os días pasan, la paz social peligra», con esta contundente frase, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre las medidas de fuerza que pueden afectar el transporte de colectivos de corta, media y larga distancia, frente a la demora en cerrar una recomposición salarial para la actividad. Hoy, el salario básico conformado de los choferes de corta y media distancia (región AMBA) está en $1.425.500, alcanzando cerca de $2 M mensuales si se le suman adicionales como viáticos, antigüedad y premios.

La organización gremial exigió al gobierno un trato de igualdad de condiciones como agroexportadoras, petroleras o mineras, destacando que está pendiente una actualización de los ingresos desde mayo. «Queremos que nos traten como a los sectores ‘privilegiados’ de la economía (tenemos derecho a ello, no hay duda)», remarcó en un comunicado.

Reclamos directos a Caputo y dura interna gremial

También denunció que, hasta el momento, no han tenido respuestas concretas a sus demandas, sino solo «dilaciones». En la paritaria del transporte automotor, intervienen la UTA, las cámaras empresarias del transporte de pasajeros y el Estado, no solo como mediador, sino como actor importante, teniendo en cuenta que de su humor dependen los subsidios para las compañías.

El sindicato que lidera Roberto Fernández además atraviesa desde hace años una dura interna, con firmas como el grupo Dota, cuyos trabajadores no responden a la conducción nacional. A esto hay que agregarle el cruce con la Casa Rosada, a raíz del último paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que derivó en una multa de $70.000 M, por adherir a la protesta mientras regía la conciliación obligatoria.

La UTA direccionó sus reclamos al ministro de Economía, Luis Caputo, para que atienda «las cuestiones pendientes» del sector, reiterando que «los días pasan, la paz social peligra. ¿Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpes de conciliación obligatoria?», dejando en claro que, si no reciben una mejora salarial, iniciarán un plan de lucha que afectará a miles de usuarios.

Críticas al superávit fiscal y el costo para los trabajadores

Las demandas gremiales fueron acompañadas por una dura crítica al modelo libertario. El sindicato manifestó que «los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del ‘superávit fiscal’», cuestionando el costo de equilibrar las cuentas públicas a expensas de los salarios. «La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo, y el superávit fiscal es sano; el tema es: ¿a qué costo?», planteó.

Asimismo, explicó que el equilibrio de las cuentas públicas no debe construirse a expensas de los salarios de los trabajadores, indicando que «el superávit fiscal no se construye con nuestros salarios, que se construya de otra forma. Entendemos que hay otras formas, y los privilegiados son otros».

En este punto, se dirigió directamente a Caputo: «Señor ministro, trate, responda y resuelva el asunto; dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras o mineros. Los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros».

Qué puede pasar con el transporte de pasajeros

Las demandas de la UTA parten de su dirigencia, pero, también, de las bases que exigen sostener el poder adquisitivo que lograron en los últimos años y que se fueron diluyendo. Por ahora, el gobierno y las empresas no han convocado a una reunión paritaria, y para Fernández los tiempos se acortan, aunque la Casa Rosada cuenta con la conciliación obligatoria y la Ley de Modernización Laboral para desactivar un posible paro. No se descarta la convocatoria a un cese de actividades que afectaría a miles de usuarios del transporte público.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que “ya no alcanza solamente con el ajuste” y que para mantener el superávit fiscal requiere aumentar la recaudación. Y si bien distintos informes advierten, durante los primeros cinco meses de 2026, que el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) cayó 31% en comparación con mayo de 2023, a valores constantes, en la comparación con mayo de 2025 muestra un leve aumento interanual del 0,5%. Pero este comportamiento no es uniforme en todas las áreas: mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó sus fondos, la Administración Nacional de la Seguridad Social vio una reducción del 7% y los hospitales nacionales sufrieron recortes que oscilaron entre el 33% y el 51 por ciento.

