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ECONOMIA

Jubilados le ganarán a la inflación desde el próximo cobro, pero la brecha entre haberes se estira

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En los últimos meses se aceleró uno de los fenómenos que más controversia ha generado durante la gestión Milei: el ensanchamiento de la distancia entre los jubilados de la franja mínima y los que se encuentran en la punta de la pirámide.

Y con el cobro de la jubilación de mayo, llegará el momento en que esa diferencia se haga más grande. Hablando en plata, la máxima llegará a $2,6 millones, lo que equivale a 5,7 jubilaciones mínimas. En cambio, en diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, la jubilación más alta superaba 4,4 veces la más baja.

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El motivo está claro y ha sido objeto de extenso debate: mientras las jubilaciones se ajustan por inflación pasada, el bono compensatorio instituido por el gobierno peronista se mantiene congelado en su nivel de $70.000.

Esto generó un efecto de licuación inflacionaria para los beneficiarios de ese bono, que se acentúa cuanto más alto es el IPC. Puesto en números, en marzo de 2024 -cuando el bono se aumentó por última vez- esos $70.000 representaban un 34% de quienes cobraban el haber mínimo. En contraste, en la próxima jubilación correspondiente a mayo, el bono apenas representará un 15% del cobro.

Es así que, aunque en mayo se deben ajustar las jubilaciones según el IPC de marzo -que dio 3,4%, el valor más alto en un año-, el aumento real será bastante menor para los jubilados de la franja inferior: el ajuste por inflación sólo se aplica al monto de la jubilación «oficial», que quedará en $393.174. Al sumarse el bono, el total queda en $463.174, que en términos reales es un aumento de 2,8%.

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Los jubilados del sector superior, que nunca percibieron el bono, sí sentirán el impacto pleno del 3,4% en su próximo haber.

Con ese dinero en el bolsillo, los jubilados deberán hacer frente a los aumentos de junio, que -según prevén los economistas que participan en la encuesta REM- darán un IPC de 2,1%.

Un punto de inflexión

Aun con esas diferencias, el dato relevante es que, salvo que ocurra alguna sorpresa en el plano de los precios, todas las jubilaciones empezarán a ganarle a la inflación a partir del mes próximo.

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De hecho, los de los mayores niveles ya tuvieron una leve recuperación después de cobrar el haber de abril, que vino con un ajuste de 2,9% -equivalente al IPC de febrero-, mientras que la inflación de abril fue 2,6% y la de mayo se proyecta en 2,3%.

Y la perspectiva es que esa recuperación sea la tónica del año, si es que efectivamente la inflación retoma una senda bajista. Como los ajustes -de acuerdo con la regla indexatoria dispuesta en el nuevo régimen previsional- tienen una aplicación con dos meses de retraso respecto del IPC, eso implica que todos los aumentos serán por un porcentaje mayor al nivel inflacionario del momento en que se hace el cobro.

En otras palabras, el sistema permite que las jubilaciones crezcan en términos reales cuando la inflación baja, pero que se recorten si la tendencia es a la suba, como ocurrió durante 10 meses consecutivos, hasta que se quebró la tendencia con el IPC de abril.

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Fue por este motivo que, en el arranque de la gestión Milei, el rubro jubilatorio sufrió un fuerte recorte, que posibilitó la rápida consecución del equilibrio fiscal. El rubro de la previsión social es, por lejos, el de mayor peso en el presupuesto nacional, con más de un 40% del total.

Después de haber alcanzado caídas reales de hasta 38% en febrero de 2024, empezó un camino de recuperación en el segundo semestre de ese año, que llegó hasta mayo del 2025.

En términos de gasto público, en abril ya se constató una suba del gasto previsional, que en la comparación interanual creció un 3,9% real.

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Una sube, otra cae

Un informe del economista Nadin Argañaraz, grafica la evolución divergente que tuvieron los jubilados de la mínima respecto de los del estrato superior. Tomando como base el nivel de los haberes de noviembre 2023, y ajustados por inflación, el resultado es que los que reciben la mínima más el bono, cobraron en abril pasado un 10,3% menos que al inicio de la gestión Milei.

El resto, en cambio, se encuentra hoy un 7,8% encima del poder adquisitivo de hace dos años y medio.

