ECONOMIA
Emergencia permanente: por qué el sistema energético argentino necesita nuevas reglas
La Honorable Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que reordena cuatro pilares del sistema energético: el régimen de subsidios al gas en zonas frías, la deuda histórica del mercado eléctrico mayorista, los incentivos al sector hidrocarburífero y la franquicia impositiva a las energías renovables.
La iniciativa plantea que las tarifas reflejen costos reales y que el Régimen de Zona Fría vuelva a un diseño más acotado: mantenimiento automático en las áreas históricas de frío extremo y focalización por vulnerabilidad socioeconómica en el resto. A la vez, propone regularizar la deuda con Cammesa, derogar incentivos hidrocarburíferos ya redundantes y prorrogar beneficios fiscales a renovables hasta 2045.
Es una máxima de la economía que, cuando un subsidio se universaliza, deja de cumplir su rol social y se transforma en un privilegio fiscal insostenible. La ampliación del Régimen de Zona Fría en 2021 es un caso de manual: terminó subsidiando la calefacción de hogares de altos ingresos en zonas templadas y ensanchó un déficit fiscal que pagan todos los argentinos. El proyecto de ordenamiento integral del sistema energético pone sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria.
Al proponer que las tarifas reflejen los costos reales y readecuar la Zona Fría bajo un doble filtro: geografía rigurosa para el sur y vulnerabilidad socioeconómica para el resto, la ley busca que el Estado gaste menos y mejor. La nueva norma propone mantener el subsidio en las zonas frías históricas (como la Patagonia, Malargüe y la Puna) y aplicar un criterio estricto de vulnerabilidad socioeconómica en el resto del país.
Al proponer que las tarifas reflejen los costos reales y readecuar la Zona Fría bajo un doble filtro: geografía rigurosa para el sur y vulnerabilidad socioeconómica para el resto, la ley busca que el Estado gaste menos y mejor
Acompañado de un saneamiento de las deudas de las distribuidoras con Cammesa y de señales claras para la inversión y las energías renovables, el texto normativo apunta a lo que el sector energético no tiene hace años: reglas claras, previsibilidad hasta 2045 y criterios estables de asignación de subsidios.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el esquema de subsidios y regulación energética, articulado en cuatro ejes: la readecuación del régimen de subsidios al consumo de gas en zonas frías, la regularización de la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista, la prórroga de la franquicia impositiva a las energías renovables y la derogación de dos regímenes de incentivo al sector hidrocarburífero.
Los cuatro ejes comparten una misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para la emergencia por reglas para condiciones de normalidad.
Actualmente, aproximadamente 4,3 millones de usuarios de gas del país reciben un subsidio a su consumo. De ese total, cerca de 900.000 hogares pertenecen a la zona históricamente reconocida como de frío extremo: la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Acceden al beneficio de manera automática, sin importar su nivel de ingresos.
Los más de 3 millones restantes fueron incorporados en 2021 mediante la Ley 27.637, que extendió la cobertura a regiones con condiciones climáticas menos graves; en esas zonas, el subsidio llega hoy a los hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo, a través del registro del Subsidio Energético Focalizado (SEF), entre otros criterios.
El régimen tiene su origen en la época en que Gas del Estado prestaba el servicio de distribución. Entonces, el Estado fijaba tarifas diferenciales para las regiones más frías del país y las financiaba directamente con fondos del Tesoro. Cuando el servicio se privatizó en los noventa y el Estado dejó de ser el prestador, ese mecanismo quedó desactualizado.
En 2002, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, con la pesificación y el congelamiento de tarifas, el artículo 75 de la Ley 25.565 creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, conocido como Fondo Patagónico. Reemplazó el financiamiento directo del Tesoro por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país, independientemente de dónde vivan o cuánto ganen. El subsidio mantenía una justificación climática y geográfica concreta.
El subsidio llega hoy a los hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo
En 2021, la Ley 27.637, sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández, extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes a las de la zona núcleo original. Lo que hasta entonces era un régimen acotado a la Patagonia, Malargüe y la Puna pasó a cubrir de forma automática subzonas bioambientales definidas por la norma IRAM 11603 y adoptadas por Enargas como criterio de zonificación: subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI. El mapa incluyó partes del sur de la provincia de Buenos Aires, zonas del centro del país y otras regiones que, aunque más frías que el norte -excluido-, no enfrentan las condiciones extremas que justificaron el régimen original.
Además de establecer el descuento para la zona núcleo en 50%, la ley definió para las zonas incorporadas un descuento genérico de 30% para todos los usuarios de manera automática, y de 50% para quienes calificaran como vulnerables según los criterios de ingresos de esa misma ley. El universo de hogares beneficiarios pasó de más de 800.000 a más de 4 millones, incluidos hogares de altos ingresos sin filtro socioeconómico, con acceso automático por zona geográfica y sin necesidad de inscribirse en ningún registro.
