POLITICA
Caso cuadernos: la expareja de Centeno completó su declaración como testigo en una audiencia tensa
Recuperada a medias de la descompensación que obligó a suspender la audiencia anterior, Hilda Horovitz, la expareja de Oscar Centeno, completó hoy su declaración como testigo en el juicio oral de los cuadernos de las coimas y volvió a quedar enfrentada a sus propios mensajes y audios, en los que insinuaba que tenía material comprometedor sobre el caso y reclamaba dinero a cambio.
Durante el tiempo en que convivió con Centeno, aprovechando un viaje de él a la provincia de Salta, la mujer hizo copias de parte de la documentación que el chofer guardaba en su ropero para utilizarlas con fines extorsivos, según se desprende de su testimonio y los diversos elementos que le fueron exhibidos en estas dos audiencias.
La mujer afrontó un duro interrogatorio que la llevó a enfrentarse con mensajes y audios suyos, en los que, con mayor o menor sutileza, dejaba entrever que tenía material comprometedor y pedía dinero a cambio, presionando así sobre el exfuncionario Roberto Baratta, jefe de su pareja Centeno, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y presunto recaudador de la trama de coimas que se ventila en el juicio.
El martes, la mujer rompió en llanto cuando, en medio de las preguntas y la exhibición de audios, surgió la figura de “Negrito”, su padre adoptivo. Se descompensó, no logró recomponerse y el tribunal debió suspender la audiencia.
“No estoy bien del todo. Pero haciendo fuerza para estar y terminar con esto”, dijo Horovitz hoy, al comienzo de su declaración, para responder a la pregunta de si estaba en condiciones de retomar lo que había quedado trunco la audiencia pasada por su descompensación.
La declaración
La fiscalía reanudó el hilo de la audiencia pasada al exhibirle uno de sus audios. “Voy a hacerle quilombo, ahora me quedo tranquila porque quiero terminar la casa. Pero no va a quedar acá, va a seguir. Tengo 9 años para hacerlo mierda. Recién va el primero o el segundo año”, aseguraba Horovitz en el registro, en referencia a Centeno, de quien dijo haber sufrido episodios de violencia.
En ambas audiencias, la mujer ofreció un relato ambiguo respecto del material sobre el cual había obtenido una copia furtiva para “cubrirse”. Habló de los “papeles” de Centeno, también mencionó “recibos”, “carpetas”, “libretas” y “planos de casas”. Además, Horovitz dijo que vio los cuadernos de las coimas guardados en el ropero, pero que no alcanzó a leerlos, sino solo a ojearlos. La mujer nunca dejó en claro si esos registros en particular formaban o no parte de lo que tuvo en su poder y usó con fines extorsivos.
Como parte de la maniobra, la mujer se contactó con periodistas y le entregó los “papeles” de Centeno a una excolaboradora de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. Según dijo, fue para “hacerlo apurar [a Baratta] y ver si me podía ayudar”. “No sé si está claro”, añadió.
A pesar de que los textos de los mensajes y algunos de los audios representaban amenazas casi explícitas -“que me deposite 2000 por mes y estamos todos tranquilos”, decía en uno- durante toda su declaración la mujer procuró no reconocer abiertamente la extorsión. Sostuvo que ella solo pedía “ayuda” o que simplemente advertía sobre las consecuencias de determinados actos.
“¿Cuál era el sentido de esas fotos?”, la consultó la fiscal Fabiana León. Se refería a una imagen de un bolso con dólares que Horovitz le envió a Baratta. “No sé”, decía Horovitz.
Sin embargo, la mujer buscó poner en valor que ella reconocía como suyos todos aquellos mensajes. “Estoy aceptando lo que hice, que es mucho. Porque acá vino uno que hizo la demencia [sic]”, dijo, y enseguida agregó: “Yo no puedo creer que un encargado, sabiendo la vida y obra de todo el mundo, no se acuerde de que lo que vio”.
