Los cortes de mediados de mes permiten proyectar que la inflación de mayo estaría por debajo del 2,6% de abril, manteniendo el proceso de caída.

Así como marzo suele ser un mes «picante» en materia inflacionaria por razones estacionales, mayo resulta el caso inverso. Además, ayudaron medidas del Gobierno como amortiguar el ajuste en el precio de los combustibles.

El último trabajo de LCG reveló que los alimentos cayeron 0,8% en la segunda semana del mes, luego que en la primera no habían registrado variación.

En tanto, para Analytica los alimentos tuvieron un aumento de 1% en la segunda semana, con lo cual prevé una variación de 2,4% para el mes.

Por su parte, el relevamiento de Econviews mostró una deflación de 0,1% en el arranque de mayo para su canasta de alimentos y bebidas.

Para Eco GO en el arranque del mes los precios de los alimentos subieron 0,2% con proyección de 1,7% para el período y cuando se incorpora el resto de las categorías la inflación de mayo estaría en 2,2%.

En la misma línea, la consultora Equilibra muestra una evaluación el mismo sentido, con un resultado mensual en descenso, aunque por encima de 2%.

El economista jefe de Libertad y Progreso, Iván Cachanovsky, estimó la inflación de mayo entre 2 y 2,1% ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

En cambio, la consultora ACM tiene una visión más moderada y considera que el impacto en los servicios le pondrá presión al número final.

«Si bien los datos de alta frecuencia parecen indicar una moderación de la variación de precios, sobre todo de alimentos y bebidas, los incrementos de las tarifas públicas, presionaran al alza», alertó en su último trabajo.

La consultora Wise Capital también se sumó a estas estimaciones y prevé una caída de la inflación hasta un 2,4% en mayo, aunque advirtió que no caerá por debajo de 2% hasta agosto o septiembre.

El quiebre que nadie anticipaba en la dinámica de precios

Según el reporte de LCG, el motor principal detrás de este retroceso en los precios fue el comportamiento de dos rubros extremadamente sensibles para la mesa de los argentinos: las verduras y las carnes.

En el caso de las verduras, se midió una caída semanal del 5,3%, mientras que las carnes retrocedieron un 2,0%. En términos de incidencia directa sobre el índice, estos dos sectores fueron los que más «empujaron» el indicador hacia terreno negativo, con aportes del -0,43% y -0,62% respectivamente, logrando compensar con creces las subas registradas en otros rubros.

El informe de LCG detalla que, a pesar de la baja general, categorías como «azúcar, miel, dulces y cacao» subieron un 2,7% durante la última semana, seguida por las «bebidas e infusiones para consumir en el hogar«, que treparon un 1,1%. Para entender la magnitud de este «giro inesperado», es necesario poner la lupa sobre el comportamiento acumulado. 

El promedio de las últimas cuatro semanas, la perspectiva todavía muestra desafíos: la inflación promedio en alimentos se sitúa en un 2,7%. Este número mensual está fuertemente traccionado por los «productos lácteos», que acumularon un alza del 8,5%, explicando por sí solos el 40% de la inflación promedio del último mes.

Lo que el equipo de Okseniuk ha detectado es una señal potente: aunque la inercia de productos procesados como los lácteos sigue siendo alta, la fuerte caída en los frescos ha logrado quebrar la tendencia alcista en la medición semanal. Incluso en el promedio mensual, las frutas ya muestran un signo negativo del -1,4%, lo que refuerza la idea de que ciertos sectores están empezando a ajustar a la baja.

El Costo de la Construcción en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba mensual de 3,1%, por encima de la inflación que fue del 2,5%, y una variación interanual de 24,4%. Así, el costo del metro cuadrado llegó a $1.463.247, según el relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El organismo porteño desglosa el índice en tres capítulos: materiales, mano de obra y gastos generales. La valorización mensual se realiza para cada elemento que compone el costo total, lo que permite identificar con precisión los insumos que más presionan el resultado final.

