El desempleo se ubica como la principal preocupación en la Argentina, con 33,2%, y a la corrupción en segundo lugar, con 28,3%. La inflación quedó tercera con 11,2%. Los datos surgen de una encuesta de la consultora Synopsis.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis, dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y planteó una distancia entre indicadores macro y la experiencia cotidiana. “Uno ve una economía argentina que ofrece buenos resultados. Pero una economía de los argentinos que ofrece malos resultados”, indicó.

Romero explicó que Synopsis realiza un seguimiento de manera mensual desde hace más de 10 años. Según precisó, tomaron una decisión metodológica: sostener un listado fijo de preocupaciones para poder comparar series en el tiempo.

“Si yo cambio el listado, ya pierdo la perspectiva evolutiva”, sostuvo. Agregó que existe una “restricción metodológica” porque modificar opciones impide comparar los resultados de un mes con otros períodos.

La percepción económica y el dato

Romero definió la percepción social como un insumo político. “La percepción del público también es un dato en sí mismo”, afirmó. Y cuestionó el encuadre del debate entre datos oficiales y percepción. “El mejor observador para determinar cuál es la situación de sus ingresos es el propio individuo”, dijo, al hablar sobre cómo se construye la evaluación del rumbo económico.

En ese marco, Romero describió el resultado que destacó del estudio. “El 60% nos dijo que está cayendo leve o cayendo fuerte”, afirmó. “Por eso digo, para la percepción del público, la economía está en recesión”, agregó.

La diferencia entre “la economía argentina” y “la economía de los argentinos”

Romero sostuvo que la percepción se apoya en dos variables. “Seguramente uno va a identificar dos indicadores muy relevantes y muy por encima del resto: cuál es la situación del empleo y cuál es la situación del ingreso”, dijo.

Al mismo tiempo, el politólogo describió la disociación que observa en el contexto actual. “Uno ve una Argentina que en términos de ingresos está muy bien. Tanto en pesos con superávit fiscal como en dólares con superávit comercial, pero uno ve que los ingresos de los argentinos están muy mal”, afirmó.

Sobre el programa económico, fue directo. “En esas dos variables este programa económico no le está ofreciendo resultados a la gente”, dijo. Sánchez planteó la discusión sobre un “punto de equilibrio” entre crecimiento y efectos sociales. Romero lo conectó con la sostenibilidad política del rumbo: “En democracia se vuelve sustentable si hay legitimidad popular”.

Por qué el desempleo aparece arriba y qué papel tienen los ingresos

Entre otras cosas, el especialista dijo que el primer lugar del desempleo llamó la atención al compararlo con indicadores laborales. “Uno mira los indicadores de desempleo y si bien este es un proceso que está destruyendo más que creando empleo, no estamos en crisis de empleo”, afirmó.

Para entender ese contraste, explicó que abrieron un relevamiento específico de preocupaciones económicas. “Hagamos un listado más exhaustivo, pero solo de preocupaciones económicas. Y eso lo venimos haciendo desde comienzos de año”, dijo.

En esa ampliación, señaló un hallazgo. “Muchos de los que dicen desempleo en ese listado de opciones nos dicen ingresos, ingresos bajos”, sostuvo.

Gastos fijos, tarifas y consumo: cómo se forma el malestar

Romero vinculó la presión sobre los ingresos con cambios en la estructura de gastos. Dijo que el proceso de “ordenamiento de precios relativos” impactó en el bolsillo. En detalle, el especialista contó que “la gente gasta más en costos fijos, más en servicios y más en transporte”, afirmó. Planteó que ese aumento recorta el margen para consumo de bienes y actividades de esparcimiento.

Al mismo tiempo, el especialista explicó que la encuesta se traduce en un clima social de “malestar, está el enojo, está la indignación y está el rechazo”, afirmó. Luego ubicó el momento actual: “Estamos en escala entre malestar y enojo”.

El politólogo vinculó la desmovilización con la representación política y con experiencias recientes. “Cuando la gente sale a la calle, la gente no es zonza y sabe que su malestar o su indignación expresada en la calle puede ser aprovechada por alguien”, dijo.

