La desaceleración de la inflación reabrió una pregunta clásica entre los ahorristas argentinos: ¿conviene hoy apostar por un plazo fijo tradicional o por uno ajustado por UVA?. A esto se suma otra otra duda: ¿qué pasa con el dólar?

El interrogante cobra fuerza luego de que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectara una inflación en descenso para los próximos meses. Según las estimaciones de consultoras y bancos privados, el IPC pasaría del 2,3% en mayo al 1,8% mensual en octubre.

En paralelo, las tasas que pagan los bancos por depósitos tradicionales a 30 días rondan actualmente el 1,5% mensual promedio y no se esperan subas en el corto plazo. Con ese escenario, empieza a definirse un claro ganador en la pulseada entre ambas alternativas de inversión conservadora.

Qué pasa hoy con el plazo fijo tradicional

El plazo fijo tradicional volvió a perder atractivo desde que los bancos redujeron las tasas pagadas a los ahorristas. Actualmente, el rendimiento promedio mensual se ubica cerca del 1,5%, aunque algunas entidades pagan apenas por encima de ese nivel. Esto implica que, si la inflación efectivamente se mantiene arriba del 2% durante los próximos meses, el inversor perdería poder adquisitivo.

Por ejemplo, con una inflación del 2,3% y una tasa del 1,5%, el rendimiento real sería negativo en torno al 0,8% mensual. Incluso si el IPC baja al 1,8% hacia octubre, como prevé el REM, el plazo fijo tradicional seguiría prácticamente empatando o quedando apenas debajo de la inflación esperada.

Por qué el plazo fijo UVA aparece como ganador

En ese contexto, el plazo fijo UVA vuelve a ganar terreno como herramienta de cobertura. Este instrumento ajusta el capital según la inflación medida por el CER y además suma una tasa adicional cercana al 1% anual. En otras palabras, garantiza mantener el poder adquisitivo del dinero invertido. Mientras el plazo fijo tradicional depende de la tasa que definan los bancos, el UVA acompaña directamente la evolución de los precios.

Por eso, con expectativas de inflación todavía por encima de las tasas tradicionales, el UVA aparece hoy como la opción más rentable para perfiles conservadores que priorizan no perder contra el costo de vida.

Qué dicen los expertos

Para Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, «mientras la inflación esperada siga por encima de la tasa nominal que pagan los bancos, el plazo fijo tradicional continuará ofreciendo retornos reales negativos». «El UVA hoy vuelve a posicionarse como una cobertura lógica para quienes buscan preservar capital en pesos sin asumir riesgo de mercado», explicó.

En la misma línea, Gustavo Ber, economista y titular de Estudio Ber, sostuvo que «la fuerte desaceleración inflacionaria redujo el atractivo de muchas coberturas tradicionales, pero las tasas bancarias todavía no logran superar las expectativas de inflación».

Según el especialista, «el plazo fijo UVA puede resultar más conveniente para perfiles conservadores que tengan horizonte de al menos tres meses y no necesiten liquidez inmediata».

Por su parte, el economista Salvador Di Stefano consideró que «el mercado todavía no cree en una inflación debajo del 1,5% mensual de manera sostenida, por eso el UVA sigue siendo competitivo frente al plazo fijo clásico».

Qué pasa con el tercero en discordia: el dólar

En medio de la discusión entre plazo fijo tradicional y UVA, aparece además un tercer competidor histórico para el ahorrista argentino: el dólar. Sin embargo, el escenario actual también cambió para la divisa estadounidense. Tras la flexibilización del cepo y el nuevo esquema cambiario impulsado por el Gobierno, el tipo de cambio oficial viene mostrando una mayor estabilidad relativa.

Eso redujo, al menos por ahora, la expectativa de una devaluación brusca en el corto plazo. Para muchos analistas, el dólar dejó de ser una cobertura automática contra la inflación mensual, especialmente en períodos donde el tipo de cambio se mueve por debajo del IPC.

