POLITICA
El Gobierno retomó el diálogo con las provincias: de la necesidad por las reformas a los acuerdos electorales

En la antesala del Mundial de Fútbol, que frenará toda actividad política por casi dos meses, el Gobierno retomó las negociaciones con las provincias para tratar de conseguir los votos para algunas de las reformas que envió al Congreso y también el apoyo para que el presidente Javier Milei acceda a la reelección el próximo año.
Son dos de los principales objetivos que se planteó para esta segunda mitad del mandato la cúpula libertaria, que en paralelo continúa resistiendo las propias internas.
Por un lado, la mesa política estableció una hoja de ruta para las distintas iniciativas parlamentarias que presentó el Poder Ejecutivo, con el Super Rigi y la reforma electoral (con eliminación de las PASO incluida) como prioridades.
Para avanzar con esos proyectos, el oficialismo nacional sabe que necesita del apoyo de varios bloques provinciales y de aliados como el PRO, que ya anticipó, por ejemplo, que no está dispuesto a apoyar que se terminen las primarias.

La fuerza fundada por Mauricio Macri quiere competir con candidatos propios en gran parte del país, pero tampoco se cierra a la posibilidad de hacerlo en un frente común con La Libertad Avanza, para lo cual precisa que las PASO continúen existiendo.
Por su parte, quienes llevan adelante la estrategia electoral en la Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, ya están pensando qué hacer de cara al 2027, aunque el plan no será muy diferente al de las veces anteriores: presentarse solos en varios distritos.
“¿Para qué vamos a ir a negociar con un gobernador que nos termine dando tres o cuatro bancas? Si yendo por nuestra cuenta y perdiendo, en el peor de los casos conseguiríamos la misma cantidad de legisladores”, sostuvo a este medio uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno.
En este sentido, la fuente consultada remarcó que “lo que le importa a Milei, en primer término, es reelegir, y en segundo, conseguir senadores y diputados que defiendan los proyectos en el Congreso, para que salgan las leyes”.
Sin embargo, esta estrategia no será homogénea en toda la Argentina y mientras que sí se verá con claridad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde arreglar con Jorge Macri parece casi imposible, habrá algunos lugares en donde podrían celebrarse acuerdos.
De hecho, la secretaria general convocó hace algunos meses a la Casa Rosada a dos de los mandatarios provinciales que fueron aliados en el 2025: el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo.

De aquel encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que además es uno de los principales armadores del oficialismo.
En la reunión, la funcionaria les explicó que estaba dispuesta a mantener con ellos el pacto de respaldo mutuo, siempre que le garantizaran que van a acompañar al Presidente en su búsqueda de un segundo mandato.
”Yo puedo perfectamente jugar por Javier en las nacionales, pero hay un tema. Ustedes en mi provincia están intentando impulsar a Luis Petri, y él no es mi plan A para mi sucesión”, remarcó Cornejo cuando tomó la palabra.
El mendocino, que no puede volver a presentarse el año que viene porque la Constitución local se lo prohíbe, pretende ser reemplazado por su ministro Gobierno, Natalio Mema, o por el de Educación, Tadeo García Zalazar.
”Por eso no hay problema, seguilo con Lule, pero nosotros estamos dispuestos a acompañar a tus candidatos si es que ustedes apoyan la reelección del Presidente”, le contestó Karina Milei.

Sin embargo, mientras que en Mendoza aseguran que la funcionaria “fue bastante clara en que estaba dispuesta a correr” al ex ministro de Defensa de escena, en Balcarce 50 insisten con que se acordó seguir conversando y que, “en última instancia”, ambos aspirantes a la gobernación podrían ir a una interna.
En cuanto a Frigerio, el contexto es más simple, ya que en Entre Ríos La Libertad Avanza no tiene a grandes figuras -a pesar de que hay varios dirigentes disputándose un lugar- y la alianza se daría con mayor facilidad.
“No le van a discutir nunca el liderazgo de Rogelio en la provincia porque es algo obvio. Se comprometieron a reconocer su conducción, de la misma manera que él lo va a hacer con Milei a nivel nacional”, indicó una fuente cercana al gobernador, que sigue dentro del PRO.
Mientras tanto, Santilli retomó sus reuniones con mandatarios locales, en principio, únicamente para negociar los votos para las reformas que la Nación envió al Congreso.
La semana pasada, el ministro del Interior recibió en su despacho al salteño, Gustavo Sáenz, y al catamarqueño, Raúl Jalil, y también mantuvo encuentros con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Para los próximos días, según pudo saber Infobae, “El Colo” tiene previsto viajar a dos provincias.
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POLITICA
El juicio Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner se encamina a su reunificación

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, se encamina a su reunificación, aunque hay dudas si hay tiempo para que comience en la fecha prevista del 23 de octubre, en tres semanas.
