El Gobierno oficializó esta mañana 47 nuevas designaciones de jueces y fiscales federales que habían sido aprobados por el Senado a comienzos de mes. En esa sesión se movilizaron un total de 74 pliegos y el presidente Javier Milei ya había decretado 23 de esos pliegos en días anteriores. Quedan un total de cuatro pliegos de nombramientos por aprobarse, pero el Gobierno afirma que no los oficializará hasta nuevo aviso porque corresponden a “tribunales no habilitados”.

La noticia de la gran cantidad de nombramientos se conoció esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial, pero pasó desapercibido que el Ejecutivo decidió no nombrar a María Verónica Michelli, quien fue aprobada por el Senado como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpretó como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En ese marco, con el pasar de los días, el oficialismo diagramó otra versión para justificar ese veto de Milei. En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumentó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

En ese mismo sentido se expresaron esta mañana desde el entorno del ministro de Justicia. “Insistimos en que no hay una discrecionalidad. Los únicos cuatro nombramientos que no salieron corresponden a tribunales que hacen falta que estén habilitados”, afirman, ejemplificando nuevamente con el caso de Ana Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene bajo su paraguas el desarrollo de la causa $LIBRA, la cual compromete a los hermanos Milei.

La prueba de fuego para determinar si se trata de un argumento aplicable al de Michelli o no será cuando se constituyan los tribunales a través de los mecanismos correspondientes, porque, en un principio, Milei no puso peros a los otros tres jueces designados pero sí a Michelli. Tampoco existe normativa por la cual se establezca que una designación no puede efectivizarse hasta la constitución misma del juzgado en cuestión. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó“, elaboró Mahiques en un principio.

Para argumentar su posición, en Justicia afirman que “también hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años”. Ponen como ejemplos tres casos particulares.

Uno es el de Martín Miguel Innocente, con acuerdo del Senado como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Saenz Peña (Chaco) en octubre de 2020. Su designación sigue pendiente. El mismo caso sucede con Zunilda Niremperger, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia (Chaco). También está el caso de Luis Francisco Valencia, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta).

En tanto, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en juzgados federales de distintos puntos del país, en una ofensiva que busca acelerar la política judicial del Gobierno antes de que cambie la actual relación de fuerzas en la Cámara alta. Con esta remisión, el Ministerio de Justicia ya acumula 170 pliegos desde el inicio de la gestión.

La decisión llegó el mismo día en que se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Antes de viajar por tres días a España para participar de una conferencia, Milei firmó los decretos de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado. El nuevo paquete remitido a la Cámara alta no incluye cargos de Comodoro Py, aunque en el Gobierno aseguran que podría haber novedades en las próximas semanas. Ese movimiento coincide con el avance del Consejo de la Magistratura sobre algunos de los concursos más sensibles del Poder Judicial.

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner y confirmó todas las reglas de conducta que rigen su prisión domiciliaria. De esta manera, la expresidenta continuará con el mismo régimen de visitas, deberá seguir usando la tobillera electrónica y mantendrá las restricciones para utilizar la terraza del edificio donde cumple la condena.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que ratificó la resolución dictada a comienzos de junio por el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 2.

La defensa de la exmandataria había solicitado que se eliminaran las limitaciones para recibir visitas, que se retirara el dispositivo de monitoreo electrónico y que se flexibilizaran las condiciones para acceder a la terraza del edificio de la calle San José 1111, donde cumple la pena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

Los jueces rechazaron todos los planteos y concluyeron que no existen circunstancias nuevas que justifiquen modificar las condiciones de detención.

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Uno de los principales argumentos de la defensa fue que Cristina Kirchner cumplió durante un año todas las reglas impuestas por la Justicia, sin registrar incumplimientos ni inconvenientes con los organismos encargados de controlar la prisión domiciliaria.

