Un salario privado registrado alcanzaba en noviembre de 2023 para llenar 26,3 tanques de nafta súper de 50 litros. En julio de 2026, ese sueldo cubrió 16,4. La diferencia -casi diez tanques menos- no es considerado producto de un único factor, sino de una ecuación que arranca con la desregulación del sector energético que amplió el margen de las petroleras para actualizar precios, se profundizó con impuestos al combustible que se actualizan en cuotas y salarios que corrieron muy por detrás de la inflación energética, y encuentra su capítulo más reciente en el conflicto de Medio Oriente, que primero disparó el precio del crudo y ahora, luego bajó y ahora está un subibaja, promete una baja que todavía no tiene fecha firme en los surtidores.

El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que cruzó la mediana salarial del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con la evolución del precio de la nafta súper. El relevamiento arrojó que, mientras el salario privado registrado creció 311% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el valor de la nafta se apreció 558% en el mismo período.

La brecha entre ambas variables explica, en gran medida, por qué el poder de compra del sueldo en términos de combustible se deterioró de forma sostenida.

El retroceso se aceleró desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En febrero de 2026, antes de que comenzaran los ataques, el salario mediano privado registrado permitía adquirir 19,4 tanques. En julio, esa cifra cayó a 16,4: tres cargas plenas menos en apenas cinco meses.

El precio de la nafta súper subió 27,2% desde el inicio de la guerra, sin que los salarios lograran acompañar ese ritmo.

La paradoja que advierten los analistas es que, durante los meses más álgidos del conflicto, el precio en los surtidores no reflejó en su totalidad la disparada del crudo internacional. YPF, con más del 55% del mercado minorista de combustibles, puso en marcha el 1° de abril un mecanismo de amortiguación -denominado internamente “buffer”- que el resto de las petroleras replicó.

El sistema buscaba evitar que la volatilidad de la cotización del barril Brent, que llegó a subir más del 50% durante la mayor intensidad del conflicto, se trasladara de forma directa a los precios al consumidor y presionara el índice de inflación.

El buffer operó en dos etapas. La primera duró 45 días; la segunda se extendió por 30 días, con un aumento del 1% en el precio del combustible durante ese período.

Gracias a ese mecanismo, la nafta súper se mantuvo en torno a los $2.000 por litro entre abril y junio, cuando el crudo internacional marcaba valores muy superiores a los que ese precio local implicaba.

Pero el esquema tenía una condición explícita desde el principio: cuando el precio internacional del petróleo comenzara a bajar, el valor en el surtidor no bajaría de inmediato. Primero, las petroleras recuperarían las ganancias resignadas durante los meses de contención.

La consultora 1816 analizó: “Durante varios meses, gracias al buffer, la nafta fue más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500 (tipo de cambio mayorista que fija el BCRA), de modo que el sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles”.

A mediados de junio, Donald Trump y el canciller iraní Kazem Gharibabadi acordaron un cese del fuego por 60 días y la reapertura del estrecho de Ormuz -por donde transitaba antes de la guerra cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL)- . La noticia desató una caída inmediata del crudo; el Brent llegó a perder más del 5% en una jornada y tocó los USD 82 por barril, el valor más bajo en tres meses.

Un mes más tarde, Trump declaró que el alto el fuego “ha terminado”, aunque aclaró que su país continuaría las conversaciones diplomáticas a pedido de Irán. El petróleo volvió a a bajar después de tres días de suba.

Aun con ese rebote, los combustibles en Argentina no se movieron. Y la pregunta que circula en el mercado es cuándo llegará la baja.

Fuentes del sector consultadas por Infobae estiman que septiembre “suena lógico” como fecha para un primer ajuste a la baja, aunque advierten que ese plazo podría acortarse si el barril sigue cayendo. El litro de nafta hoy supera por poco los $2.000 y, señalan las fuentes, “siempre estuvo un poco por encima del dólar”, lo que hace que una reducción de esa magnitud “no suene irracional”.

En tanto, 1816 va más lejos en su proyección: si el objetivo de la industria fuera compensar la totalidad del congelamiento aplicado durante el buffer, la nafta debería mantenerse con los precios actuales hasta mediados de noviembre, con el valor actual del Brent en pesos como referencia.

La consultora también estima que, para adecuarse a los menores precios internacionales del crudo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%, lo que tendría un impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alrededor de 0,65 puntos porcentuales, sin contar el efecto indirecto sobre otros precios de la economía.

La velocidad de ese proceso, advierte 1816, “dependerá, en parte, de YPF”, que por su participación de mercado superior al 50% en el comercio minorista tiene la capacidad de fijar el precio de referencia de la nafta y el gasoil.

A la ecuación del buffer y los precios internacionales se suma una variable que opera en paralelo y que también presiona el precio final en el surtidor: la carga impositiva sobre los combustibles. A través del Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1° de julio con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, el Gobierno dispuso un incremento del 1% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono.

