“Venimos bien, no van a tener quórum”. A pocos días de la sesión convocada por la oposición dura en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación de Manuel Adorni, los libertarios se muestran confiados. La situación del jefe de Gabinete es compleja y en el mejor de los casos lograrán ganar tiempo, ya que es prácticamente inevitable que tenga que presentarse a dar explicaciones sobre su patrimonio el 2 de julio en el Senado. Pero la apuesta del Gobierno es que la crisis política que se desató con la declaración patrimonial del funcionario vaya perdiendo intensidad en las próximas dos semanas.

A diferencia de otras sesiones, los bloques aliados no adelantan su posición y le reclaman acciones concretas a la Casa Rosada. Tanto el PRO, como la UCR y los gobernadores aliados (Catamarca, Tucuman, Salta, Misiones y San Juan) plantearon públicamente que el caso Adorni “es un problema del Poder Ejecutivo” y exigieron sin medias tintas que la Casa Rosada lo expulse. En privado ruegan que el Gobierno no los obligue a tomar una posición. “No entienden que esas amenazas no funcionan con Milei”, replicaban desde el bloque oficialista.

“Esperemos que definan el tema antes del martes. Todavía le queda un cargo”, ironizaba un diputado del PRO en referencia a la designación del nuevo vocero Adrián Ravier, quien tomará una parte de las responsabilidades de Adorni.

El bloque que conduce Cristian Ritondo no logra unificar un criterio. Por un lado, los comunicados que el PRO difundió a instancias de Mauricio Macri fueron muy duros contra el jefe de Gabinete y dejaron poco margen de acción. Además, el senador Martín Goerling Lara anticipó que el PRO en la Cámara alta incluso apoyaría una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. “Todo para chuparle las medias a Mauricio”, lamentaba uno de sus compeñeros de partido en Diputados.

No obstante, los intereses del bloque amarillo en la Cámara baja son diferentes. Mientras que los diputados que responden directamente a Mauricio Macri, como Fernando D’Andreis y Antonella Giamperi, quieren ir a fondo contra Adorni, el propio Cristian Ritondo en tándem con el ahora ministro del Interior Diego Santilli buscan preservar el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos un quilombo porque no decidimos nada. Probablemente terminemos de definir el lunes, en una reunión de bloque previa a la sesión”, explicó a Infobae un diputado que se inclina por no dar quórum. Y agregó: “El costo político que vamos a pagar por ayudar a Adorni nos preocupa, pero igualmente no creo que tenga incidencia en las elecciones del año que viene”.

La postura del PRO y la UCR será determinante porque la oposición dura todavía está lejos de los 129 presentes para abrir la sesión. “Por ahora no hay señales muy concretas de algunos bloques, pero con Tucumán y Catamarca estaríamos en 124”, explicaba uno de los diputados que impulsa la moción de censura. Al mismo tiempo, reconocía que en un escenario menos favorable, sin apoyo de ningún gobernador aliado de la Casa Rosada, se quedarían con 118 o 119 voluntades, bastante lejos del umbral mínimo.

La convocatoria para la sesión llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una mayoría de Provincias Unidas. Pero para prosperar tendrán que romper la mayoría que el Gobierno ha logrado construir después de las elecciones de medio término, no solo con el PRO y la UCR, sino con las provincias del norte.

Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén no muestran sus cartas. Se limitan a decir que es un asunto que debe resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Es por eso que los libertarios interpretan que jugarán a favor de la Casa Rosada, especialmente porque podrán argumentar que el proceso político contra Adorni avanzará en el corto plazo en el Senado.

Por otro lado, si la oposición consigue el quórum, inevitablemente se desatará una pelea reglamentaria en torno a la mayoría necesaria para avanzar con la interpelación. En el Senado la propia Patria Bullrich, jefa del bloque LLA y principal impulsora de la renuncia de Adorni, aseguró que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ya adelantó que para los libertarios de la Cámara baja salió al cruce de quienes plantean que sólo se necesita una mayoría absoluta para avanzar.

“Miente, miente, que algo queda…”, dijo el diputado libertario, y explicó que “el art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.

La Legislatura de La Rioja aprobó una ley en reclamo de territorio a San Juan y crece la tensión entre los gobiernos provinciales de Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

La discusión territorial no es nueva. El conflicto se remonta a 1968 cuando se sancionó la ley 18.004 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía que fijó los límites interprovinciales sobre sectores cordilleranos considerados clave.

Esta normativa determinó que zonas como el cerro El Potro y el Valle de la Luna forman parte de San Juan. Previo a la ley, eran consideradas territorio riojano.

El argumento de la gestión de Ricardo Quintela es que aquella delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso. Es por ello que la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto que declara la nulidad de la ley.

Según la iniciativa aprobada, la norma busca reafirmar los derechos de La Rioja sobre territorios que considera históricamente propios y reforzar las herramientas jurídicas e institucionales para sostener su reclamo en el conflicto limítrofe con San Juan.

La ley también autoriza al gobierno provincial que, a través de los organismos competentes, inicie de “forma inmediata las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación con el objeto de reclamar, reivindicar y consolidar de manera definitiva el dominio territorial de La Rioja en la zona limítrofe con la provincia de San Juan”.

“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro”: la reacción del gobierno de San Juan

Tras la aprobación de la ley en la Legislatura de La Rioja, la reacción de San Juan fue inmediata. El gobernador Marcelo Orrego cuestionó la iniciativa impulsada por su par, Ricardo Quintela al sostener que busca avanzar sobre territorios que pertenecen a su provincia.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió Orrego en X.