En ese punto, citó un dato de otro relevamiento de imagen. “Nos apareció un 32% de los consultados que no tenían imagen positiva ni de los Milei, ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof”, afirmó.

Agregó otra cifra dentro de ese grupo. “Y de ese 32%, 15, casi la mitad, no tenía imagen positiva de ninguno de los dirigentes que evaluamos”, sostuvo.

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desempleo

Quienes hablan con Javier Milei todos los días repiten prácticamente lo mismo. “No razona como un político tradicional, a esta altura cualquiera le hubiera pedido la renuncia al jefe de Gabinete. Pero lo va a sostener sin ningún tipo de dudas”, afirman en Casa Rosada, descartando las versiones de que Manuel Adorni podría irse mientras se dispute el Mundial 2026.

En el Gobierno esperan que en un lapso menor a una semana se presente la tan ansiada declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Ese será el primer elemento para conocer cómo se produjo el incremento patrimonial reciente del funcionario, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py.

El Presidente ya hizo su análisis del caso y enfatizó que cree en la inocencia de su ministro coordinador. Ya han pasado más de dos meses desde la controversia que comenzó en los albores del Argentina Week, cuando el caso solamente se limitaba a la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial. Los que rodean al Presidente creen que ya se pagó el costo mayor de ese hecho. Además consideran que ahora se arribó a una relativa tranquilidad porque el tema cansó en la agenda pública debido a que no surgieron mayores novedades.

“Gracias Rufus”, era una de las frases que se escuchaba la semana pasada entre quienes festejaban que la masividad del caso Adorni había bajado. La referencia es a la cuenta @RufusPeriodista, disparadora del nuevo episodio de la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem, que hace unos días fue la comidilla de todos los programas políticos.

“Estas dos semanas tuvimos una tranquilidad como no sucedió desde marzo”, confirman quienes hablan con el jefe de Gabinete. Esto podría ser momentáneo, admiten. El asunto es que la presentación de la declaración jurada configurará un hecho que será noticia en la previa, durante el mismo día e incluso en las jornadas sucesivas. “Creo que estamos viviendo una tensa calma, muchos están tomando impulso para volver a arrancar. Si me preguntás a mí, yo no soy optimista de que eso se mantenga. Van a querer hacer de esto una carnicería mediática”, vaticina un colaborador oficial del Gobierno en diálogo con Infobae.

Una persona que estuvo con Adorni en la reunión de mesa política de ayer lo vio con ánimos, pero confiesa que hay días en los que el desgaste de estos meses “se le nota”.

“No entiendo por qué se habla sobre mis estados de ánimo. No niego que al principio haya podido pegar, pero estoy bien. Es una pelotudez que se hable de esos temas”, le ha dicho el ministro coordinador a un interlocutor recientemente. Los fines de semana busca relajarse con su nueva afición al tenis, mientras espera los próximos pasos de su estrategia.

Adorni podría haber presentado su declaración jurada hace tiempo, pero su equipo judicial marcó que los tiempos debían ser otros. “Depende de la marcha de la Justicia, no es tan lineal”, explicaba sobre la demora una fuente inobjetable para un artículo publicado por Infobae una semana atrás. Horas después de haber salido la nota, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentaba su declaración jurada como una forma de presión implícita. “No le vamos a dar el gusto de presentarlo cuando ella quiere”, marcaban en el Gobierno durante esas horas.

Ante la inminencia de que Adorni haga públicos sus números patrimoniales, en los últimos días surgieron versiones periodísticas de que el juez que lleva la causa, Ariel Lijo, podría llamarlo a indagatoria.

Esto no es lo que creen en las entrañas del oficialismo: la lectura libertaria es que habrá un revival mediático del caso a partir de la declaración jurada, pero estiman que a nivel judicial no se producirá ningún llamado en el corto plazo; y mucho menos antes del Mundial.

“Realmente no creo que eso ocurra. Me parece que no tiene ningún sustento jurídico pensar que lo van a citar por estas semanas”, afirma una fuente libertaria con amplio conocimiento del desarrollo de la investigación. Lo mismo opinaban dos funcionarios que dialogaron con este medio previamente. Esto, claro está, no implica que eso se vaya a sostener en la realidad.