El Decreto 943/2025 creó en enero de 2026 el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó los subsidios energéticos a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo bajo un único criterio: acceden los hogares cuyos ingresos netos conjuntos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según Indec, más aquellos que tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El SEF reemplazó la segmentación anterior en tres niveles (N1, N2, N3) por un esquema binario más simple y verificable.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo se fijó inicialmente en $0,004 por cada metro cúbico (m³) de gas consumido por redes en todo el país. Poco después, con la Ley 25.725 de 2003, se lo modificó a un porcentaje de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada m³ de 9.300 kilocalorías, aplicado a la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos en el territorio nacional.
Ese porcentaje aumentó con el tiempo. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, en diciembre de 2017 el recargo era del 2,58%; en septiembre de 2018, del 2,96%; en junio de 2019, del 4,46%; en agosto de 2021 llegó al 5,44%. Con las revisiones tarifarias de 2025 trepó al 7,5%, su tope legal vigente. Aun así, el fondo cerró en déficit: lo recaudado no alcanzó para pagar todo el subsidio y el Tesoro debió aportar recursos adicionales.
En abril de 2026, el DNU 266/2026 facultó al Poder Ejecutivo a llevarlo hasta 11,25%, un 50% por encima del tope vigente, facultad que el proyecto en debate busca incorporar en una ley.
Con esos fondos, el Estado compensa a las distribuidoras por la diferencia entre el precio subsidiado que cobran a los usuarios y el precio real del gas. El beneficio se calcula sobre la tarifa completa: precio del gas, transporte y distribución, y cubre tanto el gas natural por redes como el gas propano indiluido y, en la zona núcleo, los cilindros y garrafas de GLP. Durante algunos años, con las tarifas congeladas en valores desactualizados, ese porcentaje alcanzó para sostener el sistema.
Con tarifas aún intervenidas, el costo fiscal de la ampliación de 2021 parecía manejable. Dejó de serlo cuando las tarifas empezaron a reflejar costos reales: subsidiar el 50% de una tarifa congelada al 30% del costo real es una cosa; subsidiar el 50% de una tarifa que se acerca a su valor real, otra muy distinta.
El universo de hogares beneficiarios pasó de más de 800.000 a más de 4 millones, incluidos hogares de altos ingresos sin filtro socioeconómico
El gobierno de Javier Milei llevó adelante las Revisiones Tarifarias Quinquenales durante 2025, que ubicaron las tarifas más cerca de los costos reales.
El resultado fue predecible. El fondo recauda mediante el recargo que pagan todos los usuarios, lo transfiere a las distribuidoras para compensarlas por vender el gas a precio subsidiado, y las distribuidoras, con esos fondos, les pagan a los productores.
Cuando el fondo entró en déficit y el Tesoro no cubrió la brecha en tiempo y forma, las distribuidoras dejaron de recibir la compensación y, sin ella, no pudieron pagarles a los productores. Así se rompió la cadena de pagos, y el subsidio al usuario final generó deuda aguas arriba en toda la industria.
El problema del sistema eléctrico argentino tiene una raíz similar. Durante años de emergencia económica, las tarifas de luz se mantuvieron fuertemente intervenidas y atrasadas respecto de la inflación y los precios internacionales. Esa brecha generó una acumulación de desequilibrios que comprometió la cadena de pagos del sector.
Durante años de emergencia económica, las tarifas de luz se mantuvieron fuertemente intervenidas y atrasadas respecto de la inflación y los precios internacionales
La consecuencia directa fue el deterioro progresivo de las finanzas. Las empresas distribuidoras, que llevan la electricidad al usuario final, priorizaron el sostenimiento mínimo del servicio por sobre el pago íntegro de la energía adquirida a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Así, acumularon una deuda histórica que se profundizó año tras año.
Los ajustes tarifarios recientes acercaron los cuadros de precios a los costos reales de distribución. Sin embargo, esa corrección no resolvió el problema acumulado: el pasivo con Cammesa sigue vigente y, si los ingresos actuales se destinan a cancelarlo, no queda margen para inversiones urgentes en infraestructura eléctrica. El dinero alcanza para operar, pero no para sanear y modernizar el sistema al mismo tiempo.
El Gobierno tomó medidas para ordenar la cadena de pagos: primero, una resolución de emergencia en mayo de 2024 para las deudas más antiguas, y luego el DNU 186/2025, que estableció un plan de regularización más amplio, con hasta 72 cuotas.