Esa situación ambivalente es lo que hace imposible el acuerdo entre gobierno y oposición, dado que el ministro Toto Caputo se jacta de una recuperación real en el poder adquisitivo de las jubilaciones, mientras que los críticos apuntan a que en realidad están cada vez peor.

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Ambos tienen razón, claro. Porque los números cambian drásticamente si se considera el haber jubilatorio solo, o acompañado por el bono extra. Se trata, de hecho, de dos categorías que viven situaciones completamente diferentes.

Enfocados en los «jubilados reales»

Y el gobierno nunca renegó de esa situación. Más bien al contrario, la divergencia creciente entre la punta y la base de la pirámide es un efecto buscado deliberadamente.

Lo que suele remarcar el ministro de Economía es que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses.

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Ese grupo de jubilados, donde el gobierno presume que tiene llegada electoral, está compuesto por personas que han expresado su irritación, ante cada moratoria -como la votada en 2023, que agregó 800.000 jubilados nuevos- o ante cada actualización de un bono para compensar la erosión inflacionaria sólo a la franja mínima.

«No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace tres años, cuando ya era candidato presidencial.

Se achata la pirámide

Ese fenómeno generó un «achatamiento de la pirámide», de manera que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima se iba achicando cuanto más alta era la inflación. Se producía por el efecto de la reforma de Martín Guzmán, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.

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Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.

La reforma aplicada por Caputo en 2024 reinstauró el ajuste por inflación, pero congeló al bono. Desde el punto de vista del gobierno, esa política implica terminar con una injusticia. Para la oposición, en cambio, se trata de un ajuste en cabeza de los jubilados de menor ingreso. Y es por ese motivo que los dos intentos de reforma jubilatoria en el Congreso han tenido como punto central el ajuste por inflación del bono complementario.

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ECONOMIA

La Justicia estadounidense obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas

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Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, pero el país aún arrastra una condena de casi USD 391 millones por su estatización en 2008

Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia, y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.

La condena se ubica entre las más costosas que enfrenta la Argentina fuera de sus fronteras. En los últimos 16 meses el país no pagó ninguna suma de este laudo, una situación que llevó a Titan a acelerar su ofensiva judicial. Fuentes de la empresa señalaron a Infobae que el fallo no es una acción contra la compañía sino contra el Estado argentino.

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Según reveló el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el tribunal del Distrito de Columbia rechazó la apelación con la que el Estado argentino buscaba revertir la sentencia de primera instancia. Con ese fallo, quedó ratificado que el fondo puede seguir adelante en la justicia estadounidense para intentar cobrar la indemnización.

La disputa comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa sostuvo que la expropiación había sido injusta y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial para controversias entre Estados e inversores.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. La empresa española no llegó a cobrar esa suma y más tarde transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, un fondo británico que también litigó contra Argentina por la expropiación de YPF.

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La disputa legal por la expropiación de Aerolíneas Argentinas lleva más de 15 años y todavía no tiene fecha de cierre
La disputa legal por la expropiación de Aerolíneas Argentinas lleva más de 15 años y todavía no tiene fecha de cierre

Después, Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. El punto central del caso es que las decisiones del Ciadi no se ejecutan de manera directa sobre bienes de un Estado, sino que deben ser reconocidas por tribunales locales para intentar su cumplimiento.

Maril explicó esa mecánica: los laudos sirven como base para acudir a la justicia ordinaria y pedir que se haga efectiva la condena. Eso es lo que Titan hizo en Estados Unidos y lo que ahora recibió un nuevo respaldo judicial.

La confirmación de la condena deja a la Argentina en una posición más vulnerable frente a intentos de embargo. En mayo, Titan ya había buscado avanzar sobre los colaterales de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en una maniobra que también procuraba adelantarse al acuerdo alcanzado por el país con los fondos Attestor y Bainbridge.

El origen económico del conflicto remite al estado en que quedaron Aerolíneas y Austral antes de la estatización. Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos de valor, entre ellos oficinas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de simuladores de vuelo y se cancelaron rutas internacionales hacia Europa.

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Al momento de la expropiación, ambas compañías acumulaban pasivos cercanos a USD 890 millones. Marsans las había adquirido en 2001 por un dólar simbólico, mientras que el tesoro de España debió aportar alrededor de USD 750 millones para sostener su funcionamiento.

