Javier Milei habló el pasado martes en el Congreso del IAEF ante cientos de empresarios y buscó hacerles una descripción de los pasos que tomó el Gobierno en materia de política económica. Tal y como suele hacer, en la parte final de su alocución dio sus perspectivas de cara a los desafíos que se vienen. “Ahora viene el crecimiento de largo plazo y Argentina tiene vectores concretos. Estamos frente al último trade electoral. Si sale bien, no nos para nadie”, cerró.

Si bien Milei es favorito para ganar los comicios del año próximo, no hay un panorama certero. Los actores económicos tienen motivos para pensar que hay incertidumbres de cara al año próximo producto de las experiencias previas en años electorales. Pese a todo, el Gobierno busca comunicar que los meses que se vienen estarán acompañados por una robustez más importante en los fundamentals de la macroeconomía como el panorama fiscal o el de reservas.

Por ejemplo, esta semana se conoció que el Banco Central alcanzó la meta anual de compra tras sumar más de USD 10.000 millones en menos de medio año, excediendo cualquier expectativa de los analistas financieros. La meta es llegar a USD 17.000 millones. La incertidumbre es lo que sucederá de acá hacia adelante, ya que es altamente probable que crezca la demanda del billete. En un informe reciente, la consultora MAP estimó que entre el déficit de cuenta corriente, amortizaciones y dolarización de carteras se precisará cubrir cerca de USD 65.700 millones.

Es por eso que una fuente inobjetable de la Casa Rosada afirmaba la importancia de que la política acompañe a los esfuerzos del programa económico. “La tensión va a ser mayor si es que las expectativas sobre la reelección de Javier comienzan a relativizarse. Lo económico es lo central, pero la política tiene que acompañar”, afirma una fuente de la Mesa Política, mientras que otra indica: “La situación del oficialismo hasta hace algunas semanas no era ventajosa y no lo sigue siendo hoy, aunque está algo mejor. Todos estamos esperando datos importantes para saber cómo está la situación y cuál es nuestra fortaleza”, marca.

El Mundial de Fútbol será una especie de período en el que la política entrará en una suerte de limbo. Es por eso que muchos dirigentes miran hacia lo que podría suceder después y las conversaciones que se deberán a empezar a diagramar hacia futuro. Ahí es donde surge una cuestión clave: la cúpula del Gobierno sabe que más temprano que tarde deben definir cuáles serán los acuerdos que cerrarán con ciertos gobernadores y espacios dialoguistas, los cuales incidirán en las colaboraciones que puedan tener en el Congreso y, además, en las elecciones del año próximo.

Sigue habiendo matices sobre esos puntos. No está definido -en su totalidad- con quiénes pactar, con qué profundidad hacerlo y cuándo cerrarlo.

“Considero que deberíamos sentar a varios gobernadores cuanto antes y plantearles un acuerdo político. Desplazar la discusión hacia adelante solo va a generar más desconfianza. Si vos coqueteás con las provincias pero les decís que planeas discutir las condiciones más adelante, lo único que les estás diciendo es ‘voy a esperar lo máximo posible para estar en una posición de fortaleza y poder maximizarte todo lo que pueda’. Eso genera desconfianza”, opina una fuente del Gobierno.

Esta persona mira un episodio puntual. Le llama “La Negociación Valdés”. Esto hace referencia a lo que sucedió el año pasado cuando la cúpula del partido nacional decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés para las elecciones provinciales de Corrientes. La Libertad Avanza perdió por amplio margen en las provinciales y en las nacionales sacó un diputado (al igual que el oficialismo provincial). “Pero eso no es lo más importante. Fue una declaración de principios hacia muchos gobernadores sobre cómo ibas a actuar con ellos. Ahí es cuando empezamos a perder votaciones en el Congreso”, considera. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, recibió el jueves a su par bonaerense Axel Kicillof, lo que dejó entrever una nueva posible alianza.

Los estrategas de La Libertad Avanza defienden a muerte todas las posiciones adoptadas el año pasado, pero creen que habrá una posición más aperturista para el año próximo, la cual comprenderá más reglas de juego consensuadas con más gobernadores. “El año pasado vos te jugabas los lugares del Congreso para mantener las reformas. En el 2027 se pone en juego el futuro del país”, resalta uno de ellos, dando a entender la relevancia de lo que se viene.