«Hoy el ahorrista enfrenta un escenario distinto al de otros años: el dólar ya no garantiza necesariamente ganarle a la inflación mes a mes», explicó Gustavo Ber.

Desde el mercado sostienen que, si el crawling peg o la suba del dólar continúa corriendo detrás de la inflación, los instrumentos ajustados por CER podrían seguir ofreciendo mejores retornos reales en pesos. De todos modos, los especialistas aclaran que el dólar mantiene atractivo como activo de cobertura política y financiera de mediano plazo, especialmente en un país con historial de volatilidad cambiaria. Por eso, muchos asesores recomiendan estrategias mixtas: combinar una parte en instrumentos UVA para cubrir inflación y otra dolarizada para reducir riesgos ante eventuales shocks cambiarios.

La gran contra del UVA: el tiempo de inmovilización

Sin embargo, el plazo fijo UVA tiene una desventaja importante: exige inmovilizar en algunos casos el dinero durante al menos 90 días y en términos generales unos 180 días.

Esa condición hace que muchos ahorristas sigan prefiriendo el plazo fijo tradicional, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Además, algunos inversores creen que las tasas bancarias podrían volver a subir si aparece tensión financiera o cambiaria, aunque hoy el mercado no descuenta ese escenario como el más probable.

Qué conviene hacer hoy

Con las proyecciones actuales, el plazo fijo UVA parece tener ventaja frente al tradicional al menos en el corto plazo. Si la inflación termina ubicándose entre 2% y 2,3% mensual y las tasas siguen alrededor del 1,5%, el inversor tradicional continuará perdiendo contra los precios. El panorama podría cambiar recién si la inflación perfora claramente el 1,5% mensual o si los bancos vuelven a elevar con fuerza las tasas pagadas por depósitos. Hasta entonces, la batalla entre ambos instrumentos tiene, según el mercado, un ganador bastante claro: el plazo fijo ajustado por UVA.

El proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría está en pleno debate en el Congreso y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

En caso de que se aprueben en el Senado las modificaciones a la norma que busca el Gobierno, se reduciría el alcance del subsidio, de manera que este se focalizará únicamente en regiones con clima severo y en ciertos hogares vulnerables. El objetivo es reducir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

Según pudo saber Infobae, la norma vigente —que rige hasta 2031— genera actualmente un déficit de $485.000 millones. El régimen demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según la versión oficial, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados. Entonces, en caso de ser aprobada, la nueva norma modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del esquema preferencial habilitado por la ampliación de 2021.

La propuesta oficial, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene la bonificación plena solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), es decir, ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad. Para la mayoría de los usuarios de la zona ampliada que no califiquen bajo estos requisitos, el beneficio será eliminado y recibirán la factura plena.

El cálculo de la bonificación también se modifica. En caso de sancionarse, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

La revisión excluye en concreto a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial, una redefinición que —según IERAL— impacta principalmente en los hogares considerados de mayores ingresos en las regiones sumadas durante 2021. Para los usuarios de la zona fría histórica, en cambio, el subsidio persistirá, pero sobre una base menor, lo que igualmente implica un aumento, aunque más contenido que para el resto.

El informe modeló el efecto de la reforma con ejemplos de usuarios residenciales de categoría R2-2. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100 por ciento. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22 por ciento. En la zona fría histórica, representada por ciudades como Neuquén, los aumentos anticipados serían del 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, las tarifas se mantendrán sin cambios.

Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:

• Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): mantendrán una bonificación parcial, menor a la actual, ya que solo se aplicará sobre el PIST.
• Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.
• Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio, pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.
• Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar tarifariamente a quienes habitan en regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. La ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo cual representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. El Gobierno actual, en su mensaje enviado al Congreso, juzgó que tal expansión abarcó zonas sin condiciones climáticas extremas, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como casos ejemplares, y calificó el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto en tratamiento persigue dos ejes: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen mejor los costos reales del sistema energético. Según el informe de IERAL, “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios”, por lo cual se recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables. El estudio destaca la necesidad de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.

