El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar un punto clave sobre la reducción de retenciones al campo. La baja será gradual, mes a mes, y seguirá un cronograma prefijado que no dependerá de cómo evolucione la recaudación fiscal.

La precisión llegó este viernes en conferencia de prensa. Caputo estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

El anuncio corrige lo planteado un día antes por el presidente Javier Milei. El mandatario había vinculado la baja de alícuotas a la evolución de los ingresos tributarios, lo que generó inquietud en productores y cámaras del sector que reclamaban certidumbre.

Según precisó Caputo, el esquema de reducción ya está establecido con costos fiscales calculados para los próximos años, y la implementación no se modificará según el ritmo mensual o anual de la recaudación.

«Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final», afirmó el ministro. Aclaró que la eliminación total solo podría concretarse en un eventual segundo mandato.

El Gobierno busca enviar una señal clara al campo. «Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer», subrayó Caputo.

Cómo será el cronograma de baja de retenciones para cada cultivo

El esquema arranca en 2026 con trigo y cebada. En junio de ese año, ambos cultivos tendrán un recorte de dos puntos porcentuales en sus alícuotas.

Después de ese ajuste inicial, la reducción seguirá de forma gradual. A partir de 2027 se suman más productos.

Durante 2027 entran sorgo, maíz y girasol. La baja será de un cuarto de punto porcentual por mes para todos los cultivos incluidos en el cronograma.

En el caso de la soja, la alícuota arrancará en 23,75% en enero de 2027. Bajará mes a mes hasta cerrar el año en 21%.

En 2028 la reducción se acelera. Todos los cultivos tendrán una baja de medio punto porcentual mensual hasta alcanzar el porcentaje programado en el cronograma oficial.

Iraeta explicó por qué aceleraron el alivio tributario. «El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba», indicó.

El aumento de costos en fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios se dispararon por la guerra en Irán, motivó la decisión de adelantar parte del cronograma para dar respiro inmediato a los productores.

Qué sectores industriales se benefician con la baja de retenciones

Pablo Lavigne, secretario de Comercio, puntualizó que la reducción para la industria se concentra en sectores exportadores. Automotriz y petroquímico son los principales, pero también alcanza al sector de química, caucho, maquinaria y otros productos industriales.

Todos tendrán una reducción progresiva de 0,375% por mes desde julio de 2026 hasta junio de 2027, que será cuando las retenciones quedarán eliminadas por completo. En el caso del sector automotriz, la medida alcanzará también a los cuatriciclos.

«La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el 2,5% de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos», argumentó.

La eliminación de estas alícuotas es clave para que los productos argentinos compitan en igualdad de condiciones a nivel internacional, según el funcionario.

La conferencia también incluyó referencias a infraestructura y logística como ejes para mejorar competitividad. Caputo mencionó la concesión de 9.100 kilómetros de rutas a partir de junio.

También el avance en la licitación de la hidrovía y el Belgrano Cargas. Según el ministro, estas obras ayudarán a reducir costos logísticos, especialmente para el interior del país.

Ese acompañamiento en infraestructura busca potenciar el proceso de crecimiento de la producción agroindustrial. Los funcionarios reiteraron que el objetivo es generar un entorno estable para producción y exportación.

La expectativa oficial es que la tendencia de crecimiento económico y recuperación de recaudación permita sostener el alivio tributario. Todo sin comprometer el equilibrio fiscal que el Gobierno considera innegociable.

Cuánto le costará al fisco la reducción de retenciones

El impacto fiscal ya está calculado. Para la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de u$s25 M en 2026.

En 2027 ese número salta a u$s115 M. El ministro explicó que estos montos surgen de aplicar el esquema progresivo de reducción.

La mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo. El grueso del costo se concentraría en un eventual segundo mandato de Milei o en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Caputo descartó que se necesite un ajuste fiscal adicional. «No va a ser necesario ningún ajuste adicional porque estamos proyectando una mayor recaudación», sostuvo.

El ministro ve recuperación en los indicadores de actividad económica. También en la recaudación misma. Aseguró que el esquema de baja para 2026 es el máximo esfuerzo que permite la situación fiscal actual.

Hacia 2027, el crecimiento económico facilitaría nuevas reducciones. Ese es el cálculo oficial para sostener el cronograma sin comprometer el equilibrio de cuentas públicas.

Cómo evitarán especulación con soja ante la baja gradual de retenciones

La conferencia abordó el riesgo de especulación en el mercado de granos. Con la alícuota bajando mes a mes, podría haber incentivos para retener mercadería.

Iraeta explicó que la publicación anticipada del cronograma busca evitar justamente esas distorsiones. «Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención, cuál va a ser la alícuota y en función de eso hacés tus negocios», señaló.

La baja gradual y mensual apunta a evitar movimientos discretos fuertes que podrían generar retención de stocks o conductas especulativas que afecten la liquidación de divisas al sistema financiero.

