Una de las grandes mutaciones de la política internacional bajo el impulso de Donald Trump es el intento de reordenar el mundo a partir de zonas de influencia. De nuevo América sería para los americanos. O para los norteamericanos. El sueño del presidente James Monroe. La recreación de esta hegemonía es conocida ahora como “Doctrina Donroe”. En esta nueva guerra fría, el continente debe ser reconocido como un dominio de Washington. O como un área de exclusión para China. La propuesta tiene un defecto. Sin un alineamiento de Canadá, México y Brasil con los Estados Unidos, el experimento es una mueca de lo que pretende ser. Esta es la razón por la cual las elecciones a las que concurrirán el próximo domingo los brasileños para elegir a su presidente tienen una dimensión global.

Javier Milei intervino en esa campaña a favor del opositor Flávio Bolsonaro. Insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene preso al expresidente y padre del candidato, Jair Bolsonaro. Lo hizo levantando mucho la voz, para que se escuche en la Casa Blanca. Trump fue muy elocuente en su apoyo a Bolsonaro. Tuvo una intervención explícita en el proselitismo, que se lanzó de manera extraoficial el último 26 de mayo, con una foto de él con los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro en el Salón Oval. Después de la incursión de Milei habló alguien que suele estar callado. Xi Jinping reclamó que en las elecciones brasileñas no haya interferencias externas. Xi, que no se pronuncia ni por lo que sucede en Medio Oriente, salió en defensa de su amigo Lula. De nuevo: las urnas de Brasil son el campo de batalla del conflicto universal.

Todas las encuestas vaticinan dos escenarios. Que la competencia está empatada. Y que no se resolverá en la primera vuelta. Para que se despeje la incógnita habrá que esperar al 25 de octubre, fecha para la que está previsto el balotaje.

Los bolsonaristas se ilusionan con que esa paridad es engañosa. Alegan que los números no tienen en cuenta los volúmenes de abstención que se pueden registrar en el nordeste del país, territorio tradicional del PT. Admiten también que a muchos ciudadanos que detestan a Lula les da vergüenza confesar ante los encuestadores que votarán por Bolsonaro. Un gesto autocrítico que hay que agradecer. Expertos ligados al oficialismo reconocen que en esos argumentos puede haber algo de cierto.

Los mismos analistas cercanos al PT exponen las razones por las cuales Lula puede tener un domingo más feliz que el que se prevé. La principal: hay tres candidatos ajenos a la polarización principal que restan votos a Bolsonaro. Son Augusto Curi, Ronaldo Caiado y Renan Santos. Todos son de derecha. Curi registra una intención de voto superior al 5%. Caiado y Santos, 4% cada uno. ¿Existe alguna posibilidad de que esas propuestas mejoren su performance? Si, además, los que detestan al PT pero se avergüenzan de Bolsonaro, no van a votar, ¿Lula podría ganar en primera vuelta? La respuesta de un integrante del gabinete de Lula: “Es dificilísimo, pero la probabilidad no es cero”.

¿Qué acciones de campaña pueden alterar el paisaje dominante? Lula tomó una medida sorprendente destinada, sobre todo, al electorado femenino. Prohibió, de un plumazo, las apuestas on line ligadas a competencia deportivas. En Brasil, como en los Estados Unidos, está demostrada la perversa relación entre esas prácticas y la expansión del endeudamiento familiar. Los entendidos en marketing aseguran que las que más sufren el drama son las esposas, o las madres.

El proselitismo brasileño se ha vuelto muy sucio. Como nunca antes. Un rasgo que hace juego con una política híper polarizada. Es el signo de los tiempos. El odio como motor de la vida pública llegó también a un país cuya sociabilidad siempre fue fóbica al conflicto. En las últimas semanas quedaron enchastrados el hijo mayor del presidente, Fábio Luis Lula da Silva, Lulinha. Se lo acusa de utilizar sus contactos dentro del gobierno para favorecer a empresas privadas, entre otras, una proveedora de productos elaborados con cannabis para el Ministerio de Salud.

Fávio Bolsonaro también tiene el sueño alterado. Anteayer apareció un exsocio suyo que está tan despechado como para publicar intimidades de la vida sexual del candidato, sobre todo en relación con redes de prostitución. Para el representante de una corriente que hace de la moral individual el eje mayor de su discurso, puede significar una erosión.

Al mismo tiempo que se filtraban pormenores del sótano del candidato de la derecha, las redes viralizaron una información falsa: que, si ganaba Bolsonaro, Nuestra Señora de la Concepción Aparecida dejaría de ser la patrona de los brasileños. El dato es apócrifo. Pero hay razones que le dan verosimilitud. Bolsonaro dijo, en agosto pasado, que “si yo llego a ser presidente, uno de mis primeros actos de gobierno será disponer que Brasil es de Nuestro Señor Jesucristo”.

