Desde hace más de un siglo, la Argentina mantiene actividad ininterrumpida en la Antártida. Todo comenzó en 1904, cuando se instaló un observatorio meteorológico en las Islas Orcadas del Sur. Ese hito no solo marcó el inicio de la actividad científica nacional en el continente blanco, sino que también se convirtió en uno de los principales antecedentes que hoy sostienen la posición del país en la región.

El territorio antártico, en su gran mayoría cubierto por hielo, está regulado por un entramado de acuerdos internacionales. Entre ellos, el Tratado Antártico es el eje central. En ese marco, la presencia argentina no se limita a ocupar un espacio: implica sostener una actividad científica, logística y operativa constante.

Presencia antártica

Una de las claves para entender el rol argentino es la continuidad. En la Antártida, la legitimidad no se construye con acciones aisladas, sino con permanencia sostenida en el tiempo. En términos concretos, “estar” en la Antártida significa poder acceder, permanecer durante todo el año y desarrollar actividades en condiciones extremas.

Para el General de Brigada (R) del Ejército Argentino y ex Comandante del Comando Conjunto Antártico, Edgar Caladín, la presencia “se materializa a través de una red de bases, campañas antárticas anuales, despliegue de medios navales y aéreos, y una actividad científica”.

Actualmente, Argentina cuenta con 13 bases antárticas. Siete de ellas son permanentes y están operativas durante todo el año y seis funcionan de manera temporaria, principalmente en verano. La diferencia no es menor: las bases permanentes implican un mayor nivel de compromiso logístico y estatal, mientras que las temporarias permiten ampliar la cobertura territorial y científica en períodos más favorables.

Para la internacionalista Aldana Molfino, esta ocupación sostenida cumple un rol central: “La presencia permanente funciona como antecedente concreto para respaldar el reclamo argentino de soberanía en la Antártida”. A eso se suman otros factores, como la cercanía geográfica y la continuidad geológica.

Tratado Antártico: qué permite y qué limita

El Tratado Antártico, firmado en 1959 y vigente desde 1961, es el acuerdo que regula la actividad en el continente. Nació con 12 países, entre ellos la Argentina, y estableció un principio central: que la Antártida debe destinarse exclusivamente a fines pacíficos.

Según la licenciada Molfino, “establece la desmilitarización de la Antártida, prohibiendo las bases militares, ensayos militares, explosiones nucleares, eliminación de desechos radiactivos, reservando su uso exclusivamente para fines pacíficos.” En ese marco, el tratado asegura la libertad de investigación científica y pone a la cooperación internacional como base del sistema.

En la práctica, el funcionamiento se apoya en una dinámica particular. Las reglas se discuten y acuerdan en reuniones consultivas entre los Estados, donde no existe una autoridad central que establezca decisiones.

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Con el paso del tiempo, ese acuerdo inicial dio lugar a un sistema más amplio de regímenes complementarios. Se trata de un esquema complejo que combina normas jurídicas, acuerdos políticos y prácticas sostenidas por los Estados. En ese entramado se incluyen instrumentos clave como el Protocolo de Madrid, orientado a la protección ambiental, y los convenios que regulan la actividad pesquera, junto con otros mecanismos que ordenan en la práctica el funcionamiento del continente.

De cara al futuro, el sistema no está exento de tensiones. Según el análisis de especialistas como Edgar Calandín, hay factores que podrían modificar su dinámica: una mayor presión sobre los recursos, cambios en el equilibrio de poder global entre las grandes potencias, el avance tecnológico y la posible revisión de acuerdos clave como el Protocolo de Madrid en las próximas décadas.

Ciencia y recursos

La ciencia es el eje estructural del sistema antártico. A través de la investigación, los países generan información clave sobre el clima, los océanos y los ecosistemas, datos que adquieren cada vez más valor a nivel global.

En cuanto a los recursos, existe una variedad importante, aunque todavía no se traduce en una explotación directa. En el análisis de María Ana Leal, en “La Antártida: importancia geopolítica y económica”, se establece que hay dos grandes tipos: renovables y no renovables.

Por un lado, aparecen las algas que son utilizadas en la agricultura, en medicamentos y para consumo, además de los peces y el krill. Todos ellos forman parte de los recursos renovables. Por otro, están los no renovables, como los hidrocarburos, el gas y distintos minerales, entre ellos el hierro y el cobre.