Es que hay una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.
Los jueces del tribunal oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.
Pero el fiscal Velasco se opuso, porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena. Teme que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.
Por eso es que el fiscal impugnó en un escrito esa medida y planteó un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.
El TOF 5 decidió el viernes a última hora conceder el recurso del fiscal para que sea la Cámara Federal de Casación la que decida. Todo se encamina a la reunificación, que se discutirá en 15 días.
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción de fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
La Cámara de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó en 2024 a hacer el juicio lo antes posible.
Ahora nuevamente Petrone y Barroetaveña pueden ser quienes destraben el asunto. Ambos convocaron a una audiencia para el 15 de octubre próximo.
Esta audiencia ya estaba agendada antes de la decisión de partir el juicio en dos. La habían dispuesto los camaristas a pedido del fiscal Velasco para exhortar al tribunal a que pusieran fecha de inicio al juicio oral.
El mismo día en que se conocía esta audiencia, los jueces del tribunal oral federal difundieron la decisión sobre la que venían trabajando de comenzar el juicio el 23 de octubre, pero partido en dos procesos.
El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar avisó entonces que la audiencia del 15 de octubre debía mantenerse en pie porque estaba indefinida aún la fecha de inicio de juicio por el desdoblamiento en dos partes del proceso.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Por la mayoría votaron Petrone y Barroetaveña, que entendieron que deben tratarse en esa audiencia si mantienen o revocan el desdoblamiento.
“No ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia. Por el contrario, la cuestión conserva actualidad”, dijo Petrone, y agregó que el desdoblamiento de la causa en las fechas diferenciadas para la realización de los dos juicios “no permite considerar agotada la controversia”.
“Permanece vigente el interés en obtener una respuesta jurisdiccional sobre el agravio oportunamente planteado”, sostuvo.
Su colega Barroetaveña señaló que “el asunto conserva actualidad” y consideró que “corresponde continuar el trámite casatorio de este legajo y, atendiendo la proximidad de las fechas de debate ya señaladas, resulta prudente estar a la audiencia asignada oportunamente” el 15 de octubre.
Allí se debatirá todo: la reunificación del juicio y la fecha de inicio. El fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a fuentes judiciales.
Los jueces de la Casación, con la misma mayoría que en la decisión de la semana pasada, se inclinarían por unificar las causas nuevamente, con la idea de que el juicio conjunto de Hotesur y Los Sauces comience el 23 de octubre.
El problema es que “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son, porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, planteó el fiscal.
Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.
Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.
Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.
Ese peritaje contable, en parte exhibido por la fiscalía en 2021, determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.
No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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¡Precios de Manhattan con sueldos de Argentina! Cómo los créditos hipotecarios inflaron las propiedades y congelaron el sueño de la casa propia

La reactivación de los créditos hipotecarios bajo la gestión económica de Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei generó una expectativa masiva entre la clase trabajadora que sueña con la casa propia. Sin embargo, detrás del anuncio oficial y la promesa de bancarización, se gestó un efecto colateral alarmante: la falta de regulación en el mercado inmobiliario desató una suba desmedida en el valor de los inmuebles.
Lejos de democratizar el acceso a la vivienda, la inyección de liquidez de los créditos terminó beneficiando de manera exclusiva a los vendedores y desarrolladores, empujando los precios a niveles absurdos, congelando las operaciones reales y dejando al comprador en una posición de absoluta vulnerabilidad.
El negocio del vendedor: precios por los nubes y metros cuadrados mínimos
Cuando se habilitan líneas de crédito sin una contraparte de regulación estatal o topes lógicos, la ley de la oferta y la demanda se desvirtúa por completo. Los propietarios e inmobiliarias inflan los precios de manera especulativa, sabiendo que el comprador cuenta con un monto financiado que, teóricamente, «lo respalda». El resultado es trágico: el crédito subsidia el sobreprecio.
Hoy en día, buscar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone una disparidad enorme según la zona, pero con un denominador común: los metros cuadrados se pagan a precio de oro. Si analizamos el valor del metro cuadrado (USD/m^2) en CABA, el abanico va desde las opciones más económicas hasta los valores más prohibitivos:
* Zonas más accesibles / Sur de la Ciudad (ej. Lugano, Pompeya o barrios periféricos): Los valores del metro cuadrado pueden encontrarse desde los USD 1.000 a USD 1.300 por metro cuadrado en unidades a refaccionar o alejadas de los ejes comerciales.
* Zonas medias / Residenciales (ej. Almagro, Caballito, Balvanera): Los precios oscilan entre los USD 1.800 y USD 2.200 por metro cuadrado.
* Zonas norte y de alta gama (ej. Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero): El metro cuadrado se dispara sin escalas desde los USD 2.800 hasta superar los USD 4.500 o 5.000 en emprendimientos premium.
