POLITICA
El Gobierno quiere refundar los tribunales federales de Comodoro Py 2002
El Gobierno se imagina refundando los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el fuero estratégico donde se tramitan las causas por corrupción de los funcionarios. Nunca un gobierno tuvo tantas posibilidades como el actual para ocupar vacantes con candidatos propios, que le den una nueva impronta al fuero federal porteño.
Esta semana, según adelantaron fuentes oficiales a , el Gobierno enviará al Senado 60 nuevos pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales, cuyos concursos ya fueron aprobados y cuyos lugares están vacantes.
La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia aceleró el envío al Senado de un centenar de pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes que llegan a casi el 40% de la Justicia nacional y federal, lo que la dejaba al borde de la parálisis.
Entre los nuevos pliegos que serán enviados al Senado hay camaristas del interior del país, cuyos nombres fueron acordados con gobernadores para facilitar su votación, y muchos fiscales federales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.
Los pliegos que tienen mayor significación política son los de los candidatos a ocupar los tribunales orales federales, que son los que dictan sentencia en los casos de corrupción luego de los juicios orales y públicos de funcionarios y exfuncionarios.
“Nunca tuvimos tantos caramelos para repartir como ahora”, se entusiasman en el Gobierno.
Hay seis vacantes en los tribunales orales federales, lo que provoca que los jueces deban turnarse entre ellos para cubrirse y se demora la realización de los juicios. Uno de los tribunales orales federales, el 6, no tiene ningún juez titular; son todos suplentes.
Así, actualmente hay importantes juicios donde los jueces solo tienen audiencias una vez a la semana, pues deben repartirse con otros juicios y otros tribunales.
En el caso de los Cuadernos de las Coimas, las audiencias son dos veces por semana, por ejemplo.
Entre los tribunales que van a completarse con los pliegos que envíe la semana próxima el Senado está el Tribunal Oral Federal N° 5, donde está radicada la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo, entre otros acusados de supuesto lavado de dinero.
Hoy integran ese tribunal la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado. Subroga como suplente el juez Juan Michilini.
El juez Obligado fue separado de la causa Hotesur, pues sobreseyó a Cristina Kirchner sin juzgarla, y su colega Fernando Machado Pelloni ocupa su lugar.
Ahora se enviará el pliego del titular que complete el tribunal que juzgue a Cristina Kirchner, en lugar de Michilini, quien es suplente.
Los ternados para estos tribunales orales federales de los cuales saldrán seis candidatos son en la primera terna: Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Pacilio, Mariano Cartolano; en la segunda terna: Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico; en la tercera terna: Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón; en la cuarta terna; Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; en la quinta terna: Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios y en la sexta terna: Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.
Además, el Gobierno ya tomó la decisión de renovar la mitad de la Cámara Federal porteña. Se decidió a no enviar al Senado el pliego del camarista Martín Irurzun para darle un nuevo acuerdo por cinco años, dijeron altas fuentes oficiales a .
Es que Irurzun es un histórico de la Cámara Federal, que cumple 75 años el 18 de julio y, según la Constitución, si no logra un nuevo acuerdo, debe jubilarse.
Con la salida de Irurzun se acaba una época en los tribunales de Comodoro Py 2002 que comenzó en la década del 90 con la inauguración del edificio judicial
Irurzun presidió la Cámara Federal y tuvo ascendencia sobre sus colegas de la primera instancia. Manejó asuntos disciplinarios y no dudó en apartar de un caso a un juez ante la sospecha de que no lo guiaba la recta administración de justicia. Manejó no solo la cuestión administrativa, sino la gestión política del tribunal.
Era la cara de los jueces federales ante la Corte Suprema de Justicia cuando la presidía el juez de la Corte Ricardo Lorezetti.
Orientó la jurisprudencia de la Cámara Federal, por ejemplo con su doctrina, donde entendía que se debía ser restrictivo negando las excarcelaciones de exfuncionarios, pues sostenía que tenían un poder residual que podía entorpecer la búsqueda de evidencias en las causas en su contra.
El voto de Irurzun, acompañando a su entonces colega Horacio Cattani en la defensa del derecho a la búsqueda de la verdad con los desaparecidos, fue clave. Eran las épocas en que las leyes de obediencia debida y punto final impedían seguir con los juicios de lesa humanidad, pero Cattani impulsó que la idea del derecho a la verdad de las víctimas de conocer lo ocurrido con sus familiares era el motor para seguir adelante con las averiguaciones, independientemente de si había o no castigo.