Titan Consortium litiga desde 2021 en la justicia estadounidense para cobrar la indemnización que el CIADI le reconoció a Marsans tras la estatización de la aerolínea de bandera
Titan Consortium litiga desde 2021 en la justicia estadounidense para cobrar la indemnización que el CIADI le reconoció a Marsans tras la estatización de la aerolínea de bandera

Dos valuaciones realizadas entonces mostraron resultados opuestos. Crédit Suisse estimó que el valor de las aerolíneas se ubicaba entre USD 250 y USD 450 millones, pero el Tribunal de Tasación de la Nación calculó un valor negativo superior a los USD 760 millones, cifra que el Congreso argentino tomó como referencia para justificar la estatización.

La resolución llega en un momento de mejora financiera para Aerolíneas Argentinas. El nuevo gobierno había asegurado desde el inicio que su intención era sanearla para privatizarla, y la compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones registrados el periodo anterior.

Ya en 2024 había logrado el primer superávit operativo desde la reestatización, la primera vez que la empresa operó sin aportes del Tesoro, algo que se repitió el año pasado. El directorio ya informó al Ministerio de Economía que tampoco solicitará fondos en 2026.

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La mejora en los resultados provino, principalmente, de la reducción de personal —llegó a su dotación más baja en 14 años—, la eliminación de rutas deficitarias, el cierre de oficinas y mejoras operativas que permitieron rentabilizar su operación. Sin embargo, para privatizarla, la medida debe contar con el visto bueno del Congreso, algo que ya no fluyó cuando el Gobierno avanzó con la primera lista de empresas privatizables dentro de la Ley Bases al inicio del mandato.



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ECONOMIA

Moody’s mejoró la calificación de Argentina y el mercado anticipa qué bonos se verán impulsados

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La calificadora de riesgo Moody’s Ratings mejoró la calificación para la deuda Argentina. Es algo que el mercado esperaba, lo que puede impactar en el valor de los bonos y traducirse en una nueva baja del riesgo país, que se ubica por encima de los 400 puntos básicos.

El ministro de Economía Luis Caputo publicó un mensaje al respecto: «Importante: Moody’s Ratings eleva las calificaciones de Argentina a B3 y cambia la perspectiva de estable a positiva». Y felicitó a José Luis Daza y Federico Furiase.

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Luis Caputo anunció la mejora en redes

Qué dice el informe de Moody’s que mejoró la nota de Argentina

Moody’s elevó la nota de la deuda soberana de la Argentina de Caa1 a B3 y, además, cambió la perspectiva de estable a positiva, al considerar que el riesgo de default cayó de manera significativa gracias a la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica. Para la calificadora, el programa económico dejó atrás la etapa inicial de ajuste y comenzó a mostrar mejoras «más duraderas» en los fundamentos crediticios del país, impulsadas por el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la liberalización de la economía y una mayor previsibilidad en las políticas públicas.

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Uno de los principales argumentos de Moody’s es que el equilibrio fiscal se convirtió en el ancla del programa económico. La agencia sostiene que, a diferencia de otros intentos de estabilización, esta vez el ajuste se apoya en una corrección sostenida del déficit, la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro, la reducción de distorsiones económicas y una normalización gradual del esquema monetario y cambiario. «El superávit fiscal sirve como el ancla central del programa de estabilización», afirma el informe, que también destaca que esas políticas redujeron la volatilidad macroeconómica y fortalecieron la confianza.

La calificadora también pone el foco en la mejora del frente externo, históricamente uno de los principales puntos débiles de la economía argentina. Según Moody’s, el país atraviesa una transformación estructural de su capacidad de generación de divisas gracias al crecimiento de las exportaciones, el cambio de signo del sector energético -que pasó de ser un factor de presión externa a generar superávits- y el fuerte ingreso de inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura. En ese contexto, resalta el impacto del RIGI, que ya reúne proyectos por u$s141.700 millones, de los cuales unos u$s45.000 millones están en ejecución.