A ese estrangulamiento financiero se suma un frente judicial potencial. Las distribuidoras cuentan con argumentos para reclamar al Estado Nacional por daños derivados del incumplimiento de sus contratos de concesión durante el período de congelamiento, lo que abre un horizonte de litigios millonarios. El resultado es un mercado eléctrico mayorista bloqueado: tarifas actualizadas que no pueden volcarse íntegramente a mejorar el servicio, condicionadas por una deuda sistémica sin resolver y por una perspectiva de alta conflictividad judicial.
El sector hidrocarburífero acumuló dos regímenes de incentivos que respondieron a contextos distintos del actual. El primero, el Decreto 929/13, sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y complementado por la Ley 27.007, permitía a las empresas que invirtieran al menos USD 250 millones en un proyecto exportar el 20% de su producción con retenciones del 0% y libre disponibilidad de las divisas generadas. El objetivo era atraer inversiones a Vaca Muerta cuando la producción de petróleo y gas caía y la formación recién empezaba a desarrollarse.
El segundo, el Decreto 277/22 del gobierno de Alberto Fernández, creó el Radpip y el Radpign, regímenes de acceso preferencial al mercado de cambios para la producción incremental de petróleo y gas, respectivamente, diseñados para estimular la producción en un contexto de cepo cambiario.
Vaca Muerta se encuentra en expansión productiva, el cepo cambiario fue levantado y la Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó el RIGI como marco de incentivos para grandes inversiones
Hoy el contexto cambió. Vaca Muerta se encuentra en expansión productiva, el cepo cambiario fue levantado y la Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó el RIGI como marco de incentivos para grandes inversiones. Junto con sus decretos reglamentarios de 2025, ese esquema estableció un marco más amplio y previsible para el desarrollo energético. En ese escenario, los beneficios especiales previstos en aquellos decretos pasaron a representar un costo fiscal sin justificación en nuevos proyectos.
Frente a ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que aborda simultáneamente el desorden del Régimen de Zona Fría, el bloqueo financiero del Mercado Eléctrico Mayorista y los regímenes de incentivos hidrocarburíferos que cumplieron su ciclo, además de la adecuación del esquema de promoción de energías renovables a un nuevo contexto macroeconómico y regulatorio. Todos comparten la misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para contextos de emergencia o fuerte intervención estatal por reglas orientadas a funcionar con mayor normalidad y previsibilidad de largo plazo.
En materia de Zona Fría, el proyecto reforma el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga parte de la Ley 27.637, que extendió beneficios en 2021. La reforma mantiene el subsidio histórico para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe y la Puna, pero lo reorganiza en dos tramos. El primero cubre a todos los usuarios residenciales de esas regiones, con una bonificación sobre el precio del gas que se paga directamente a los productores. El segundo, bajo el Sistema de Subsidios Focalizados, alcanza a los usuarios que cumplan los criterios de vulnerabilidad que establece el SEF: ingresos bajos, vivienda informal, veteranos de Malvinas o discapacidad certificada.
En ambos casos, el subsidio se calcula sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y no sobre la tarifa integral que incluye transporte y distribución. Ese cambio reduce el costo fiscal del beneficio sin eliminar la asistencia a quienes la necesitan. El subsidio apunta al consumo adicional que imponen las condiciones climáticas de las zonas de frío extremo: mayor consumo de gas, no cargos fijos de la factura, iguales para todos los usuarios.
Finalmente, el fondo sigue financiándose con el tope del cargo del 7,5% sobre el gas consumido a nivel nacional, que el Poder Ejecutivo puede ajustar hasta un 50% según las condiciones del mercado.
En cuanto a la situación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el proyecto propone salir del bloqueo mediante un mecanismo de compensación: el Estado calculará la diferencia entre lo que cada distribuidora recaudó durante los años de emergencia tarifaria y lo que le habría correspondido si se hubiera aplicado su contrato de concesión sin interrupciones. Esa cifra se acreditará contra la deuda que esas distribuidoras mantienen con Cammesa por la compra de energía. La condición es que las empresas renuncien a la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos vinculados a las emergencias tarifarias.
El resultado buscado es triple: regularizar la cadena de pagos del MEM, eliminar la incertidumbre judicial sobre el sector y liberar recursos actuales de las distribuidoras para inversiones en infraestructura. El proyecto modifica, además, el artículo 40 de la Ley 24.065 para que el costo de adquisición de la energía en el mercado mayorista se traslade automáticamente a las tarifas, y cierre el mecanismo que permitió que las distribuidoras acumularan deuda con Cammesa en lugar de trasladar costos reales.
