Cuando se pensaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, había conseguido USD 1.300 millones y que comenzaría la acumulación de cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones, los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro cayeron en USD 796 millones.

Sin embargo, esta semana la Secretaría de Finanzas tendrá una nueva oportunidad para recomponer el saldo en dólares. Será con una licitación de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028, cuyo resultado será observado de cerca, porque en la segunda vuelta de la última colocación solo se concretó una colocación de USD 48 millones con el bono que vence después del mandato de Javier Milei.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó en su balance diario al 5 de mayo que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 1.345 millones, equivalentes a $1,8 billones al tipo de cambio de $1.395,1909. Al día siguiente, el saldo se ubicó en USD 549 millones ($762.119 millones a $1.386,2923), lo que implicó una reducción de USD 796 millones en tan solo 24 horas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron explicaciones sobre las razones detrás de la caída de los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro. La falta de respuesta oficial dejó abiertas incógnitas; aunque no es algo que no haya sucedido, casi siempre que se dan estos movimientos a la baja es por el pago de deuda externa a organismos internacionales.

En el mercado se generaron ruidos por el resultado de la última licitación. Hace dos semanas, la Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta USD 148 millones, tras recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se colocaron USD 100 millones a una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, mientras que el Bonar 2028 sumó USD 48 millones a una TNA de 8,44%. Estos montos se sumaron a las colocaciones de la primera vuelta y permitieron recaudar USD 848 millones en la semana.

Con ese último resultado, en mayo, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos en dólares. Y si se suman las licitaciones previas, el total ascendió a 2.279 millones de dólares.

Frente a ello, para la consultora Equilibra, la licitación mostró “sólidez en pesos, pero señales mixtas en el tramo en dólares”. El análisis destacó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El informe puntualizó que el AO27 cumplió el objetivo de colocar el tope de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa alineada al mercado secundario. En cambio, el AO28 completó la primera vuelta con USD 350 millones, pero en la segunda solo reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, el Gobierno emitió más de USD 2.250 millones entre ambos bonos.

El comportamiento del mercado en la próxima licitación será clave para el equipo económico. El resultado de la segunda vuelta en la licitación anterior, donde el AO28 solo sumó USD 48 millones, abrió interrogantes sobre el apetito por este tipo de títulos, en especial aquellos cuya fecha de vencimiento excede el mandato de Javier Milei. La tasa de interés ofrecida por el AO28, de 8,44%, reflejó el mayor costo asumido por el Estado para captar divisas en ese plazo.

De acuerdo con la agenda oficial, este lunes 11 de mayo se anunciará el llamado para la nueva licitación, prevista para el miércoles 13. En esa ocasión, la Secretaría de Finanzas volverá a ofrecer los Bonar 2027 y Bonar 2028, nuevamente con un tope máximo ampliado: USD 350 millones por cada bono en la primera vuelta (antes era USD 150 millones) y USD 100 millones en la segunda vuelta, lo que suma un máximo de USD 900 millones entre ambos instrumentos.

La estrategia de financiamiento implementada por Luis Caputo incluye sucesivas emisiones de bonos en moneda extranjera para aumentar los depósitos del Tesoro y atender los vencimientos de corto plazo. La suma total emitida desde el inicio del programa alcanzó USD 2.279 millones, aunque la volatilidad en los depósitos del Tesoro y la caída registrada volvieron a poner en el centro del debate la sostenibilidad de esa política.

La próxima licitación ocurrirá en un contexto de dudas sobre la confianza de los inversores y la disposición del mercado a seguir financiando al Tesoro en moneda extranjera. La caída de USD 796 millones en un solo día en la cuenta del Tesoro sumó presión a la estrategia de financiamiento, mientras el Gobierno intenta sostener el flujo de fondos para afrontar los vencimientos de julio. Y más aún cuando poco se sabe sobre cómo continuaron las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener hasta USD 4.000 millones.

Tras 45 días de vigencia, este viernes llega a su fin el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país el 1° de abril. El vencimiento de este mecanismo —que logró contener el impacto de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local— anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.

Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, este lunes habrá una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.

Cabe recordar que el acuerdo -aún vigente- entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina. Bajo este esquema, los refinadores compraban el petróleo a las productoras tomando como referencia el valor vigente hasta marzo de 2026 —alrededor de USD 70 por barril— independientemente de la cotización real, que llegó a superar los USD 120 por barril para el Brent. La diferencia se registraba en cuentas compensadoras que debían saldarse a futuro si los valores internacionales descendían.