Martín Irurzun acompañó a Horacio Cattani en varios de los fallos vinculados a ese concepto del «derecho a la verdad”, y se mantuvieron unidos y firmes en la postura de continuar con las averiguaciones sobre el destino de los desaparecidos cuando integraron la Sala II de la Cámara Federal durante años, cuando eran conocidos por votar frecuentemente en el mismo sentido.
Era la Cámara Federal donde Marcelo Martínez de Giorgi era un tímido secretario que ocupaba un escritorio cerca de la que es hoy es su esposa, Ana Juan. Martínez de Giorgi. Allí, De Giorgi cultivó durante gobierno de Néstor Kirchner un estrecho vínculo con el exhombre fuerte de la SIDE Jaime Stiuso.
De Giorgi hoy es juez federal, tiene el caso $LIBRA y sorprende como avezado golfista en los links de Miami.
Su mujer está a punto de ser jueza federal en Hurlingham.
La salida de Irurzun abre un hueco en la Cámara Federal, que debe completar el Consejo de la Magistratura convocando a un nuevo concurso.
“Es un momento bisagra y la salida de Irurzun es todo un símbolo para un cambio en Comodoro Py”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo.
El Gobierno, además, busca reconfigurar toda la Cámara Federal, con el envío de los candidatos para ocupar el lugar de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron jueces trasladados durante el macrismo a ese tribunal clave y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir esas vacantes y que los trasladados vuelvan a sus viejos cargos.
Bertuzzi concursó por su cargo en la Cámara Federal y quedó ternado en la votación de la Comisión de Selección, con lo que es probable que su pliego se abra camino y sea enviado para cubrir su propio cargo.
Otra es la situación de su colega Leopoldo Bruglia, más cerca de la jubilación. Reclamó ante tribunales internacionales por su cargo, pero es probable que finalmente sea reemplazado.
Despunta en el concurso para ocupar su lugar el juez Pablo Yadarola, cercano al ministro Mahiques. También está entre los ternados la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
La Cámara Federal la completan los actuales camaristas Mariano Llorens, Eduardo Farah, de tradición judicial, y Roberto Boico, que llegó de la mano del kirchnerismo.
En los juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002 hay cuatro vacantes, pero esos concursos aún no avanzaron lo suficiente.
El Gobierno sigue con expectativa estos concursos a partir de la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo.
Pero los candidatos afloran por todos lados. Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa contra Manuel Adorni por sus bienes, tiene su propio candidato para el juzgado federal 12: Diego Arce, uno de sus secretarios.
Así el concurso 433, del juzgado federal 12, en la vacante que dejó Sergio Torres al ir a la Suprema Corte bonaerense, avanzó hace años hasta la etapa de impugnaciones y orden de mérito provisorio. Entre los mejores ubicados aparecía Arce, secretario de Lijo, Julio Miranda y Leonel Gómez Barbella.
A Lijo ya le fue bien proponiendo a Tomás Rodríguez Ponte, su otro exsecretario, cuyo pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, para cubrir el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, que es subrogante, también aspira a quedar definitivamente nombrada en su fiscalía. También está vacante el cargo de fiscal ante la Cámara Federal, tras la muerte de Germán Moldes.
El juez federal que no logró el año pasado coronar su carrera como juez de la Corte Suprema de Justicia no abandona las esperanzas de ser Procurador General de la Nación.
El Gobierno cifra sus esperanzas de ver congelado el caso Adorni en la supuesta falta de evidencias de enriquecimiento ilícito, en la próxima presentación de su declaración jurada de bienes y es esa larga “lista de deseos” de Lijo. En el juzgado no comparten ese escenario.
En este cruce de nombres y relaciones tramitan las causas judiciales que importan al Gobierno, ya sea porque afectan a sus funcionarios o porque hunden a la oposición: son Andis, el caso $LIBRA, el caso de los créditos hipotecarios del Banco Nación que tomaron funcionarios, las supuestas coimas para obtener permisos de exportación cuando Sergio Massa manejaba la Economía o el rulo del dólar blue.
Además de estos casos, entre los pliegos que están en el Senado y que aún no consiguen la firmas en su dictamen se cuentan los de los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania.
Resistidos por un sector del oficialismo y apoyados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Si bien se dijo que sus pliegos iban a ser retirados por supuestas cercanías con la AFA, nada de esto ocurrió.
Están candidateados para integrar la Cámara en lo Penal Económico que debe decidir si confirma o no el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA.