La distribución del gasto por funciones exhibió modificaciones sustanciales. De acuerdo con Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Seguridad Social concentró la mayor proporción del presupuesto, aunque su participación bajó del 63% al 59% en el periodo enero-mayo. Este cambio se vinculó con un mayor peso de los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 12% del gasto total ejecutado, mostrando un incremento respecto del mes anterior. Programas como Educación y Cultura y Salud participaron con el 5% cada uno, mientras que Energía, Combustibles y Minería, Justicia, y Promoción y Asistencia Social tuvieron incidencias menores.

El informe detalló caídas significativas en la mayoría de los organismos de gobierno nacional. CEPA remarcó recortes en la Agencia de Acceso a la Información Pública (-37%), la Defensoría del Pueblo de la Nación (-41%), la Cámara de Diputados (-41%) y el Senado (-40%). Otros organismos, como la Auditoría General de la Nación (-19%), la Defensoría General de la Nación (-11%), la Procuración General de la Nación (-10%) y la Unidad de Información Financiera (-26%) también vieron reducciones. En contraposición, la Secretaría de Inteligencia del Estado registró un incremento del 34% en su ejecución.

El área de Salud mostró una dinámica heterogénea según el CEPA. Entre los organismos con información comparable, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán cayó 33%, la ANMAT bajó 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 64%. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ex Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo una reducción del 41,2%. En medio de los reclamos porque el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso.

Los hospitales nacionales también presentaron descensos: el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer cayó 50%, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte 51%, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 33% y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo 45%. En este contexto, el INCUCAI fue la excepción, con un incremento real del 85% frente a igual periodo de 2023.

El dato que más llama la atención es que La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 7%, con alta incidencia en el gasto global. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia bajó 75%, y la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 31%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó un descenso del 82 por ciento.

En los organismos vinculados al desarrollo productivo, CEPA identificó caídas pronunciadas: el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero retrocedió 31%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 42%, el Instituto Nacional de Semillas 47%, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 81%, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 30% y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 36%.

En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, los recortes fueron amplios: la Policía Federal Argentina bajó 34%, la Prefectura Naval 31% y la Gendarmería Nacional 30%. Las fuerzas armadas también sufrieron recortes: Armada Argentina 19%, Ejército Argentino 15% y Fuerza Aérea 18%. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal cayó 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares 17%. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas mostró un incremento del 43%. El Servicio Penitenciario Federal registró una disminución del 8%.

El capítulo de Justicia y Derechos Humanos incluyó recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (-35%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (-57%), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (-73%), el Consejo de la Magistratura (-15%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (-35%). La Corte Suprema de Justicia de la Nación registró una baja del 11%. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora bajo el programa Atención y Desarrollo de Asuntos Indígenas, mostró una caída del 57%. En transporte y obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad bajó 84%, el Organismo Regulador de Aeropuertos 61%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 40% y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 44%. La Dirección Nacional de Migraciones tuvo una reducción del 6% y la Agencia de Administración de Bienes del Estado 26%.

En el área educativa, dos programas no registraron ejecución: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con una caída del 100%. Otros programas presentaron descensos: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%) e Infraestructura y Equipamiento (-97%). El Desarrollo de la Educación Superior bajó 28%.

Obra pública y transporte mostraron niveles extremadamente bajos de ejecución. Programas como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios sufrieron caídas del 100%. La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió 99,7%, el Desarrollo de Obra Pública 98%, la Cuenca Matanza-Riachuelo 96%, la Infraestructura Hidráulica 87%, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación 95% y la Construcción de Rutas Seguras 94%.

Las transferencias también retrocedieron de manera crítica. La cooperación y asistencia técnica a municipios bajó 97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 99%. La asistencia a entes de la Secretaría de Obras Públicas cayó 86% y a entes de la Secretaría de Transporte, 49%. La Asistencia Financiera a entes de la Secretaría de Energía retrocedió 88%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo 100%, mientras que el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional aumentó 23%.

