POLITICA
El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego
El Gobierno presentó el viernes pasado un proyecto para combatir la ludopatía que evita avanzar sobre algunos de los principales mecanismos de expansión del negocio legal de las apuestas online, como la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones para captar nuevos usuarios.
En cambio, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo pone el foco en el juego clandestino y en el acceso de menores de edad a las plataformas, algo que la legislación vigente ya prohíbe. No incorpora varias de las restricciones centrales incluidas en la media sanción aprobada por Diputados en noviembre del año pasado, que continúa frenada en el Senado.
El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), según confirmaron a fuentes del organismo que conduce Roberto Moro. Lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La iniciativa, según Moro, tiene como principales ejes “proteger a los menores de edad, perseguir y sancionar el juego ilegal, y establecer reglas claras para las plataformas autorizadas”.
Según pudo saber , el proyecto no figuraba entre las prioridades legislativas inmediatas del oficialismo. De hecho, el Presidente no hizo ninguna referencia a la ludopatía durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso.
La diferencia más visible entre ambos textos aparece en torno a la publicidad. La media sanción aprobada en Diputados prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol. También veta la publicidad indirecta, por PNT (publicidad no tradicional) en la radio y televisión, así como mediante influencers, figuras públicas o deportistas.
Solo permite anuncios dentro de salas de juego autorizadas y exige que incluyan advertencias sobre el juego compulsivo y canales de ayuda para personas con ludopatía. Además, prohíbe los bonos de bienvenida y otras promociones utilizadas para atraer nuevos jugadores.
Nada de eso aparece en el proyecto oficial.
La iniciativa del Gobierno únicamente establece que los operadores autorizados no podrán dirigir publicidad a menores ni asociar el juego con el éxito económico, social, el consumo de alcohol o conductas delictivas. Las únicas prohibiciones concretas recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.
El contraste también se observa en los controles de acceso para menores de edad.
La media sanción obliga a implementar Sistemas de Identidad Digital (SID) conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad mediante reconocimiento facial tanto al momento del registro como en cada inicio de sesión. También extiende ese requisito a billeteras virtuales y plataformas de pago.
El proyecto oficial, en cambio, utiliza una redacción más amplia y menos específica. Señala que las entidades y proveedores de servicios de pago deberán contar con “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” para verificar la edad de los usuarios y excluir a menores de edad, pero no define qué herramientas concretas deberán implementarse ni establece estándares biométricos obligatorios.
La media sanción también avanza sobre el vínculo entre el juego y el deporte. Propone modificar la Ley del Deporte para impedir que personas vinculadas a operadores o licenciatarios de casas de apuestas integren listas electorales o conduzcan asociaciones civiles deportivas. La cláusula impactaría, entre otros, sobre empresarios del juego con peso histórico en el fútbol argentino, como Daniel Angelici.
Otro de los puntos ausentes en la iniciativa oficial es la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), contemplado en la media sanción. El sistema permitiría que cualquier persona se excluya voluntariamente de las plataformas de apuestas online mediante una inscripción web o telefónica.
El proyecto opositor también habilita que familiares de hasta segundo grado soliciten la incorporación de una persona con ludopatía al registro, tras una evaluación de la situación. La exclusión permanecería vigente hasta que el propio usuario pidiera su levantamiento.
La media sanción además incorpora obligaciones de “juego responsable” para las plataformas habilitadas. Entre otras exigencias, obliga a mostrar historiales de apuestas, emitir alertas sobre el tiempo de juego acumulado, ofrecer herramientas de autoevaluación y establecer pausas o recordatorios de descanso.
También endurece las condiciones para acceder a licencias. No podrían operar plataformas cuyos titulares tengan deudas con el Estado, figuren en el registro de deudores alimentarios, hayan sido condenados por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o mantengan vínculos directos con clubes y asociaciones deportivas. Tampoco podrían participar familiares de funcionarios vinculados a los organismos de control.
El proyecto del Poder Ejecutivo sí incorpora nuevas figuras penales para perseguir el juego ilegal. Crea el artículo 301 ter del Código Penal, que castiga con penas de prisión a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales.
Ambos proyectos modifican además el artículo referido al juego clandestino, aunque con diferencias en las escalas penales. La media sanción eleva la pena máxima a ocho años de prisión. El texto oficial fija un máximo de seis años.
La iniciativa aprobada en Diputados en 2024 e impulsada sobre todo por Mónica Frade (CC) reunió apoyos de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la UCR. El oficialismo fue el único sector que votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.
Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias públicas de lobby por parte los impulsores de la ley, el proyecto consiguió media sanción. Pero si el Senado no lo trata antes de noviembre, perderá estado parlamentario.
La Iglesia Católica es uno de los actores que más impulsó el debate. Obispos y referentes pastorales vienen advirtiendo sobre el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes. Subrayan la idea de que los menores cuentan con “un casino en cada celular”.
En febrero del año pasado, la Pastoral Social le pidió formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel el “pronto tratamiento” de la media sanción aprobada por Diputados. Según reveló , en el Episcopado preocupa especialmente la posición que dejó trascender Milei, quien aseguró que vetaría la norma si el Congreso llegaba a sancionarla.
El avance de las apuestas online entre adolescentes aparece reflejado incluso en estadísticas oficiales. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria 2025, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero al menos una vez durante el último año, ya sea de manera online o presencial.
El juego online aparece como la modalidad predominante: el 20,5% de los estudiantes aseguró haber apostado por internet durante los últimos doce meses, frente al 12% que dijo haberlo hecho de manera presencial. Entre los varones, el porcentaje asciende al 35,3%. Además, el informe advierte sobre hábitos frecuentes de apuesta: casi uno de cada seis estudiantes que jugaron online afirmó hacerlo semanal o diariamente.
la media sanción aprobada por Diputados,April 23, 2025,LA NACION,Delfina Celichini,Apuestas,Congreso Nacional,Senado de la Nación,Conforme a,,Retroceso. Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella,,Pliegos. Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista,,Furlán, desplazado. El PJ rechaza la intervención de la UOM por “antidemocrática” y se organiza un “abrazo” al sindicato,Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.IR A LAS GUÍAS,Apuestas,,Apostar contra uno mismo. Qué enseñan los jugadores sobre la relación con el riesgo y el comportamiento de las personas,,Sin azar. Tras una investigación judicial, bloquearon 251 sitios de apuestas ilegales,,Mercado de predicciones. Bloquean la plataforma de apuestas que quedó envuelta en una polémica
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum
La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.
Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares
A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas
El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
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