No son menores las tareas que está realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, en el diálogo con jefes provinciales. Autorizado por el karinismo, se reunió con Alberto Weretilneck (Río Negro), con el tándem Hugo Passalacqua-Carlos Rovira (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con este último también estuvo Lule Menem, el principal hombre de Karina Milei en el partido nacional. El oficialismo ahora quiere mantener conversaciones más fluidas en materia electoral y ahora busca meter en esa ecuación varios de los pliegos judiciales sobre los cuales tiene poder el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El nuevo capítulo de desconfianza en el Gobierno

Vale detenerse en la política judicial. Este segmento es, probablemente, el que mayor divergencia genera entre diferentes sectores del Gobierno. El antecedente que más pesa es el desplazamiento del caputismo del Ministerio de Justicia impulsado por el karinismo en marzo de este año. Los operadores judiciales de la hermana presidencial ahora manejan los tiempos de los envíos de los pliegos de jueces, fiscales y defensores. Esto último generó amplias controversias que fueron cubiertas a lo largo de toda la última semana.

Pero ayer terminó por proliferar un malestar que Santiago Caputo había manifestado en privado días atrás, cuando la Inspección General de la Justicia (IGJ), el organismo judicial que depende en última instancia de Mahiques, le pidió a la Fundación Faro, el think tank fundado por los laderos del asesor presidencial, presentar en un plazo de diez días el listado de donantes, los montos y fechas de las donaciones, además de aclarar sus movimientos financieros.

Caputo reposteó ayer a la noche una nota de La Nación que publicó esa información. “Debe ser una total casualidad”, afirmó. En su entorno atribuyen esa ofensiva al entorno de la hermana presidencial, particularmente a aquellos que constituyen su mesa judicial. Esto se correlaciona con lo que surge desde la otra campana, en la que acusan a los santiaguistas de haber advertido a Milei del nexo familiar que tenía la candidata a jueza María Verónica Michelli y que llevó a que pida dar de baja el pliego varias semanas atrás.

Horas después de publicada la nota que dio lugar a la nueva controversia, fuentes oficiales comentaron a Infobae que ese episodio ya había sido cerrado. “La IGJ solicitó únicamente el cumplimiento de un requisito documental. No implica la detección de irregularidades ni la apertura de una investigación. Informaron donaciones pero se olvidaron de adjuntar un anexo que es pedido por ley. Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”, indicó una fuente oficial al tanto de la controversia.

Habrían existido conversaciones entre altos mandos de Justicia con los de la Fundación Faro que buscarón relativizar esa versión más persecutoria. Cualquiera sea el caso, es una gota de agua más en los mares de desconfianza donde nadan dos de los grupos más influyentes de todo el Gobierno, porque quienes fueron afectados por este episodio acusaron que se les están usando las palancas de la cartera judicial para apretarlos.

No faltó quien cerca de la hermana presidencial comenzó a esbozar que “no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo”. En el caputismo indican que durante su tiempo al mando de Justicia, el fiscal Eduardo Taiano tuvo poca voluntad para revisar asuntos ligados a la causa de ANDIS; pero los recelos de parte de los primos Menem siguen latentes porque creen que les han jugado mal sobre todo antes del inicio de la campaña electoral del año pasado.

En el Gobierno miran estas confrontaciones como una debilidad manifiesta. Es decir, miran que todas las discusiones están traspasadas por el matiz de la interna y que cada cosa que haga algún integrante del oficialismo será interpretada como una amenaza o posicionamiento para alguna de las huestes libertarias.

Es por eso que el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una postura más cerrada y ya no emite posiciones tan abiertas en las reuniones de mesa política. En un encuentro que se hizo meses atrás propuso una suerte de acuerdo amplio de nivel político y económico con gobernadores para poder garantizar una buena base de gobernabilidad. Esto fue visto como una amenaza de parte de Karina Milei porque interpretó que se estaba inmiscuyendo en asuntos que no eran de su competencia. “Ahora se retrotrajo y habla mucho menos”, convalida una fuente que habla con “Toto”.