Pero antes de que sus nombramientos se decidan, es probable que los actuales integrantes de esa cámara resuelvan la situación de Tapia y del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, acusados de retener aportes patronales.
La bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) que preside Patricia Bullrich (Capital) en el Senado no está decidida a darle las firmas que necesitan sus dictámenes, pero sus postulaciones siguen encima de la mesa.
En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero. Sin embargo, esa decisión fue a pedido del fiscal, confirmada por la Cámara de Casación y dejada firme por la Corte.
Los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento. Sin embargo, los pliegos siguen allí.
Hernán Cappiello,Justicia Federal,Tribunales,Conforme a,Justicia Federal,,Insólito. Un jubilado dice que los bancos le prestaron mal y ahora pide su propia quiebra,,Hundió a Bailaque. Conmoción en el juicio: el contador que compartían un juez federal y un jefe narco aceptó ser arrepentido,,Indemnización. Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana
POLITICA
Un intendente rompió en llanto durante una entrevista por los despidos en Río Tercero: “No duermo, no como”
El intendente de la ciudad cordobesa de Río Tercero, Mario Rivarola, se quebró este sábado durante una entrevista por los despidos que el Gobierno nacional dispuso en el complejo turístico de Embalse, dijo que “no duerme ni come” y que en el Poder Ejecutivo nacional “no les dan bolilla”.
“Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”, expresó el jefe comunal en declaraciones al streaming de La Voz del Interior.
Y añadió: “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?“.
“Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las 4 de la mañana y estaba despierto porque digo: ‘No sé qué hacer’. Estoy desesperado, es muy duro”, agregó, con la vo quebrada.
Qué pasó
A menos de un mes de que el gobierno de Milei habilitara la venta del complejo Unidad Turística Embalse, el 26 de mayo último fueron despedidos los 40 empleados que se desempeñaban en esas instalaciones.
Por el Decreto 322/2026 se habilitó, a comienzos de este mes, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”. Entre ellas, Embalse de Río Tercero.
Pedido a Milei
El intendente Rivarola, que pertenece al peronismo, exhortó al Gobierno nacional y pidió que el Presidente “llame a los gobernadores y trabajen en conjunto”.
“Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores”, abundó.
los despidos que el Gobierno nacional dispuso en el complejo turístico de Embalse,Río Tercero,Conforme a,,Tras el desalojo. El Gobierno pasó a disponibilidad a los empleados del hotel estatal de Chapadmalal,,Revés para el Gobierno. La Justicia falló a favor de ATE y frenó los despidos en el INTI,,El achique del Estado. El Gobierno despide a los trabajadores del complejo hotelero de Embalse que ordenó cerrar,Río Tercero,,Tiene 15 años. Apareció la adolescente de Río Tercero que era buscada en todo el país,,Reconstrucción 3D. A 30 años: así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción,,A 30 años de la explosión. De 8000 indemnizaciones por el estallido de la fábrica militar de Río Tercero se terminaron pagando 196
POLITICA
Etiquetado Frontal: el cruce de una diputada del PRO que busca derogar la ley con una nutricionista
En Infobae a la Tarde, la diputada Daiana Fernández Molero y Ana Cáceres, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), protagonizaron un debate sobre el proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021.
El eje de la discusión giró en torno a la presencia obligatoria de advertencias sobre nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados y las implicancias para la salud pública y el comercio.
El Gobierno propone eliminar los octógonos de los alimentos ultraprocesados
“Lo que quiere el Gobierno es borrar de un plumazo la Ley de Etiquetado Frontal, terminar con los octógonos”, sintetizó Maia Jastreblansky al presentar el tema. La diputada Daiana Fernández Molero, promotora de la derogación, defendió la iniciativa: “La verdad de lo que está pasando en el país y la verdad de lo que contienen los alimentos. La ley fue resultado de un amplio debate democrático […] basado en la evidencia científica libre de conflictos de interés”, señaló.
Según Fernández Molero, “cuando todo tiene sello, nada tiene sello. Se convierte en una parte del paisaje. Si yo tengo un semáforo que está permanentemente en rojo, después lo cruzo, porque ya está, no funciona el semáforo”.
Planteó que el perfil de nutrientes adoptado por Argentina —basado en la OPS— es más restrictivo que el de otros países del Mercosur, lo que “condiciona a que casi todos los productos lleven sellos, sin distinguir matices nutricionales”.