Bajo este panorama, los monoambientes —que apenas rondan los 25 a 30 metros cuadrados— en zonas norte o centro se ofrecen sistemáticamente en valores exorbitantes de entre USD 90.000 y USD 110.000. En la práctica, esto significa que se pagan cifras ridículas por espacios diminutos, donde el metro cuadrado de las unidades chicas se vuelve artificialmente más caro que el de las propiedades grandes debido a la desesperación de la demanda.
¿Qué pasa en la Argentina? Cuando el metro cuadrado supera a las capitales del mundo
Esta distorsión nos obliga a frenar y hacernos una pregunta incómoda pero urgente: ¿Qué pasa en la Argentina que el metro cuadrado en barrios selectos o incluso en unidades chicas sale igual o más caro que en grandes metrópolis del primer mundo?
Mientras que en vastas zonas de Estados Unidos o Europa los mercados inmobiliarios responden a macroeconomías estables, créditos con tasas bajas reales y una oferta regulada, en la Argentina conviven salarios pauperizados en dólares con costos del metro cuadrado completamente desquiciados.
Si contrastamos esto con los valores estadísticos internacionales del metro cuadrado, el sinsentido queda en absoluta evidencia:
* Europa (ej. Madrid, España): El promedio del metro cuadrado en zonas intermedias ronda los USD 3.000 a USD 3.500, mientras que en capitales del este europeo desciende considerablemente.
* Europa del Este / Sur (ej. Atenas o Roma): En zonas metropolitanas funcionales, los valores se ubican entre los USD 2.000 y USD 2.800 el metro cuadrado.
* Estados Unidos (fuera de los núcleos ultra exclusivos de Manhattan o San Francisco): En ciudades secundarias de gran crecimiento (como Houston, Atlanta o Phoenix), el costo promedio del metro cuadrado se sitúa entre los USD 2.000 y USD 2.800, guardando una proporción directa con el ingreso anual medio de un trabajador formal.
En contraparte, pagar USD 3.000 o más por metro cuadrado en CABA significa que un habitante local necesita acumular décadas de ingresos íntegros para comprar lo que en el hemisferio norte se adquiere con facilidades crediticias lógicas y estables. Pagamos precios de primer mundo con ingresos pulverizados.
El gran estancamiento: un crédito que beneficia al vendedor y ahoga al comprador
El combo entre la libertad absoluta de precios («todos cobran lo que quieren») y las cláusulas de actualización atadas a la inflación (como las líneas bajo sistema UVA) genera una trampa perfecta.
* La disparada inicial: Ante la demanda de créditos de Caputo, los valores nominales de las propiedades subieron de inmediato.
* El bloqueo de operaciones: El comprador se encuentra con que el préstamo ya no le alcanza para la propiedad que estimaba, y el mercado entra en un profundo estancamiento. Las operaciones reales se frenan porque la brecha entre lo que el banco presta, lo que el sueldo permite pagar y lo que el vendedor pretende especularmente cobrar se vuelve insalvable.
Los requisitos de los créditos hipotecarios actuales: ¿quién puede endeudarse y por cuánto tiempo?
Para comprender el trasfondo de este colapso, es fundamental analizar cuáles son las condiciones reales que imponen hoy las entidades financieras en la Argentina para acceder a un crédito hipotecario (en su mayoría ajustados por UVA):
* Plazos de endeudamiento extremo: Los créditos se extienden habitualmente por plazos de 15, 20 y hasta 30 años. Esto significa que una persona que toma un préstamo a los 35 años terminará de pagarlo pasados los 50 o 65 años de edad, asumiendo el riesgo inflacionario durante décadas.
* Relación cuota-ingreso: Por reglamentación general, la cuota mensual del crédito no puede superar el 25% o 30% de los ingresos netos demostrables del grupo familiar.
* Ingresos familiares requeridos (la barrera más alta): Debido a los altos montos y tasas iniciales, para calificar a un crédito destinado a un departamento promedio de USD 100.000 (financiando un 75% o 80%), los bancos exigen hoy ingresos familiares netos que oscilan, como piso, entre los $2.500.000 y $4.000.000 de pesos mensuales (o cifras superiores según la entidad). Esto deja automáticamente afuera a más del 80% de los trabajadores informales y de la clase trabajadora registrada con sueldos promedio.
* Ahorro previo (Anticipo): Los bancos no financian el 100% de la propiedad; por lo general cubren entre el 75% y el 80% del valor de tasación, lo que obliga al comprador a contar de cash con un 20% a 25% de anticipo en dólares, además de afrontar los costosos gastos de escribanía e impuestos iniciales.
El saldo de esta política es clarificador: el mercado inmobiliario se mueve al ritmo de la especulación financiera, los créditos se transforman en una herramienta inflacionaria de precios y el sueño de la casa propia queda, una vez más, secuestrado por la falta de regulaciones inteligentes que protejan al eslabón más débil de la cadena.
