reformas. El oficialismo quiere hacer campaña con las leyes ya sancionadas -como la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la Ley Bases y los cambios sobre Glaciares- y con las iniciativas que todavía enviará al Congreso.
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La Casa Rosada incluirá en ese segundo grupo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo Código Penal, el paquete de desregulación y la reforma de seguridad. La intención es presentar esa agenda como una continuidad de gestión y no como promesas aisladas de campaña.
En el Ejecutivo buscan combinar ese mensaje con resultados macroeconómicos. En la mesa chica quieren que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización financiera sean el centro de la oferta electoral, junto con indicadores de inseguridad que permitan contrastar la gestión nacional con la oposición.
El entorno del jefe de Estado planea volver a polarizar con “el modelo” del kirchnerismo y ubicar a Axel Kicillof como figura de choque.
En el oficialismo creen que el gobernador bonaerense puede funcionar como el principal contraste político para ordenar la campaña en la provincia de Buenos Aires y nacionalizar la discusión contra el peronismo.
En el Gobierno reconocen que Milei se moderará mientras sigan las negociaciones por la reforma electoral. En su entorno explican que el tono más dialoguista forma parte de un proceso para mostrar apertura con gobernadores y sectores moderados, pero aclaran que “no tiene nada que ver con el cierre de listas”.
El Ejecutivo insiste en que La Libertad Avanza planea competir con candidatos propios en varias provincias y que los acuerdos se definirán “distrito por distrito”. La idea es distinguir entre gobernabilidad y armado electoral: se puede negociar apoyo legislativo con mandatarios provinciales sin entregarles automáticamente el control de las candidaturas locales.
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La Casa Rosada sabe que el frente más sensible sigue siendo el Senado, donde distintos bloques aliados resisten la eliminación de las PASO y miran con reparos las colectoras. Aun así, en Nación creen que el incentivo electoral, los acuerdos provinciales y la necesidad de ordenar el calendario antes del Presupuesto pueden terminar inclinando la negociación.
En Balcarec 50 también buscarán apoyarse en los antecedentes de 2025 para ordenar los nuevos acuerdos territoriales. La lectura oficial es que los entendimientos más viables serán aquellos en los que los gobernadores conserven margen local y el mileísmo preserve el armado nacional, sin repetir un esquema único para todas las provincias.
Milei quiere llegar a septiembre con una secuencia política cerrada: reforma electoral encaminada, acuerdos con gobernadores, paquete legislativo en marcha y campaña en preparación. El cálculo oficial es que, si Santilli logra convertir la foto de Tucumán en votos concretos, Milei podrá entrar en la etapa electoral con reglas más favorables y una agenda centrada en reformas, economía y seguridad.
Gobierno, reforma electoral, Diego Santilli, Elecciones
POLITICA
Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

El gobierno de la provincia de Santa Cruz mantiene desde hace más de un mes negociaciones con representantes de la Policía provincial, quienes sostienen protestas y acampes en reclamo de mejoras salariales. El conflicto continúa sin resolución.
Este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas oficiales no fueron aceptadas. Participaron del encuentro representantes del Gobierno provincial, del Servicio Penitenciario y personal policial.
Según medios locales, se presentaron dos alternativas. La primera contempla los siguientes valores punto: julio $2.310,20; agosto $2.337,92; septiembre $2.365,98; octubre $2.394,37; noviembre $2.423,18 y diciembre $2.452,18, con revisión en octubre.
El valor punto es la cifra utilizada para calcular el sueldo del personal de la Policía de Santa Cruz. Multiplicando ese valor por los puntos asignados a cada cargo se determina el salario de cada efectivo.

La segunda alternativa propone llevar el valor punto en junio a $2.116,78 y luego: julio $2.142,19; agosto $2.167,89; septiembre $2.193,91; octubre $2.220,23; noviembre $2.246,88 y diciembre $2.273,84, con revisión en octubre.
En la primera alternativa, un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, que hoy percibe $1.182.351 en los haberes de junio, pasaría a recibir aproximadamente $1.713.034 según la propuesta. Un cabo con base 4 en antigüedad, que hoy recibe $1.318.664, pasaría a percibir aproximadamente $1.773.810.
La segunda alternativa establece que un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, actualmente con un haber de $1.182.351, pasaría a cobrar aproximadamente $1.608.049. Un cabo con base 4, que percibe $1.318.664, pasaría a recibir aproximadamente $1.703.170.
Sin embargo, las propuestas presentadas no lograron satisfacer las demandas del sector policial. Según informó el diario La Opinión Austral, la expectativa de los representantes es que un agente inicie su salario en $2.200.000 y que el valor punto, actualmente fijado en $2.084, alcance una cifra cercana a los $4.000.
Al concluir la reunión, el personal policial decidió intensificar las protestas. Instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, ocuparon parte del jardín del palacio gubernamental y realizaron un corte de calle en la zona donde se ubica la Jefatura de Policía. Medios locales reportaron que también se montaron carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en el sector donde habitualmente pernocta Claudio Vidal durante su estadía en Río Gallegos.

El comunicado de la Provincia
Tras la fallida reunión del Consejo del Salario, el Gobierno provincial emitió un comunicado en el que denunció “hechos de violencia” y daños en las instalaciones de la Escuela de Policía, situaciones que, según indicó, precipitaron el cierre del encuentro.
En el documento, el Ejecutivo detalló que las propuestas salariales presentadas eran superiores a las ofrecidas en la reunión anterior y sostuvo que permitirían que un agente recién iniciado en la carrera percibiera un haber de bolsillo por encima de la Canasta Básica Total.
“Sin embargo, una vez más, prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa, sin que pudiera alcanzarse un acuerdo”, detallaron en el texto.
Asimismo, el Gobierno Provincial repudió los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Escuela de Policía. Según señalaron, se produjeron agresiones y roturas de vidrios del edificio, y adjuntaron las imágenes que ilustran esta nota.

“Pese al nuevo rechazo, el Poder Ejecutivo dejó expresamente asentada su voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo para seguir trabajando en una solución que contemple las posibilidades financieras de la Provincia y reconozca el esfuerzo cotidiano del personal policial y penitenciario”, expresaron.
Finalmente, reafirmaron que continuarán realizando “todos los esfuerzos responsables” para mejorar las condiciones salariales del sector y remarcaron: “Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional, dejando de lado posiciones inflexibles que impiden avanzar hacia acuerdos en beneficio de todos“, cerraron.
Santa Cruz,Policia
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