INTERNACIONAL
La Justicia de EE.UU. busca usar leyes sobre terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos
Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.
Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.
La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas que, según el gobierno, eran contrabandistas de drogas.
La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los cárteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.
El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hablar públicamente.
Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.
“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los cárteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.
Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional en Ciudad de México el 26 de junio de 2025. (Foto: Luis Barron/REUTERS/Foto de archivo)
Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.
“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.
Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los cárteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de cárteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cártel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.
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Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal conocido como “abrazos, no balazos“.
Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.
Sin embargo, parece probable que los acusados del cártel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.
“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles durante el año pasado, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza. “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.
Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los cárteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.
A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los cárteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.
“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.
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Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.
Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: REUTERS/Evan Vucci).
Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.
Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.
Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.
Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2– fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.
De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, dijo.
Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.
Pero hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los cárteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cártel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo. “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”, dijo.
*Por Ernesto Londoño, reportero del Times radicado en Minnesota que cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico; Alan Feuer, que cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump; y Jack Nicas, jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México que lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.
The New York Times, México, Estados Unidos
INTERNACIONAL
Motociclistas encabezan tragedia vial en Honduras: suman más de 700 muertos en lo que va del 2026
La crisis vial en Honduras continúa dejando cifras alarmantes. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que, en lo que va del año 2026, un total de 701 personas han fallecido en siniestros viales registrados a nivel nacional, una problemática que sigue cobrando vidas diariamente en las carreteras del país.
El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46.7 por ciento de las víctimas mortales corresponde a motociclistas, lo que confirma que este tipo de vehículo continúa siendo uno de los más vulnerables y protagonistas en los accidentes de tránsito.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 5,900 percances viales han sido reportados durante los primeros meses del año. Además, las autoridades señalaron que siete de cada diez incidentes atendidos involucran motocicletas, situación que mantiene en alerta a los organismos de seguridad vial y salud pública.
“Lamentablemente una gran cantidad pierde la vida y una gran cantidad queda con lesiones bastante graves en los distintos centros asistenciales”, expresó Aguilar al referirse al impacto humano que provocan los accidentes de tránsito en Honduras.
La DNVT atribuye gran parte de esta problemática a la irresponsabilidad de algunos conductores que continúan infringiendo la Ley de Tránsito.
Entre las principales causas identificadas destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol, el uso del teléfono celular mientras se maneja y el irrespeto a las señales de tránsito.
El portavoz explicó que muchos conductores realizan maniobras indebidas, como adelantamientos en zonas prohibidas, además de ignorar altos y semáforos, acciones que incrementan considerablemente el riesgo de colisiones y atropellamientos.
“Al ver estos datos estadísticos, podríamos concluir que la ciudadanía sigue conduciendo de manera irresponsable, a exceso de velocidad, personas que no respetan las señales de tránsito, se cruzan un alto, no respetan los semáforos, personas que van conduciendo bajo las ingestas de bebidas alcohólicas, van utilizando el teléfono celular, van realizando adelantamientos en zonas prohibidas; estas son de las principales causantes de accidentes de tránsito”, desglosó Aguilar.
Otro de los factores que preocupa a las autoridades es la falta de educación vial entre los conductores.
Según registros de la DNVT, una considerable cantidad de personas involucradas en accidentes nunca obtuvo un permiso de conducir mediante los centros oficiales de capacitación y evaluación.
La institución considera que esta carencia de formación influye directamente en el desconocimiento de normas básicas de circulación y prevención vial.
En muchos casos, conductores sin experiencia ni preparación adecuada se desplazan en motocicletas o vehículos particulares sin medir los riesgos que representan para ellos y para otros usuarios de la vía pública.
Ante este panorama, la DNVT mantiene operativos permanentes en diferentes puntos del país con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y hacer cumplir la Ley de Tránsito.
Las autoridades reportaron que diariamente son sancionados más de 800 conductores por distintas infracciones.
