POLITICA
Kicillof prepara su proyecto de ley para regular el trabajo de aplicaciones en PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara un proyecto de ley para otorgar un marco normativo a los trabajadores de aplicaciones en el territorio bonaerense. La iniciativa va en sintonía con la presentada por el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás y busca que las empresas se hagan cargo del pago de los seguros de los vehículos, presenten un registro de sus trabajadores y demás responsabilidades. La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo bonaerense aunque aclaran que es para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios”, aunque “con un enfoque no punitivo”.
Kicillof había adelantado el envío de un proyecto de estas características cuando abrió las sesiones ordinarias a principios de marzo. Ahora, casi tres meses después, la iniciativa se encuentra en su etapa de revisión final antes de que el Ejecutivo lo gire a la Legislatura bonaerense.
“Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”, planteó este lunes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.
Entre los distintos puntos, lo que busca la iniciativa es generar un registro de trabajadores, que las empresas de aplicaciones -en el caso de las de delivery- cubran los seguros y coberturas médicas de sus trabajadores en caso de siniestralidad. También propone dotar de botones antipánico a los trabajadores para utilizar en situaciones de emergencia, ya sea en caso de accidente o de inseguridad. Se contempla que esos dispositivos den alerta inmediata tanto al ministerio de Salud como de Seguridad.
Otro punto a atender son las llamadas tiendas de abastecimiento de dichas aplicaciones. Correa adelantó que el proyecto plantea fortalecer los controles de parte de su cartera ministerial en centros de distribución y almacenamiento. Buscan darle con georreferenciación de puntos y así asegurar “condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.
“No tenemos datos específicos ni fehacientes. La idea es que desde el Ministerio de Trabajo, obviamente con la plataforma de nuestro gobierno provincial, interactuemos para tener ese banco de datos y generar un montón de políticas estratégicas a favor de los trabajadores y las trabajadoras”, remarcó Correa en el marco de las conferencias de prensa que encabeza todos los lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes lo escoltaron Correa y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

La semana pasada, Correa participó de la presentación de un proyecto de ley de similares características al que promoverá para el territorio bonaerense. Se trata de la iniciativa con impacto nacional que impulsó el diputado del peronismo Hugo Moyano (h), y tiene la firma de los diputados Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino y Sabrina Selva.
Esa iniciativa, cuya presentación oficial fue en la Casa de la Provincia, establece un régimen especial que reconoce la existencia de una relación laboral entre quienes trabajan a través de plataformas digitales y los administradores de esas plataformas, fijando derechos, obligaciones y estándares diferenciados para la protección de trabajadores en un sector caracterizado por la precarización y la gestión algorítmica.
Así como lo planteó Correa este lunes para el proyecto de aplicación al territorio bonaerense, la normativa responde a desarrollos internacionales, fallos judiciales y la necesidad de superar vacíos legales ante tecnologías que alteran la naturaleza tradicional del vínculo laboral, garantizando transparencia, equidad salarial, seguridad, acceso a información y libertad sindical.
El texto que lleva la firma de Moyano presume la existencia de un contrato de trabajo entre trabajador y administrador de plataformas digitales, más allá del nombre o modalidad contractual adoptada.

Requiere transparencia en algoritmos, sistemas de asignación y métricas, así como derecho del trabajador a recibir explicaciones escritas y revisión humana de decisiones automatizadas relevantes.
También establece remuneración mínima garantizada, estándares de jornada laboral flexibles bajo límites legales, equipamiento provisto por la plataforma y protección ante represalias por rechazar tareas. Impone obligaciones estrictas sobre datos personales, reputación digital, uso de geolocalización dentro de la jornada y prohibición de tratamiento de información sensible sin motivo legal justificado.
Hay un punto atendible, que en el Ejecutivo reconocen y es que la ley de Reforma Laboral quita el poder de policía a las Provincias para la aplicación de una iniciativa de estas características. “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución. Tenemos el artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Así que ante la deserción y la expulsión de esa concepción de trabajador del Gobierno Nacional en esta pseudomoderización laboral, la provincia de Buenos Aires, conforme a las recomendaciones de OIT, hace lo que corresponde en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas”, remarcó el ministro de Trabajo de Kicillof para plantear que el estado provincial sí puede intervenir en relaciones contractuales de este tipo.
No es la primera vez que el peronismo busca interceder en la dinámica de las aplicaciones y sus trabajadores. En 2023 fue el entonces senador provincial por el peronismo, Omar Plaini, quien había empujado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las apps de delivery. Logró que pase el Senado, pero se trabó en Diputados.