Una peculiaridad principal de la política brasileña de los últimos 20 años ha sido el avance de los evangélicos en el juego del poder. Se trata de una corriente religiosa que condena como idolatría a cualquier devoción que no sea la de Jesucristo. Muchos memoriosos exhumaron en estos días las imágenes televisivas del pastor Sérgio Von Helder, que en 1995 pateaba e insultaba ante las cámaras una imagen de la Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida es el equivalente brasileño de Nuestra Señora de Luján. Quiere decir que, cuando Bolsonaro afirmó que con él Brasil sería sólo de Jesucristo, tocaba un nervio subliminal que el PT aprovechó para dañarlo.

Con independencia de esta polémica, el alineamiento religioso se ha convertido en una gran línea de clasificación de la política brasileña. Un 35% de la población de Rio de Janeiro hoy se identifica como evangélico, contra un 30% de católicos. Los evangélicos son la base más sólida de los Bolsonaro. Y están caracterizados por una condición particular: los pastores son decisivos para el voto de sus feligreses. Hace pocas semanas, de visita en Buenos Aires, una de las funcionarias encargadas de monitorear en el interior de Brasil el correcto funcionamiento del programa Bolsa Familia, equivalente a la AUH argentina, relataba: “En muchas localidades se repite que hay gente que agradece al gobierno y a Lula la ayuda que les llega, pero aclaran: ‘Igual voy a votar por Bolsonaro porque me lo indica mi pastor’”. Este testimonio indicaría que hay un “voto evangélico”, así como no hay un “voto católico”. Es una ventaja invalorable para el candidato de la derecha, ya que la religión le permite llegar a regiones y a clases sociales a las que tal vez no llegaría con su prédica profana.

Sobre el comando de campaña del PT aletea un fantasma muy de época: el temor a que la elección del domingo sea cruzada por intervenciones externas a través del sistema digital. El pasado reciente garantiza que esos vicios existen, en especial en la ultraderecha brasileña. Las fechorías electrónicas de Fernando Cerimedo a favor de Bolsonaro padre fueron investigadas por la Justicia. Cerimedo, quien admitió comandar un ejército de trols, fue después un tentáculo de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. En los últimos meses saltó a la fama por la sospecha de que podría haber mandado a asesinar, en Bolivia, a su exnovia embarazada. Su prontuario llegó la semana pasada a The Washington Post, donde se lo retrató como un impulsor del movimiento MAGA en América Latina. Minucias. El ejército de Cerimedo hoy es una patrulla de boy scouts frente a los servicios que puede prestar un gigante de la manipulación como Peter Thiel y su imperio, Palantir. Prestar atención a Elisa Carrió.

Cuando alertó sobre injerencias foráneas, ¿Xi hablaba de la retórica de Milei o de ese aparato tecnológico al servicio de Trump? ¿Los chinos no teclean también sobre su propia consola? ¿O eso es sólo cosa de rusos? Los sentimientos persecutorios de los colaboradores de Lula se alimentan con un antecedente, que es éste: el presidente de los Estados Unidos afirmó que “todos los candidatos que he apoyado en América Latina han ganado”. ¿Está decidido a hacer cualquier cosa para que esta ley se siga cumpliendo? Tal vez no. En las últimas semanas Trump ya no se ha refierido al torneo brasileño. Y al hablar con un banquero amigo que opera en Brasil le reconoció: “Yo respeto mucho a Lula”. Ante el mismo banquero, que comentó su charla en una reunión informal en San Pablo, Trump confesó su curiosidad por saber si Milei va a reelegir.

El silencio de Trump frente a la confrontación entre Lula y Bolsonaro quizá esté alimentado por su propia peripecia. Con los números muy pero muy justos para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al líder republicano tal vez no le convenga para nada inocularse el resultado de una competencia ajena.

Esto no significa, ni mucho menos, que un cambio de gobierno en Brasil no modificará la política exterior de ese país. Más todavía si se confirman las versiones que anticipan que el canciller de Fávio Bolsonaro sería su hermano Eduardo, el más próximo a Mar-a-Lago de toda la familia.