POLITICA
El juez Juan Manuel Culotta: su pasión por el rugby, las denuncias a jueces como forma de presión y su candidatura al Consejo de la Magistratura

Cuando era chico, Juan Manuel Culotta quería jugar al fútbol. Su padre, Jorge Culotta, ingeniero y jugador de Pucará, el equipo que venció a Irlanda en 1952, lo convenció de probar con el rugby. Dice que allí aprendió lo que todavía aplica en su trabajo: soportar golpes, volver a empezar y trabajar para que otro se luzca.
En una lógica similar, comenzó a estudiar Agronomía, atraído por el campo y la vida al aire libre, pero la participación en el centro de estudiantes y el regreso de la democracia despertaron su interés por la cosa pública. En 1984 se pasó a Derecho y, dos años después, entró como meritorio a Tribunales. Recorrió los distintos escalones de la carrera judicial hasta asumir, en 2006, al frente del Juzgado Federal de Tres de Febrero.
En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Culotta repasa ese recorrido y habla de la disputa por el rumbo del Poder Judicial. Candidato al Consejo de la Magistratura por Compromiso Judicial, cuestiona las denuncias que se utilizan como herramienta de presión sobre los jueces, reclama concursos más ágiles y plantea reducir el peso de la política en el organismo.
—Cuando uno hace una búsqueda de su apellido, entre los resultados aparece una figura muy ligada a la historia del deporte argentino. ¿Quién fue Jorge Culotta?
—Jorge Culotta, además de mi padre, fue un ingeniero que fue nieto de inmigrantes, con orígenes en Burzaco, en el sur del conurbano, con el padre ferroviario, que tuvo que empezar a trabajar a los doce años. Mi abuelo, Horacio, logró tener dos hijos profesionales: mi viejo, ingeniero. En ese interín, mientras estudiaba ingeniería, jugó al rugby en el Club Pucará, un club clásico de la zona sur, y fue el primer equipo que le ganó en el año ’52 a Irlanda, un equipo de las Cinco Naciones. O sea, fue el primer equipo argentino y fue todo un festejo porque era histórico el resultado y haber logrado esta victoria. Yo me acuerdo desde chico haber escuchado todos los festejos de todos los aniversarios que había, diez años, veinte años. Él vivió hasta hace poco, hasta el 2001, así que siguió siendo casi uno de los últimos sobrevivientes de aquella época, de aquella gesta.
—¿Le inculcó esa pasión por el rugby?
—Sí. Yo al principio, cuando era chico, muy chico, cinco años, quería jugar al fútbol y él me decía: “No, no, jugá al rugby que vas a ser mejor”. Y yo al final le hice caso. Le hice caso y la verdad que lo disfruté mucho porque es un juego de equipo, me hice muchos amigos. Es un juego de esfuerzo, donde vos tenés que pasar momentos difíciles, jugás con lluvia, abajo del agua. Creo, no sé ahora cómo será, pero en mi época, si la pelota no flotaba, jugabas igual. Eso también creo que te forma como persona, te ayuda a soportar momentos difíciles físicamente y mentalmente. Así que creo que es un gran deporte. Yo lo disfruté mucho hasta los 23. Después empecé con mi trabajo y me costó seguir las dos cosas, porque el entrenamiento y todo eso lleva tiempo. Hice muy buenos amigos que seguí teniendo y creo que dejó muchas lecciones. A veces cuando uno tiene distintas cuestiones en la vida que enfrentar, creo que eso ayuda, el rugby es un deporte resiliente, donde uno cae y tiene que volver a empezar, se golpea… y además el deporte de equipo, que es fundamental para el futuro, uno aprende a distribuir roles. El rugby tiene la ventaja de que hay puestos para todos, hay puestos para los hábiles y para los brutos. Yo era un poco de los brutos. El trabajo nuestro era conseguir la pelota para que otros se luzcan. Eso es lo lindo del rugby.
—Deja el deporte cuando empieza a trabajar en el Poder Judicial. ¿Cómo fueron esos inicios?
—En el ’86.
—A la vuelta de la democracia.