El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales previstos en el artículo 17 de la Ley 27.191 para las energías renovables
Respecto de los hidrocarburos, el proyecto deroga el Decreto 277/22 y los artículos de la Ley 27.007 que incorporaban los beneficios del Decreto 929/13. Ambos regímenes fueron herramientas válidas en su momento, pero la Ley 27.742 de 2024 y sus decretos reglamentarios crearon un marco general de inversión energética que volvió redundantes esos incentivos específicos, mientras su costo fiscal dejó de tener justificación en un mercado en expansión.
Por último, el proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales previstos en el artículo 17 de la Ley 27.191 para las energías renovables. El sector ya aporta cerca del 20% de la generación eléctrica nacional y sus inversiones son de largo plazo: la estabilidad tributaria es una condición de financiamiento. La prórroga también flexibiliza la cesión a privados de los contratos de abastecimiento celebrados por el sector público bajo esa ley, en línea con la política de promover contratos entre privados como mecanismo de previsibilidad y financiamiento.
Durante décadas, el sistema energético argentino funcionó bajo el régimen de la excepcionalidad. Lo que nacía como una medida de emergencia para paliar una crisis terminaba convertido en regla permanente, con desequilibrios financieros, congelamientos y distorsiones regulatorias. El proyecto de ley, que obtuvo media sanción en Diputados, busca iniciar una transición hacia un esquema de normalidad regulatoria y previsibilidad de largo plazo.
El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
electricidad,energía,subestación,alta tensión,red eléctrica,distribución,infraestructura,cables,transformadores,torres
ECONOMIA
Qué acciones le harán ganar más plata a inversores si la calificadora MSCI sube la nota de Argentina
El 26 de junio próximo, la calificadora Morgan Stanley Capital Index (MSCI) definirá si la Argentina puede salir de la categoría «standalone». Es una condición que hoy la mantiene fuera del radar de los grandes fondos globales.
Hay un consenso generalizado entre los bancos de inversión de Wall Street, así como entre los bancos y consultoras financieras del mercado local, respecto de que una revisión del MSCI podría generar un fuerte rally en aquellas acciones argentinas cuyos American Depositary Receipts (ADR) cotizan en el New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street.
La mayoría de los expertos consultados por iProfesional coincide en que se trata de un problema de flujo de capitales, y no solo de fundamentos. En ese sentido, destacan dos tipos de fondos que podrían entrar al mercado:
- Fondos indexados: aquellos que entrarán a comprar acciones para replicar el MSCI Emerging Markets, los cuales deben mantener el peso específico que el MSCI le asigna a cada país
- Fondos activos: aquellos que dejarán de tener una excusa para no ingresar. Muchos de estos fondos globales tienen el mandato de invertir únicamente en países «Emergentes» o de «Frontera». Desde que la Argentina pasó a «standalone» en junio de 2021, muchos de sus gestores directamente no consideran estos ADR ni las acciones argentinas del mercado local
El libre acceso al mercado para poder entrar y salir con dólares sin trabas, el tamaño y la liquidez necesarios para que el mercado sea grande y opere de manera eficiente, y la estabilidad que implica que las reglas no cambien cada seis meses son factores clave.
Qué pasó cuando Argentina subió de categoría en 2018
Para evaluar cómo sería el impacto en el mercado de acciones, el único antecedente disponible es el proceso iniciado en 2016, luego de que el Gobierno de Mauricio Macri levantó el cepo cambiario impuesto por el kirchnerismo en octubre de 2011, disponiendo un mercado cambiario sin ningún tipo de restricción para ingresar y sacar dólares.
En junio de 2018, MSCI anunció la suba de categoría a Mercado Emergente. Entre el anuncio y la implementación, el MSCI Argentina subió un 60% en dólares, pero luego cayó tras el triunfo del Frente de Todos en las PASO de agosto de 2019, lo que enterró la posibilidad de una reelección de Mauricio Macri. Finalmente, en junio de 2021 vino el golpe: MSCI relegó a la Argentina a la categoría «standalone».
Entre 2018 y agosto de 2019, los ADR de YPF, Galicia y Pampa aumentaron entre un 70% y un 90% entre el anuncio de MSCI y su posterior implementación.
Además, en ese período, el volumen diario promedio operado en los ADR de YPF fue de entre 8 y 12 millones de dólares; Grupo Financiero Galicia operó entre 6 y 10 millones de dólares; Pampa Energía, entre 3 y 5 millones de dólares; y Banco Macro, entre 2 y 4 millones de dólares.
