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Melody Rakauskas insistió en Casación para reabrir la causa por supuesto abuso contra el sobreseído intendente Fernando Espinoza

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Melody Jacqueline Rakauskas, quien denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por supuesto abuso, insistió ante la Cámara Nacional de Casación para reabrir el caso donde el funcionario municipal fue sobreseído y la fiscalía desistió de acusarlo ante la falta de evidencias en su contra.

Rakauskas participó de una audiencia ante los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Pablo Jantus, Horacio Días y Alberto José Huarte Petite, donde insistió con la acusación. La defensa de Espinosa dijo que la mujer no puede ser querellante, que no hay evidencias y defendió el sobreseimiento.

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El nuevo abogado de Melody Rakauskas Ignacio Fernando Barrios y su clienta tapándose el rostro

En la audiencia, a puertas cerradas, los jueces le llamaron la atención a Rakauskas sobre sus expresiones, que no estaban ligadas con el objeto del caso. Hubo momentos de tensión, exabruptos y le prohibieron filmar la audiencia de manera particular, lo que generó protestas de sus letrados. Hubo llantos, producto del temperamento de Rakauskas, dijeron fuentes judiciales, y más de una vez hubo llamados al orden.

Espinosa fue sobreseído en principio por falta de pruebas; luego, la fiscal Mónica Cuñario y el fiscal revisor Mauricio Viera señalaron que no había elementos para sostener la acusación.

Tras cartón, cuando el caso estaba elevado a juicio, la jueza Inés Cantisani, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió quitarle el rol de querellante a Rakauskas porque incumplió en presentar abogados en los plazos requeridos y responder a las notificaciones judiciales y policiales. Así, Espinosa fue sobreseído por falta de acción penal.

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Ahora, Rakauskas pretende retrotraer esa situación. Su nuevo abogado, Ignacio Fernando Barrios, argumentó que Rakauskas nunca abandonó la querella ni desistió de la causa.

“Lo que existió fue una falta transitoria de patrocinio letrado, frente a la cual ella pidió expresamente un plazo, manifestó su voluntad de continuar y reclamó la realización del juicio”, dijo el abogado.

Fernando Espinoza y Melody Jacqueline Rakauskas

Señaló que esta circunstancia no puede usarse para apartarla como querellante, asumir el rol de víctima. Sostuvimos que esa situación era subsanable y que no podía utilizarse para declarar la falta de acción y sobreseer a Fernando Espinoza sin resolver el fondo del caso.

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“Solicitamos que se restituya su intervención y que el proceso continúe hacia el juicio oral”, dijo Barrios.

Al finalizar, la mujer le pidió a los jueces la palabra y dijo que el 31 de diciembre de 2025, después de solicitar asistencia médica, “una intervención de efectivos de la Comisaría Vecinal 9C terminó con ella reducida, esposada y golpeada”.

Dijo que la jueza Cantisani la mandó a matar, que quiso drogarla para que aparezca muerta y que la policía la secuestró varios días. Cuando le preguntaron si lo había denunciado y si había ratificado esa denuncia, dijo que nunca la llamaron. El caso fue desestimado.

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En realidad, la mujer pareció referirse a la tercera vez en que la jueza Cantisani envió a la policía para notificarla de que debía designar abogado, pero nada de lo que denunció en la audiencia, en esa circunstancia, ocurrió en realidad.

Rakauskas describió marcas y hematomas que quedaron en su cuerpo, el traslado al Hospital Grierson y la presión que habría recibido para aceptar una medicación inyectable sin su consentimiento.

También denunció tocamientos y un intento de quitarle o dañar su teléfono. Dijo que acudió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para dejar constancia de lo sucedido.

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Por la defensa de Espinoza intervinieron María Paola León y Germán González Campaña, que insistieron en que la acusación no se sostiene, que no hay evidencias y que su cliente fue sobreseído porque cesó el impulso de la acción penal.