Las multas más frecuentes están relacionadas con conducir sin licencia, no portar casco protector, exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos y utilizar dispositivos móviles mientras se conduce.
Aguilar insistió en que muchos de los accidentes podrían evitarse si los conductores adoptaran medidas preventivas básicas, como mantener una distancia prudente entre vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas.
Asimismo, exhortó a los motociclistas a utilizar equipo de protección adecuado y a respetar las normas de circulación, ya que este grupo continúa siendo el más afectado por la siniestralidad vial en Honduras.
La creciente cantidad de fallecidos y lesionados mantiene bajo presión a los centros asistenciales del país, donde decenas de personas ingresan diariamente con heridas graves producto de accidentes de tránsito.
Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana para evitar que las cifras sigan aumentando durante el resto del año.
corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras
INTERNACIONAL
UK defense shortfalls highlighted as Britain avoids Iran offensive role amid Trump criticism
NEWYou can now listen to Fox News articles!
LONDON: The United Kingdom announced Tuesday it will be deploying military assets «as part of a future defensive mission to secure freedom of navigation in the Strait of Hormuz.»
While the move can be seen as a positive step in repairing relations with the U.S., Prime Minister Keir Starmer’s reluctance to join the U.S. in «Operation Epic Fury» against Iran has still ruffled feathers in Washington — most notably those of President Donald Trump.
Trump has dismissed Starmer as «no Churchill.» In a recent interview with Sky News, the president further complained about the lack of British alignment: «When we asked them for help, they were not there. When we needed them, they were not there… And they still aren’t there.»
TRUMP SLAMS STARMER AS ‘NOT WINSTON CHURCHILL’ FOR REFUSAL TO BACK IRAN STRIKES
British soldiers take part in the Swift Response 22 military exercise at the Krivolak Military Training Center in Negotino, North Macedonia, on May 12, 2022. The exercise involved approximately 4,600 soldiers from North Macedonia, Albania, Montenegro, Greece, Italy, France, the UK and the US to demonstrate NATO forces’ ability to deploy globally and cooperate fully. (Robert Atanasovski/AFP via Getty Images)
Trump also took aim at the British Navy’s readiness in March, ridiculing the fleet during a White House meeting.
«We had the U.K. say that, ‘We’ll send’— this is three weeks ago — ‘we’ll send our aircraft carriers,’ which aren’t the best aircraft carriers, by the way,» Trump said, according to Sky News. «They’re toys compared to what we have.»
Two recent reports by a leading military expert and a parliamentary committee may, in part, explain why the U.K. didn’t join the war in an offensive measure.
In a report titled, «Iran War Delivers a Tough Lesson in Hard Power to the U.K.,» Matthew Savill, director of military sciences at the Royal United Services Institute (RUSI), wrote, «The outbreak of a new war in the Middle East has led to questions about the U.K.’s relevance in international affairs. Alongside debates about legality and politics, there are some hard truths about military power and the reality of the readiness of the U.K.’s armed forces.»
FILE: Soldiers in action as the British Army demonstrate the latest and future technology used on operations across the globe on Salisbury plain training area on October 29, 2019 in Salisbury, England. (Finnbarr Webster/Getty Images)
While the report was written with the war still raging on, Savill stated, «Pressure is growing for the deployment of more U.K. forces to the region and direct involvement in strikes, but the government will need to answer difficult questions about prioritization and the effect that it might be trying to achieve. The consequence is that as much as intent and policy drive U.K. involvement, the practical realities will constrain what the U.K. can do.»
Savill added, «On the defensive side, the U.K. has not been idle… [U.K. assets] which also appear to have included some counter-drone units – have been involved in downing Iranian drones while defending Jordan and Iraq.»