La baja de la inflación y la mayor disponibilidad de liquidez de los bancos impactó favorablemente en las tasas que las entidades cobran para financiar a las empresas. En apenas dos meses, el descuento de cheques pasó de un promedio de 40% a 30% anual y en el caso de operaciones con compañías de primera línea se ubica incluso abajo del 27% anual.

Sin embargo, la realidad para el público es bien distinta. Debido al pico de morosidad de los últimos meses, las tasas nominales prácticamente no se ha movido. En el caso de las tarjetas de crédito, quienes quieran financiar al vencimiento deben pagar una tasa del 88%, casi tres veces la inflación anual (que está en el orden del 32%). Cuando se agregan impuestos y otros gastos administrativos esas tasas suben con comodidad arriba del 100 por ciento.

Algo parecido sucede con los préstamos personales, que tienen tasas del orden del 67% pero que también suben significativamente cuando se calculan todos los gastos. En este caso, el agravante es que se trata de líneas de un año como mínimo, lo que genera un estrés adicional para el tomador: mientras que la inflación se espera que baje al 24% en los próximos doce meses, el deudor queda “enganchado” con una tasa fija que no responde a esa disminución de la evolución inflacionaria.

Los principales ejecutivos de los bancos en la Argentina reconocen que las tasas para individuos siguen muy altas e incluso fue uno de los reclamos que realizó en público el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero, por ahora, ninguno se animó a dar el primer paso.

Mantener muy alta las tasas de interés para prestar implica que en realidad se mantienen muy restrictivos y prefieren ir a lo seguro, aunque sea menos rentable: comprar bonos en pesos del Tesoro (por ejemplo Lecaps) o descontar cheques de empresas de primera línea aún cuando la tasa es prácticamente neutra o negativa en dólares.

Empezar a ver una baja de la morosidad será clave para que se note una disminución en la tasa de los préstamos a individuos. Por ahora, el camino va por otro lado: refinanciar las deudas impagas con mayores plazos y baja de tasas para los morosos para que puedan volver a pagar. Y crecer lentamente con la cartera de préstamos para comprobar que el mercado ya se encuentra más saneado.

La morosidad de préstamos a individuos superó el 11% en el sector bancario y en el caso de algunas fintech llegó al 25%, niveles que no se veían hace más de 20 años.

La baja de tasas puede sentirse de manera indirecta entre los individuos. Sucede que los comercios ahora tienen mayor flexibilidad para ofrecer cuotas sin interés, porque lentamente está bajando el costo financiero que deben asumir para trasladarle esa facilidad al público. “Si no ofrezco cuotas no vendo”, es una frase escuchada hace tiempo. En el caso de electrodomésticos o incluso indumentaria es la diferencia entre cerrar o no una venta.

Claramente los bancos no enfrentan problemas de fondeo, todo lo contrario. Por eso, la tasa de plazo fijo promedio ya se ubica por debajo del 20% anual, es decir son negativas en términos reales. Y la caída se profundizó en los últimos 60 días. Sin embargo, por ahora trasladan a cuentagotas ese menor costo de fondeo a las líneas de crédito.

El sistema financiero tiene además una gran liquidez en dólares. De los USD 40.000 millones de depósitos que hoy tienen los bancos solo prestaron USD 20.000 millones, la mayor parte en prefinanciación de exportaciones (corto plazo).

Existe, por lo tanto, un enorme volumen de dólares ociosos que no se prestan básicamente por falta de demanda, ya que los bancos solo pueden financiar en moneda dura e exportadores o a compañías que formen parte de la cadena de proveedores para la exportación, o sean que directa o indirectamente generen divisas.

Por las tasas de interés que pagan los bancos por tomar depósitos en moneda extranjera no pasa del 1% al 1,5% anual por plazos fijos a treinta días. “Hasta que no tengamos demanda robusta para prestar en dólares no tiene sentido que paguemos más”, aseguran los principales banqueros de Argentina.