Con perdón de la insistencia: en el tablero brasileño se juega un ajedrez global. Pero esto no quiere decir que un giro pro Trump significará una desconexión de China. Por varios motivos. Uno es que entre los sectores que apoyan a Bolsonaro está el agropecuario, muy entrelazado con la economía asiática. Además, un conflicto con Pekín implicaría una decisión impensable, que ni a Jair Bolsonaro se le ocurrió durante su mandato: retirar a Brasil del grupo Brics. Por otra parte, la economía del país está cada vez más conectada con inversiones chinas. Aquí hay una novedad: la presencia de esos capitales no se reduce a obras de infraestructura ni a proveer importaciones. Dada la dimensión del mercado brasileño, muchas compañías chinas se están radicando allí para producir sus manufacturas y venderlas en todo el Mercosur. Es el caso de la automotriz BYD, que estableció una planta en el estado de Bahía para ofrecer desde allí sus vehículos a los compradores domésticos, a la Argentina y a México. Great Wall Motor compró la fábrica de Mercedes-Benz en Imacerápolis, San Pablo, con una capacidad de producción de 50.000 unidades al año. Midea, dedicada a los electrodomésticos, se estableció en Minas Gerais con la mirada puesta en toda la región.

Los comicios del próximo domingo cobijan interrogantes y lecciones para la Argentina. Una incógnita elemental: ¿a Milei quién le conviene que gane? Parece una pregunta desvariada. Es amigo de los Bolsonaro e hizo campaña por Fávio. Sin embargo, un gobierno de ultraderecha en Brasilia puede representar un eclipse para un gobierno de ultraderecha en Buenos Aires. En especial si uno lee el mapa con la mirada ultra pragmática de Trump. El presidente de Brasil tiene una presencia internacional derivada de la dimensión de su país. Cualquiera sea su credo ideológico. Ejemplo: en la última Asamblea General de la ONU, la semana pasada, Lula tuvo 20 encuentros bilaterales de máximo nivel. Milei se vio sólo con Benjamin Netanyahu, quien tampoco está hoy tan socializado.

El juego de deseos también es paradójico si se lo mira desde la izquierda. Es obvio que a Cristina Kirchner la alegrará una victoria del PT. Aun cuando esa afinidad quedó rasguñada por la predilección de Lula por Alberto Fernández. Sin embargo, ella estará muy atenta a un experimento: en qué medida se realizará el prodigio de la transferencia de votos de Bolsonaro, impedido de postularse por una sentencia penal, a su hijo. Hasta ahora ese traspaso parece cumplirse. En cambio Lula no logró en su momento llevar al poder, desde la cárcel, a Fernando Haddad, su actual ministro de Economía. Es una cuestión crucial para La Cautiva, que sigue buscando el poder con la obstinación de siempre, aun desde el encierro. ¿Es también una cuestión crucial para Máximo, su “Flávio”?

El problema de la señora de Kirchner encierra un mensaje más amplio para el desempeño de la democracia en América Latina. La corrupción ha avanzado tanto en la región, que desborda el campo moral y económico hasta introducir una distorsión en el sistema. Es saludable que la Justicia sea capaz de sancionar a figuras poderosas como Lula, Bolsonaro o Cristina Kirchner. Pero la sanción, siendo correcta, introduce un problema delicado: masas enormes de votantes pierden la posibilidad de elegir a su candidato favorito. Quiere decir que la corrupción termina, por imperio del circuito institucional, provocando un agujero negro en la legitimidad del poder. Es un problema no sólo difícil de ser resuelto. Es difícil de ser pensado.

Habría que esperar que la relación bilateral con Brasil se normalice, cualquiera sea el desenlace del proceso electoral. El embajador de Lula en Buenos Aires, el talentoso Julio Bitelli, sigue en su país, con miedo de volver. ¿A qué se debe ese temor? Muy lógico: a que, si una vez que reasume sus funciones, Milei vuelve a insultar a Lula, la reacción ya no será que lo llamen “en consulta” a Itamaraty, la cancillería brasileña. El paso siguiente, en esa instancia, es romper la relación. Si el próximo presidente es Bolsonaro, el vínculo se reconstituirá. Habría que suponer que lo mismo sucederá si hay cuatro años más de Lula. Brasil y la Argentina están condenados a estar unidos por millones de años. Es la determinación inflexible de la geografía.

Mientras el gobierno argentino anunció que intimará al Reino Unido a dar por finalizada la explotación petrolera Sea Lion en la cuenca de las Malvinas y que llevará el reclamo a estrados internacionales, en Chile se despertó un debate sobre el rol que debe cumplir ese país en el conflicto por la soberanía de las islas.

La Argentina denunció vuelos ilegales sobre espacio aéreo nacional, que unen Puerto Argentino con Punta Arenas. Sin embargo, los isleños dijeron que se trató de un solo vuelo, un chárter que trasladó a 80 personas, entre ellos empresarios y emprendedores, a Chile a un encuentro comercial que se realizó en el Hotel Cabo de Hornos, el Punta Arenas Business Showroom, organizado esta vez junto a la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC).

La presión de la oposición y los medios de Chile no se hizo esperar, por lo que altos funcionarios de la administración del presidente José Antonio Kast salieron a ratificar de forma contundente el derecho de su país a mantener vínculos logísticos y de negocios directos con el archipiélago.

