POLITICA
Un fallo judicial ordena al PAMI y al Ministerio de Salud a “normalizar” los pagos por discapacidad
CÓRDOBA.- En medio del debate público y político nacional por las demoras en pagos y recortes de fondos para prestaciones de discapacidad, el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (mediante el programa Incluir Salud) “normalizar” esos pagos “de manera urgente”.
En su resolución, el magistrado establece un “máximo de 72 horas» para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.
Es la respuesta de la Justicia a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
El fallo apunta a proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La resolución busca asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según plantean los amparistas, están en riesgo por la falta de pagos.
En su resolución Vaca Narvaja enfatiza que las “demoras crónicas» y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones.
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto.
Al respecto menciona un informe del Centro Educativo Mi Lugar: “Además de los inconvenientes económicos financieros que genera el retraso en los pagos, la interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable… ”.
La resolución judicial plantea que el Estado intentó «evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral».
Para los fundamentos el magistrado grafica la situación con el cottolengo Don Orione que debió afrontar una deuda de $41 millones en intereses ante Arca por aportes y contribuciones impagas durante 2026, producto del atraso en los cobros estatales.
Hace un mes distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares de personas con alguna condición o trastorno y los propios afectados se movilizaron a Economía en reclamo de la deuda acumulada con prestadores y profesionales, y para que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada el año pasado.
La ley fue promulgada, pero el Poder Ejecutivo suspende su ejecución, con fundamento en lo establecido por el artículo 5° “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”.
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Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unirán este miércoles en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. Impulsada por el gremio estatal de ATE, la protesta tendrá como epicentro el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, en el límite de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Habrá un acto sobre la calle 25 de mayo, del lado bonaerense.
La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.
“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.
“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el dirigente estatal.
Además, la movilización contará con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Participarán, entre ellos, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y representantes de asociaciones gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos. Se firmará un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.
En paralelo, este miércoles también habrá un reclamo nacional de los gremios de médicos en pedido de una recomposición salarial.
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POLITICA
Desconcierto por la demora del Gobierno en reglamentar la reforma laboral, que frena su aplicación integral
¿Por qué sigue sin salir a la luz el decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral? A fines del mes pasado, luego de fallos judiciales a favor de su vigencia, en el Gobierno dejaban trascender que era inminente la reglamentación para no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.
Casi 20 días después, el decreto aún no fue firmado ni publicado en el Boletín Oficial. En algunos círculos libertarios hay desconcierto por la demora y en algunos, preocupación: es que hay artículos de la reforma laboral que, por más que se considere vigente la ley, requieren de precisiones para ser aplicados de manera integral.
En las últimas horas, distintos funcionarios coinciden en que el texto está en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y en que allí se están tomando más tiempo del previsto con el fin de que no sea objeto de nuevas impugnaciones de la CGT y los gremios.
“Le pidieron a María (Ibarzábal Murphy) que revisara cada palabra y cada línea del decreto”, admitió un referente mileísta en alusión a la titular de aquella área, que se convirtió en una figura de confianza de los hermanos Milei desde la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, donde tuvo un papel decisivo en la redacción de la Ley Bases, entre otras normas.
Antes de llegar a la versión final del decreto, hubo varias áreas del Gobierno involucradas que no tuvieron el mismo ritmo de trabajo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, aseguraron a Infobae en la Casa Rosada.
En los despachos oficiales responsabilizaron de la tardanza en terminar el borrador al Ministerio de Economía, donde Luis Caputo ordenó la máxima rigurosidad para redactar la reglamentación de artículos en los que esa cartera tuvo un rol clave.
“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, explicó una fuente oficial al justificar la demora.
El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 27.802 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.
Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y en Economía no descartaban dejar ese artículo para más adelante y que fuera reglamentado mediante otro decreto.
Sin embargo, de manera sorpresiva, lo que sucedió fue que el 4 de este mes el Gobierno reglamentó mediante el decreto 315 otro capítulo crucial de la reforma laboral: es el que crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante 4 años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.
Ahora, en el oficialismo aseguraron a Infobae que el decreto reglamentario “ya está encaminado” para su oficialización y que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los que empuja con más énfasis para que no se demore más y se pueda poner en marcha la reforma laboral en cada uno de sus artículos.
“El Coloso”, como lo llama el Presidente, apunta a apurar, por ejemplo, el artículo que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa argentina ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral incentivará al facilitar el otorgamiento de la personería a esas entidades por encima de los gremios con representación en la actividad o en la zona.
Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión».
En la reforma laboral de Milei, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos 6 meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida.