La pregunta que se abre para 2027

Las peripecias de la interna no son una novedad. Sí lo es, por ejemplo, la autonomía que adquirió en las semanas recientes la senadora nacional Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno hay quienes hablan de que creó el “mileismo crítico”, el cual se caracteriza por contener el voto duro y “diferenciarse en las cosas que ni los más fanáticos pueden explicar” como el apoyo político del Presidente a Manuel Adorni o el rechazo al pliego de Michelli.

“Son gestos que podrían servir para expandir apoyo entre sectores republicanos, por ejemplo. Pero eso funciona cuando las acciones son coordinadas. Y acá no pasa eso, ella logra capitalizarlo y desgasta a los Milei”, afirma una importante fuente libertaria en extrema reserva. La lectura entre varios funcionarios es que Bullrich sabe que si se pusiera en una postura de sumisión, Karina no dudaría en comerle capital político y que por eso actúa como en las últimas semanas: para condicionar cualquier tipo de avance contra ella.

El interrogante que surge hacia adelante es el siguiente. Si Bullrich mantiene su adhesión y su influencia al interior del Gobierno, ¿eso le será correspondido con mayor poder en la toma de decisiones? Así como tomó una postura clara alrededor de distintas controversias recientes, no se podría descartar que esas consideraciones las pueda llevar al plano electoral y más particularmente al armado de las listas. Todas las huestes libertarias contactadas por este medio son conscientes de este punto.

Así, puede presentarse el dilema de que los estrategas políticos tengan que decidir un acuerdo electoral tanto con los gobernadores y espacios dialoguistas en distintas provincias, pero que, a diferencia del año pasado, quienes tengan poder interno busquen generar resistencia ante el verticalismo del armado de listas. Por su parte, el karinismo ya advierte que si las cuentas digitales siguen burlándose de su sector el margen para incluir a Las Fuerzas del Cielo en listas nacionales y provinciales será más escueto.

“Para mí es muy prematuro pensar en algo así. La mesa política debería ser fundamental para definir un rumbo y, en todo caso, que Karina sea la última decisora. Esto no quita que piense que Patricia va a tensionar para poder avanzar con lo que ella considere”, afirma una persona de muchísima confianza de la secretaria general de la Presidencia.

El bullrichismo opina que tanto Karina como los Menem han tenido una cerrazón en su estrategia electoral del año pasado y que La Libertad Avanza no puede ir a la reelección con varios actores en contra esta vez. Sin un cargo en mente, los armadores de la ex ministra quieren poner en discusión algunos nombres como el de Mariano Campero en Tucumán o el de Martín Arjol en Misiones. También creen que el diálogo es complejo porque los gobernadores no tienen un incentivo claro para decidir eliminar o modificar el esquema de las PASO con un panorama tan incierto. “Nadie va a entregar un mecanismo de resolución electoral en este tiempo”, afirman.

Algo se está moviendo en el interés de los argentinos por la política en redes sociales. No se trata de una desaparición del debate público, sino de una reorganización del interés político-digital.

El vínculo con la política mediado por las redes muestra señales de fatiga, evidenciadas en un menor crecimiento de seguidores interesados en la dirigencia política, niveles de interacción a la baja y una capacidad reducida de arrastre de los espacios tradicionales.

Pero este desenganche no opera de manera pareja. Allí donde el centro político pierde temperatura, los polos de mayor intensidad encuentran margen para capturar atención.

En X, los libertarios conservan una ventaja clara. En Instagram, en cambio, la izquierda muestra una eficacia distinta.

La desconexión digital en cuestión no equivale a despolitización, sino a una política menos expansiva y más identitaria, donde los usuarios se vinculan menos con estructuras partidarias clásicas y más con comunidades de sentido.

La fatiga digital de la política tradicional

La dirigencia argentina enfrenta un problema más profundo que la pérdida de seguidores: está frente a una pérdida de magnetismo.

Los datos del último informe de Monitor Digital revelan una caída marcada en la tasa de nuevos seguidores y en los niveles de interacción entre 2024 y 2026, tanto en X como en Instagram.

Este fenómeno sugiere que las comunidades digitales ya no responden con la misma intensidad ante los estímulos partidarios clásicos.