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Entre los datos que Moody’s considera más relevantes figura la recomposición de las reservas internacionales. El informe señala que el Banco Central compró más de u$s11.000 millones en el mercado cambiario durante la primera mitad de 2026 «sin generar presiones sobre el tipo de cambio», un hecho que, a juicio de la agencia, refleja una mejora genuina de la dinámica externa. Sin embargo, aclara que el nivel de reservas «permanece relativamente débil», aunque el riesgo de una crisis de balanza de pagos disminuyó respecto de años anteriores.

El cambio de perspectiva a positiva implica que Moody’s considera posible una nueva mejora de la calificación si el Gobierno logra consolidar los avances actuales. La agencia proyecta que la disciplina fiscal, la baja de la inflación y las inversiones en energía y minería seguirán fortaleciendo la capacidad de generar dólares y de afrontar los compromisos financieros del país. Además, destaca que, aunque persisten riesgos políticos, el abanico de posibles políticas económicas tras las elecciones presidenciales de 2027 «se ha reducido» respecto de otros ciclos electorales, lo que aumenta la probabilidad de continuidad del rumbo económico.

No obstante, el informe también deja advertencias claras. Moody’s subraya que el riesgo político sigue siendo una restricción importante para la calificación soberana y advierte que un eventual cambio de rumbo tras las elecciones de 2027, con una administración más intervencionista que revierta parte de las reformas, podría deteriorar nuevamente la confianza de los inversores, frenar el ingreso de capitales y debilitar la acumulación de reservas. «El riesgo político sigue siendo un factor clave que limita la calificación», señala el documento.

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De cara a futuras revisiones, Moody’s deja definidos los factores que podrían impulsar una nueva suba de la nota: mayores inversiones en sectores exportadores, una acumulación sostenida de reservas, mejoras en la capacidad de pago externa y la profundización de las reformas promercado. En cambio, advierte que la calificación volvería a quedar bajo presión si se debilitara el programa de estabilización, se interrumpiera el proceso de acumulación de reservas o reaparecieran tensiones en el frente externo que comprometan la capacidad de financiamiento del país.

En ese marco, desde el equipo de Research de Puente señalaron que la mejora en la nota de Moody’s «es el equivalente a la nota B- de Fitch y de Standard & Poor’s, a la cual habían subido hacia mayo y junio pasado». «De esta manera, Moody’s se pone en línea con las otras dos grandes calificadoras. A diferencia de esas dos, sin embargo, el panorama que le asignó Moody’s a Argentina es positivo, mientras que las otras dos quedaron en estable», sostuvo.

Y detalló: «En particular, Moodys dijo que las posibilidades de default habían caído sustancialmente, y que la suba de la nota refleja la estabilización macroeconómica que está llevando a cabo el gobierno y la mejora en el frente externo. Por otra parte, la perspectiva estable abre la posibilidad a que las reformas estructurales que están llevándose a cabo en el marco de esta estabilización macroeconómica puedan llevar a una nueva suba de la calificación en el futuro».

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«En principio, los bonos no reaccionaron mucho a esta noticia, dado que el mercado en su mayor parte ya estaba cerrado. No obstante, tampoco esperamos mucho ajuste tras esta noticia, dado que el repricing de la deuda a un nivel de B- ya se había hecho en su mayor parte luego de las primeras dos acciones de las calificadoras», concluyeron desde Puente.

Cómo impactará en el mercado la mejora en la calificación de Moody’s

El anuncio no sorprende al mercado, por lo que no impulsaría un rally de igual magnitud a los que hubo recientemente, pero habrá un efecto inevitable: el upgrade ampliará el universo de inversores que compran deuda argentina. Muchos fondos internacionales, por reglas propias, no están habilitados a invertir en mercados con cierto nivel de riesgo. Por lo tanto, una mejora en la nota de crédito, que implica mayor confianza respecto al cumplimiento de la deuda, abre el camino para que más inversores se posicionen en activos argentinos, lo que impulsaría los precios y, por ende, bajaría más el riesgo país.

La mejora en la calificación de riesgo de la deuda no sólo impacta positivamente sobre los bonos soberanos en dólares, sino también sobre las acciones de las empresas: mejora la confianza y las expectativas de los inversores y las compañías pueden financiarse a tasas más bajas tras una compresión del riesgo país. 

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Además, muchas empresas, sobre todo los bancos, poseen títulos de deuda soberana en dólares en sus carteras de inversión, por lo que una suba en los precios de estos activos incrementaría sus patrimonios y, por consiguiente, sus valuaciones.