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Sin embargo, no todos son utilizados para la explotación. Existen acuerdos internacionales que lo prohíben, como el Protocolo de Madrid. Una de las bases del accionar en la Antártida sigue siendo el uso pacífico del área y el rol central de la ciencia.

En ese marco, el estudio de los recursos, según Calandín, cumple tres funciones clave: “legitima, justifica la presencia y el accionar estatal, cierto grado de gobernanza, ya que organiza la cooperación y establece un lenguaje común entre actores diversos”.

El reclamo argentino y las superposiciones

En 1957, Argentina formalizó su reclamo territorial. Según Molfino, ”El Sector Antártico Argentino reclamado se establece por el paralelo 60° Sur y el Polo Sur y los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste”.

Este reclamo se superpone parcialmente con Chile y totalmente con el Reino Unido. Sin embargo, en la práctica no existen fronteras físicas en el territorio y el Tratado Antártico congela las disputas, limitando el ejercicio de soberanía.

Para las próximas décadas, el escenario antártico podría evolucionar en distintas direcciones. El general retirado Edgar Calandín plantea que no hay un único camino, sino varias trayectorias posibles que dependen del contexto internacional, la presión sobre los recursos y el avance tecnológico.

En ese contexto, según el especialista, se proyectan tres escenarios posibles: una continuidad del esquema cooperativo actual, o una reconfiguración más profunda del sistema con tensiones geopolíticas más marcadas.

1. Continuidad del esquema cooperativo actual: el sistema actual podría sostenerse con relativa estabilidad. En ese caso, la cooperación y la ciencia seguirían siendo los puntos centrales.
2. Competencia creciente pero regulada entre Estados: apunta a una competencia más marcada, aunque sin romper las reglas vigentes. Allí, los países profundizarían su presencia en el territorio, invertirían en infraestructura y desarrollarían mayores capacidades tecnológicas. La cooperación científica continuaría, pero con un trasfondo cada vez más estratégico.
3. Reconfiguración geopolítica: implica un debilitamiento de los consensos que hoy sostienen el sistema y una mayor proyección de las tensiones globales sobre la Antártida. En ese contexto, podrían abrirse debates sobre las reglas actuales, especialmente en torno al uso de los recursos.

¿Cuál es el camino a seguir? El rumbo final dependerá de cómo se combinen una serie de factores en los próximos años. Argentina parte de una posición relevante: presencia histórica, despliegue territorial y una tradición científica consolidada.

Redacción: Candela Mascetti

Irán ha considerado asociarse con Omán, otro Estado del Golfo —aliado de Estados Unidos— en un sistema de cobro de cuotas a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, ignorando las advertencias del gobierno de Donald Trump contra las exigencias de pago por atravesar esa vía navegable clave internacional.

No está claro si resultará algo concreto de las discusiones. Pero las conversaciones parecen indicar que Estados Unidos e Irán no están más cerca de poner fin a una guerra que ha dañado gravemente la economía mundial, a pesar de que el presidente Trump afirmó lo contrario en repetidas ocasiones. Al menos de forma pública, ninguna de las partes ha mostrado disposición a llegar a un acuerdo.

Tras ser atacado por fuerzas estadounidenses e israelíes a finales de febrero, Irán casi paralizó el tráfico comercial en el estrecho, afectando el transporte marítimo internacional y haciendo subir los precios de la energía. Una vez que determinó su influencia en la economía mundial, las autoridades iraníes empezaron a debatir formas de mantener el control de la vía marítima y utilizarla para generar ingresos.

El miércoles, en medio de las conversaciones con Omán, la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán dijo en las redes sociales que había “definido los límites de la zona de supervisión de la gestión del estrecho de Ormuz” y que el paso requeriría un permiso de la autoridad. El golfo de Omán es adyacente al estrecho y debe atravesarse antes de llegar a él desde el este.

En varios momentos de los últimos meses, Trump condenó la posibilidad de cualquier peaje iraní y sugirió la idea de que Estados Unidos podría cobrarlos, como vencedor autoproclamado de la guerra. También sugirió que los ingresos podrían compartirse.