Los abogados de Espinosa mencionaron que fueron seis los abogados que despidió Rakauskas y que, para que prospere la querella, debió tener patrocinio letrado. Dijeron que fue notificada tres veces para que designara abogados y recién dos meses después fue separada como querellante.

Indicaron que sin fiscal y sin abogado querellante no puede haber una acusación.

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Tras salir de tribunales, Rakaukas afirmó: “Durante la audiencia y después de la audiencia me sentí más vulnerada y débil que previo a entrar y volver a ver las caras de los dos defensores de mi agresor, quienes se portaron peor que dos bestias hambrientas, haciendo gestos para desacreditarme, jactándose de ser parte del estudio millonario de Carlos Arslanian”.

Los letrados defensores obviaron responder y negaron todos los hechos.




Hernán Cappiello,Fernando Espinoza,Conforme a

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La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales

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La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación. El procesamiento también se extendió a empresarios ligados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.

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El magistrado rechazó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.

Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de tierras fiscales. Se trata de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas.

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Marta Soneira, exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco

El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.

Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian. El vínculo se daría a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria. El magistrado entendió, a su vez, que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los otros implicados.

Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

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Capitanich está en foco dado que, como gobernador, firmó los decretos que avalaron las adjudicaciones.

“Utilizan la Justicia como herramienta de persecución”

Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, anticipó.

“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, señaló. Como razón para esto, puntualizó: “La adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”. Luego, cuestionó el accionar de la Justicia Federal al remarcar: “Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.

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“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, mencionó. Estas instancias intermedias son las encargadas de “verificar la legalidad de cada acto”. La normativa chaqueña exige que, al ser lotes de más de 300 has, debe haber un decreto rubricado por el gobernador.

La denuncia la presentó el actual gobernador Leandro Zdero en 2024

“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, consignó.

Capitanich destacó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra”. Esa acción pública “permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia”, resaltó.

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“Resulta incongruente, inconsistente y temerario – razonó – pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución”, alegó.

Por último, expresó: “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, remató.

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Giro de Bullrich en su interna con los Milei: cerró filas para criticar a Villarruel

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Después de los cambios en el Gabinete, Patricia Bullrich dejó a un lado las discusiones internas, dio un giro y se puso espalda con espalda con los Milei. Eligió un enemigo en común, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que terminó de ubicarse como opositora. Y en la Casa Rosada, conformes con el repliegue, le devolvieron el gesto.

Los chats de ayer de la (autodenominada) “socia” de PRO contra Victoria Villarruel y el mensaje nocturno responsabilizando a la vice por la postergación del debate sobre el polémico proyecto de propiedad privada en el Senado fueron muestras de la estrategia de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta de volver a sintonizar con la dupla presidencial.

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En el entorno de Bullrich, lejos de hacer un mea culpa por la forzada dilación, dijeron que el oficialismo fracasó por un combo de razones, entre las cuales descartaron cualquier error de cálculo propio y apuntaron principalmente a Villarruel. Según dijeron, por sus “fuertes operaciones” para que no hubiera quórum (cosa que finalmente se consiguió, y por eso se pudieron votar los pliegos de jueces).

Karina Milei acaba de empoderar a Diego Santilli, que se transformó en el principal interlocutor con los aliados amarillos, además de Cristian Ritondo en Diputados. Y dio varias señales de que planea intervenir de manera personal o por medio de alfileres propios en el Congreso, como se vio con las convocatorias de los diputados y senadores violetas en Balcarce 50 o la visita de la hermana presidencial a la Cámara baja, fotos mediante.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Patricia Bullrich

Bullrich, apuntan en el planeta libertario, corre riesgo de quedarse sin lugar en el oficialismo mientras juega a plantarse frente a los Milei y analiza pros y contras de sus posibles destinos políticos. Uno de ellos es ser candidata a vice en la búsqueda de la reelección, pero si los Milei ya no confían en ella, puede llegar a costarle que le aseguren ese puesto. Un lugar por el cual hay otros competidores como, dicen aunque ellos lo nieguen, Martín Menem o Sandra Pettovello.