El Gobierno enfatizó la importancia de la previsibilidad. Tanto Caputo como Iraeta remarcaron que el anuncio busca despejar incertidumbres para productores y exportadores.

Caputo descartó enviar un proyecto de ley al Congreso. «Esto lo podemos hacer directamente nosotros», afirmó sobre la instrumentación de la reducción.

El pedido de Caputo a provincias y municipios por impuestos locales

El ministro convocó a provincias y municipios a acompañar el esfuerzo de reducción impositiva. Les pidió bajar tributos locales como ingresos brutos y tasas municipales.

Recordó que las retenciones son impuestos no coparticipables. Por eso, la baja de presión fiscal nacional debería complementarse con reducciones en el ámbito provincial y municipal.

Caputo subrayó que la medida genera un efecto indirecto positivo para las provincias. Al reducirse las retenciones, las empresas obtienen mayores ganancias.

«Todas estas medidas tienen un impacto directo en las provincias, porque implican mayor ganancia y Ganancias es un impuesto que se coparticipa», sostuvo el funcionario. Es decir, mayor base imponible para tributos que sí se distribuyen entre Nación y provincias.

El ministro también hizo referencia a la dinámica sectorial de la industria. Señaló que algunos sectores ligados al mercado interno muestran rezago, pero los datos recientes indican recuperación generalizada.

«El EMAE tiene dieciséis sectores, quince crecieron. El único que no creció es el sector público», explicó. Destacó además el crecimiento de exportaciones industriales.

Aún con el respaldo de las subas de las bolsas de Nueva York, las acciones y los bonos argentinos negociaron en baja, en lo que puede considerarse una toma de ganancias ante un balance semanal muy favorable para los activos domésticos. En cuanto al dólar, las cotizaciones negociaron en alza en una rueda con fuerte monto operado y renovadas compras del Banco Central.

Wall Street operó con alzas en un rango de 0,2% a 0,6% en sus principales indicadores, mientras los inversores aguardaron novedades sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Pese a la fuerte ponderación de acciones energéticas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1,1% en pesos, en los 2.846.220 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,2% en promedio. El índice de riesgo país de JP Morgan bajó un entero, a 514 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, lideradas por Adecoagro (-6%) y Banco Francés (-6%), este último tras el fuerte rebote del jueves (+8,8%). Sobresalen algunas subas como Ternium (+4,8%) e YPF (+0,1%, a USD 47,99).

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que “el mercado internacional sigue dando cuenta de la falta de resolución en Medio Oriente, con las tasas largas de países desarrollados viéndose presionadas, aun en un contexto en que algunas declaraciones cruzadas permiten ser optimista respecto a un acuerdo al menos parcial. En este marco, los activos argentinos muestran un buen desempeño relativo, con el Merval -medidos en dólar ‘contado con liquidación- y los bonos en soberanos en dólares mostrando subas contra el cierre de la semana pasada, evidenciando también el alto beta del país”.

“Los catalizadores generales igualmente seguirán siendo el fortalecimiento de la posición de reservas, la posibilidad o no de emitir nuevamente un bono internacional, y la dinámica de la economía real, en especial en sectores rezagados. Esto ultimo es importante mas que nada por el impacto en ingresos y humor social, dado que efectos sobre la actividad demoran algo más en materializarse y las elecciones están a poco más de un año de distancia”, continuó Franco.

“En materia de estrategia, mantenemos una mayor ponderación en el sector Oil & Gas, que si bien ha mostrado una contracción en los últimos días a raíz del avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, creemos que continuará beneficiándose de un trimestre con precios realizados mayores a raíz del deterioro en infraestructura de petroleras en Medio Oriente», evaluaron los analistas de IEB.

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.

El límite superior del régimen de bandas cambiarias del BCRA marcó $1.744,12, para dejar al dólar mayorista a 341,12 pesos o 24,3% de esa banda de flotación.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que “las primeras operaciones se registraron en baja, siguiendo la tónica de la rueda previa, y marcaron un mínimo intradiario de $1.385″, aunque “con una marcada volatilidad y movimientos bruscos de precios”.

“Ya ingresando en la última media hora, la presión compradora logró imponerse, generando una aceleración alcista donde el precio se despegó rápidamente y apuntó hacia la zona de $1.400”, agregó Merino.

“En el frente cambiario, la liquidación de la cosecha gruesa y las colocaciones de deuda permitieron al BCRA acelerar la acumulación de reservas. El FMI convalidó el rumbo del programa y aprobó la revisión del acuerdo, desbloqueando un desembolso de USD 1.000 millones”, puntualizó GMA Capital.

El dólar al público ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. El dólar blue estuvo operado sin variantes, también a 1.425 pesos.