El jueves, descartó la idea de cualquier pago por el paso a través del estrecho. “Lo queremos gratis”, dijo en el Despacho Oval. “No queremos pesajes. Es internacional. Es una vía navegable internacional”. El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, también rechazó la idea. “No puede suceder”, dijo. “Sería inaceptable. Haría inviable un acuerdo diplomático si persistieran en ello”.

Incluso después de lograr un frágil alto al fuego con Estados Unidos, Irán ha procurado la idea de imponer cuotas a los que transiten por el estrecho, por el que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural transportado por el mar del mundo. Funcionarios iraníes han dicho que podrían incluir cuotas por servicio, una tasa de tránsito o tasas medioambientales, entre otras.

En los últimos días, la rama de los medios de comunicación extranjeros controlados por el Estado iraní, Press TV, ha informado de que Irán ha creado un nuevo mecanismo para controlar el tráfico marítimo a través de una ruta designada y cobrar tasas por “servicios especializados” .

Dos personas familiarizadas con las conversaciones sobre la gestión de la vía navegable dijeron que Irán no planeaba un sistema de peaje, que simplemente cobraría por el tránsito. En cambio, las conversaciones con Omán han explorado una propuesta para cobrar a los barcos cuotas por servicios.

Omán había rechazado inicialmente una asociación conjunta con Irán sobre el estrecho, pero ahora está en conversaciones sobre una parte de los ingresos, según dos funcionarios iraníes conocidos con las conversaciones pero no autorizados a hablar públicamente. Los funcionarios dijeron que Omán había comunicado a los iraníes que estaba dispuesto a utilizar su influencia con sus vecinos del Golfo, incluidos Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y con Estados Unidos para impulsar el plan, al haber dado cuenta de los posibles beneficios económicos de un sistema de pagos. Bloomberg News informó por primera vez de las conversaciones sobre un posible sistema de pago en el estrecho.

Irán y Omán parecen insistir en que el sistema propuesto implicaría tasas, no pesos, una distinción jurídicamente importante. Un sistema de peaje que simplemente cobrara a los barcos por pasar por la vía navegable sería ilegal según el derecho internacional, pero cobrar tasas por servicios reales prestados a los barcos, como la eliminación de residuos en un puerto, está permitido en determinadas circunstancias.

Aun así, si el sistema de cuotas no es más que un peaje con otro nombre, no se considera legal, dicen los expertos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 estableció el derecho de los barcos a atravesar los estrechos internacionales sin obstáculos, siempre que cumplan las normas, procedimientos y prácticas de seguridad y control de contaminación. Irán no es parte de la convención y ha dicho que técnicamente no está obligado a seguir sus parámetros . Omán es signatario.

Pero las normas y principios del convenio reflejan el derecho internacional consuetudinario y son vinculantes para todas las naciones, sean o no signatarias, dijo James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos y profesor visitante de la Facultad de Derecho de Harvard.

El régimen de navegación por los estrechos, que prohíbe el pago por el paso, está “prácticamente aceptado universalmente”, señaló, e “Irán lo ha consentido durante décadas”. “En algunas situaciones se permiten tasas razonables”, dijo Kraska.

Pero el problema para Irán sería demostrar que las tasas que solicitan son realmente razonables y corresponden a los servicios que prestan, señaló.

“Intentan encajar hábilmente” su propuesta en el marco legal, dijo Kraska. Aun así, dijo, cobrar por pasar por la vía navegable que por mucho tiempo ha sido gratuito, y al mismo tiempo llamar “cuota” al peaje, sería “casi como si la mafia dijera que tienes que pagar dinero de protección”.

© The New York Times 2026.

La provincia canadiense de Alberta votará en octubre si desea independizarse o continuar ligado al país norteamericano, tal como lo comunicó su jefa de gobierno este jueves. Si bien aseguró que ella no coincide con la iniciativa independentista, la jefa de gobierno señaló que es potestad de la población provincial decidir su soberanía, mientras los separatistas visitaron la Casa Blanca al menos tres veces durante el último año, en plena avanzada del presidente norteamericano contra las políticas canadienses. Desde Ottawa prometieron un mejor entendimiento.