La medida sigue un patrón que se repite desde 2024: aplicar una porción menor del ajuste acumulado y diferir el resto al mes siguiente. Para julio, el impacto concreto es de $21,19 por litro en el caso de la nafta sin plomo -más $1,298 por litro del Impuesto al Dióxido de Carbono-, y de $18,96 por litro para el gasoil, con un tratamiento diferencial para las provincias patagónicas y el partido de Patagones.

El grueso del ajuste pendiente -que acumula remanentes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026- quedó diferido a agosto. Aunque los antecedentes sugieren que ese cronograma podría volver a correrse.

El mecanismo de actualización, establecido por el Decreto 501/2018, fija revisiones trimestrales en enero, abril, julio y octubre de cada año, con base en la variación del IPC que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La administración y el control de la recaudación quedan a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Pese a que el pago del medio aguinaldo influyó en las cuentas, el ministro de Economía hizo referencia a una medida oficial que causó impactó

17/07/2026 – 16:24hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó a una decisión de política económica el déficit fiscal que se produjo en junio.

Luis Caputo explicó por qué hubo déficit fiscal en el mes de junio

«Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio», contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

La aclaración que publicó Luis Caputo sobre el déficit fiscal registrado en junio.

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La postergación se produjo a pedido de contadores y obedeció a la demorada discusión por las reforma en la Ley de Inocencia Fiscal.

Caputo recibirá este viernes nuevamente a los profesionales del área para terminar de acordar esos cambios.

El nuevo vencimiento opera el 27 de julio y hay expectativa por otra prórroga, pero esta medida impactaría otra vez en la recaudación y en las cuentas públicas.

El Sector Público Nacional (SPN) arrojó un resultado negativo por $1.024.891 millones en el sexto mes, debido al resultado primario negativo de $696.843 millones y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $328.049 millones.

Sin embargo, el primer semestre del año terminó con un superávit financiero de 0,1% del PIB, equivalente a 0,6% de superávit primario. La meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 1,4% del PIB en el frente primario.

Déficit fiscal mensual: el aguinaldo, entre las claves

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, en un resultado que el equipo económico ya tenía previsto debido al impacto estacional del pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. A pesar del rojo mensual, el primer semestre de 2026 concluyó con saldo positivo en las cuentas fiscales.

El dato fue informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. Según explicó, el déficit financiero se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones y estuvo además condicionado por una menor recaudación derivada de la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El primer semestre terminó con superávit fiscal

Más allá del resultado de junio, el Gobierno destacó que el balance acumulado del año continúa siendo superavitario.

Entre enero y junio, el SPN alcanzó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, mientras que el superávit financiero se ubicó en 0,1% del PBI, manteniendo el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno considera al superávit fiscal uno de los ejes centrales de su programa económico y busca sostenerlo durante la segunda mitad del año y de cara al escenario electoral de 2027. En ese marco, semanas atrás el Ministerio de Economía presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que volvió a ratificar el compromiso de preservar el equilibrio de las cuentas públicas como principal ancla de la política económica.

Luis Caputo defendió el ajuste del gasto público

Al difundir los datos fiscales, Caputo remarcó que «el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico» y sostuvo que ese objetivo se alcanzó «a través de una fuerte reducción en el gasto público».

El ministro también afirmó que esa estrategia hizo posible avanzar con una reducción de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.

El resultado de junio representó el primer déficit financiero mensual registrado en lo que va de 2026. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda atribuyeron el rojo principalmente a cuestiones estacionales, especialmente al pago del medio aguinaldo, además del efecto transitorio generado por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El gobierno de Javier Milei apuesta a que la Argentina no sea “barata” en dólares. El equilibrio fiscal y el crecimiento de los sectores exportadores son los pilares de ese objetivo, aunque el encarecimiento en moneda extranjera produce diversos efectos en la economía y genera una nítida diferencia entre segmentos ganadores y perdedores en los sectores de la producción.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina “dejará de ser un país regalado en dólares y eso es importante que así sea” ya que “la moneda es un reflejo de lo que es la economía”.

El titular de la cartera económica planteó que “el tipo de cambio no es un capricho, es en función de cómo te está yendo en la economía”. “Un país regalado en dólares es un país con salarios miserables en dólares”, sentenció.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue en la misma línea al proyectar que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha gruesa del agro en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

En una intervención en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente del BCRA consideró que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario pronosticó un cambio estructural en la matriz exportadora de la Argentina: “El país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

La tesis del equipo económico abreva en que el fin de la emisión monetaria para la financiación del déficit fiscal, sumado a la mejora de los pasivos del BCRA y a un cambio en la matriz productiva-exportadora, fortaleció el peso de forma natural. Además, busca evitar las devaluaciones cíclicas que dominaron el escenario económico en los últimos gobiernos. Por eso, la apreciación del peso, según esa lógica, llegó para quedarse.