El BCRA compró USD 139 millones en el mercado de cambios, el 16,8% de la oferta en la plaza de contado. En mayo acumula compras por 1.835 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 52 millones, a 46.803 millones de dólares.

“Las mayores compras del Banco Central durante la última semana respaldan la estabilidad cambiaria, ya que confirman que la oferta de divisas sigue siendo abundante”, sintetizó Adcap Grupo Financiero.

Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.

Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.

Más allá de ponderar el rumbo económico de La Libertad Avanza, el reporte advierte que a pesar de los avances y del “amplio potencial” de Argentina, las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas”: “La inflación continúa alta, las reservas son limitadas y aún se trabaja para lograr un acceso sostenido a los mercados, lo que deja al país especialmente expuesto a shocks externos e internos, estos últimos vinculados a la persistente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”.

Además, los técnicos de la entidad internacional apuntan que el sistema tributario sigue siendo “complejo e ineficiente, los mercados de capital permanecen poco desarrollados (con un volumen importante de activos de residentes fuera del sistema financiero), el país mantiene una relativa cerradura comercial y las instituciones requieren mayor fortalecimiento”.

“De todas formas, la administración Milei está logrando avances notables en la creación de una economía más abierta y orientada al mercado, con un flujo significativo de inversiones en marcha en sectores clave como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento. Consolidar la estabilidad, romper de manera duradera con décadas de desmanejo y aprovechar plenamente este potencial siguen siendo los principales desafíos de fondo para Argentina”, aclaran.

Al mismo tiempo, el Fondo insta al Gobierno a actualizar las canastas que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.

La declaración se da luego de la controversia generada por la decisión del equipo económico de reemplazar la canasta de bienes y servicios 2017/2018 por la actual, que data de 2004, para medir el IPC, lo que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a principios de 2026.

En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.

A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.

A la vez, el organismo multilateral hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema tributario. A su juicio, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos, dominado por tributos indirectos y distorsivos que dificultan el desarrollo y afectan la competitividad.

En ese sentido, propone una hoja de ruta apoyada en cinco ejes prioritarios: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo de sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. “La eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PIB”, estima el Staff Report.

El reporte suma que al expandir la base del impuesto a las ganancias y armonizar las deducciones, por lo menos el 20% de los trabajadores debería abonar este tributo, acercando la presión fiscal al promedio regional. Sobre las sociedades, se recomienda una tasa plana del 30%, combinada con un mínimo de recaudación sobre ventas, con el objetivo de reducir la evasión y los incentivos a la informalidad.

Respecto al monotributo, se advierte que la baja carga actual fragmenta el universo empresarial y limita el crecimiento de las firmas. El Fondo sostiene: “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”. En el caso de los impuestos especiales, la actualización de los gravámenes sobre combustibles y tabaco, considerando la inflación, permitiría incrementar la recaudación en 0,5 puntos del PIB.

De aplicarse estos cambios, el FMI señala que sería posible “una eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y transacciones financieras”, que representan cerca del 7% de la recaudación y tienen un impacto negativo en la productividad y la inversión.

Su análisis empírico indica que “la eliminación de los impuestos a la exportación podría aumentar las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno al 10%”, lo que se traduciría en ingresos anuales adicionales de USD 5.000 millones y un aporte al Producto Interno Bruto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Reducir el impuesto a las transacciones financieras, por su parte, favorecería la intermediación bancaria y limitaría el peso de la informalidad, desde su óptica.

En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”. Según reza en el texto, el Gobierno se comprometió a lanzarla para finales de diciembre de 2027.

A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:

• Separar las pensiones contributivas y no contributivas. Integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado, financiado con ingresos generales, mientras se mantiene el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad.
• Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios. El requisito actual de 30 años de aportes genera discontinuidades marcadas en los derechos jubilatorios. Avanzar hacia la acumulación proporcional de derechos previsionales fortalecería los incentivos para contribuir y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
• Ampliar la base de aportes. La alta informalidad laboral y la expansión de regímenes tributarios simplificados han debilitado la densidad contributiva y ampliado las disparidades en el esfuerzo de aporte entre los trabajadores. Medidas que promuevan el empleo formal podrían ayudar a ampliar la base. Las reformas orientadas a reducir la carga tributaria laboral deben diseñarse cuidadosamente para no erosionar los ingresos previsionales. Aumentar los requisitos de aporte en los regímenes simplificados también contribuiría a reducir disparidades.
• Simplificar y armonizar los regímenes previsionales. Actualmente, el sistema argentino incluye más de 200 regímenes con reglas de elegibilidad y fórmulas de beneficio diferentes, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) ayudaría a reducir disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Acuerdos fiscales con las provincias podrían apoyar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA.
• Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas. Vincular gradualmente la edad legal de retiro a los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres podría contribuir a preservar un equilibrio estable entre vida laboral y jubilación.