Alberta es la provincia más rica de Canadá, debido a sus ricas reservas hidrocarburíferas (que la sitúan a nivel global sólo por detrás de Venezuela, Arabia e Irán), y acaso también la de la población más conservadora de ese país. Durante el último lustre fue tomando forma entre parte de sus habitantes, la de la parte más conservadora de esa sociedad aparentemente conservadora, un ímpetu independentista. En rigor desde los ochenta ya se cuestionaba que, siendo la provincia más rica del país en términos de PBI per cápita, las élites de Ontario, Québec y Ottawa tuvieran más peso en las decisiones políticas, económicas y sociales.

Este jueves la jefa de gobierno de Alberta, Danielle Smith, anunció que el domingo 19 de octubre se llevará a cabo un referéndum para votar si iniciar un proceso de independencia respecto de Canadá, o bien permanecer en ese país. Se trata de una iniciativa que comenzó en manos de la organización Alberta Prosperity Project (APP) y que ahora se convirtió en una causa mayor.

La decisión suscitó polémica inmediatamente: por un lado, la propia Smith aseguró que ella misma está en contra de la independencia pero que la gente debe decidir; por otro, un diputado liberal de Calgary (la ciudad más poblada e importante de la provincia) aseguró que la mayoría de los albertinos no quieren separarse; y el primer ministro canadiense prometió «un mejor país» con «Alberta como parte esencial».

Para Smith era un asunto candente. A inicios de mayo la jefa de gobierno provincial fue recibida por el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Ottawa, y entonces dialogaron sobre los detalles que ya se estaban ultimando para comunicar la llamada al referéndum, que se terminó comunicando este jueves. Pero en esa reunión Smith le aseguró a Carney que tanto la industria como los habitantes de su provincia «estaban empezando a impacientarse un poco».

Cierto también es que Carney, líder del Partido Liberal de Canadá, se agenció una victoria en las últimas elecciones legislativas, en abril, y hasta 2029 gobernará sin necesidad de congeniar alianzas. A pesar de ello, este jueves se mostró abierto al diálogo con la cuestión de Alberta: «Canadá es el país más grande del mundo pero puede ser aún mejor. Estamos trabajando con Alberta para hacerlo mejor. Estamos renovando el país. Y Alberta es esencial en este proceso».

Menos amables con Smith y el llamado al referéndum fue Corey Hogan, diputado liberal por Calgary: «La premier puede envolver sus acciones en la defensa de la democracia, pero está ignorando la voluntad de la vasta mayoría de albertanos, que no quieren participar de esta conversación separatista. La simple realidad es que ha impulsado esta cuestión solo porque un grupo la ha amenazado con destituirla. Sus problemas políticos internos se han convertido en nuestra crisis nacional».

Sin embargo, el juego de Smith parece ir en otra línea: mostrarse abiertamente contra la independencia pero permitir a la población votar y, así, contentar también a los sectores más conservadores de su provincia, que coquetean con el trumpismo y que observan con desdén los conflictos entre la administración canadiense y Washington.

Y en esa pulseada entre ambos países, los activistas de la APP y de cuña separatista tomaron partido. Se hizo público que referentes de la APP visitaron al menos tres veces en 2025 la Casa Blanca para abordar la cuestión de la soberanía de Alberta.

De hecho, el cofundador de la organización, Jeffrey Rath, llegó a declarar que mantuvo entrevistas con representantes del Departamento de Estado para discutir la posibilidad de los Estados Unidos a Alberta si prosperara la cuestión independentista. Entre esos aspectos, cuestiones logísticas como la adopción del dólar estadounidense en reemplazo del canadiense, la seguridad fronteriza o préstamos para financiar la transición burocrática hacia un nuevo estado nacional.

Desde la Casa Blanca, por lo pronto, no confirmaron tales encuentros. Pero Scott Bessent, secretario del Tesoro, deslizó en Radio Canada en abril pasado: «Corre el rumor de que en Alberta podrían llevar a cabo un referéndum sobre si quieren quedarse o no en Canadá. La gente está hablando. La gente quiere soberanía. Quiere lo que tiene Estados Unidos». Mientras, algunas de las pancartas y gorras de los separatistas azuzan con frases tales como «Alberta, estado 51 de los Estados Unidos».

En otro medio público canadiense, CBC News, las encuestas sugieren otra cosa: el 67% de los consultados en un sondeo a finales de abril dijo que votaría en contra de un referéndum separatista; un 27% se manifestó a favor y el 6% restante se declaró indeciso. Tendrán la oportunidad de expresarlo oficialmente el próximo 19 de octubre.