POLITICA
El Gobierno les ofreció un aumento salarial del 24% a las universidades a cambio de que retiren la demanda judicial por el financiamiento

En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
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“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
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POLITICA
Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.
Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.
Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.
Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.

En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.
En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.
“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.
No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.

En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.
Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.
Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.
También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.
Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.
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POLITICA
La insólita justificación de un concejal que le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Luego de que se hicieran públicas las imágenes de la cámara de seguridad donde se lo ve tocándole la cola a una compañera de trabajo en la dirección de Tránsito de San Isidro, el concejal libertario Alberto Montes intentó cerrar la polémica con una frase que generó más indignación: “Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”.
La “broma” a la que refiere Montes consistió en entrar a una oficina y tocarle la cola a una mujer que estaba de espaldas trabajando.
La reacción de la víctima fue inmediata —un golpe de puño defensivo—, pero para el funcionario, el problema no fue su conducta, sino la “difusión política” que se le dio al caso por su condición de candidato en aquel entonces.
Un acuerdo millonario y la “teoría del chiste”
Por el hecho, Montes tuvo que pactar en el fuero civil un resarcimiento económico de 12 millones de pesos para la víctima. El cronograma de pagos, que según fuentes judiciales habría sufrido atrasos, se divide en cuotas que van desde el millón hasta los tres millones de pesos.
“Hubo un pedido de disculpas y de acuerdo”, se limitó a decir Montes ante la consulta de TN, intentando instalar la idea de que el conflicto está resuelto. Sin embargo, su estrategia de defensa omite un detalle clave: el dinero no compra el cierre de la causa penal.
Mientras el concejal espera que la justicia homologue el acuerdo civil, el Juzgado Correccional Número 5 mantiene firme la causa penal bajo la carátula de Abuso Sexual. A diferencia de lo que Montes planteó en su escueto descargo, la fiscalía y la querella no han dado marcha atrás en la búsqueda de una condena.
En octubre, el edil deberá sentarse en el banquillo de los acusados para un juicio oral. La Justicia ya le denegó previamente el pedido de sobreseimiento, entendiendo que las pruebas (el video) son “elocuentes”.
Silencio oficial y sueldo bajo la lupa
Con un sueldo neto de dos millones de pesos y la prohibición legal de ejercer otra actividad comercial, la oposición se pregunta cómo hará el concejal para afrontar cuotas de hasta tres millones de pesos.
Desde el bloque de Fuerza Patria, la concejal Estefanía Rivadulla fue tajante: “No podemos hablar de valores y respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a la comunidad”. Por ahora, Montes sigue en su banca, sosteniendo que todo fue un malentendido de campaña, mientras la víctima espera que la justicia penal dicte una sentencia que no se pueda pagar en cuotas.
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La exfuncionaria de Morón acusada de narcotráfico sigue prófuga y Lucas Ghi envía a un delegado a la interpelación

La exfuncionaria de la Municipalidad de Morón buscada por la Justicia tras un allanamiento en su casa que derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína se mantiene prófuga y lleva dos semanas en esa condición. En un municipio políticamente afectado por el impacto del caso, el intendente Lucas Ghi sorteará la interpelación que decidió el Concejo Deliberante con la comparecencia en el recinto legislativo de un funcionario de su gabinete.
Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, está prófuga desde la noche del 21 de mayo, cuando se realizó un allanamiento en su casa que arrojó entre sus resultados el secuestro de medio kilo de cocaína. La investigación está a cargo de la fiscalía 9 del Departamento Judicial de Morón.
Ortigoza fue desplazada de su cargo al día siguiente del allanamiento en su casa, ubicada en la localidad de Castelar. La exfuncionaria es parte de una familia militante del partido Nuevo Encuentro, en el barrio San Juan.
Martín Sabbatella, referente de Nuevo Encuentro y exintendente de Morón que aspira a ser candidato a jefe comunal en 2027, protagoniza una dura interna con Ghi en el municipio. Sabbatella responde a Cristina Kirchner; Ghi, a Axel Kicillof. En ese marco de fractura, Ortigoza se ubica junto a Ghi en la pelea, mientras que el resto de su familia se alinea con Sabbatella. Por esa puja con su exjefe político, el intendente apartó de cargos a dirigentes sabbatellistas, entre ellos, responsables del área de género como Cinthia Frías (exsecretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad). El 16 de junio de 2025, Ortigoza fue nombrada directora en el sector.
El caso de la exfuncionaria municipal prófuga de la Justicia sacudió la política moronense y provocó la aprobación de un pedido de interpelación al intendente por parte del Concejo Deliberante. El jefe comunal fue citado para este jueves, a las 9, pero no comparecerá. Según pudo saber , Ghi enviará a un funcionario para brindar explicaciones, aunque aún no definió quién será. Según el artículo 107 inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el intendente puede “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia”.
La interpelación a Ghi se aprobó el jueves de la semana pasada, con votos de concejales sabbatellistas, de La Libertad Avanza y de monobloques, que sumaron 16 voluntades, los dos tercios necesarios para el avance de una iniciativa que se presentó sobre tablas. A Ghi lo respaldaron los concejales propios y los del Frente Renovador, con los que sumó ocho apoyos que resultaron insuficientes para evitar que avance el proyecto opositor.
Además del caso de la exfuncionaria prófuga, en el decreto de la interpelación se mencionó otro hecho delictivo reciente, el de una exempleada de la Secretaría de Seguridad que “fue detenida por formar parte de una red criminal dedicada a realizar extorsiones virtuales”. Se trata de Karen Yael Cufré, empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, que fue detenida en febrero, acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.
La tensión política que se derivó de la huida de Ortigoza es tal que el oficialismo de Morón considera que el sabbatellismo y la oposición se asociaron para destituir a Ghi. Para sostener esa hipótesis, cuentan con un mensaje de audio atribuido a Gabriel Barquero, un dirigente peronista cercano a Sabbatella, en el que se afirma que van a “echar a un intendente” y que en esos temas “tiene experiencia Martín” (en 1999, Sabbatella presidió la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que destituyó en Morón al intendente peronista Juan Carlos Rousselot).
El PJ de Morón, que está enrolado en las filas de Ghi, emitió un comunicado en el que señaló que “la interpelación impulsada por concejales de La Libertad Avanza y el sabbatellismo refleja el contubernio de la recalcitrante derecha que gobierna la Nación aliada con sectores que, cegados por el odio y el rencor, acompañaron este proyecto con el objetivo claro de vulnerar la voluntad popular”. El Concejo, se afirmó en el comunicado, busca “desplazar al compañero intendente Lucas Ghi”.
Desde el sabbatellismo, sostienen que el audio atribuido a Barquero es falso y niegan tener ánimo destituyente. “A [el exintendente Ramiro] Tagliaferro lo interpelamos seis veces, nunca concurrió él; el único que fue destituido fue Rousselot”, dijeron a desde ese sector de la política local. En un comunicado, afirmaron que la interpelación “es a efecto informativo” y que “desde el entorno del intendente han pretendido victimizarlo diciendo que ese hecho jurídico e institucional es un intento de destitución”.
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