La frase apuntaba al testimonio anterior de Julio César Silva, el encargado del edificio de la familia Kirchner en Recoleta, que en el juicio se desdijo de lo que había declarado en 2018 sobre movimientos de bolsos y valijas.
En su testimonio, Horovitz se remitió de manera indirecta a viejos intercambios entre Baratta y Miriam Quiroga, recuperados del teléfono del exfuncionario en otra causa. Esos mensajes, publicados por Infobae en 2021, muestran que Baratta -que nunca contestó directamente los contactos de Horovitz- intentaba contenerla a través de Quiroga para que no hablara. Le pedía que la entretuviera, que la sacara a tomar un café, que ganara tiempo.
Cansada de las evasivas, Horovitz le ordenó a Quiroga que le devolviera los papeles. “Perdelos”, la instruyó Baratta al enterarse. “Está loca pero no es boluda”, dice en otro de esos intercambios.
Los “papeles” de Centeno
Presente en la exsala AMIA, su expareja Centeno la escuchaba con la cabeza gacha, mientras realizaba anotaciones en una libreta. En la audiencia pasada, Horovitz dijo que Centeno tenía por costumbre hablar poco sobre su trabajo y “anotar todo”.
En muchos tramos, con la voz agrietada, reconoció haber sido su “testaferro” y querer “perjudicarlo” por haberla “cagado” con otras mujeres y haberla golpeado en más de una oportunidad.
Gran parte del duro interrogatorio fue llevado por la defensa de Baratta, en manos de Elizabeth Gómez Alcorta, extitular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández.
La letrada buscó indagar sobre la personalidad de Centeno. Le preguntó cómo era él “puertas adentro” y cuestiones sobre su pasado.
Horovitz se mostró esquiva, pero terminó por describir a Centeno como una persona con un temperamento “agresivo” y “variable”, muy hábil para mentir. Relató, por caso, que Centeno había dejado el Ejército luego de haberle tirado una granada a un superior y que evitó represalias al hacerse pasar por loco.
También la consultó por sus contactos con periodistas. La mujer sostuvo que, para evitar recibirlos en su casa, se reunió con algunos de ellos en plazas, aprovechando uno de sus paseos con su perro “Choco”.
“Los papeles que yo recogí, de los que hice fotocopias, nunca los tuvo un periodista, siempre los tuvo el hijo de Miriam Quiroga, Emiliano”, dijo hoy en el juicio Horovitz.
Lo conocía porque trabajaron juntos en Yacimientos Carboníferos. Él, sin embargo, recordó Horovitz, lo hacía en el “subsuelo”, en la parte de “archivos”.
El vecino de Cristina
A Horovitz la siguió Ignacio Laplacette, un empresario que vivió entre los años 2007 y 2011 en el primer piso del edificio donde vivió la expresidenta Cristina Kirchner, sobre la calle Uruguay.
Por problemas de salud, decidió vender el departamento, relató. Aunque la negociación por la compraventa la llevó Osvaldo Sanfelice, el comprador final que se presentó en la escritura fue Osvaldo De Sousa (socio del empresario Cristóbal López).
Siendo ya expropietario, contó haber pasado por la zona. Dijo haber mirado para su exdepartamento y haberse sorprendido al observar las ventanas tapadas con papeles.
completó hoy su declaración,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Tras el hallazgo de cocaína en la casa de una funcionaria, interpelarán al intendente de Morón
El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, ex directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, quien permanece prófuga de la justicia. La decisión fue impulsada por la oposición, que reunió 16 votos y logró el aval necesario para citar al jefe comunal a dar explicaciones públicas sobre la contratación y los controles internos en el municipio.
La oposición a Ghi reunió los dos tercios del Concejo Deliberante, número necesario para la convocatoria del intendente. Lo hizo gracias a la fractura del peronismo en la localidad, ya que los integrantes de Unión por la Patria que responden al ex intendente Martín Sabatella apoyaron el pedido de interpelación. Los concejales del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Axel Kicillof, se opusieron al llamado pero perdieron la votación.