Sin embargo, luego del anuncio del 20 de junio de 2018 —cuando la Argentina subió de categoría, coincidiendo con el paquete de ayuda del FMI por unos 45.000 millones de dólares— el volumen de YPF pasó a 45 millones de dólares; el de Grupo Financiero Galicia, a 38 millones de dólares; el de Pampa Energía, a 22 millones de dólares; y el de Banco Macro, a 15 millones de dólares, registrando incrementos de entre el 250% y el 400% en el volumen operado.
En cuanto a las cotizaciones en ese período, se observó que YPF subió un 70%, Grupo Financiero Galicia un 80% y Pampa Energía un 90% desde el anuncio hasta el pico alcanzado en abril de 2019.
JP Morgan proyecta ingresos de u$s2.700 millones por indexación
Un reciente informe de JP Morgan enviado a sus clientes la semana pasada señala que: «Hoy la Argentina está en ‘standalone’, por lo que los fondos no la tienen en cartera; pero si MSCI la sube a Mercado Emergente, una gran cantidad de ETF y fondos pasivos del mundo tendrán que comprar para no descalzarse del índice».
Al respecto, cabe destacar que JP Morgan estimó un ingreso de más de 2.700 millones de dólares solo por indexación. Para un mercado chico como el argentino, eso representa un exceso de demanda frente a la oferta diaria, lo que genera compras automáticas sin que nadie analice si los ADR de las acciones argentinas están baratos o caros; se trata, llanamente, de un rebalanceo técnico.
El estudio de JP Morgan destaca que si la Argentina vuelve a la categoría de Mercado Emergente, las acciones con mayor peso en el ETF de MSCI por capitalización —las cuales absorberían el 80% del monto del mercado— serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Banco Macro y TGS. En tanto, otras empresas ingresarían con una ponderación menor, como Telecom, Central Puerto, Loma Negra, Banco Supervielle y Cresud.
La mayoría de estas acciones se destacan por tener una gran liquidez en el NYSE de Wall Street y una alta sensibilidad al riesgo país, que en la actualidad supera los 500 puntos básicos frente al récord de 350 puntos básicos logrado en aquel período. En este escenario, los bancos y las empresas de energía están más apalancados a la percepción del riesgo argentino; si el país pasa de «standalone» a emergente, el riesgo país podría bajar y el valor presente de sus flujos futuros de fondos subiría más que el de una empresa de consumo local.
Con respecto al ranking de liquidez diaria actual en el NYSE de las 15 empresas que entrarían al MSCI Emerging Market, se destaca que YPF y Grupo Financiero Galicia concentran entre el 45% y el 50% del flujo, siendo las únicas capaces de recibir 50 millones de dólares y subir más de un 15% en un solo día. Por su parte, Pampa Energía, Banco Macro y TGS absorben el 30% subsiguiente.
El contexto internacional y político que complica el escenario
El problema es que hoy la Argentina enfrenta una compleja situación financiera internacional debido a la tensión en Medio Oriente, a la que se suman las preocupaciones por la suba de la inflación en los Estados Unidos —que llegó al 3,8% interanual— y el aumento de la tasa de los bonos del Tesoro americano a 30 años —que alcanzó un récord del 5,15% anual—, lo que lleva a los operadores locales y de Wall Street a mostrarse cautelosos.
A esto se le debe añadir un contexto interno donde se observa una situación política conflictiva dentro del oficialismo, donde el único que se expone frente a los medios y a la sociedad es el presidente Javier Milei, mientras que el resto de los involucrados en disputas internas —en algunos casos por negocios con el Estado— guarda silencio o miente, exponiendo al Poder Ejecutivo.
A pesar de esto, la posibilidad de una eventual recategorización de la Argentina en el ranking de riesgo país mundial que elabora la empresa Morgan Stanley Capital Index (MSCI) constituye una de las noticias más esperadas por el mercado local e internacional.
MSCI es una firma global de investigación de inversiones que proporciona índices bursátiles, herramientas de análisis de cartera y datos ESG —sigla en inglés para Environmental, Social and Governance (ambientales, sociales y de gobernanza)— para la toma de decisiones de inversores institucionales y otras entidades financieras.
La Argentina busca salir de la categoría «standalone», en la cual permanece desde junio de 2021 cuando fue degradada por los continuos controles de capitales. Actualmente, el país comparte este escalafón con Panamá, Trinidad y Tobago y Zimbabue.