En lo que refiere a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, consideran que “para hacer una imputación debería tener período por período cuál habría sido el delito, los montos, entre otras cosas; tiene que existir algún peritaje contable previo”. “Creo que lo que estuvimos viendo en los medios por estos días tiene más que ver con el periodismo metiendo presión para que ocurra más que los propios actores del proceso alentando eso. Es el fiscal quien tiene delegada la investigación, con lo cual él trabaja independiente del juez para pedir o no la indagatoria”, fundamentan.

La declaración patrimonial será revisada por peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), quienes cotejarán los datos presentados con la evidencia reunida en la causa judicial. En la fiscalía de Gerardo Pollicita -quien lleva la investigación de la causa- es que la prioridad de Adorni es que los números cierren desde el punto de vista legal, independientemente de la percepción pública sobre el volumen y destino de sus gastos.

Entre las especulaciones está que Lijo pueda llamarlo a indagatoria en la causa por el vuelo a Punta del Este, en la cual se lo acusa de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El juez espera una última medida de prueba: el entrecruzamiento de llamados entre Adorni, Marcelo Grandio y un directivo de la empresa vinculada a la productora que obtuvo contratos con la TV Pública. En la causa por enriquecimiento ilícito, la Justicia inició la semana pasada la extracción del contenido del teléfono de Matías Tabar, el contratista que fue elegido por Adorni para demoler y reconstruir la casa del country Indio Cua. Según publicó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, los peritos informáticos habrían sido capaces de recuperar el contenido de los audios temporales enviados por el funcionario.

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La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. La sanción se dio este jueves, tras un reclamo que cobró fuerza después del asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Laboulaye.

La nueva norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal. La figura de querellante habilita a proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer un control más directo sobre la investigación fiscal. El proyecto también contempla que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables pudieran constituirse como querellantes.

La sanción se produjo durante la 8ª sesión ordinaria que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de bloques opositores. La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el texto final surgió del trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, con aportes de Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.

Qué derechos incorpora la nueva ley

La respuesta central que incorpora la ley es concreta: en Córdoba, una víctima de delito deberá ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad; contará con medidas para evitar su revictimización; recibirá atención y protección especial si se encuentra en situación de vulnerabilidad; y deberá acceder a ayuda y asistencia con la mayor rapidez posible, según la normativa.

El nuevo régimen normativo garantiza trato digno, privacidad, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y participación activa en audiencias relevantes.

Ese marco ordena estándares mínimos de tutela, información, asistencia, protección y reparación. También fija patrones de actuación para operadores estatales judiciales y administrativos desde el primer contacto con la víctima, de acuerdo con el texto oficial.

La definición legal de víctima también queda ampliada. Incluye a la persona directamente ofendida por el delito; al cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos cuando el hecho haya causado la muerte, desaparición o una afectación física o psíquica que impida a la persona ejercer sus derechos.

El gobernador Martín Llaryora sostuvo en su cuenta de X que “el proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”.

El caso que impulsó el cambio

El crimen que fomentó la nueva ley ocurrió el 29 de junio de 2023: el cuerpo de Joaquín fue hallado después de tres días de búsqueda en una casa abandonada cerca del colegio al que asistían ambos adolescentes, Joaquín Sperani de 13 años y su amigo, de 14, quien declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro: fue declarado inimputable bajo la legislación vigente.

El magistrado, confirmó entonces, que el joven “reconoció ser el autor del crimen” y que, de acuerdo a fuentes de la investigación, el relato coincidía con lo reconstruido a partir de imágenes de tres cámaras de seguridad en las que se veía a ambos ingresar a un baldío.

Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo” y admitió que actuó solo tras una discusión, en la que tomó un fierro y golpeó a la víctima en la cabeza.

En un tramo de su declaración el compañero de colegio de Joaquín “dijo que no tuvo intención de matarlo”. El joven de 14 años permaneció alojado en “situación de encierro preventivo” en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba. Tiempo después fue liberado por la Justicia.

En octubre de 2024, la familia de Joaquín demandó civilmente al Gobierno provincial y a los padres del adolescente señalado como autor por $600 millones. En febrero de 2025, ganaron la demanda.