En las jornadas recientes, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo: tanto el Brent como el WTI retrocedieron entre 10% y 12% ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El WTI cotizó en USD 95 por barril (una caída del 12%) y el Brent quedó en USD 101 por barril (10% menos). Esta reacción del mercado fue consecuencia del “memorándum de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán para abrir una ventana de 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen latentes.

A esa presión se suma además la suba de impuestos fijos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. El pasado 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. Esta decisión -que el ejecutivo había pospuesto el mes anterior- empezó a regir el 1° de mayo, aunque se desconoce si el alza impositiva se trasladó o no a los surtidores, ya que la decisión de aplicarlos o absorberlos corre por cuenta de las petroleras.

En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor; el 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial.

Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios a Infobae, aquel ajuste impositivo implicaría una suba total de $11,035 por litro solo por carga fiscal. La totalidad del tributo pasaría de $345,541 a $355,939 por cada litro, mientras el impuesto al CO2 sumaría $0,637 y alcanzaría los $16,074 desde mayo.

El traslado de ese aumento al precio final quedó a criterio de las petroleras y sería parte de la decisión que anuncien este lunes 11 de mayo. De esta forma, las empresas decidirán en las próximas horas si trasladan, total o parcialmente, tanto la suba internacional acumulada como el reciente incremento impositivo. De concretarse, llevaría el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro.

Caída de ventas y giro en la demanda

En este escenario, la demanda interna de combustibles registró una caída en marzo de este año. Según un informe de Surtidores, las ventas totales tuvieron una contracción del 1,8% en el tercer mes de 2026. Durante ese periodo, la nafta súper cayó un 4,1% interanual, señal de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el menor uso de automóviles.

La decisión de ‘amortiguar’ los precios en aquel entonces respondía, entre otras cuestiones, a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que buscaba ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global.

El esquema de “buffer” de precios -tal como lo definió YPF- fue una iniciativa privada entre los tres grandes eslabones de la industria: productores puros como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; e integradas como YPF, Puma y Axion.

El mecanismo aún vigente consiste en tomar el valor del crudo correspondiente a marzo como referencia para las transacciones internas. De esta manera, los productores facturan según la cotización internacional de cada momento —por ejemplo, el barril llegó a USD 120 en picos recientes, aunque actualmente ronda los USD 104—, pero los refinadores abonan el valor vigente hasta el mes de marzo (alrededor de USD 70).

Al momento de publicación de esta nota, el Brent cotiza en torno a los USD 104,49 por barril. Sin embargo, aun si el conflicto se resuelve en el corto plazo, el sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones —en torno a USD 60—. Por el contrario, proyectan un precio sostenido cerca de los USD 90 por barril.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que “la gente se sobreendeudó a tasas muy altas esperando que la inflación licúe su deuda”, lo cierto es que la morosidad es un problema cotidiano en muchos hogares argentinos. Según el último Estudio de Medios de Pago de D’Alessio IROL, 6 de cada 10 argentinos conviven con algún tipo de compromiso financiero, una situación que ya forma parte de la organización habitual del hogar.

“La deuda dejó de ser un problema excepcional para transformarse en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Ya no aparece solamente vinculada a grandes créditos o situaciones límite: hoy atraviesa el consumo diario, las compras financiadas, el pago de servicios y hasta las relaciones familiares”, explica el informe.

Más allá de los datos duros sobre la irregularidad en los pagos a bancos, tarjetas y billeteras, el informe rescata el otro lado de la mora: ¿qué esperan los que tienen alguna deuda? ¿Quieren ponerse al día o buscan zafar del compromiso? ¿De quién esperan una ayuda?

Las preguntas resultan tan relevantes como oportunas. Mientras los bancos y las fintech empezaron a lanzar planes de refinanciación de deudas, apoyados en la baja de las tasas de interés de las últimas semanas. A la vez, en el Congreso empiezan a aparecer planes de la vieja escuela: ya se presentó una decena de proyectos de ley desde la oposición para fijar condiciones en la refinanciación de los créditos, tales como topes a las tasas o cantidad de cuotas. En el sistema financiero, esas ideas generan resquemores: se sabe que la respuesta de los bancos a esa clase de planes oficiales, en general, es que el crédito se reduce.

“Los argentinos no están pidiendo dejar de pagar sus deudas. Lo que están pidiendo es poder respirar”, afirmó Nora D’Alessio, directora de Investigación de D’Alessio IROL. “Aun en un contexto difícil, persiste una fuerte cultura del esfuerzo y del cumplimiento. Lo que empieza a agotarse es la sensación de que, aun esforzándose, nunca se termina de salir”, explicó.