Así lo había señalado días atrás el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, que si bien dijo que su país apoya el reclamo argentino sobre las Malvinas, afirmó al mismo tiempo que no se pueden desconocer “200 años de soberanía en las islas de un país amigo” y que se debe respetar la “voluntad e interés” de los isleños, reconociendo la autodeterminación que, como principio, rechaza la Argentina.

El ministro Barros también arremetió contra el Decreto 256 emitido por la Argentina en 2010, que exige permisos previos a los buques que navegan hacia las islas frente a las costas del mar austral, acusando que esa norma afecta negativamente a la Región de Magallanes al limitar “el acceso, la oportunidad de negocios”, y advirtió que “recién ahora va a haber un cambio en esa materia”.

En la misma línea se pronunció Máximo Pavez, subsecretario de Interior chileno: “Desde el año 1992, Chile ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina sobre las Malvinas y que eso tiene que perseguirse l derecho internacional, pacíficamente. No obstante, la posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos mientras se ajusten a la legislación vigente”.

La de Pavez fue una de las tantas declaraciones que cruzaron la agenda política del país trasandino en las últimas 48 horas, luego de que se conociera que los isleños visitaron Punta Arenas y participaron de un encuentro de intercambio comercial, donde se anunció que la empresa naviera Eastern Islands comenzará a trazar una ruta marítima frecuente entre Puerto Argentino y Punta Arenas, con la posibilidad de extender ese recorrido hasta los puertos de San Antonio y Valparaíso. El primer viaje está pautado para los primeros días de noviembre.

El debate se agitó tanto que el gobierno del presidente José Antonio Kast tuvo que salir a ordenar el discurso y a responder requisitorias parlamentarias producto de los cuestionamientos internos que se desataron en Chile en las últimas horas. De hecho, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, fue interpelado por la reciente adhesión del país al Escudo de las Américas, liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. En medio del debate apareció la cuestión Malvinas, y el rol que debía cumplir Chile con respecto a su relación con el Reino Unido y los pobladores de las Islas.

El choque entre los dichos de Barros Tocornal y del canciller Pérez Mackenna alimentó la polémica en el país trasandino con la oposición al gobierno de Kast. “En todos los sentidos la política exterior de Chile es confusa”, afirmó el diputado socialista Nelson Venegas, quien habló también de una “descoordinación evidente” en el oficialismo. “Nos están involucrando en un problema que no es nuestro”, afirmó, en relación a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Carlos Bianchi, un diputado independiente de la Región de Magallanes, por su parte, se mostró en favor de la posición del ministro Barros Tocornal y contra las explicaciones del canciller chileno. “Me hubiese gustado que hubiese sido al revés, que sea el propio ministro de Relaciones Exteriores el que hubiese dado la opinión que hizo el ministro de Defensa”, afirmó.

En la interpelación al canciller chileno también estuvo presente, refrescada en la palabra de algunos legisladores, la posición de su par argentino, Pablo Quirno, que señaló en medios argentinos: “Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”. Quirno aludió a los compromisos asumidos el pasado 3 de septiembre, cuando Milei y Kast firmaron una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda, están por encima de los dichos del ministro de Defensa.

Aquel día, Milei ratificó ante Kast los tratados que señalan que el Estrecho de Magallanes es jurisdicción soberana exclusiva de Chile. El chileno, por su parte, manifestó la necesidad de que el Reino Unido reanude las negociaciones por las Malvinas. Finalmente, la Argentina indicó que “se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Ese mismo día, Punta Arenas anunció la ruta marítima con las Islas a través de la compañia chilena Eastern Islands.

En el Senado, el canciller chileno ratificó el apoyo al reclamo de soberanía argentino. Pero se desató un fuerte debate sobre cómo llevar adelante ese rol de reconocimiento soberano siendo parte interesada comercialmente.

El canciller Quirno había dicho horas antes: “Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que respeten esos tratados como lo hacemos nosotros”. Además, remarcó: “Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”.

Por el contrario, la postura de la Casa de la Moneda estuvo a cargo del subsecretario Pavez, que dijo: “La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción”.

Así, desde el mismo gobierno de Kast se puso en duda no solo el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración del Mercosur de 2011, que obliga a los Estados miembros y asociados a no brindar apoyo ni facilitación portuaria a las islas mientras el Reino Unido se niegue a discutir sobre su soberanía, sino también la validez del documento conjunto firmado por Kast y Milei en La Moneda el 3 de septiembre, donde Argentina dejó asentado que valoraba los esfuerzos de Chile para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada”. Algo que, según la mirada argentina, no se cumplió en estas últimas 48 horas en el encuentro comercial de Punta Arenas.