Será, en la práctica, un fuerte golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa justamente en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.
En el Gobierno, mientras, interpretan que no depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, como prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses algunos funcionarios imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento de la protesta y exigir que se cumpla a rajatabla lo establecido en la Ley 27.802.
Otros artículos que son considerados válidos por la Casa Rosada sin necesidad de reglamentar son la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos y el tope del 2% para la cuotas solidarias en los convenios, que limita el financiamiento de los sindicatos.
Tampoco requiere del demorado decreto reglamentario la vigencia plena del artículo 137 de la Ley 27.802, que se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población».
Es una de las herramientas para que la Secretaría de Trabajo tenga más fundamento legal a la hora de frenar la homologación de las paritarias que superan la pauta oficial. Y, por ende, una de las cláusulas más resistidas por el sindicalismo que pugna por recuperar los salarios.
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El tema los descoloca. Cuando se pregunta por Manuel Adorni, en el oficialismo se acaba la certeza en las respuestas y empiezan los balbuceos y las dudas. La sola posibilidad de pensar que deba presentarse en el recinto del Senado descoloca a los líderes de La Libertad Avanza (LLA), que no quieren saber nada con tener que lidiar con una nueva exposición pública del jefe de Gabinete y sus correrías patrimoniales.
Según lo establece la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso todos los meses, de manera alternada entre ambas cámaras, para brindar un informe sobre la marcha del Gobierno.
Desde que empezó el período de sesiones ordinarias, en marzo, Adorni no ha concurrido al Senado. El 29 de abril pasado se presentó ante la Cámara de Diputados de la mano del presidente Javier Milei y de Karina Milei por lo que ahora, en mayo, debería hacerlo en el Senado. En marzo, el jefe de Gabinete logró esquivar su responsabilidad constitucional.
Con estos antecedentes como mascarón de proa, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), presentó una nota en la que le reclama a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que establezca la fecha para que el jefe de Gabinete se haga presente ante la Cámara alta.
“Considerando que, durante el mes de abril del corriente año, el Jefe de Gabinete de Ministros brindó su Informe sobre la marcha del gobierno ante la Cámara de Diputados, corresponde que el citado funcionario concurra a este Senado durante el mes de mayo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”, señala en el escrito.
Acto seguido, Mayans suma presión. “Por tal motivo, solicitamos a esa Presidencia que fije la fecha (que deberá ser durante el mes en curso) en que el Jefe de Gabinete de Ministros deberá concurrir a este Senado de la Nación a brindar su próximo Informe”, concluye el líder de la principal bancada opositora de la Cámara alta.
La nota fue presentada el 8 de mayo y sigue sin respuesta por parte de Villarruel que, como es de público conocimiento, tiene roto todos los puentes con la Casa Rosada y cada día se anima un poco más a criticar de manera abierta, siempre a través de las redes sociales, a los funcionarios del Gobierno. Adorni está en la lista de los que han merecido queja de la vicepresidenta en sus réplicas a los embates ordenados por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.
En el bloque oficialista, que conduce Patricia Bullrich (Capital), la sola mención de la posibilidad de que Adorni pueda concurrir al Senado genera incomodidad. Salvo el pequeño grupo de “karinistas” de paladar negro, que ni siquiera se atreven a sacar los pies del plato en privado por miedo a la delación de sus propios compañeros, al resto de los senadores libertarios la permanencia de Adorni en su cargo es una pesada loza política que no les gustaría tener que cargar.
“Uff, no sé, no tenemos nada decidido porque nadie quiere hablar del tema”, respondió un senador ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de que el jefe de Gabinete deba concurrir el Senado. “No pensamos todavía en eso, estamos ocupados en otros temas”, contestaron en cercanías de la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza.
La situación de Adorni, que sigue sin explicar de manera debida la revelaciones del incremento de su patrimonio desde que se convirtió en funcionario, ya fue motivo de cortocircuitos con el oficialismo del Senado.
Hace dos semanas, Bullrich puso en crisis la estrategia de cerrada defensa al jefe de Gabinete al pedirle a Adorni, de manera pública, que “de manera inmediata” presente su declaración jurada para terminar con todas las acusaciones y especulaciones.
El reclamo de la senadora provocó el enojo de Karina Milei, principal sostén político del jefe de Gabinete desde que estalló la crisis, y obligó a que el propio Javier Milei tuviera que salir ante los medios a respaldar a su funcionario e iniciar un nuevo raid de enojos y frases destempladas contra el periodismo.
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La oposición denuncia el cierre de 25.000 pymes y activa una protesta contra Milei
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