UK DEPLOYING WARSHIP, HELICOPTERS TO CYPRUS AFTER DRONE STRIKE
President Donald Trump delivers remarks as Italian Prime Minister Giorgia Meloni and British Prime Minister Keir Starmer applaud following the signing of the first phase of the Gaza ceasefire agreement in Sharm El-Sheikh, Egypt, on Oct. 13, 2025. (Evelyn Hockstein/Reuters)
Savill wrote that «The challenge for the U.K. is that in the past few years, the commitments and visible presence of U.K. Armed Forces in the region have been shrinking, as a result of the pressure on the military, and a conscious decision to prioritize elsewhere, most recently in the ‘NATO First’ approach of the Strategic Defense Review of 2025.»
While the Starmer government has committed to increasing defense spending to 2.5% of GDP by 2027, experts warn that this investment may be too late to restore the U.K.’s ability to project power globally in the near term.
John Hemmings, director of the National Security Center at Henry Jackson, told Fox News, «The U.K.’s military capabilities have been systematically underfunded over the past 15 years, with the Spending Review and cuts starting in 2009 and 2010 under Prime Minister David Cameron. The Strategic Defense and Security Review (SDSR) at the time stated that the world was headed in a much more dangerous state, but the fiscal devastation of the 2008 Financial Crisis pushed the Government into a series of cuts that were intended to be short-term. Instead, the Cameron Government sent the U.K.’s armed services into a spiral of terminal decline that has lasted until this day,» he said.
TRUMP PRAISED FOR GETTING NATO ALLIES TO BOLSTER DEFENSE SPENDING: ‘REALLY STAGGERING’
The Type 45 destroyer HMS Dragon is moored in the Royal Navy Dockyard in Portsmouth, England, on Oct. 28, 2024. Britain announced on May 12, 2026 that it will deploy autonomous mine hunting equipment, counter drone systems, along with Typhoon jets and HMS Dragon as part of a future defensive mission to secure freedom of navigation in the Strait of Hormuz. (Matt Cardy/Getty Images)
Hemmings added, «Consider the Royal Navy, the U.K.’s premier service and source of great power reach; only 25 out of 63 commissioned vessels are actual fighting ships. This force size is impossible to service Britain’s overseas responsibilities and has seen cuts of 50% in only 30 years. In 1996, there were 22 frigates, 17 submarines, 15 destroyers, and 3 aircraft carriers. Today’s First Sea Lord must attempt to carry out the same duties with seven frigates, 10 submarines, six destroyers, two aircraft carriers. In addition, the U.K. underfunded new capabilities like domestic air and missile defenses and advanced command and control systems.»
A U.S. Navy ship launches Tomahawk Land Attack Missiles in support of Operation Epic Fury. (U.S. Central Command Public Affairs)
A second report released last month, by the House of Lords International Relations and Defense Committee titled: ‘Adjusting to new realities: rebalancing the U.K.-U.S. partnership,’ presents several key recommendations where it warned of the over-dependence on the U.S. «Although the U.K. has benefited from closely collaborating with the U.S. on defense, this has fostered a dependency culture leading to a decline in U.K. capabilities and loss of U.K. credibility in Washington. The Government should provide a clear and costed pathway to achieving the commitment to increase defense spending to 5% of GDP.»
While the Ministry of Defense did not respond to several requests for comment over the state of forces, Fox News Digital recently reported that the U.K. government said it is reversing an attrition rate in the military, stating that total armed forces strength stood at 182,050 personnel as of Jan. 1, 2026, including 136,960 regular troops, an increase from the previous year.
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The government has also pledged what it calls the largest sustained rise in defense spending since the Cold War, with military spending set to reach 2.6% of GDP by 2027, backed by an additional £5 billion (approximately $6.6 billion) this financial year and £270 billion (nearly $360 billion) in defense investment over the course of the current parliament. Britain has also said it aims to raise defense spending to 3% of GDP by the end of the next parliament.
Analysts say while some in the Trump administration see the U.K.’s absence as a betrayal of the special relationship, others may say it is a tough lesson in the limitations of a mid-sized power that has tried to maintain a global footprint on a shrinking budget.
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