A pesar del auge de endeudamiento corporativo y provincial en el mercado internacional que tuvo lugar desde las elecciones legislativas de 2025, el gobierno de Javier Milei todavía aguarda mayor compresión del índice de riesgo país para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Según analistas, los factores que limitan la reducción del indicador elaborado por JP Morgan son los desafiantes compromisos financieros de cara a 2027, así como la incertidumbre política y electoral que suscitan los comicios presidenciales del año que viene.

El índice de riesgo país, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos estadounidenses de igual plazo, se mantiene desde hace meses dentro del rango de 500 a 600 puntos básicos. Tras una marcada reducción posterior a las elecciones, el índice no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo.

Esa compresión permitió que las compañías emitan más de USD 13.000 millones en obligaciones negociables y otros instrumentos desde octubre de 2025. Las provincias también aprovecharon la mejora y distritos como CABA, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Entre Ríos acudieron al financiamiento externo, en su mayoría, para el refinanciar vencimientos. En ambos casos, se consiguieron tasas de interés que van desde el 6% hasta el 9% anual.

Sin embargo, los analistas del mercado consideran que con el nivel actual de índice riesgo país, si la administración libertaria intentara emitir deuda en el exterior, debería abonar una tasa de interés que oscila entre 9% y el 10% anual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el acceso al crédito internacional sigue siendo costoso. Además, considera que, en función de los indicadores macroeconómicos, la variable debería encontrarse en valores inferiores. Atribuye la persistencia de estos niveles a la cautela de los inversores ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo o de políticas de control más estrictas.

En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La diferencia en las tasas de los bonos AO27 y AO28, ambos emitidos por el Tesoro para afrontar pagos superiores a USD 4.300 millones en julio, muestra la prudencia del mercado frente al actual panorama político. El AO27, que vence en octubre de 2027, paga una tasa anual mayor a 5%, mientras que el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, ofrece un rendimiento por encima del 8% anual.

Según analistas, esta diferencia de casi 300 puntos básicos responde a la incertidumbre sobre el futuro político tras las próximas elecciones presidenciales. Ese spread representa el rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener posiciones más allá del actual ciclo electoral.

Algunos especialistas opinan que si el Gobierno logra realizar alguna colocación que demuestre acceso a los mercados, aunque sea con una tasa más alta, esto impactaría positivamente en los bonos y podría reducir el riesgo país, facilitando la posibilidad de obtener más financiamiento y en mejores condiciones en el futuro. Esto se debería a que el mercado dejaría de tener dudas sobre la capacidad del país para afrontar los vencimientos de 2027.

En diálogo con Infobae, el director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, la principal duda que limita la reducción del riesgo país es el calendario de vencimientos de deuda. “Si el mercado no está muy dispuesto a prestarle al Gobierno, que se conozcan con más detalle las fuentes alternativas que cerró el equipo económico sería un factor que ayudaría”, apuntó.

El economista añadió: “La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno. Y obviamente que también puede ayudar es que se calme la situación internacional, porque eso ha levantado el riesgo país de todos los países”.

En cuanto al proceso de endeudamiento corporativo y subsoberano, Tiscornia planteó que ocurrió, mayoritariamente, en empresas y provincias que están vinculadas a sectores energéticos o con capacidad exportadora.

Para el jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, la diferencia entre la toma de deuda por parte de las compañías y las jurisdicciones pasa por una cuestión de historial: “El soberano está sujeto a cambios de gobierno, controles de capitales y más. Es un riesgo político. En cambio, las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías. Eso explica en parte el spread entre distintos créditos».

Por otra parte, de Luca consideró que el escenario global juega en contra de los intereses del Gobierno. «Hoy la tasa de Estados Unidos está en su punto más alto del último año y medio, con un conflicto bélico en Medio Oriente que agrega mucho ruido a los mercados internacionales y cuyos potenciales efectos adversos tienen distintos resultados para los activos de riesgo. Es decir, quizás no es el mejor punto de entrada», manifestó.

Bajo su perspectiva, un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos es asequible para Argentina en el mediano plazo. “De todos modos, es algo binario que se definirá en octubre 2027. Creo que si el gobierno actual es reelecto, la apertura a los mercados se dará de forma automática por una cuestión de expectativas”, apuntó.

En tanto, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, evaluó que los rendimientos de 10% de la deuda argentina responde a varios factores: “Por un lado, es la concentración de vencimientos futuros; por otro, la necesidad de consolidar previsibilidad respecto de la continuidad del programa económico. A eso se suma el historial de defaults y reestructuraciones argentinas en la percepción de riesgo y en la valuación de los activos soberanos.”

“La diferencia de tasas entre bonos que vencen dentro del actual mandato y aquellos con duration más larga muestra que el mercado sigue asignando una prima vinculada al escenario político y a la continuidad del programa económico. El spread entre AO27 y AO28 refleja justamente esa sensibilidad: más que la calificación crediticia puntual, hoy pesa la capacidad de sostener consistencia macroeconómica en el tiempo», puntualizó Botto.

Un informe reciente de GMA Capital advirtió que incluso después de la mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Fitch Ratings (de CCC+ a B-), los bonos soberanos continúan operando con rendimientos cercanos al 10% anual, niveles que todavía se ubican por encima de países con calificaciones similares.

Destaca el reporte de la ALyC: “En un universo emergente, donde los retornos generosos están en extinción, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada. La comparación regional refuerza esa idea. Bonos soberanos de países ubicados en escalones equivalentes como Bolivia, Egipto o Nigeria, operan por debajo con TIR de 8,8%, 7,2% y 6,7% anual, respectivamente, aun compartiendo perfiles de riesgo elevados. Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente”.

¿Qué tendría que ocurrir para cerrar parte de esa brecha? “Los drivers favorables deberían consolidarse y, sobre todo, reducirse los factores de incertidumbre política y financiera. En un mercado que todavía mira más allá del corto plazo, las dudas de cara a 2027 y la continuidad del actual régimen económico siguen funcionando como un límite para una compresión más contundente del riesgo país”, definieron los economistas de la ALyC.