—Claro, a la vuelta de la democracia. Yo en realidad estudiaba Agronomía, una carrera que no tenía nada que ver con esta, con Derecho. Y porque me gustaba el campo, me gustaba la vida al aire libre. Yo empecé Agronomía en el ’81, cuando estaba terminando la dictadura militar, y me enganché con el centro de estudiantes, con la actividad política estudiantil en ese entonces. Y también con la democracia que venía, con la primavera alfonsinista, como dicen algunos. Y la verdad que se me generó una cuestión de servicio. Yo me acuerdo que iba a comprar cuadernos al Once con mi auto, los cargaba todos y los vendíamos casi al costo en el centro de estudiantes. Uno quería dar algún servicio y a partir de ahí empecé a tener un poco más de inquietudes sociales y políticas. Y eso me inclinó en algún momento por decir: “Esto no es lo mío”, y entré a estudiar Derecho. Por supuesto que en mi casa fue un poco una crisis, porque: “¿Cómo, cómo vas a dejar la carrera?”. Y dije: “Voy a hacer las dos”. Y mi mamá no me creía. Dice: “No, no vas a poder hacer las dos”, me decía. Al final terminé enganchado en Derecho en el ’84. Y a partir de ahí empecé con los estudios y antes de terminar la carrera logré entrar a Tribunales, en el ’86.
—En ese entonces empieza esta inquietud por la cosa pública y elige hacer la carrera judicial. ¿Por qué no eligió el camino de la política partidaria?
—Me atraía más la política en su momento estudiantil, en el centro de estudiantes. Y la política partidaria no es que no me atrajo, sino que de a poco, a partir de que entré en el Poder Judicial, me fue gustando el trabajo, ir creciendo, ir aprendiendo, porque cuando uno estudia Derecho, la carrera es muy árida si no la ve en la práctica. Yo entré a un Juzgado de Instrucción de Menores, como todo el mundo de meritorio, en el ’86, y me empecé a enganchar con eso. Y ahí, de alguna forma, dejé de lado la parte política y entré en lo que se llama la carrera judicial. Pasé por todos los cargos y en el año ’90, ’91, yo trabajaba en el Juzgado de Instrucción de Menores en Capital y, salió la oportunidad de ir a trabajar al Juzgado Federal de Morón 2, que se creaba. Uno de los jueces que iba ahí había sido secretario mío y me ofreció ir a Morón. Para mí, Morón era lejísimos, yo vivía en Capital. Y a partir de ahí, siguiendo como empleado y después como secretario en el año ’91. Creo que tenía veintiocho años, bastante joven de secretario. Seguí mi carrera en la jurisdicción de San Martín, Morón, que es donde estoy ahora. O sea, ya hace como treinta años que estoy ahí.
—¿Y cómo llega al cargo de juez?
—Después de ser secretario varios años en Morón, pasé a la Cámara Federal de San Martín, también como secretario, y se abrieron los concursos. En el ’99, 2000, empezaron los concursos. Y claro, antes te enterabas que había una vacante de juez y ya estaba cubierta, porque la designación era a dedo, política. Y yo tenía un secretario, Carlos Compairet, que después fue juez federal también en La Plata, que fue el que me incentivó: “Dale, vamos a meternos en concursos, nos anotamos en todos los concursos”. Yo me anoté en concursos hasta de Ushuaia, de Mendoza, de todo el país. Tenía hijas chicas en ese momento y por ahí podía darme el lujo, hoy creo que no podría. Y ahí empezamos a concursar, quedamos bien en algunos concursos y se dio esto del Juzgado de 3 de Febrero, que por suerte fue en mi jurisdicción, así que no tuve que cambiar de destino, porque imaginate, te vas a Ushuaia, tenés que cambiar de colegio a tus hijos, tenés que hacer otra vida. Así que empecé a concursar en el 2000, 2001, 2002, y en 2003 ya me presenté a este concurso donde quedé bien y empecé un juzgado de cero, porque el juzgado no existía. Y a partir de ahí ya llevo veinte años.
—Me detengo en el proceso de selección de jueces. Usted ahora es candidato al Consejo de la Magistratura. Si fuera electo, en su primer día, ¿qué cambios haría a cómo se eligen los jueces?
—Creo que en el proceso en sí, los exámenes, por ejemplo, hay que mejorarlos en cuanto a los jurados. ¿Qué pasa? Los jurados traían un tema, el examen es anónimo, y los jurados son docentes de la universidad, de universidades nacionales. Y a veces no son especialistas en la materia. A veces un docente de Filosofía del Derecho tiene que preparar un tema de un juez penal económico y obviamente le pedirá a otro. Y a veces uno abre el sobre del examen y ve que es un tema que no es competencia de lo que se tiene que tomar ahora. Entonces creo que hay que capacitar más a los jurados para que los temas sean más acordes a la vacante que se va a cubrir. Y después se hablaba de un banco de datos de exámenes…también podría ser, exámenes bien preparados por profesionales, reservados, por supuesto, y que se abran en cada caso. Y después, los puntajes. Creo que la entrevista personal, que es por ahí lo más cuestionado a veces, ha subido puntajes en algunos casos, por ahí cuestionables, para que alguna gente esté en mejores posiciones. Entonces, si eso se tasara y se dijera, “hasta cinco, diez puntos más por la entrevista personal”, sería más justo. Eso en primer lugar.