Ahora, el Ejecutivo aguarda que la Legislatura provincial termine de conformar las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia para elevar la iniciativa. La reciente conformación de las comisiones en el Senado determinó que la comisión de Trabajo y Legislación Social-una de las cuales en las que indefectiblemente se discutirá el tema- quede bajo control del kirchnerismo, bajo la figura de la senadora María Rosa Martínez, que retiene la presidencia de dicho ámbito.
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POLITICA
Confirman el sobreseimiento de Santiago Caputo por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.
El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron —por unanimidad— el sobreseimiento de Caputo.
Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas porque el 1 de marzo de 2025, tras el discurso del presidente Javier Milei, se enfrentaron en una discusión dentro del Congreso de la Nación.
Manes expresó que, mientras se llevaba a cabo el discurso presidencial, su compañero de bloque, el diputado Pablo Juliano, efectuó manifestaciones a viva voz que motivaron la contestación de Milei.
En ese contexto, Manes dijo que advirtió gritos que provenían de un palco superior ubicado a sus espaldas y que pudo ver que Caputo le habría hecho un gesto al señalarse los ojos con los dedos índice y mayor, como si le indicara que lo estaba mirando.
Manes sostuvo que el asesor presidencial, entre otras palabras, expresó: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”; y que, según le dijo el diputado Juliano, Caputo también le expresó: “Te voy a hacer mierda”.
El ex diputado nacional declaró que, una vez finalizada la apertura de sesiones, se retiró de su banca en compañía de otros diputados; en uno de los pasillos fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó sobre su opinión acerca de las palabras del presidente.
Según la querella, Caputo apareció en ese contexto acompañado de otras personas e interrumpió la conversación.
Manes dijo que Caputo se le acercó “cara a cara”, que luego levantó su mano derecha y la colocó sobre el rostro del ex legislador, para después decirle frases como “vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, “vos no me conoces a mí” y “ya me vas a conocer a mí” y finalmente retirarse previo darle dos palmadas en el pecho.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó -por mayoría- la resolución del juez de primera instancia que había sobreseído a Santiago Luis Caputo por amenazas. Manes llevó el caso a la Cámara Federal de Casación, que convalidó el sobreseimiento al rechazar el recurso del exdiputado nacional.
El juez Borinsky —al que adhirieron los jueces Gustavo Hornos y Carbajo— consideró que la querella no había logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal que concluyó que no había delito en los actos denunciados.
El juez precisó que el contexto de los hechos había sido valorado y resultó clave para el sobreseimiento. Dijo que la secuencia de sucesos se inscribía en un contrapunto entre personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encontraban en el Congreso de la Nación con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025.
Según Borinsky, los actos atribuidos a Caputo acontecieron en medio de “una acalorada disputa política” y en ese marco se debían interpretar los hechos. Borinsky estimó que Manes no había logrado poner en evidencia que los sucesos excedieran los límites de la discusión política. No negó el episodio ni los “tintes hostiles o agresivos” que pudiera haber percibido Manes.
Sin embargo, concluyó que la querella no había demostrado que la secuencia de actos encuadrara en el delito de amenazas, y menos agravadas. La fiscalía, además, había postulado la inexistencia de delito. Borinsky entendió que el fallo de la Cámara Federal era válido y que la querella no había demostrado la existencia de arbitrariedad.
El juez Hornos compartió las consideraciones y sostuvo que las expresiones de Manes no encuadraban como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el delito de amenazas. Precisó que el altercado que había involucrado a Manes y a Caputo se dio en una acalorada discusión y que debía contextualizarse “en las controversias propias de la discusión política”.
“En un recinto donde aquello que se busca es la generación de debates y consensos como mejor expresión de la democracia liberal que impera en nuestro país y carecen de la entidad amenazante que le había adjudicado -seguramente con buena fe- el querellante”, dijo Hornos. Por su parte, Carbajo compartió las consideraciones expuestas por Borinsky y Hornos.
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POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística en medio del caso AFA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su seria preocupación y rechazo por la medida cautelar dictada ante una denuncia penal realizada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del CEAMSE, contra distintas personas, entre ellas varios periodistas.
La resolución impone prohibiciones de contacto y de acercamiento, y ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. Sin embargo, no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar. La acusación a los periodistas se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso AFA.
ADEPA recuerda que cuando se trata de personas con notoria actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público. La protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes.