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La caída de la sesión no sólo fue un fracaso para el Gobierno sino que se festejó como un triunfo en el kirchnerismo y el PJ, que salieron a apropiarse de la derrota oficialista. Y los festejos en el campamento enemigo generaron una oleada de ira en el oficialismo. Aún así, en la Casa Rosada evitaron cualquier tipo de cuestionamiento en contra de Bullrich. “Podría haber sido peor”, se limitó a decir un funcionario anoche, sobre la sesión. En el karinismo se cuidaron de criticarla, pero no la defendieron. Mientras que en el sector de Santiago Caputo se comprometieron un poco más: dijeron que “por supuesto” no la culpaban, sino a Villarruel.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei desde el balcón de la Casa Rosada

Por la noche, en la Bolsa de Comercio, Milei habló del traspié senatorial por encima y sin referencias puntuales: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”, dijo vagamente, en aparente referencia a la oposición.

No es extraño ni nuevo que elijan cuidarla. En la etapa de los cruces por Adorni, Karina se dejó cuestionar por Bullrich sin tomar represalias, en una actitud muy ajena a sus tajantes costumbres políticas. A pesar del malestar con sus desmarques, como es ya box populi, los Milei sostienen el vínculo con Bullrich cueste lo que cueste mientras necesitan de su respaldo como líder del sector “republicano” de los votantes, en especial, y seguir para sumar adhesiones en las próximas elecciones.

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Usar a Villarruel como chivo expiatorio de los traspiés en el Senado es un clásico de La Libertad Avanza. De hecho, así lo hicieron en cada tropiezo: desde el financiamiento a las universidades hasta los pliegos de jueces hasta los vetos presidenciales fueron colocados en los hombros de la vice. Que, sin dudas, terminó de transformarse en un miembro más de la oposición.

Cerca de Bullrich también se defendieron con otros argumentos: la escasez de senadores propios y el faltazo de dos soldados de LLA. “Se prefirió pasarlo para estar más tranquilos”, dijeron en el bloque violeta, para bajarle el dramatismo a la derrota.

La discusión se pausó hasta el 6 de agosto (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Y pasaron una cuota de la factura a uno de los principales autores del proyecto de reforma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Tendremos más tiempo para seguir analizando las dudas. Es real también que había dividendos de Sturzenegger con algún tema”, deslizaron.

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Cerca de Villarruel se defendieron y aseguraron que Bullrich filtró el diálogo sobre la postergación de la deuda para “quedar bien con la Rosada” porque, según aseguraron, perdió manejo sobre el bloque. “Le tienen controlado el bloque desde el Ejecutivo, si hasta van los funcionarios a la sesión”, dijeron. Se referían a la presencia de Ignacio Devitt en los palcos del recinto, ayer, mientras los senadores debatían los pliegos de los jueces.

Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, dijo la Vicepresidenta en X ayer por la tarde. Pero no negó el contenido de la conversación que circuló durante la jornada.

De fondo está la discusión sobre el futuro de Bullrich. En la Casa Rosada le prometen la vicepresidencia, pero ella no está segura de querer ese lugar. Tampoco se decide por la Ciudad, mientras Karina Milei sopesa la posibilidad de generar un acuerdo, o no, con Jorge Macri.

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Por lo pronto, la secretaria general gestó un encuentro con legisladores porteños propios en la Casa Rosada para hablar de la agenda de CABA, donde deslizó fuertes críticas contra la gestión. Bullrich no fue de la partida.

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Javier Milei participará del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

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Este viernes, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.

De acuerdo con la convocatoria anunciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el acto se realizará a partir de las 09:30 horas. El punto de encuentro será en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

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La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.

Está previsto que el mandatario se presente alrededor de las 09:45 horas. Además, estaría en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

La DAIA, la AMIA y los Familiares de las Víctimas convocaron a participar del acto central en Pasteur 633

Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.

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A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.

La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.

En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

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Luego del atentado, la sede de la AMIA tuvo que reconstruirse (X: @DAIAArgentina)

Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.

La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.

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Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

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