El riesgo país argentino opera alrededor de 410 puntos básicos, mientras que el de los mercados con calificación «B» se ubica en torno a 290 puntos. Por lo tanto, de acuerdo con Delphos, el margen de compresión adicional es de 120 puntos para converger hacia el nivel de los países «B». Sin embargo, advierte que el espacio de un deterioro es mucho mayor: en caso de que el escenario se torne negativo y volviera a calificación «CCC», el riesgo país regresaría a la zona de 1.000 puntos. Pero, por ahora, el mercado no prevé un deterioro en la nota de riesgo y una mejora luce mucho más probable.

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Qué bonos y acciones subirían más tras el upgrade

El analista Gustavo Ber estima que los bonos soberanos en dólares que reaccionarían con mayores subas tras la noticia de otro upgrade en la calificación crediticia serían los de mayor vencimiento. Es decir, los Bonares y Globales que caducan en 2035, 2038 y 2041, ya que son los más sensibles a compresiones en la sobretasa de riesgo. Calcula que el efecto sería más moderado en comparación con los upgrades anteriores, en el orden del 2% o 3%. En el caso de las acciones, las más beneficiadas serían las de los bancos, como Galicia y Macro, con eventuales subas en torno al 5%.

En tanto, el analista Martín Genero, a diferencia de los colegas, es menos optimista respecto al efecto inmediato de la eventual noticia, ya que esta vez no sorprendería al mercado. De todas maneras, afirma que el riesgo país podría retroceder hasta la zona de 300 puntos porque el nivel actual (poco más de 400 puntos) aún se encuentran entre 70 y 100 puntos por encima de los promedio de los países con calificación «B-«. Resalta que Argentina no es el país «B-» con menor riesgo, pero estima que podría converger hacia el promedio de su categoría.

Genero calcula que una compresión del riesgo país argentino que lo ubique alrededor de 300 puntos básicos implicaría las siguientes ganancias aproximadas en los títulos de deuda soberana en dólares:

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  • Bonar 2035 (AL35): 6,8%
  • Bonar 2041 (AL41): 6,6%
  • Global 2046 (GD46): 6,4%
  • Global 2041 (GD41): 6,4%
  • Bonar 2038 (AE38): 6,0%
  • Global 2035 (GD35): 5,9%

Genero afirma que la convergencia hacia el riesgo país promedio de los países de categoría «B-» luce probable este año, teniendo en cuenta que no es electoral, con perspectivas de estabilidad cambiaria y «un gobierno que viene tomando decisiones que el mercado recepta de manera favorable». Precisa que la compresión podría ubicar al riesgo país entre 300 y 330 puntos básicos, pero mantiene como escenario base la caída de entre 70 y 100 puntos respecto a los niveles actuales. En ese sentido, calcula que una compresión de 100 puntos implicaría subas de los precios de los bonos soberanos en dólares de entre 5,9% y 6,8%.

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Jornada financiera: las acciones argentinas operaron en alza, pero también subió el riesgo país

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Los ADR de empresas de servicios públicos y energía se afirmaron en Wall Street.

Un clima positivo para los negocios bursátiles en el exterior impulsó la suba de las acciones argentinas, que en el rubro energético también capturaron una nueva alza en los precios del petróleo, dadas las renovadas hostilidades en Medio Oriente.

Los principales índices de Wall Street avanzaron en un rango de 0,7% a 1,3%, mientras que el crudo se encareció más de 2 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,8%, a 3.281.979 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las ganancias, encabezadas por Satellogic (+9,2%), Edenor (+5,4%), Cresud (+4,4%) y Pampa Energía (+3,6%).

“En la plaza financiera local, se vio un comportamiento mixto pero fuertemente selectivo: mientras la renta fija operó con leves tomas de ganancias (…), el panel de acciones voló impulsado por el sector energético. Las firmas de Oil & Gas y servicios públicos capitalizaron el avance del crudo Brent a máximos de cinco semanas y el sólido superávit de la balanza comercial energética semestral”, consideró Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Los bonos soberanos, que habían estado más firmes en las anteriores ruedas, tuvieron un cierre dispar, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó seis unidades para la Argentina, en los 421 puntos básicos.