Y después está todo el tema acusatorio ahora, donde la actividad del juez es más oral, más verbal, el juez se sienta y decide con todas las partes presentes. Entonces, ¿cómo armar un examen escrito de algo que es oral? Eso es todo un desafío. Se ha hecho en algunos lugares donde ya está el Código Procesal Penal Federal implementado, algunas veces con éxito y otras veces sin que los postulantes puedan entender cómo resolver el caso.
—En los concursos, ¿los que vienen de la carrera judicial tienen más ventaja que los que están del otro lado del mostrador?
—Yo creo que tienen ventaja por el oficio, porque uno aprende con el tiempo a redactar una sentencia, a valorar la prueba, cosa que por ahí el abogado no lo tiene. Los puntajes son equiparables, o sea, no hay ventajas de un lado o de otro. Yo creo que la diferencia se hace en la práctica diaria, en el oficio, que la mayoría de los que quedan es del Poder Judicial, o funcionarios o lo que sea, pero por eso, por el oficio, que es fundamental a la hora de hacer una sentencia, de resolver un caso. Quizás el abogado de la matrícula está acostumbrado a estar del otro lado litigando y no adentro, digamos, en la cocina.
—¿Y qué pasa con los tiempos de los concursos? ¿Qué se podría hacer para que la elección de un juez no tarde años?
—Yo creo que se pueden acortar términos. A veces algunos términos son…hay impugnaciones que resolver muchas veces, hay que darle la posibilidad de que los postulantes, si fueron mal calificados, se defiendan, o digan que otros fueron mejor calificados. Eso por ahí lleva un tiempo. Quizás se puede agilizar toda la cuestión de evaluación de antecedentes, porque todo eso va a cada consejero, se reparte y dar un término que sea más bien perentorio. A veces hay consejeros que se toman más tiempo, y después para agilizarlo también lo importante es la segunda etapa, porque muchas veces el concurso tarda, no sé, nueve meses en el consejo, que es un tiempo razonable, y después está en el Ejecutivo años hasta que el Ejecutivo decide elegir uno y mandarle el pliego al Senado. Entonces, todo el proceso a veces, a mí me pasó, que yo fui elegido bastante rápido después del proceso mío, porque di el examen en el 2003 para el Juzgado Federal de 3 de febrero y en nueve meses estaba el concurso, y fue al Ejecutivo. Y después en el Ejecutivo, simplemente para mandar el pliego al Senado, tardaron casi un año. Y es un proceso relativamente simple valorar los antecedentes. Entonces, todo ese proceso, que está compuesto por varias etapas, debería agilizarse. El Senado en general es ágil, el Senado, cuando llegan los pliegos al Senado, el Senado pone fecha y en general, si hay acuerdos, por supuesto, los trata rápidamente.
—Pasando de nombramiento a remoción. Son los dos extremos de la vida judicial. ¿De qué manera cree que puede agilizarse, por ejemplo, el proceso en caso de una denuncia hacia un juez? ¿Cómo evalúa el proceso de remoción de jueces?
—Lo que hay es dos procedimientos, el disciplinario y el de la acusación, ¿no? La mayoría de las denuncias contra jueces van a la Comisión de Disciplina, porque pueden ser pasibles de una sanción que no significa la remoción, de un llamado de atención, de una multa, de acuerdo a la falta imputada. Pero lo que advertimos con bastante preocupación los jueces es la cantidad de denuncias. O sea, primero que hay mucha facilidad ahora para hacer una denuncia, cualquiera la puede hacer, manda un mail y ya está. Y la cantidad de denuncias que hay, pero vinculadas al contenido de la sentencia. O sea, los jueces, resolvemos de acuerdo a derecho, la parte tiene el derecho a recurrir si no está conforme, la Cámara en su caso resuelve, confirma o no, o puede revocar, pero son cuestiones de opinión, muchas veces de interpretación de la ley. Entonces, mientras un juez resuelva conforme al derecho y a la Constitución no habría razón para hacer una denuncia en el Consejo. A veces se usa como una cuarta instancia, se usa como un método, como una presión: “Vos me resolvés así, yo te denuncio”. O para recusar a los jueces: “No me gusta un juez, entonces lo denuncié en el Consejo, entonces lo recuso en la causa”. Por supuesto que hay una jurisprudencia que dice que la denuncia tiene que ser anterior al hecho, a la causa, porque si no cualquiera recusaría diciendo “lo denuncié”. Entonces, creo que por ahí esos informes que hablan de que solamente un porcentaje muy bajo de las denuncias llegan a tener alguna respuesta sancionatoria para los jueces, es un informe que por ahí no tiene en cuenta la cantidad de denuncias que hay con gente disconforme con los fallos. O sea, habría que hacer un filtro en todo eso. Y para eso había una herramienta que tenía el Consejo antes, que ahora no la está aplicando por decisión del presidente de la comisión, que es el rechazo in limine. O sea, cuando algo era totalmente insustancial digamos, el cuerpo del Consejo rechazaba in limine la denuncia y el juez, porque el juez tiene que estar tranquilo también, para garantizar la independencia del juez. A ningún juez le gusta tener cuatro procesos disciplinarios abiertos, aunque sean sencillos, porque no deja de ser una molestia.