Y sumó: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones.

Ricardo Quintela, La Rioja, San Juan

Los líderes de la CGT, enrolados en el sector dialoguista, sufren presiones del ala dura para hacer otro paro general contra el Gobierno, pero ahora pasaron a la ofensiva contra sus críticos internos: exigirán que los números uno de los gremios vayan a las reuniones del Consejo Directivo cegetista y no deleguen su presencia en dirigentes de segunda o tercera línea, como sucede hoy.

“No vienen cuando debatimos qué hacer y mandan a otros en nombre de ellos, pero si tomamos decisiones con los que están presentes después nos critican por lo resuelto”, afirmó, furioso, un jefe de la CGT a Infobae.

La acusación de “falta de compromiso” de varios dirigentes con la vida orgánica de la central obrera se convirtió en estas horas en el detonante de nuevas intrigas en el nivel más encumbrado del sindicalismo.

Por eso el triunvirato cegetista tomó una drástica decisión para la próxima reunión del Consejo Directivo, que tendrá lugar el jueves próximo en la sede de Azopardo 802. En la convocatoria dirigida a la cincuentena de dirigentes que integran la cúpula de la CGT, se pide que cada sindicato confirme quién será su representante en el encuentro “garantizando el orden institucional”.

El malestar de Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), los cotitulares de la CGT, está dirigido a gremios como la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, cuyos líderes vienen cuestionando la pasividad de la central obrera y reclaman otro paro general de 36 horas o por tiempo indeterminado, como planteó esta semana Omar Maturano (La Fraternidad) en una reunión de la CGT con las confederaciones de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones.

Según se quejan algunos jefes de la CGT, varios de dirigentes que tanto exigen medidas de fuerza más extremas luego, si hay un paro general, no consiguen la adhesión masiva de sus propios trabajadores.

La crítica pone en la mira a Maturano, ya que, según sus rivales internos, los conductores de locomotoras trabajaron “casi normalmente” en el último paro general de la CGT, en febrero. De la misma forma, otro dirigente apuntado es Luis Barrionuevo (Gastronómicos), promotor del paro de 36 horas, aunque en las huelgas generales, según deslizan desde la conducción cegetista, “los bares están llenos de mozos trabajando”.

El más apuntado, de todas formas, es Abel Furlán (UOM), quien desde hace largos meses hostiga a la CGT por su estrategia moderada e incluso armó un espacio sindical ultraopositor como el FRESU con las dos CTA, ATE y Aceiteros, pero, de acuerdo con sus adversarios, no hace paros de su gremio (que ahora está intervenido por la Justicia) y su representante en la cúpula cegetista, Osvaldo Lobato, “casi ni habla” en las reuniones del Consejo Directivo de la CGT, donde se desempeña como secretario Gremial, un puesto clave en el que hasta ahora, a juicio de sus oponentes, tuvo un papel “desdibujado”.

La interna perpetua de la CGT hace que, por ejemplo, se reproche al triunvirato que no haya ido a la Justicia para impugnar la reglamentación de la reforma laboral, las visitas de sus cotitulares a empresas en crisis sin previo aviso a la dirigencia del sector o haber adoptado un cerrado sistema de decisiones en el que “todo se resuelve entre 5 o 6 y el resto ni es consultado”.

Desde el trío de conducción cegetista se defienden: aseguran que se decidió que cada sindicato fuera a la Justicia contra el decreto 407 que reglamentó la Ley de Modernización Laboral porque si lo hacía la CGT el caso invariablemente hubiera terminado en el fuero contencioso administrativo, considerado afín a la administración libertaria. A la vez, advierten: “Nos critican por ser pasivos, pero cuando vamos a ver a los trabajadores en conflicto no les gusta”. Y, sobre las críticas a su estilo “cerrado”, responden: “Cuando llamamos a una reunión, algunos buscan excusas para no venir y mandan a cualquiera sin poder de decisión, pero tenemos que superar las diferencias y ponernos en acción porque Milei nos va a llevar puestos”.

Ese “ponernos en acción” ya está tomando forma: será el plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas sindicales de Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae. La idea se tratará de consensuar el jueves en el Consejo Directivo: proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas y movilizaciones a varios ministerios. Y todo finalizará en una “gran protesta nacional”, imaginado como el quinto paro general contra Milei: no se descarta que termine siendo de 36 horas para combinar una huelga de 24 horas con una marcha multitudinaria.

Claro que, para que esa estrategia tenga impacto, los sindicalistas saben que deben buscar la adhesión no sólo de los trabajadores sino también de otros sectores castigados por el plan económico de Milei. Se apunta a contactos con organizaciones representativas de la clase media, comerciantes, estudiantes, jubilados y pymes, además de que se buscará un guiño de la Iglesia.

Por eso no será nada casual la presencia de Jorge Sola en un acto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Parque Norte, el jueves próximo, para celebrar el Día Internacional de las Pymes.

¿Cambiará algo después de esa protesta “a la francesa”? Nadie lo cree, pero la consigna de la CGT es “hacer algo”. En palabras de un líder sindical, “los caminos que tenemos son el diálogo, ganar la calle o no hacer nada, pero el diálogo es imposible con este gobierno y no es viable no hacer nada, así que la opción es una sola”.

Por algo Cristian Jerónimo habló en duros términos ante sus colegas en la reunión del miércoles en la CGT. Dijo que “es hora de debatir protestas concretas” contra Milei y concluyó: “Si hay que ir en cana, iremos en cana”.

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