Entre los componentes con mayor alza mensual, el IDECBA señaló al gasoil con una suba de 12,7% y a la nafta con un incremento de 12%. Ambos combustibles integran el capítulo de gastos generales y su evolución incide de manera directa sobre los costos operativos de las obras.

El capítulo de mano de obra también registró una variación considerable: el costo salarial subió 5,5% en el mes y acumuló 34,2% en la comparación interanual. Para el cálculo de los valores salariales establecidos en remuneración horaria, el IDECBA procedió a su mensualización sobre la base de 176 horas mensuales efectivamente trabajadas.

El índice elaborado por el organismo porteño sirve como referencia para la actualización de contratos y presupuestos en el sector de la construcción, tanto en proyectos públicos como privados dentro de la Ciudad.

A su vez, en abril, el Índice Construya (IC), que refleja la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción elaborados por las empresas del grupo, registró un aumento mensual desestacionalizado de 4,98%. Sin embargo, el indicador se ubicó 4,7% por debajo del nivel registrado en abril de 2025.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, los despachos mostraron un incremento de 0,6% respecto al mismo período de enero a abril de 2025.

Desde Construya señalaron que, a medida que avanza el año, se observa una mejora gradual en los despachos de insumos destinados a la construcción residencial, impulsada por la consolidación de la estabilidad macroeconómica.

Vale mencionar que, según el último dato del Indec, en marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento interanual del 12,7% respecto del mismo mes de 2025. Asimismo, el acumulado del primer trimestre de 2026 mostró una suba del 3,9% en comparación con igual período del año anterior.

En términos desestacionalizados, el índice evidenció en marzo una variación positiva del 4,7% frente a febrero de 2026. Por su parte, la serie tendencia-ciclo también reflejó un comportamiento favorable, con un avance del 0,7% respecto del mes previo.

Por otro lado, un informe de Reporte Inmobiliario señaló que “los costos para remodelar cocina y baño de un departamento se mantuvieron en pico alto en dólares durante el primer tramo del 2026″.

Actualmente, remodelar el baño y la cocina de un departamento estándar requiere una inversión de $18.453.373, equivalentes a USD 12.904 al tipo de cambio vendedor del dólar blue de comienzos de mayo de este año. La cifra representa prácticamente el mismo monto en dólares que se necesitaba hace un año.

En pesos, el costo de remodelación de un baño registró un aumento interanual del 20,91% respecto de abril de 2025. Sin embargo, medido en dólares, el valor se mantuvo prácticamente estable durante el mismo período, al ascender a USD 6.156.

En el caso de la cocina, el incremento interanual fue del 16,55% en pesos frente a abril de 2025, mientras que en dólares el costo también se sostuvo en niveles similares a los del año pasado y alcanzó los USD 6.748.

La estabilidad cambiaria, que se extendió por un período más prolongado de lo esperado, continúa sosteniendo elevados los costos de remodelación. Reporte Inmobiliario advierte que “remodelar hoy será más barato que mañana”.

De acuerdo al informe, entre los factores que explican esta tendencia se encuentran el aumento sostenido de los materiales y de la mano de obra, el encarecimiento de los commodities vinculados a la construcción y la escasez de trabajadores especializados, entre otros.

A esto se suma una transformación en el equipamiento de los hogares, especialmente en las cocinas, que incorporan cada vez más tecnología y productos de alta gama. Electrodomésticos como heladeras panelables, hornos con función vapor y extractores de primeras marcas, prácticamente inexistentes en los proyectos de hace una década, hoy forman parte de muchas remodelaciones y elevan significativamente el costo final de las refacciones.

En medio de la tensiones en el plano político con el relanzamiento del PRO, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires (caba) acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas. Aunque los reclamos continuaran los pagos no realizados desde 2020.

El proceso de negociación entre el Gobierno y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.

La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno Naciona de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina (BNA). Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. En esa instancia, la Ciudad había aceptado, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.

En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa por la que hasta este momento Jorge Macri reclamaba. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.

La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.

El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.

Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.

La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por la gestión de los Fernández.

El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.