De acuerdo con el informe de IARAF, el gasto en intereses tuvo un incremento real interanual del 30% en mayo y del 52,5% en el acumulado del año, lo que mantuvo prácticamente constante el gasto total entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, en el acumulado parcial, la variación real fue positiva en 0,5 por ciento. Sólo tres de once tipos de gasto tuvieron aumentos: activos financieros (+126%), transferencias a otras entidades del SPN (+22,3%) y jubilaciones y pensiones (+7%). Los gastos con mayores caídas fueron transferencias al exterior (-98,8%), transferencias a provincias y municipios (-70%) y servicios no personales (-45,2%).

Al analizar los principales componentes del gasto primario, IARAF identificó que en los primeros cinco meses del año cuatro de los once tipos de gasto subieron en términos reales interanuales: activos financieros (+74,3%), otras transferencias al sector privado (+20,3%), bienes de consumo (+3,1%) y jubilaciones y pensiones (+2%). Entre las mayores bajas estuvieron transferencias a provincias y municipios (-55,4%), bienes de uso (-33,4%) y transferencias al exterior (-28,1%).

La baja en las transferencia a provincias y municipios supone, y lo hará en mayor medida en los próximos meses, un problema que generará tensión con el Gobierno. Es que si bien en mayo la recaudación de impuestos cortó la tendencia a la baja luego de nueves meses y subió por encima de la inflación, ese dato se explicó por el Impuesto a las Ganancias impulsado por las mayores utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.

Pero este dato positivo podría revertirse a causa del mismo impuesto. En julio se deben actualizar por la inflación tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y en un contexto en donde los salarios vienen aumentando por detrás de la inflación todo parece indicar que una gran cantidad de contribuyentes dejaran de pagar el impuesto, impuesto que se coparticipa con las provincias.

Y es en este escenario donde el ministro de Economía, Caputo, apuesta a que la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal -que ahora enviará un proyecto al Congreso para modificar los puntos débiles- se generen mayores ingreso para el Estado.

Las acciones argentinas vuelven a quedar en el centro de la escena por una combinación que el mercado suele mirar con especial atención: expectativa de flujos internacionales, valuaciones todavía castigadas frente a otros mercados y una posible revisión de Morgan Stanley Capital International que podría empezar a modificar el lugar de la Argentina dentro del mapa internacional de inversiones.

El calendario ya quedó marcado para junio, porque la firma publicará primero la Revisión de Accesibilidad al Mercado Global 2026 y luego la Revisión Anual de Clasificación de Mercado 2026. Ambos documentos no implican necesariamente una reclasificación inmediata, pero pueden dejar pistas sobre si el país empieza a salir del casillero standalone, el último escalón dentro de la grilla que usan muchos fondos para decidir dónde pueden invertir.

La importancia de MSCI pasa por el volumen de dinero que podría habilitar una eventual mejora de categoría. Mientras la Argentina siga fuera de los mercados frontera, emergentes o desarrollados, una parte relevante de los fondos globales tiene restricciones para comprar activos locales, incluso cuando los precios parezcan atractivos.

Por eso, una mención favorable sobre avances en accesibilidad, liquidez o facilidad para operar podría alcanzar para que los fondos activos empiecen a anticiparse, sobre todo en compañías con ADR, buen volumen, cobertura internacional y una historia de crecimiento entendible para inversores externos.

Qué cambia en el mercado local si MSCI recategoriza a la Argentina

La Argentina cayó al universo standalone por las restricciones cambiarias, los controles al movimiento de capitales y las trabas que complicaban la operatoria de inversores extranjeros. Ese antecedente explica por qué la discusión actual no se limita a si las acciones están baratas o caras, sino a si el mercado local volvió a ser lo suficientemente accesible como para que los grandes fondos puedan entrar, cobrar dividendos, girar divisas y desarmar posiciones sin enfrentar obstáculos relevantes.

En ese punto, el Gobierno intenta mostrar una economía más abierta, aunque parte del mercado todavía sigue de cerca las restricciones remanentes y la estabilidad de las reglas.