Cuáles son los tipos de mercados dentro del índice MSCI
- Mercado Desarrollado: países grandes con alta liquidez y sin restricciones cambiarias o de capital
- Mercado Emergente: mercados medianos, caracterizados por la ausencia de restricciones operativas
- Mercado Frontera: plazas chicas, menos líquidas y con mayores trabas regulatorias
- Fuera de todo (Standalone): mercados pequeños y con severas restricciones
Qué le falta a Argentina para salir de la categoría standalone
Al respecto, cabe destacar que MSCI fue claro en su revisión de junio de 2025, donde señaló que:
- Si bien se levantaron restricciones para repatriar dividendos desde enero de 2025, todavía persisten barreras para los inversores institucionales extranjeros
- El principal obstáculo radica en los controles de capital remanentes. Para pasar directamente a País Emergente, se requiere un mercado cambiario plenamente liberalizado y una liquidez suficiente
En consonancia con este punto, hace una semana, en una conferencia con periodistas especializados, el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, manifestó que por el momento no se van a levantar las restricciones cambiarias para que las empresas compren dólares. El titular de la autoridad monetaria ratificó que «no está entre las prioridades eliminar las restricciones cambiarias para empresas y parte del cepo corporativo podría quedar así».
Es decir, todavía persisten limitaciones importantes para las operaciones cambiarias de personas jurídicas, un aspecto que MSCI históricamente observa con rigurosidad al momento de definir sus clasificaciones.
Cabe recordar que la Argentina fue degradada desde la categoría de Mercados Emergentes a la de «standalone» en junio de 2021, manteniéndose desde entonces en el escalafón más bajo. En su momento, el presidente del Comité de Políticas del Índice MSCI, Craig Feldman, justificó la decisión en un comunicado oficial: «Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de renta variable de Argentina».
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
technology, ads, media,msci,acciones argentinas,adr
En las economías donde persisten variables macroeconómicas estructuralmente desequilibradas -inflación crónica, déficits fiscales recurrentes, volatilidad cambiaria y políticas monetarias expansivas- se activa un mecanismo silencioso: la clase alta protege e incluso incrementa su patrimonio, mientras la clase media ve erosionado el suyo. Esta dinámica no es producto de un accidente ni responde a una fatalidad cultural; se deriva de cómo operan los incentivos y las herramientas de protección financiera en contextos de inestabilidad.
La inflación, según explicaba Milton Friedman, “es una forma de tributación sin legislación”. No necesita aprobación parlamentaria ni consenso social: erosiona el poder adquisitivo de salarios, ahorros en moneda local y jubilaciones. Es, en esencia, un impuesto regresivo. La mayor carga recae sobre los asalariados de clase media, cuyos ingresos dependen de contratos que solo se ajustan con retraso.
Por su parte, los ricos acceden a dólares, activos reales como inmuebles y acciones, cuentas offshore y diversas estructuras financieras que funcionan como salvaguarda. Las carteras de quienes pueden anticipar la desvalorización se revalorizan con la devaluación; los salarios medios no tienen ese resguardo.
La inflación no distorsiona solo los precios: destruye el ahorro de la clase media y provoca una transferencia silenciosa de riqueza hacia los sectores que pueden adelantarse al descalabro monetario
Friedrich Hayek ya lo señalaba décadas atrás: “La historia es, en gran medida, una historia de inflación, usualmente inflaciones orquestadas por los gobiernos para beneficio de los gobiernos”.
La inflación no distorsiona solo los precios: destruye el ahorro de la clase media y provoca una transferencia silenciosa de riqueza hacia los sectores que pueden adelantarse al descalabro monetario. En economías de alta inflación, el desempeño social y patrimonial adopta la forma de una “K”: la cumbre (ricos y grandes empresas) crece, la base (asalariados y pequeños ahorristas) cae.
Los datos de la región reafirman este patrón. En Argentina, según estudios de la consultora de investigación de mercados Moiguer, la clase alta (6% de la población) concentra el 34% de la riqueza y requiere alrededor de USD 7.900 mensuales por hogar para sostener su nivel de vida. Mientras tanto, el sector de ingreso medio típico debe conformarse con USD 2.750. Esta diferencia no obedece a la “codicia” de los ricos, sino a la disponibilidad de herramientas que solo están a su alcance: dólar, plazos fijos UVA, activos financieros, propiedades o criptomonedas como resguardo.
Para la franja cuyo ingreso depende principalmente del salario en pesos y del consumo local, el impacto es contundente: cada ciclo inflacionario licúa no solo el sueldo, sino también el ahorro y la expectativa de movilidad ascendente.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. Se observa en buena parte de América Latina cada vez que emergen desequilibrios estructurales: en Venezuela, en Argentina hasta 2024, y en episodios puntuales de Perú o Brasil en el pasado.
En estos contextos, los sectores acomodados dolarizan su patrimonio, mientras que la clase media cae en situación de vulnerabilidad y termina, en muchos casos, proletarizada.