Entonces, creo que hay que agilizar todo eso y desechar lo que es insustancial, que no tiene sentido, o que tiene que ver con contenido de sentencias y quedarse con lo otro que que es muy poco. Dicen que el 80% de las denuncias tienen que ver con contenido de sentencias. Entonces queda poco y con eso poco hay que ver qué hay, si hay algún caso en el que haya que avanzar, ya sea en una sanción disciplinaria o en un jury, quedarse con esos casos y avanzar en eso.
—Lo que está diciendo es que muchas veces se usa el proceso de denuncia, o de intento de remoción de un juez, para en algún punto limitar la independencia de los jueces, del Poder Judicial.
—Sí, como una forma de presión. Como una forma de presión que a veces puede ser mediática o puede ser justamente a partir de algún abogado disconforme con la sentencia y decir “mirá, si vas a seguir fallando de esta forma, yo te denuncio”.
—¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades presupuestarias del Consejo de la Magistratura?
—Para mí, hoy en día, las prioridades presupuestarias, además de infraestructura que tenga que ver con la parte edilicia, que el Poder Judicial tiene muchas falencias en ese sentido, hoy para mí es la tecnológica. Todo lo que tenga que ver con sistemas, con la inteligencia artificial. O sea, son herramientas que para los jueces son invaluables. Yo creo que hay que darle prioridad a todo lo que es tecnología para que los jueces tengan herramientas para resolver. Y después la infraestructura. Un juez que está en un juzgado que se le cae el techo encima, como ha pasado, tampoco está en las mejores condiciones para resolver y para actuar independientemente. Entonces, hay que atender a las cuestiones de infraestructura y a las tecnológicas, que es lo principal. El mejor ejemplo es lo que me pasó a mí. El edificio del juzgado se crea en el 2006, empieza a funcionar en una casita en Sáenz Peña, que era lo que se consiguió. Se compró un edificio en el 2007, en Caseros. Hubo distintos llamados a licitación, hubo un comienzo de ejecución de obra de una empresa que quedó trunco. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos mudamos? ¿Cuándo terminaron? 2024. O sea, estuvimos dieciocho años con un edificio comprado sin poder mudarnos y ahora estamos en un lugar espectacular, todos los juzgados deberían ser así pero son procesos que a veces se hacen demasiado largos. Yo probablemente, con el tiempo, con el tiempo que estuve en el edificio viejo, me jubile con el nuevo, no pueda estar el mismo tiempo que estuve en el nuevo por mi edad.
—¿Cree que la incorporación de nuevas tecnologías ayudaría a resolver uno de los grandes cuestionamientos que tiene la justicia, que son los plazos, la duración de los procesos?
—Sí, yo creo que sí, que con la ayuda bien empleada y bien instruida de la inteligencia artificial se podrían abreviar muchos plazos, resolver muchas cuestiones que por ahí requieren…o sea, la inteligencia artificial es un auxilio importantísimo. Por supuesto que hay que saber cómo usarlo. Hemos visto a veces gente que no la sabe usar tanto y ha leído la última de lo que a veces la inteligencia artificial te pregunta: “¿Querés que te dé más información o algo así?” Hasta han leído eso, ha quedado muy en evidencia que no han corregido ni actuado porque la inteligencia artificial a veces se equivoca. Entonces, eso ayudado del conocimiento y de la formación, puede ser una muy buena herramienta para agilizar los procesos.
—¿Para qué sirve la feria judicial? ¿La cambiaría?
—La feria judicial, digamos, no solamente es un receso para los que trabajan en tribunales y para los jueces, sino que también lo es para los abogados. Los abogados tienen permanentemente términos que les corren. Si no hubiera feria judicial, ellos no podrían tener un momento para descansar. No es un privilegio del Poder Judicial, sino que también tiene un sentido práctico. El horario de tribunales, que en un momento era más tarde, empezaba más tarde y se hizo desde las siete y media hasta la una y media para que los abogados pudieran atender a la tarde en sus estudios. Entonces, lo mismo pasa con la feria judicial. En la feria judicial no corren los términos, no hay audiencias fijadas, entonces sirve también para el profesional para que tenga un momento de poder tomarse vacaciones, sobre todo en los estudios chicos, porque en los estudios grandes se pueden reemplazar. Pero el profesional que tiene un estudio chico y atiende él solo con alguno más, si no estaría pendiente, le vence un término en julio o en enero y debería estar presente, contestar. Así que no es solamente para mí una cuestión de privilegio. Lo que sí, también podría ser pasible de alguna corrección si hace falta, en cuanto a que la persona que recién entra ya tiene un mes y medio de vacaciones. Quizás con la antigüedad, más allá de la feria, en la feria se queda mucha gente, se quedan guardias, entonces que aquellas personas que por ahí no tienen la antigüedad suficiente por ahí no tengan todos esos días de vacaciones.

