Ramiro Anzit Guerrero, abogado argentino con trayectoria en organismos policiales internacionales, fue propuesto por Argentina como candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su nombre figura en la lista de postulantes elegibles -es el único latinoamericano- aprobada por el Comité Ejecutivo de la organización durante su 229.ª sesión, celebrada el 24 y 25 de junio de 2026.

La elección de los siete miembros que integrarán la CCF tendrá lugar en la 94.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL, programada en Hong Kong, China, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cargos quedarán formalmente vacantes el 11 de marzo de 2027, cuando expire el mandato de los miembros actuales.

Anzit Guerrero compite por uno de los puestos en la categoría. Su postulación es una de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, provenientes de naciones como Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia, entre otros. De los 20, solo serán seleccionados siete.

El perfil académico y profesional del candidato argentino abarca múltiples jurisdicciones y disciplinas. Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. En la Universidad Tecnológica Nacional cursó la especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.

Hasta su designación como Director Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina —cargo al que accedió en marzo de 2025 por decisión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich—, Anzit Guerrero se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En ese rol, tenía a su cargo las actividades de la agencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

Su vinculación con redes académicas internacionales del campo criminológico complementa esa trayectoria operativa. Integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.

La CCF es el órgano independiente de INTERPOL encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de la organización y de garantizar que dicho tratamiento se ajuste a las normas internas. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto de los países que los proponen.

Según las reglas electorales publicadas por INTERPOL, cada país miembro puede presentar a una misma persona para varios cargos, siempre que reúna los requisitos de cada uno. Si un candidato resulta electo para uno de los puestos, su nombre se retira automáticamente de las demás categorías en que competía. Del mismo modo, si un Estado tiene más de un candidato y uno de ellos es elegido, los restantes quedan excluidos de la contienda por los cargos vacantes.

Los miembros que accedan a la CCF por primera vez cumplirán un mandato de cinco años, mientras que quienes sean reelegidos ejercerán por tres años adicionales. Entre los 20 postulantes figuran cinco integrantes en ejercicio que buscan renovar su lugar en el organismo: Hamza Es Said, de Marruecos; Michel Forst, de Francia; Mohamed Kamara, del Líbano; Teresa McHenry, de Estados Unidos; y Mohamed Elfadhel Miled, de Túnez.

Lista de 20 candidatos:

Sr. Ramiro ANZIT GUERRERO (Argentina)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular cooperación policial internacional• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Givi BAGDAVADZE (Georgia)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Dominique BAYA (Camerún)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sr. Stefano BETTI (Italia)• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Maria-Elena Piera Enrica CICCOLINI (Italia)• Miembro con experiencia en protección de datos

Sr. Hamza ES SAID – miembro actual (Marruecos)• Abogado que ocupe o haya ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Michel FORST – miembro actual (Francia)• Abogado con experiencia en derechos humanos

Sr. Ben HAYES (Reino Unido)• Miembro experto en protección de datos• Miembro experto en procesamiento electrónico de datos• Abogado experto en protección de datos

Sr. Mohamed KAMARA – miembro actual (Líbano)• Abogado con experiencia en protección de datos • Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional • Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Vitalii KASAP (Ucrania)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos• Abogado con experiencia en protección de datos• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional

Sr. Lilungwe Theophilus MAYUMBELO (Namibia)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sra. Teresa McHENRY – miembro actual (Estados Unidos)• Abogada con experiencia en derecho penal internacional • Abogada con experiencia en derechos humanos• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sr. Mohamed Elfadhel MILED – miembro actual (Túnez)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos

Sra. Alejandra NEGRETE MORAYTA (México)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Tania NEIRA (Finlandia)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Padmini SINGH (India)• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Murat ŞEN (Turquía)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sra. Tetiana USTYMENKO (Ucrania)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Elisabeth VOS (Países Bajos)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sra. Amanda WESTON (Reino Unido)• Abogada con experiencia en derechos humanos

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La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.

La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.

¿Cómo se estableció el monto?

El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.

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El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.

Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.

En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cristina Kichner, Vialidad, Corte Suprema

El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.

Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.

La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.

La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.

Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas

Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.

El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.

La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.

Defensa, metalmecánica y requisitos para participar

El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.

El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.

Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.

Interés internacional y contexto geopolítico

En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.

El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.

Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.

Antecedentes, desafíos y expectativas futuras

Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.

La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.

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