Ana Cáceres, por su parte, defendió el espíritu de la ley: “El sistema de perfil de nutrientes de OPS es el más riguroso, es el que impacta en la mayor cantidad de productos ultraprocesados. Los sellos informan, no prohíben. Es una herramienta para proteger a las infancias y a los sectores vulnerables”. Subrayó que “la ley argentina no es sólo el etiquetado, también regula la publicidad, los entornos escolares y avanza sobre las compras públicas”.
El impacto en los hábitos de consumo y la opinión pública
Durante el intercambio, se repasaron datos del Ministerio de Salud que muestran el efecto de la ley en el comportamiento de los consumidores: “El 43% de los consumidores tiene en cuenta los sellos a la hora de comprar, el 90% está de acuerdo con los sellos en los paquetes”, detalló el panel. “El 58% dejó de comprar un paquete de galletitas al ver los sellos, el 57% lo tuvo en cuenta al elegir bebidas, y el 48% en yogures”.
Cáceres reforzó el valor social de la normativa: “Los hogares más vulnerables son los que más valoran la ley, porque les permite tomar decisiones rápidas e informadas en la góndola. Los adultos mayores también se benefician, porque ya no necesitan leer la letra chica: el octógono les indica claramente qué nutrientes pueden afectar su salud”.
Fernández Molero, en cambio, cuestionó la utilidad real de los sellos: “No informa mejor al consumidor. Elegimos un perfil de nutrientes basado en la OPS que es muy distinto al de Chile, Brasil y Uruguay, y que termina generando que casi todos los productos tengan sellos. No hay incentivos para que la industria reformule sus productos, y además se dificulta la exportación porque cada país del Mercosur tiene un sistema distinto”.
El dilema entre salud pública y armonización comercial
El debate abordó el trasfondo regional y las presiones del comercio internacional. “En el Mercosur se está discutiendo una posible armonización del sistema de etiquetado”, explicó Fernández Molero. “Argentina quedó atada por ley a un perfil de nutrientes muy rígido, lo que nos resta capacidad de adaptarnos y negociar con otros países. Si queremos vender alimentos al mundo, necesitamos un sistema que nos permita dialogar”.
Cáceres respondió: “No estamos en contra de la armonización, siempre que no implique un retroceso en la protección de la salud. Si los estándares bajan, perdemos una herramienta que es modelo en la región y que costó años de debate y consenso”.
La polémica alcanzó incluso a la definición de qué es un alimento ultraprocesado y cómo debe informarse al consumidor. “No es lo mismo comparar almendras con papas fritas”, remarcó Cáceres, mientras Fernández Molero insistió en la necesidad de revisar los parámetros: “Las grasas y las calorías no deben ser demonizadas, son necesarias en la alimentación. El sistema actual no distingue entre diferentes calidades nutricionales”.
Ambas coincidieron en que la ley es perfectible, pero mientras una defiende su mejora, la otra impulsa la derogación como camino hacia un nuevo marco normativo. El Gobierno espera que el Congreso trate la propuesta en las próximas semanas.
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El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, a partir de una causa identificada como “NN s/ Robo”, originada tras una denuncia presentada por ARSAT.
Según pudo saber Infobae, los investigadores ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas vinculadas al expediente.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, pendrives, documentación y distintos elementos considerados de interés para la pesquisa. Sin embargo, uno de los allanamientos terminó abriendo un nuevo capítulo dentro de la investigación.
El operativo más relevante se realizó en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, domicilio vinculado a Leal. Allí los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.
Además de las drogas, los investigadores secuestraron cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras, grabadoras y anteojos, además de documentación considerada relevante para la causa.
En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.
A partir del hallazgo de los estupefacientes y del dinero, la Secretaría actuante dispuso la detención de Leal en calidad de incomunicado. Posteriormente fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.
Horas más tarde, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza.
El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza. En ese inmueble los agentes secuestraron otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular.
De esta manera, entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las restantes divisas extranjeras y los pesos argentinos encontrados durante los procedimientos.
La causa que derivó en la detención de Leal no estaba enfocada inicialmente en él ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.
Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.
Fue en ese contexto que se dispusieron los quince allanamientos realizados en el marco de la causa, entre ellos los procedimientos efectuados en propiedades vinculadas a Leal.
La detención del ex funcionario también generó repercusión por la trayectoria que desarrolló dentro de la administración pública nacional.
Con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Leal construyó gran parte de su carrera en ARSAT, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia de la compañía estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.
Permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.
Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.
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