El caso Ortigoza sacudió el escenario político local y derivó en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se discutieron responsabilidades institucionales y la reacción del Ejecutivo. La figura de la interpelación habilita a que, en un plazo de cinco días hábiles, el intendente o un funcionario designado se presente en el recinto y detalle los mecanismos de selección de personal, los filtros de antecedentes y las acciones tomadas desde que se conoció la investigación judicial. Durante la sesión, la palabra “destitución” resonó entre los discursos.
La sesión estuvo marcada por negociaciones previas y acusaciones cruzadas entre los bloques, pero finalmente la oposición obtuvo el respaldo necesario para avanzar con la citación. Ahora, la atención se centra en la respuesta que ofrecerá el Ejecutivo municipal ante el reclamo de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad moronense.
El bloque de La Libertad Avanza defendió la necesidad de que el intendente sea quien dé explicaciones directas ante el Concejo. En su intervención, la concejal Alejandra Liquitay sostuvo que “el intendente tiene la responsabilidad de las personas que integran su gabinete” y cuestionó que se considere “una opereta” el pedido de interpelación. Liquitay subrayó que la ciudadanía demanda respuestas concretas sobre el caso y que la gravedad de la situación amerita la presencia del máximo responsable del municipio.
En relación a la repercusión social, Liquitay remarcó que los vecinos reclamaron información a los ediles desde que trascendió el caso. Planteó que la preocupación no es solo política sino social, por el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. “¿Por qué es tan difícil dar explicaciones de lo que somos responsables?”, se preguntó la concejala, criticando la postura del Ejecutivo de no informar de manera directa y priorizar la comunicación a través de medios externos al recinto.
La sesión también expuso diferencias sobre la gestión de los casos y la respuesta institucional. Desde el Movimiento Derecho al Futuro, la concejal Vanina Moro defendió el proceder del oficialismo y rechazó que se trate de un encubrimiento. Explicó que tanto en el caso de Ortigoza como en el de Karen Cufré, quien ingresó como personal temporario en octubre de 2025, la desvinculación fue inmediata tras la imputación judicial y se puso toda la documentación a disposición de la justicia.
Moro señaló que “la justicia juzga personas y nosotros acá gobernamos”, e insistió en que no se puede generalizar la responsabilidad de un hecho individual a la totalidad de la gestión ni a las organizaciones políticas involucradas. Sostuvo además que la política del gobierno local es la lucha contra el narcotráfico y que se colaboró con la fiscalía y la jueza actuante desde el primer momento, sin demoras ni encubrimientos.
La concejal también advirtió sobre el riesgo de “estigmatizar barrios, vecinos y trabajadores” a partir de un hecho puntual. Rechazó lo que calificó como “operación política berreta para ensuciar”, y defendió la transparencia de la gestión ante el uso de imágenes y mensajes en redes sociales que, según argumentó, buscaron asociar a la organización y al municipio con actividades ilícitas. Para Moro, la responsabilidad del Estado es incluir y no profundizar la exclusión a partir de sospechas infundadas.
En la discusión se sumaron voces que reclamaron mayor rigurosidad en los procedimientos de ingreso y controles preventivos. Se exigió revisar los mecanismos de selección de personal y fortalecer las alertas tempranas para evitar situaciones similares en el futuro. La oposición insistió en la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad y garantizar que estos casos sean esclarecidos por la justicia, sin que la política partidaria prime sobre el interés público.
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Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por el caso de su funcionaria prófuga por narcotráfico
El Concejo Deliberante de Morón aprobó, este jueves, la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por “la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial” que generó el caso de la funcionaria municipal Luna Suyai Ortigoza, prófuga de la Justicia tras un allanamiento en su casa en el que se secuestró casi medio kilo de cocaína.
El pedido de interpelación a Ghi (alineado con Axel Kicillof en la interna de Fuerza Patria) avanzó sobre tablas, para lo que se necesitaban dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante moronense. El proyecto de interpelación, impulsado por los bloques de la oposición local, obtuvo 16 votos a favor y tuvo ocho en contra.