El escenario más prudente no contempla una mejora inmediata a emergente, porque los procesos de MSCI suelen llevar tiempo, consultas y etapas de implementación. Sin embargo, el mercado no necesita una definición final para moverse. Si la revisión de junio deja abierta una evaluación más constructiva sobre el país, la expectativa podría trasladarse rápido a los precios, especialmente en una plaza chica, con pocos papeles líquidos y una base de inversores globales que todavía tiene baja exposición a la Argentina.

En la City circulan estimaciones que ubican el ingreso posible en torno a los u$s2.000 millones ante una mejora de categoría, mientras que algunos cálculos más agresivos plantean que un salto hasta mercado emergente podría acercar compras por unos u$s5.000 millones.

Para una plaza como la local, donde la liquidez se concentra en un grupo reducido de acciones, esos montos pueden alterar los precios de manera significativa si se canalizan hacia ADRs, ETFs o papeles líderes.

El Global X MSCI Argentina ETF, que cotiza bajo el ticker ARGT, aparece como uno de los vehículos más observados para medir el apetito externo. Su cartera incluye compañías como Mercado Libre, YPF, Vista, Galicia, Pampa Energía, TGS y Banco Macro, lo que deja en claro qué nombres podrían recibir primero el impacto de una mejora en la percepción internacional.

Potencial de las acciones argentinas según Allaria: Utilities y Reguladas

En medio de este escenario, el equity valuation de Allaria —una de las sociedades de bolsa más fuertes de la City— permite ordenar el mapa de oportunidades con precios objetivos de fin de año y retornos esperados por empresa. En su informe, mantiene la recomendación de compra para buena parte del universo argentino, con especial potencial en bancos, utilities, energía y algunas acciones de menor capitalización, aunque la magnitud del recorrido esperado cambia al actualizar los cálculos con las últimas cotizaciones de mercado en la pantalla.

En este sentido, el bloque de utilities y reguladas queda entre los más atractivos en términos de retorno potencial, aunque también es uno de los más sensibles a las decisiones oficiales:

• Edenor (EDN): Cotiza en $1.976 frente a un target de $4.420, lo que deja un retorno actualizado de 123,7%
• Metrogas (METR): Opera en $1.899 contra un objetivo de $4.200, con un potencial de 121,2%
• Transportadora Gas del Norte (TGNO4): Muestra un precio actual de $3.890, target de $8.100 y un retorno total de 114,9%
• Transener (TRAN): Queda con un 113,2%, al comparar una cotización de $3.917,50 con un objetivo de $8.000 y un dividend yield estimado de 9%

El atractivo de estas empresas se apoya en la recomposición tarifaria, la mejora esperada de márgenes y la posibilidad de que los balances reflejen una rentabilidad más normalizada después de varios años de atraso regulatorio. Sin embargo, ese mismo argumento marca el principal riesgo, porque las valuaciones dependen de las revisiones de tarifas, los costos políticos y la continuidad en las reglas del sector.

En un escenario favorable para MSCI, podrían beneficiarse por la expansión del apetito por el riesgo argentino, aunque probablemente los primeros flujos internacionales sigan concentrándose en papeles con mayor liquidez y presencia internacional.

Acciones bancarias: Liquidez y atractivo ante fondos extranjeros

Es aquí donde entra a jugar Grupo Financiero Galicia (GGAL), que cotiza en $7.205 frente a un target de $15.000, lo que deja un retorno total actualizado de 108,5%. El resto del sector financiero también muestra proyecciones interesantes:

• Grupo Supervielle (SUPV): Con un precio de $2.845 y objetivo de $5.900, muestra un potencial de 107,4%
• Banco Macro (BMA): Con una cotización de $12.280, target de $22.000 y dividend yield de 1,1%, queda con un retorno estimado de 80,3%
• BBVA Argentina (BBAR): Opera en $8.765 contra un objetivo de $15.500, con un retorno total actualizado de 78%

Si la inflación continúa a la baja, el crédito privado recupera profundidad y la economía logra sostener cierta estabilidad, los bancos podrían recomponer su rentabilidad después de años de baja intermediación y balances atravesados por distorsiones macroeconómicas.