—Estamos a pocos días de las elecciones en el Consejo y como cualquier elección tiene sus internas. Hay una escisión en la lista Celeste. Desde su lista, ¿esa división adentro de la lista Celeste puede terminar teniendo algún impacto positivo para Compromiso Judicial?
—Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una pena la escisión, porque hay gente, nosotros nos conocemos todos, hay gente muy querida en todos lados. Y creo que la escisión tuvo que ver con la política partidaria que se metió en la interna, que eso es lo que para mí hace daño. Es una opinión personal, por supuesto. Entonces, esa escisión tuvo que ver con sectores que tenían alguna orientación política distinta y no se pusieron de acuerdo con el candidato y creo que es perjudicial para ellos. Sacaron una nueva lista y están compitiendo entre ellos. Los dos se llaman lista Celeste, así que ninguno quiso resignar el nombre. Pero creo que evidentemente esto abre un panorama nuevo, porque los votos de ellos se van a dividir, y nosotros, que en general entramos en un tercer lugar, tenemos muchas posibilidades de entrar en un segundo lugar y a eso vamos. No solamente a eso, sino que queremos que también, por supuesto, si la gente nos acompaña, podamos ingresar dos consejeros, en este caso Maggie Laiño, que es jueza de la Cámara del Crimen acá de Capital, que es la que me acompaña en la fórmula, por decirlo, de los dos primeros consejeros que pueden entrar. Si logramos un número importante de votos, podemos tener dos consejeros.
—¿Dónde reside el equilibrio entre este Consejo más politizado y un Consejo más corporativo?
—En realidad el Consejo no es corporativo en sí, porque tiene muchas corporaciones adentro. Tiene el estamento de los abogados, el estamento de los políticos y el de los jueces. El de los jueces, en realidad, es bastante reducido en función de lo que pasa en otros consejos del mundo. La ley del Consejo habla de que tiene que ser proporcional la representación y hay más políticos que jueces. Tiene mucho peso la parte política todavía en el Consejo. Entonces, lo ideal sería que el Consejo funcione con una representación bien igualitaria y bien paritaria entre jueces, políticos y abogados. De esa forma creo que se despolitizaría más.
También está el tema de si la Corte integró al Consejo. Ahora la está integrando. Yo viví los dos Consejos, el Consejo de trece y el Consejo de veinte, porque el cambio fue cuando yo estaba de consejero antes. Hay que adaptarse a que también si la Corte preside el Consejo es algo totalmente distinto, porque la Corte tiene una autoridad mucho mayor que la que podría tener un consejero que ocasionalmente es elegido presidente.
—Vuelvo al inicio de su carrera. Hablamos de esta negativa inicial a pensar en una carrera vinculada a la política partidaria. Encontró en su rol de juez y en este rol en el Consejo una veta un poco política. Está cursando en este momento una elección. ¿Le parece que se conectaron algunos puntos ahí?
—Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensándolo de esa forma, esa cuestión política que yo tuve en los ‘80, cuando era muy joven me volvió ahora con esta especie de representación de los jueces, esta representación que asumimos para hacer lo que se llama política judicial: no es política partidaria, sino política judicial. Nosotros somos representantes y la voz de los jueces en el Consejo. Entonces, para mí es un honor que me elijan mis colegas para representarlos. Es una responsabilidad, porque también nos llaman por teléfono y nos dicen: “¿Qué pasa con esto?”. Tratamos de atender todos los llamados de la gente que tiene algún problema disciplinario o que tiene algún problema de infraestructura, que nos ha pasado con los juzgados federales del interior. Y la verdad que sí, que yo me siento otra vez cumpliendo un servicio, como cuando en su momento empecé a estar en actividad en el centro de estudiantes hace varios años.
Así que sí, de alguna forma se conectan. Yo siempre tuve esa inquietud y ahora ya con esta función que he ejercido y que me puede llegar a tocar de vuelta siento que uno puede brindar un servicio a sus colegas. Y es una cuestión que es casi parte de satisfacción personal, porque yo no logro nada a cambio de eso. O sea, yo logro estar en el Consejo, representarlos, yo en lo personal me llevo el beneplácito de poder estar ayudando a mis colegas. Pero en lo personal es eso, no tengo ninguna ventaja particular de eso, más tratar de resolver estos problemas. Y creo que eso tiene que ver con alguna vocación de servicio que me habrá quedado de aquel entonces.
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