Sin embargo, Casación sostuvo que el correcto cumplimiento de las condiciones impuestas no alcanza, por sí solo, para justificar una flexibilización del régimen. Por el contrario, señaló que ese comportamiento fue precisamente el que permitió mantener el beneficio de la prisión domiciliaria y que las restricciones continúan siendo razonables para supervisar el cumplimiento de la pena.

El tribunal también rechazó el planteo basado en el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal. Según los jueces, ese sistema fue diseñado para quienes cumplen condena dentro del régimen penitenciario y no obliga a flexibilizar de manera automática las reglas que rigen una prisión domiciliaria, que constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena.

En relación con las visitas, la Cámara recordó que las actuales restricciones fueron impuestas después del episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando Cristina Kirchner recibió simultáneamente a nueve personas en su domicilio. Aunque todas figuraban en el listado presentado por la defensa, el tribunal entendió que ese encuentro colectivo no había sido expresamente autorizado y resolvió endurecer el régimen.

Desde entonces, las visitas de terceros deben ser autorizadas individualmente por la Justicia, con un máximo de dos jornadas semanales, dos horas de duración y hasta tres personas por cada encuentro. Ese esquema fue ahora nuevamente ratificado.

La Cámara también confirmó la utilización de la tobillera electrónica. La defensa sostenía que, después de un año sin incidentes y con custodia permanente en el domicilio, ya no existía riesgo de fuga que justificara mantener la tobillera.

Los jueces rechazaron ese argumento y señalaron que la legislación vigente establece el monitoreo electrónico como la regla general para quienes cumplen prisión domiciliaria y que la exención solo procede en situaciones excepcionales, vinculadas a cuestiones médicas, técnicas u operativas, circunstancias que no se verifican en este caso.

Otro de los planteos desestimados fue el referido al acceso a la terraza del edificio. El tribunal consideró que las restricciones horarias continúan siendo razonables porque buscan compatibilizar el derecho de la expresidenta a acceder a un espacio abierto con la necesidad de preservar la tranquilidad y la convivencia de los demás vecinos.

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Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO en una carta dirigida a Mauricio Macri, a quien acompañó en la fundación del partido hace más de dos décadas. El ex senador nacional sostuvo que la conducción del partido priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética y cuestionó, de manera puntual, “la protección brindada” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, escribió Bullrich en la misiva, fechada el 24 de junio y difundida públicamente en la mañana de hoy. El dirigente aclaró que no se trata de “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino de “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

El ex ministro de Educación identificó un episodio concreto como punto de quiebre: la postura del partido frente a Adorni. “La protección brindada fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, señaló. Para Bullrich, ese momento puso al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.

En otro apartado de la carta, señaló que su enfermedad (Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA) lo obligó a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió, en referencia a los aprendizajes que volcó en su libro Liderazgo espiritual. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. En su carta, reconoció la trayectoria compartida con Macri y le agradeció haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”. No obstante, subrayó que “hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”.

El dirigente cerró su mensaje con un deseo hacia el partido que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. “Creo que estas palabras de Esteban Bullrich representan a muchos. Destaco su coraje y dignidad”, sostuvo el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

“Gracias por tu dignidad de siempre. En su renuncia al PRO escribe palabra por palabra lo que yo mismo sentí en 2023 cuando el partido ató su destino a la extrema derecha de Milei”, sostuvo el exsecretario de Cultura durante la gestión Cambiemos, Pablo Avelluto.

Diego Guelar, exembajador en Estados Unidos, Brasil y China, señaló: “Esteban Bullrich representa el alma de la propuesta de centro derecha democrática de la cual fue cofundador hace más de 20 años, pese a la profunda crisis que hoy vivimos, nuestras banderas siguen vivas en el corazón y las convicciones de millones de Argentinos”.

Otra figura relevante que abandonó el partido amarillo es Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y candidata a presidenta por el espacio en 2023. La historia que sigue es conocida: tras ese proceso, renunció y se sumó a las filas de La Libertad Avanza.