POLITICA
Cómo funciona el mecanismo de shutdown en EE.UU. y por qué los demócratas acusan a Trump de usarlo políticamente
WASHINGTON.- El adelanto del presidente Javier Milei de que el Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown (como se denomina al cierre del gobierno federal) al estilo norteamericano para ser aplicado en la Argentina llevó inevitablemente las miradas a los últimos casos que se registraron en la segunda administración de Donald Trump, el principal aliado internacional del líder libertario.
En los últimos tiempos, sobre todo con el shutdown récord de 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasados, los cierres del gobierno -totales o parciales- avivaron la polarización en el Congreso norteamericano.
En el Capitolio se dispararon duras acusaciones de la oposición demócrata a los republicanos por el uso de la medida, por parte de la Casa Blanca, como una herramienta de presión política y para reestructurar, de paso, las agencias federales.
En Estados Unidos, el cierre del gobierno se produce cuando la legislación necesaria para financiarlo no se promulga a tiempo en el Congreso antes del inicio del siguiente año fiscal (van del 1 de octubre al 30 de septiembre). En el lapso que dura el shutdown, se restringen las actividades y servicios de agencias federales, se suspenden operaciones no esenciales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores, entre otras restricciones que afectan la vida diaria de millones de personas.
El cierre se termina una vez que los legisladores de ambos partidos alcanzan un nuevo acuerdo. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, en el Senado no cuentan con los 60 votos necesarios para superar el bloqueo parlamentario y aprobar la ley de gastos sin el apoyo de al menos un puñado de demócratas.
El año pasado, varios legisladores demócratas apuntaron contra el gobierno republicano por “tomar a los estadounidenses como rehenes” en la disputa presupuestaria, mientras que Trump ha responsabilizado a la oposición de bloquear fondos por los desacuerdos en políticas de salud, migración y recortes de gastos.
“Reducir el tamaño del gobierno”
“Buscaremos oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal”, había advertido el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, uno de los principales señalados por los demócratas por el presunto uso de la parálisis gubernamental como justificación legal para amenazar con el despido permanente de miles de empleados federales “no esenciales” y debilitar el aparato estatal tradicional.
“En conjunto, las acciones del gobierno pusieron de manifiesto los riesgos y las consecuencias de un estancamiento fiscal prolongado bajo Trump. Con una visión expansiva del Poder Ejecutivo, el presidente no escatimó oportunidades en su segundo mandato para cerrar agencias, reducir la fuerza de trabajo federal y reconfigurar el presupuesto, con tácticas agresivas que pusieron a prueba a los tribunales y que a veces desafiaron al Congreso”, analizó The New York Times sobre el shutdown total del año pasado.
Tras convertirse en el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, en noviembre pasado un grupo de senadores demócratas moderados rompieron filas con su partido para unirse a los republicanos y aprobar una medida de gasto que reabrió el gobierno federal, lo que generó tensiones internas dentro del liderazgo opositor.
En Estados Unidos también hubo cierres de gobierno parciales, que afectan a agencias particulares. Un caso emblemático se produjo este año, entre el 14 de febrero y el 30 de abril, cuando durante 76 días un shutdown afectó principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por las fuertes disputas en el Congreso sobre la política migratoria del gobierno.
Los demócratas bloquearon la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para exigir reformas operativas y rechazar las estrictas políticas migratorias de la administración Trump, uno de sus principales ejes de campaña.
Los republicanos, por su parte, se negaban a aprobar la ley de financiación a menos que incluyera un respaldo total a esas agencias, lo que dio lugar a un extenso bloqueo.
La asignación y el control de los fondos gubernamentales para Estados Unidos son responsabilidad del Congreso, que inicia el proceso con la propuesta de un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias que determina los niveles de gasto para cada agencia federal y programa gubernamental.
La versión final es sometida a votación de la Cámara de Representantes y del Senado, y una vez aprobada por ambas cámaras, es enviada al presidente para su promulgación.
Al explicar la iniciativa del Gobierno -que se remitiría al Congreso como un proyecto de ley-, Milei afirmó en el streaming Neura que implicaría que si el presupuesto pautado se agotara, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública. El mandatario no dio más detalles al respecto, pero luego trató la iniciativa con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, hasta donde llegaron el martes Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.
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POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente libertario mientras la Justicia lo investiga por presunta administración fraudulenta
El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román fue suspendido de sus funciones como jefe comunal mientras la Justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.