¿Existe una dinámica inversa? Sí, y el siglo XXI ofrece casos concretos. Los países que lograron expandir la clase media y abrir la puerta hacia el ascenso social lo hicieron apostando por el crecimiento económico, no solo por la redistribución.
El caso de Chile ilustra este proceso en la región: entre 2006 y 2017, la clase media pasó del 43% al 65% de la población, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Incluso tras la pandemia, en 2024 recuperó terreno, alcanzando cerca del 47%. El fundamento: crecimiento sostenido, promedios del 4% al 5% anual durante décadas previas, un marco de estabilidad macroeconómica, apertura comercial y reglas de juego claras.
En Chile, la baja de la inflación y el crecimiento sostenido y apertura de la economía, provocaron una caída drástica de la pobreza y un fenómeno de movilidad ascendente de la población
El resultado fue una caída drástica de la pobreza y un fenómeno de movilidad: cientos de miles de hogares pasaron de la vulnerabilidad a la clase media baja y luego a la media-alta, gracias a la productividad, no exclusivamente por políticas asistenciales.
Uruguay, por su parte, consolidó la mayor proporción de clase media de América Latina (alrededor del 60% en distintas mediciones) gracias a una combinación de crecimiento estable, instituciones sólidas y políticas sociales focalizadas que no desincentivaron la inversión.
Más allá de América Latina, los llamados “tigres bálticos” y el caso de Polonia ofrecen ejemplos contundentes. Polonia, tras la caída del comunismo, ingresó en la Unión Europea en 2004. Desde entonces, creció a un promedio anual del 3,8%. Su PBI per cápita partía de niveles inferiores al 40% del promedio europeo y superó el 85% en 2025. La clase media se expandió y mejoró: millones de polacos accedieron a ingresos que les permitieron comprar autos, viviendas y acceder a la educación superior.
Estonia se transformó, mediante revolución digital y libertad económica, de ex república soviética pobre a una de las economías con mejor desempeño per cápita de Europa del Este. En ambos casos, la estabilidad monetaria -con el zloty gestionado responsablemente en Polonia y el euro en Estonia-, la baja corrupción, la apertura económica y la fuerte inversión en capital humano fueron determinantes. Así, la clase media creció y ascendió hacia segmentos medios-altos.
La historia reciente de Argentina, en cambio, refleja una realidad inversa: décadas de desequilibrios macroeconómicos y volatilidad han convertido la protección patrimonial en una habilidad reservada a una élite. Los sectores altos se resguardan, y a veces prosperan, a través del dólar, bienes raíces o el arbitraje financiero.
El sector medio enfrenta, una y otra vez, la erosión simultánea de ingresos, ahorros y expectativas de ascenso social durante cada ciclo inflacionario. La consultora de investigación de mercados Moiguer resume este proceso con contundencia: “ser rico es barato” en el contexto local, gracias a que la base se ha reducido drásticamente.
Cambiar esta dinámica exige lo que han hecho Chile, Uruguay, Polonia o Estonia: estabilizar las variables macroeconómicas, abrir la economía a la inversión y la competencia, fortalecer la educación para potenciar el capital humano y construir instituciones que premien el esfuerzo y la innovación. Solo así podría dejar de achicarse la clase media y abrirse nuevamente la posibilidad de crecimiento para la mayoría.
El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market
hombre,finanzas,deudas,notebook,hogar,Argentina,economía,presupuesto,gestión financiera,clase media
El primer trimestre de 2026 confirma que el Gobierno sigue mostrando números positivos. Sin embargo, la foto de marzo ofrece una señal menos favorable: el superávit se mantiene gracias a una contracción del gasto, pero también con ingresos tributarios en retroceso. La consolidación fiscal avanza, aunque la meta exige cada vez mayores esfuerzos.
El Sector Público Nacional no Financiero cerró marzo con superávit primario y financiero. En perspectiva, esto representa un cambio notable: hasta hace poco, encadenar meses de saldo positivo era excepcional para la política fiscal argentina. Sin embargo, la continuidad del superávit no debe impedir observar que la mejora en el balance primario, requerida por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -0,8% del PBI-, aún no se materializa plenamente.
Durante el primer trimestre, el resultado primario fue 5,4% menor al del mismo período de 2025, medido a precios constantes de 2026. El balance financiero mostró una baja real de solo 0,2%. Es decir, la caja sigue cerrando, pero con menos margen que al inicio del ajuste.
Los ingresos totales cayeron en marzo 5,1% en términos reales, igual que el gasto primario
El motivo es claro: ingresos y gastos evolucionaron en paralelo. Los ingresos totales cayeron 5,1% en términos reales, igual que el gasto primario. Así, el superávit persiste, no por un crecimiento de los recursos, sino porque el gasto se ajusta al ritmo de la recaudación. Esta diferencia es crucial: en una economía que busca estabilizarse, la recaudación deja de beneficiarse de la alta nominalidad y depende cada vez más de la evolución real de la actividad, el comercio exterior y la estructura impositiva vigente.