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Asimismo, Moody’s subió la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3 (equivalente a B- en Fitch y S&P) y cambió la perspectiva a Positiva.

“La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial de ajuste y se ha transformado en una mejora más duradera de los fundamentos crediticios. Los superávits fiscales sostenidos, la caída de la inflación y la continuidad de la liberalización económica fortalecen la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica”, argumentó Moody’s.

“Con esta decisión, las tres grandes calificadoras -Moody’s, S&P y Fitch- quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década. Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, afirmó el viceministro de Economía José Luis Daza.

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La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación extraordinaria de bonos de este martes con suscripción en especie adjudicó un total de USD 1.895 millones, tras haber recibido ofertas por un total de 2.087 millones de dólares.

La colocación se dividió en un bono Dólar Linked al 31 de agosto de 2026 por USD 1.736 millones adjudicado, y otro títulos similar al 15 de diciembre de 2028 (TZVD8) por 159 millones de dólares.

“El Tesoro canjeó el 45,17% de la emisión de la Lelink de julio, renovando USD 1.851 millones del stock. Las ofertas se concentraron casi en su totalidad en canjear por la Lelink de agosto, mientras que sólo USD 159 millones se adjudicaron en el bono a diciembre 2028″, precisaron los analistas de Puente.

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“El canje no sólo buscaba despejar parcialmente los vencimientos de fin de mes, sino reducir la presión sobre el tipo de cambio que podría resultar del rollover de este bono al realizarse anticipadamente. Para fin de mes, quedan ahora $8,4 billones en vencimientos de pesos entre esta Lelink, Lecaps y Lecers”, continuó la nota de Puente.

En el exterior las acciones estadounidenses subieron, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de ganancias corporativas de empresas tecnológicas en medio de señales de una reactivación en las acciones de semiconductores, con los nuevos aranceles estadunidenses a Canadá y las hostilidades en Medio Oriente también en el punto de mira.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,3%, impulsado por el auge de los semiconductores antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana. El promedio Dow Jones Industrial avanzó un 0,7%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,9% tras la caída de las acciones el lunes en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre ganaron 2,4%, a USD 91,39 el barril, mientras que el contrato de referencia del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para septiembre, avanzó 2,5%, a 84,54 dólares.

El ascenso del crudo fue el fundamento de las ganancias de las acciones argentinas del sector de energía, como YPF (+1,6%, a USD 51,25), Vista Energy (+1,8%) y Tenaris (+1,6%).

Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, aportó que “el comportamiento de las bolsas refleja una resiliencia notable y una clara actitud de los compradores de aprovechar las caídas previas, impulsados por la confianza en que el ciclo alcista tecnológico y la inteligencia artificial aún disponen de recorrido. Sin embargo, de cara a los próximos días, el mercado navegará bajo un escrutinio sumamente delicado con la combinación de la crisis energética en Oriente Medio, las represalias comerciales y arancelarias y la postura restrictiva de la Reserva Federal que podrían mantener una volatilidad elevada junto con los resultados de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos”.

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El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que “la cotización operó con una tendencia bajista moderada y escalonada, encontrando sucesivos niveles de soporte. En la zona de $1.478 logró estabilizarse transitoriamente, aunque recién sobre el final de la rueda la presión vendedora consiguió imponerse”, con un piso intradiario en los 1.476 pesos.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.832,54, con lo cual el tipo de cambio oficial quedó a 355,04 pesos o 24 por ciento.

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El dólar mayorista cede ahora 4,50 pesos o 0,3% en julio, mientras que en 2026 mantiene una suba de solo $22,50 o 1,5%, frente a una inflación próxima a 18% en lo que va del año.

El dólar al público permaneció a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,40 para la venta y $1.447,34 para la compra.

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, comentó que “el dólar financiero sigue sorprendentemente estable. MEP en torno a los $1.500 y futuros sin grandes sobresaltos reflejan que, por ahora, el mercado no espera un salto cambiario inmediato. La incógnita sigue siendo cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio frente al calendario electoral y las necesidades de acumulación de reservas”.

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El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, en su tercer ascenso seguido, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.525, esto es 75 pesos o 5,2% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

El Banco Central absorbió USD 45 millones con su participación cambiaria, el 6,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 48.919 millones de dólares.

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