La decisión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de desactivar por completo el sistema de armas A-4AR Fightinghawk coloca a los recién incorporados F-16 como la única opción de caza operativo a nivel nacional. Los aviones quitados de operación eran los herederos de una larga vinculación con esa alternativa de combate, que en su primera versión —los Douglas A-4B Skyhawk— arribó a nuestro país en el lejano 1966. A esa primera «camada» le siguieron luego la modernización A-4C y la alternativa A-4AR Fightinghawk, que aterrizó en las bases argentinas durante la segunda mitad de la década de los 90. En ese derrotero de décadas, los A-4 tuvieron una actuación por demás destacada en la Guerra de Malvinas. La muerte del piloto Mauro Javier Testa La Rosa, ocurrida en julio de 2024 y por una falla en su aeronave, volvió a poner en discusión la operatividad de los cazabombarderos, afectados por la falta de repuestos, los recortes presupuestarios y la antigüedad de sus respectivas células.

Ahora, el interrogante que queda es qué ocurrirá con el inventario de 12 aeronaves A-4AR Fightinghawk que aún se mantienen en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. En ese sentido, la primera medida que tomará la FAA será concentrar todo el material disponible de esos aviones —células, repuestos y herramientas— en la base puntana para luego definir un nuevo destino para ese material.

Esto implicaría, según plataformas especializadas como Zona Militar, «el traslado de los componentes del sistema de armas presentes en el Área Material Río Cuarto, unidad que dio por décadas apoyo, mantenimiento y sostenimiento a la plataforma Skyhawk/Fightinghawk».

Evalúan nuevo destino para los A-4AR Fightinghawk

«Con estas acciones, que comprenderán el minucioso proceso de clasificación y catalogación de todo lo que ha englobado al sistema de armas A-4AR, se servirá próximamente al proceso de enajenación y evaluación de cara a posibles oferentes que estén interesados en adquirir estos sistemas», indicó la fuente.

Claro que, al tratarse de equipamiento desarrollado por los Estados Unidos, toda operación de transferencia de esas aeronaves deberá contar antes con el aval del país norteamericano.

«Si bien la baja de los A-4AR argentinos convierte a la Marina de Brasil, con sus AF-1, en el último operador militar de la aeronave, el Skyhawk continúa teniendo una segunda vida brindando servicio de agresores a varias de las más importantes Fuerzas Aéreas del mundo, como la de Estados Unidos y Canadá, por solo citar algunos ejemplos», afirmó el portal.

El «servicio de agresores» comprende a aquellos aviones que son utilizados en el entrenamiento aéreo de los pilotos de combate. Por poner un ejemplo cercano, Top Aces, la empresa que asesora a la FAA en la instrucción de las tripulaciones argentinas de los F-16, incluye aeronaves A-4N Skyhawk de origen israelí en sus ejercicios de formación.

Para tal fin, la flota que opera Top Aces ha sido sometida a programas de modernización que incorporan nuevas tecnologías, como radares AESA y sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos.

«Además de la empresa canadiense, otros operadores privados también emplean los A-4 con similar fin, como es el caso de la firma Draken International, la cual posee ejemplares provenientes de las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda e Israel», precisó la plataforma.

Resta conocer qué cotización se le impondrá a los A-4AR Fightinghawk desactivados y, por supuesto, si Estados Unidos estará de acuerdo en darle un nuevo horizonte a un sistema de armas que marcó una época en la aviación nacional.

La Libertad Avanza acelera la llegada de más cazas F-16

En paralelo a este escenario, y enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16.

La FAA recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año.

Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre.

La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense antes mencionada y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

En medio de la tensiones en el plano político con el relanzamiento del PRO, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires (caba) acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas. Aunque los reclamos continuaran los pagos no realizados desde 2020.

El proceso de negociación entre el Gobierno y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.

La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno Naciona de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina (BNA). Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. En esa instancia, la Ciudad había aceptado, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.

En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa por la que hasta este momento Jorge Macri reclamaba. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.

La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.

El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.

Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.

La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por la gestión de los Fernández.

El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.

Las acciones estadounidenses fluctúan dispares este lunes, con leves alzas y bajas en los principales indicadores, ya que la preocupación por la inflación provocada por la guerra afectó a los inversores al inicio de una semana dominada por los resultados de Nvidia (-1,8%), actualmente la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, por encima de los 5 billones de dólares.

A las 11:50 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,2%, a 2.720.000 puntos. Los bonos soberanos -Globales y Bonares- ascienden un 0,2% en promedio, a la vez que el riesgo país de JP Morgan descuenta cuatro unidades para la Argentina, en los 534 puntos básicos.

El petróleo crudo opera estable, con el Brent del Mar del Norte a USD 109,30 el barril para entregar en julio, luego de que el gobierno de Estados Unidos se mostró flexible a la hora de permitir que Irán mantenga actividades nucleares pacíficas limitadas bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, según declaró a Reuters una fuente iraní de alto rango.

La fuente señaló que, sin embargo, en lo que respecta a los activos iraníes congelados, Washington solo ha accedido hasta ahora a liberar una cuarta parte de dichos activos según un calendario por fases. Irán quiere que Estados Unidos reconsidere ambas posiciones, añadió la fuente.

En su nueva propuesta, Irán se ha centrado de nuevo en garantizar el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones marítimas. Las cuestiones más controvertidas en torno al programa nuclear de Irán y el enriquecimiento de uranio, que siguen siendo las partes más difíciles de las negociaciones, se han aplazado para rondas posteriores de conversaciones.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street operan con predominio de ganancias. Mientras que del lado ganador destacan las subas de YPF (+4,6%), Vista Energy (+2,67%) y Bioceres (+2,9%), del lado negativo Satellogic cae un 7 por ciento.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU a más largo plazo alcanzaron sus niveles más altos en más de un año, en medio de una ola de ventas en los mercados mundiales de bonos a mayor vencimiento impulsada por los temores de inflación relacionados con la guerra.

El retorno del bono referencial del Tesoro norteamericano a 10 años subió hasta el 4,6% anual, su nivel más alto desde febrero de 2025. La rentabilidad a 30 años bajaba poco más de dos puntos básicos, al 5,1 por ciento.

El repunte de los precios del petróleo la semana pasada agravó las preocupaciones de los inversores en bonos sobre la inflación, ya que las negociaciones para alcanzar un acuerdo en la actual guerra con Irán mostraban pocos avances. El conflicto ha provocado ataques y confiscaciones de buques en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo.

“Las acciones locales experimentaron una jornada de rebote técnico liderada por el sector energético y financiero. Si bien los balances bancarios exhibieron resultados superiores a los trimestres anteriores, persiste un sentimiento de cautela entre los inversores”, explicaron los analistas de Rava Bursátil.

“La bolsa estadounidense enfrenta presiones por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, que alcanzó el 5,1%. En cuanto a las empresas de semiconductores, la volatilidad aumentó tras las noticias sobre la cumbre entre Estados Unidos y China, donde la autorización de venta de componentes no derivó en contratos inmediatos para Nvidia -según declaró Donald Trump-. Pese a esto, la acción se negocia cerca de sus máximos históricos», acotaron desde Rava Bursátil.