Además, Galicia y Macro cuentan con ADRs y mayor reconocimiento entre los inversores internacionales, lo que los deja mejor posicionados si la expectativa por MSCI deriva en compras de fondos que necesitan liquidez para entrar rápido al mercado local.

Energía: El sector preferido para invertir en Argentina

El sector energético aparece como el bloque más fácil de explicar ante los inversores externos, porque combina el potencial de Vaca Muerta, exportaciones, generación de dólares y empresas con escala. En el informe de Allaria, las proyecciones se estructuran de la siguiente manera:

YPF (YPFD): Figura con recomendación de compra, precio de u$s53, target de u$s80 y un retorno total esperado original de 50,9%.

Vista Energy (VIST): Aparece con un precio de u$s74,2, objetivo de u$s118 y un potencial de 59%.

Pampa Energía (PAMP): Por su parte, figura con un precio de u$s85,3, target de u$s150 y un retorno esperado de 76% en el equity valuation.

Acciones con potencial intermedio y perfil defensivo

Dentro del grupo de retornos altos, pero algo por debajo de utilities y los bancos más castigados, aparecen Banco de Valores (VALO), IRSA, Cresud (CRES), Central Puerto (CEPU) y Ternium Argentina (TXAR):

VALO: Cotiza en $632,50 contra un target de $1.200, lo que deja un retorno total de 91,3%.

IRSA: Opera en $2.275 frente a un objetivo de $4.220 y un dividend yield de 4,5%, con un potencial de 90%.

Cresud: Con un precio de $1.656 y target de $3.000, queda con un 81,2%.

Central Puerto: El precio actual de $2.226, el objetivo de $3.927 y el dividend yield de 4,7% arrojan un retorno total de 81,1%.

Ternium Argentina: Con una cotización de $684 y target de $1.200, queda con un potencial de 75,4%.

En la parte más moderada de la tabla aparecen compañías que, aun con potencial positivo, muestran menor distancia frente a los objetivos de Allaria. Transportadora Gas del Sur (TGSU2) cotiza en $8.935 frente a un target de $13.800 y un dividend yield de 1,5%, lo que deja un retorno total de 55,9%.

Telecom Argentina (TECO2), con un precio de $3.990, target de $5.600 y dividend yield de 4,8%, queda con un potencial de 45,2%; mientras que Loma Negra (LOMA) muestra un retorno de 27,3% y Aluar (ALUA), con recomendación de «mantener» por parte del broker, queda con un 19,6%.

Una eventual mejora del clima externo no impactaría de manera uniforme sobre todo el mercado, porque los flujos suelen priorizar liquidez, ADRs, tamaño y visibilidad internacional, mientras que los retornos teóricos dependen de cuánto haya caído cada papel, de los fundamentos propios y de la distancia frente a los objetivos de precio que calcula la sociedad de bolsa.

Inversiones 2026: ¿Es hora de comprar acciones argentinas?

Para un inversor agresivo, que acepta volatilidad y entiende que MSCI puede demorar más de lo que espera el mercado, las acciones argentinas todavía ofrecen oportunidades atractivas, especialmente en compañías con liquidez, ADRs, fundamentos reconocibles y exposición a sectores que los fondos internacionales pueden comprar con facilidad.

En ese grupo aparecen YPF, Vista, Pampa, Galicia, Macro, TGS y algunas utilities, aunque cada una responde a drivers distintos y no debería analizarse solo por la expectativa de recategorización.

Para un perfil más conservador, la estrategia puede pasar por esperar una confirmación más concreta de MSCI o, al menos, una corrección que mejore el punto de entrada en papeles que ya tuvieron recorridos importantes. El riesgo de comprar ahora es pagar por adelantado una noticia que todavía no está asegurada; el riesgo de esperar es que una referencia favorable en junio active otra ronda de compras antes de que el inversor logre posicionarse.