No obstante, el Gobierno todavía mantiene ciertas restricciones al libre movimiento de capitales. Si bien se incrementaron los giros de dividendos de empresas al exterior, aún persisten trabas para la salida de dólares que no estén vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Más allá de la pata fiscal, la apreciación cambiaria también responde tanto al aumento del flujo de divisas generado por las exportaciones de los sectores agropecuario, minero y energético, como a la mejora en las condiciones financieras tras las elecciones de medio término de 2025, con una fuerte compresión del riesgo país. Esta recuperación poselectoral permitió que empresas locales y provincias retomaran el acceso al financiamiento en los mercados internacionales.

Desde entonces, las emisiones de títulos corporativos y sub-soberanos totalizan USD 17.400 millones: las compañías emitieron USD 13.730 millones, mientras que los distritos provinciales colocaron USD 3.650 millones, según cálculos de la consultora Romano Group. Los dólares obtenidos se liquidan en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y generan una oferta significativa, que en su mayor parte es absorbida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales.

En ese contexto, el fortalecimiento del peso frente al dólar, que se movió 1,4% en lo que va del año frente a una inflación acumulada de 16,8%, impulsó el crecimiento de los salarios y las jubilaciones medidos en moneda extranjera, aunque también hizo crecer los precios en dólares.

De hecho, un informe de Fundar contrastó el costo de vida argentino con el de otras naciones de la región y exhibió que el país “ya es más caro que el promedio regional en 6 de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y, desde abril, también Transporte”.

Fundar subrayó que “el país viene encareciéndose en dólares a un ritmo mayor que el promedio de los países de América Latina”. La organización puntualizó además que “mantiene niveles de precios inferiores a los de Uruguay, México y Chile, pero superiores a los de Brasil, Colombia y Paraguay”.

Por otro lado, la apreciación del peso abarató las importaciones e incentivó las compras de insumos, tecnología y otros bienes de consumo vía courier. Esta metodología experimentó un salto interanual de 84,4% en mayo (último dato disponible) y el acumulado de 2026 escaló USD 518 millones, lo que se traduce en un salto de 113,2% respecto al mismo período del año anterior.

En diálogo con Infobae, el economista de la consultora Econviews Alejandro Giacoia analizó que lo que está detrás de Caputo y Bausili “es que al materializarse todo el potencial exportador (sobre todo en energía y minería), del cual ya estamos viendo una parte, el país va a tener una oferta de dólares más alta que va a permitir sostener un tipo de cambio real como el actual que es bajo en términos históricos (eso no significa que esté atrasado)”.

Para Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, la idea de que Argentina abandona su estatus de país barato en dólares se debe a dos factores: la gestión económica y fiscal del Gobierno, y una nueva matriz productiva con fuerte basamento en los sectores exportadores.

“Del lado de la gestión, el orden fiscal (equilibrio presupuestario), elimina los vicios que derivaban en más deuda o inflación que, consecuentemente, terminaban con un tipo de cambio más alto. En otras palabras, antes gastabas más, pero no producías más, por lo que el ajuste se terminaba dando por efecto precio: más dólar es igual a más empobrecimiento”, manifestó De Luca.

Coincidió en parte Federico Machado, economista de LLZ, al argumentar que “producto del boom de Oil&Gas y minería, Argentina va experimentar los próximos años una transformación bastante notable, que llevaría a una apreciación de su moneda”.

Según Giacoia, la sostenibilidad del plan libertario “depende en buena parte de que se concrete esa llegada de dólares, de cómo evoluciona la demanda de divisas con un país que empiece a crecer más fuerte y me parece que también hay que poner un ojo en la política”.

Por su parte, De Luca hizo hincapié en la productividad del agro, la energía y la minería: “De acá a 2030 Argentina debería ser capaz de duplicar su superávit comercial, abandonando la escasez crónica de dólares (exportamos más cantidades, por lo que no hace falta un dólar más alto para compensar la demanda local de dólares). El segundo factor es que sin déficit fiscal, no hay demanda inflada’. Es decir, el nivel genuino de actividad es el actual. Eso, sumado a que la economía se va abriendo lentamente al mundo, hace que los negocios que no pueden competir desaparezcan (ganan las importaciones, se beneficia el consumidor local) y crezcan los que tienen ventajas comparativas”.

En tanto, Machado anudó la durabilidad del fenómeno a cuánto se pueda acompañar la apreciación cambiaria con reducción de costos y mayor productividad. “Un país no necesita un tipo de cambio alto para ser competitivo, necesita un tipo de cambio acorde a su estructura tributaria y productiva. Con el nivel de impuestos internos que tenemos y el Gobierno no ha modificado, y una industria que hace muchos años no crece con inversión, un tipo de cambio apreciado es lapidario”, concluyó.