“Resulta especialmente preocupante que se imponga a periodistas una prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales. Una restricción de esa naturaleza, sin identificación de conductas intimidatorias concretas, puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general”, aseguró ADEPA en un comunicado.
Además, explicó: “Medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”.
La utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística en los términos del artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica. Y, por sobre todo, la violación de la prohibición de establecer la censura previa a la libertad de expresión y prensa, establecida por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
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ADEPA expresó que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, “pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
La entidad concluyó: “Una decisión de estas características constituye un peligroso antecedente: de extenderse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación del debate público esencial para un sistema democrático”.
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POLITICA
Santa Cruz: asumieron los nuevos vocales en el Tribunal Superior, cambiaron las autoridades y revisarán 80 designaciones

EL CALAFATE.- Finalmente, hoy se cumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve miembros que marcan la Ley 3949 que amplió el número de vocales. Atrás quedaron ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo, que declaró inconstitucional la ley y obligó a que la situación sea dirimida a 2600 kilómetros de la provincia patagónica.
La primera reunión de acuerdo extraordinario ocurrió en medio de una fuerte tensión entre los antiguos y los nuevos vocales. Hubo algún pase de factura, pero también se tomaron decisiones importantes: se designó como nuevo presidente del cuerpo a Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien reemplazará a Reneé Fernández.
Además se cambió el representante en el Consejo de la Magistratura, se decidió que los próximos ingresos al Poder Judicial serán por concurso y que serán revisados los últimos 80 nombramientos.
Este lunesy fue el primer día que los vocales se ven cara a cara luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley que amplió el TSJ, y que el tribunal provincial emitiera 24 horas después un escueto comunicado, en el cual aseguraban que acatarían la orden del máximo tribunal federal.
La jornada empezó temprano en el edificio ubicado en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco, en Río Gallegos. Era aún noche cerrada a las siete cuando llegaron los primeros vocales: Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –todos designados entre septiembre y octubre pasado pero a quienes se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio– junto a Daniel Mariani, el histórico vocal desplazado de la presidencia luego que le tomara la jura de los nuevos vocales.
Sobre Mariani, Reneé Fernández había emitido una circular que prohibía que se acaten sus órdenes o pedidos y hasta aquí se había cumplido a rajatabla.
Según pudo reconstruir a partir de testigos, a poco de llegar Mariani indicó a los empleados que se notifique al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana: nadie se opuso y en breves minutos los vocales estaban notificados.
Minutos antes de las nueve de la mañana llegaron al edificio Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau, en tanto que luego se supo que Paula Ludueña faltó con aviso por enfermedad de un familiar, según se explicó en la reunión.
El clima en el salón de acuerdos fue tirante; no era una reunión entre extraños: casi todos se habían cruzado en el ámbito judicial o político, tal el caso de Reneé Fernández, que ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó incluso en parte de la gobernación de Acevedo, quien inició en diciembre de 2003 y terminó abruptamente en 2006 con su renuncia.
Según pudo saber no hubo unanimidad en las votaciones; en un gesto para intentar buscar acuerdos, en lugar de proponer que Mariani sea restituido en la presidencia, se propuso a Contreras Agüero para el cargo –fiscal, juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial– y recibió seis votos de acompañamiento a favor y la negativa de Fernández y Mercau.
Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta aquí estaba en manos de Basantta, el vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre el cual podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá mañana.
“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a . Es que, a partir de ahora, se revisarán 80 nuevos nombramientos; se presume que hubo muchos cargos que llegaron al Poder Judicial sin ponderar su capacidad.
El reordenamiento institucional no se limita solo a la composición del plenario, sino que se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.
Pasadas las 14, encontró a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner; sin hacer declaraciones, aceptaron distendidos posar para la foto: el flamante presidente del TSJ, Contreras Agüero, flanqueado por Acevedo y González Nora; atrás quedaron meses en los que tuvieron que recurrir a la Corte para poder asumir en sus cargos.
Minutos antes, la cuenta de Facebook del Tribunal había publicado la primera foto de Contreras en su oficina anunciando su cargo para 2026, la primera que tiene en el palacio judicial. Sin embargo, mientras el TSJ parece encaminarse, hoy al mediodía ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, “en razón de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.
Según detalla la presentación firmada por el abogado del fuero local Sergio Macagno, la denuncia es por utilizar el Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, alterar el equilibrio entre los tres poderes del Estado, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional provincial y federal y la eventual comisión de conductas con relevancia penal en ejercicio de sus altos cargos.
Mariela Arias,Conforme a
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