Entre los votos positivos que se sumaron para aprobar el pedido de interpelación estuvieron los de cinco concejales alineados con el exintendente de Morón y referente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien mantiene un duro enfrentamiento con su exaliado Ghi.
Votaron a favor de la interpelación del intendente los concejales de Fuerza Patria que responden a Sabbatella (Diego Spina, Mariano Spina, María Sol Steinberg, Florencia De Luca, Marcelo Notario); los de La Libertad Avanza (Analía Zappulla, María Cecilia Solía, Pablo Tozzi, Cristian Morales, Pablo Miño y María Mobilia); los de Pro (Bernardo Magistocchi y Claudio Faro), y los que se desempeñan en monobloques (Daniela Cáceres, Alejandra Liquitay, y Ariel Aguilera).
En contra de la interpelación de Ghi se expresaron los ediles que aún le responden en el bloque de Fuerza Patria: Agustín Ramponelli, Vanina Moro, Alfonso Martínez, Claudio Román, José María Ghi y Adrián Colonna. Y sumaron sus votos negativos Sibila Beatriz Botti y Lorena Acevedo, ambas del Frente Renovador.
El proyecto de interpelación que se aprobó en el Concejo moronense solicita “al intendente municipal que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la exdirectora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón”.
El artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades citado en el pedido de interpelación permite al intendente “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia” al Concejo. En caso de no hacerlo, se lo considerará “falta grave”.
Ortigoza se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género. Es una militante de Nuevo Encuentro que, al desatarse la interna entre Sabbatella y Ghi, se quedó junto al intendente, mientras que el resto de su familia se mantuvo en las filas del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El 16 de junio del año pasado, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad. La funcionaria prófuga es del barrio San Juan, en Castelar Sur.
La Policía Federal intenta encontrar a Ortigoza desde el viernes, cuando un allanamiento en su casa derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo ese día. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en inmuebles de Morón y Merlo.
la Justicia,Javier Fuego Simondet,Morón,narcotráfico en el conurbano,Provincia de Buenos Aires,Conforme a,,Coimas. El Consejo de la Magistratura dejó a un paso del juicio político al juez Gastón Salmain,,Fútbol y política. El Gobierno quiere evitar que los ministros viajen al Mundial,,En modo electoral. Milei defendió la gestión, atacó a la prensa y ya proyecta 2027: «Se nos va la última oportunidad»,Morón,,Está prófuga. Allanaron la casa de una funcionaria de Morón y descubrieron medio kilo de cocaína,,Narcotráfico en Morón. Quién es Luna Ortigoza, la funcionaria prófuga que militó en Nuevo Encuentro,,Crisis en Morón. La intendencia suma dos casos policiales de alto impacto y piden interpelar a Lucas Ghi
POLITICA
El Gobierno apeló la sentencia que lo obligaba a pagar las deudas con PAMI y otros prestadores de salud
El Gobierno apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba regularizar en un máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Según el fallo, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la cautelar mantiene su vigencia hasta que la Cámara Federal se pronuncie.
La resolución judicial surgió de un amparo colectivo y el juez Vaca Narvaja dispuso que el Estado nacional pague las deudas en un plazo máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar, o hasta el dictado de una sentencia firme.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.
En sus fundamentos, el magistrado señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, así como el “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.
La apelación presentada por las autoridades nacionales no suspende los efectos de la cautelar. De esta manera, PAMI e Incluir Salud deben continuar con el proceso de regularización de pagos mientras se tramita el recurso ante la Cámara Federal.
El caso
La medida fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a otras instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
La denuncia de los demandantes sostiene que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, por lo que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven interrumpidas y los medicamentos dejan de entregarse.
En ese contexto, Vaca Narvaja instó al Pami y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos, “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
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Al dictar la sentencia, el juez citó un informe del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación respecto a las demoras en los pagos a prestadores. Allí, la cartera que conduce Mario Lugones argumentó que la falta de pagos responden a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo».
En ese sentido, el reporte sostiene que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos».
PAMI, Gobierno, salud
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