La preocupación central de los argentinos, se desprende del informe, no es la condonación de los compromisos financieros, sino la posibilidad de encontrar una manera viable y menos asfixiante de enfrentarlos.

Frente a la consulta sobre qué ayudaría más a ponerse al día con sus deudas, los encuestados priorizan medidas asociadas a la flexibilización y adecuación de los pagos. Dentro del universo de los que tienen al menos una deuda, los encuestados pidieron tasas de interés más bajas (33%), reducción o congelamiento de intereses (26%), cuotas más bajas aunque se extienda a un plazo más largo (25%) y propuestas ajustadas a la capacidad de pago efectiva (22%) y hasta que les unifiquen sus deudas en una sola entidad (10%).

Apenas el 17% de los consultados mencionó una quita parcial de la deuda como principal alternativa para regularizar su situación. Este dato refleja que la sociedad “aún acepta la lógica del cumplimiento, pero rechaza cada vez más mecanismos financieros que percibe como interminables o imposibles de sostener en el tiempo”.

En la actualidad, entre los que tienen deudas, las tarjetas de crédito bancarias lideran el ranking (64%). Otros endeudados, seguidos por las compras en comercios financiadas en cuotas, de electrodomésticos u otros bienes (22%), préstamos personales en bancos (18%) y deudas con familiares o conocidos (18%). “Incluso empiezan a consolidarse los préstamos tomados a través de billeteras digitales como Mercado Pago o Ualá, que ya alcanzan al 14% de los endeudados”, señaló D’Alessio IROL.

Con ese esquema, los acreedores comienzan a superponerse: para cancelar total o parcialmente deudas con tarjetas de crédito, que suelen tener tasas más caras, muchas familias toman créditos personales con bancos o billeteras a un costo más bajo. Los mismos bancos comenzaron a ofrecer ese mecanismo para que la refinanciación de la tarjeta no se vuelva impagable entre los que optaron, en exceso, por el pago mínimo.

Según el informe, este fenómeno revela un cambio cultural: la deuda se volvió “doméstica, fragmentada y permanente”. Deja de ser una cuestión financiera y “empieza a formar parte del funcionamiento habitual del hogar”, afectando la manera de consumir, planificar y proyectar el futuro.

El impacto de la deuda ya no es únicamente económico y adquiere “un fuerte desgaste emocional asociado a la imposibilidad de saldar los compromisos. Aunque el 34% de los argentinos siente que podrá salir adelante aunque le lleve tiempo, un 22% se percibe estancado y un 18% reconoce directamente que la deuda lo supera y no encuentra salida viable.

Un bloque de respuestas clave del Estudio de Medios de Pago de D’Alessio IROL indaga acerca de dónde apuntan los argentinos para conseguir ayuda para salir de esta situación frente a la percepción de que los mecanismos actuales no permiten salir nunca del ciclo de endeudamiento. Ante la consulta sobre quién puede ayudar para salir de las deudas, el 31% de los endeudados, sencillamente, respondió “yo”. Solo confía en ayudarse a sí mismo.

Un 25% directamente dijo que nadie puede hacerlo, y apenas el 18% mencionó a su banco o tarjeta. Menos aún encuentran chances de ayuda en las billeteras (2%). “El sistema financiero, aunque sigue siendo importante, no siempre es percibido como cercano o contenedor. En cambio, se percibe una fuerte sensación de soledad en el proceso de intentar regularizar la situación financiera. Hay un sentimiento de orfandad entre los clientes”, dijo D’Alessio.

La responsable del informe advirtió sobre un fenómeno relevante para bancos, tarjetas y fintech: muchas personas sienten “que fueron empujadas o tentadas a consumos, créditos o financiaciones que terminaron superando sus posibilidades reales. En varios casos, la responsabilidad por las deudas empieza a recaer sobre las propias entidades donde se originaron”.

La visión de Nora D’Alessio aporta otro matiz sobre el rol de las entidades financieras: “Castigar al cliente sin ofrecerle ni explicarle caminos posibles para salir de las deudas debilita la relación y la voluntad de pago”. El contacto humano y la personalización de las propuestas aparecen como factores críticos para revertir la tendencia creciente de morosidad.

El estudio concluye que muchas personas sienten que las estrategias de bancos y entidades de crédito no contemplan la realidad de quienes tienen problemas para pagar. La reducción de límites de crédito sin comunicación clara y la falta de atención personalizada generan desgaste y frustración, y ni siquiera las mejores estrategias de orientación al cliente logran compensar esa percepción.