El PRO, la UCR, el PJ y parte del universo kirchnerista aparecen afectados por una dificultad compartida: sostener novedad, velocidad y capacidad de activación.

Estos espacios no desaparecen de la conversación, pero parecen menos eficaces para ordenar emocionalmente a sus audiencias.

En redes sociales, la política no compite sólo por adhesión ideológica: también puja por atención, reacción, pertenencia y disponibilidad afectiva.

Los espacios tradicionales pueden conservar estructuras consolidadas, historias conocidas y reconocimiento político.

Sin embargo, cuando pierden capacidad de provocar interacción, su presencia digital se vuelve más administrativa que comunitaria.

Este fenómeno también atraviesa al mundo corporativo: muchas empresas buscan en los influencers una forma de instalar mensajes sin que se perciba con nitidez el interés institucional que los impulsa.

Dicho brutalmente: cuando la marca no prende fuego, se terceriza el fósforo.

Los libertarios y el dominio de la conversación dura

La ventaja libertaria en X —ex Twitter— no debe leerse únicamente como una buena performance de métricas. Es, sobre todo, una señal de adaptación al ecosistema.

X premia la velocidad del mensaje, el conflicto que provoca y la capacidad de marcar agenda.

Allí también suele celebrarse la agresividad discursiva y la identificación tribal.

En ese contexto, los libertarios se mueven con comodidad.

El oficialismo logra sostener interacciones en X porque su comunidad no sólo consume política: la combate, la replica, la defiende y la convierte en identidad.

Esa dinámica le permite absorber parte del desencanto con otras fuerzas, especialmente entre usuarios interesados en la discusión pública más intensa.

Por eso, el “círculo rojo” digital aparece cada vez más atravesado por la lógica libertaria.

La plataforma funciona como una arena donde la conversación política se vuelve menos institucional y más facciosa.

En X, el libertarismo no necesita convencer a todos: le alcanza con activar mejor a los propios y ocupar el centro del ruido.

La izquierda y la eficacia comunitaria en Instagram

El caso de la izquierda argentina en redes sociales es distinto y, por eso, especialmente relevante.

Su capitalización no ocurre principalmente en el terreno de la pelea de elite, sino en una plataforma donde pesan más la imagen, la comunidad, la causa política y la identificación generacional.

Instagram le permite al FIT operar sobre una conversación menos encerrada en el microclima político duro.

Allí, la izquierda convierte demandas, símbolos políticos y afinidades ideológicas en interacción.

El espacio referenciado a nivel nacional en figuras como Myriam Bregman o Nicolás del Caño no gana la “batalla digital” necesariamente por el tamaño de la conversación que estimula, sino por su rendimiento comunitario.

Mientras los libertarios capitalizan el conflicto, la izquierda capitaliza la comunidad.

En X, la disputa se organiza alrededor de la lucha por la agenda. Instagram, en cambio, amplifica pertenencias más amplias, visuales y emocionales.

Son dos formas distintas de capturar el desenganche de otros espacios políticos, pero ambas se benefician del mismo fenómeno: la pérdida de centralidad de las fuerzas tradicionales.

Una política más tribal, menos transversal

El nuevo mapa digital argentino muestra una política menos abierta al público general y más concentrada en comunidades intensas.

Eso tiene una consecuencia estratégica: la conversación deja de expandirse hacia audiencias amplias y empieza a profundizarse dentro de nichos politizados.

Este proceso favorece a quienes tienen identidad fuerte, lenguaje propio y capacidad de movilización emocional.

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En paralelo, perjudica a quienes dependen de estructuras más amplias, mensajes moderados o liderazgos con menor frescura digital.

La desconexión, entonces, no vacía la conversación política: la vuelve más exigente.

Los usuarios que permanecen activos demandan intensidad, claridad identitaria y sentido de pertenencia.

En ese contexto, los libertarios y la izquierda aparecen mejor preparados que los espacios tradicionales para habitar una conversación pública más fragmentada.

Redes Sociales, Javier Milei, Myriam Bregman

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos» de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.

Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.

Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.

Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.

En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.

Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.

Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.

Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.

Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.

De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.

Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

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