El dato más relevante del primer trimestre es la caída de los ingresos tributarios. La recaudación acumulada retrocedió 8% en términos reales, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente $3 billones respecto de igual período de 2025, a moneda constante. La merma es amplia y afecta a los principales impuestos nacionales.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) explica la mayor parte de la caída, con un aporte negativo cercano a $0,9 billones. Los Derechos de Exportación aportaron una pérdida similar, de $0,8 billones, influida por rebajas en varios ítems y la estabilidad cambiaria, que impacta el monto recaudado en moneda local. Aportes y contribuciones a la seguridad social restaron otros $0,6 billones. Los impuestos a las ganancias y los derechos de importación también contribuyeron a la baja. El resto de los tributos solo compensó marginalmente.
Este desempeño deja un mensaje claro para los próximos meses. En 2024, la consolidación fiscal inicial se apoyó en la licuación de partidas y una dinámica nominal favorable. En 2025, el superávit se sostuvo con recortes significativos, principalmente en subsidios e inversión pública. En 2026, si la recaudación no mejora, sostener el resultado requerirá una política fiscal más precisa, donde cada rubro asuma mayor peso.
La contracción del gasto primario, de 5,1% real, replica la caída de los ingresos. Sin embargo, el promedio oculta diferencias importantes entre partidas. Algunas continúan con reducciones intensas; otras comienzan a mostrar presiones o recomposiciones.
Entre las partidas que más caen destacan los gastos de funcionamiento no salarial (28,4% real) y el gasto de capital nacional (29,2%). Las transferencias corrientes a provincias se redujeron 27%, mientras que las prestaciones sociales retrocedieron 17,2%, representando el mayor ahorro por volumen. Las remuneraciones mostraron una baja real de 8,2%. Estos rubros siguen siendo clave en la contención del gasto.
Entre las partidas que más caen destacan los gastos de funcionamiento no salarial (28,4% real) y el gasto de capital nacional (29,2% real)
En contraste, tres partidas merecen atención: las universidades registraron un incremento real de 32,6% en el acumulado; las transferencias de capital a provincias aumentaron, aunque desde una base baja; y los subsidios económicos subieron 15% real en el primer trimestre. Esta última cifra es menor a la advertida en el primer bimestre, pero sigue siendo relevante para la consistencia fiscal.
El balance del primer trimestre mantiene la tendencia: la política fiscal sigue contractiva y el resultado es positivo. En comparación con las últimas dos décadas, esto representa una novedad relevante. Sin embargo, el desafío se transforma. Ya no basta con sostener el ajuste inicial; ahora se trata de preservar el superávit en un contexto de ingresos reales débiles y componentes del gasto que empiezan a recomponerse.
El riesgo no es un quiebre inmediato, sino la acumulación de presiones graduales. Menor recaudación, subsidios que dejan de caer, recomposición universitaria, provincias con menos margen y prestaciones sociales rígidas delinean una agenda fiscal más compleja que la de 2024. En este escenario, el superávit ya no es solo una señal de disciplina, sino también una prueba de gestión minuciosa.
La consolidación fiscal persiste; el reto es que no pierda solidez.
El autor es Economista Asociado de FIEL. Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N° 685 de la Fundación FIEL
recaudación,tributos,impuestos,IVA,Ganancias,exportación,economía,FIEL 235,variación,primer trimestre
Rebelión en la galaxia libertaria: Milei avanza sobre el caos interno
Qué acciones le harán ganar más plata a inversores si la calificadora MSCI sube la nota de Argentina
Con una dura baja: La formación de Belgrano vs. River Plate, por la final del Torneo Apertura
Elecciones en Colombia: quién es Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro que busca extender el proyecto izquierdista
Círculo rojo: Milei encerrado en su sistema de toma de decisiones y los intereses cruzados en la casa matriz del PRO
¡Y le funciona! La increíble forma en la que Marta Fort se presenta con un chico que le gusta: «Siempre digo la misma pelotudez»
Fractura total: el Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum
Milei lanza «operativo» urgente para que el salto de inflación mayorista no explote en góndolas
El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones
VIDEO | Un especialista demostró que la cuenta de X que desató la interna libertaria pertenecía a Martín Menem
POLITICA19 horas agoFractura total: el Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum
- ECONOMIA3 días ago
El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones
- ECONOMIA2 días ago
Siguen los problemas de endeudamiento de las familias: la mora se triplicó en los últimos doce meses