El titular del municipio calificó la decisión de los ediles como un “acto avasallador, ilegal e inconstitucional” y anticipó que inició acciones legales para anular la ordenanza que lo alejó del cargo.
Está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto.
Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
El suspendido intendente denuncia que ediles opositores se confabularon en una maniobra para intentar arrebatarle el cargo sin haber ganado en las urnas, según sus propias expresiones.
Con el argumento de que el poder legislativo avanza sobre facultades que corresponden a la Justicia, tres ediles que responden a Román se esforzaron para revertir la decisión de los bloques opositores, quienes finalmente lograron las mayorías necesarias para imponer la suspensión.
Los impulsores de la medida rechazaron la idea de que se trate de un castigo anticipado y la medida se encuadra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.
El expediente que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un giro decisivo el 18 de junio pasado, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo. La investigación apunta a la compra de un teléfono celular con dinero del municipio y su posterior entrega a un tercero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo local habría adquirido un equipo valuado en 479.999 pesos a través de un plan corporativo contratado por la comuna. La línea asociada al dispositivo se pagó con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.
La magistrada dispuso un plazo de dos meses para profundizar la pesquisa y ordenó producir nuevas pruebas. Ese punto fue clave para el dictamen que terminó recomendando el apartamiento preventivo del intendente, al entender que aún faltan testimonios y pericias relevantes.
Junta de firmas
En paralelo, sigue sin resolverse la iniciativa impulsada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que impulsó de manera independiente —según su propio relato— una campaña de recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato.
El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando el reclamo cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.
POLITICA
La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández para que se anule la causa por violencia de género: se encamina al juicio oral
Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa.
Con su decisión, la Cámara allanó el camino del caso hacia el juicio oral. Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama.
Sin embargo, dos de los tres jueces que hoy validaron el desarrollo del caso ordenaron también producir nuevos elementos de prueba en la causa y, bajo esa luz, “reevaluar la situación” del expresidente.
En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.
Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.
“La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”, marcó el juez Eduardo Farah.
El fiscal del caso, Ramiro González, pidió la elevación a juicio oral del expediente hace casi un año, en agosto del año pasado, pero el expresidente interpuso recursos, el caso cambió de manos por orden de la Casación y fue perdiendo vigor.
Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
El fallo de hoy ratifica lo resuelto en la causa, pero le abre una ventana al expresidente para pedir nuevas medidas, lo que posiblemente demore aún más el proceso.
El camarista Roberto Boico, que en el pasado tuvo pronunciamientos favorables con el expresidente, pidió expresamente que se “reevalúe la situación del imputado”, más allá de la “validez de los actos del proceso”, un criterio que fue respaldado por el voto del juez Farah.
El inicio de la causa surgió como un desprendimiento del caso por los Seguros, en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al expresidente.
En el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, la Justicia encontró conversaciones que evidenciaban posibles agresiones del expresidente hacia Yañez, quien, una vez que el caso tomó estado público, decidió impulsar una acción penal.
Luego, el caso se transformó en una guerra silenciosa entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y filtraciones de conversaciones, fotos y audios.
En febrero de 2025, el juez Ercolini decidió procesar a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—, lesiones graves y amenazas coactivas; luego la Cámara Federal confirmó ese procesamiento.
Los hechos de violencia física que se le achacan al expresidente son dos: un golpe que le habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo; y un forcejeo o agresión que le habría dejado hematomas a Yañez en uno de sus brazos.
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POLITICA
Sueños Compartidos: el fiscal pidió la pena máxima para Julio De Vido, los hermanos Schoklender y José López
El fiscal federal Diego Velasco pidió este miércoles una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la causa Sueños Compartidos.
Por otra parte, una pena de cuatro años para el resto de los imputados.
El juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py entró en la recta final y en la jornada de este miércoles el fiscal expuso sus alegatos por más de 10 horas.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Velasco sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
La causa investiga además la realización de obras públicas con sobreprecios y, en algunos casos, sin licitación.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre.
Están imputados también los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
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La acusación sostiene que los fondos fueron asignados para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”, pero que gran parte del dinero fue desviado mediante un sistema de contrataciones irregulares que benefició a los administradores de la Fundación y a funcionarios del área de Obras Públicas.
Tras la exposición de la fiscalía, las audiencias continuarán con los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, y posteriormente con las exposiciones de los abogados defensores.
Las claves del juicio
- El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
- Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
- De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
Sueños Compartidos, Julio De Vido, José López
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