El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.

Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.

Se busca, en líneas generales, reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.

Pero el texto contiene un título final, el 10, donde hace un pedido sensible. Solicita al Congreso seis meses de facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto.

El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y por estas horas permanece “en revisión”. Según pudo saber , espera la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.

Son cambios que anticipan debates acalorados. El oficialismo acumula iniciativas ideadas por el equipo de Sturzenegger en el Congreso por falta de avales. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión del Senado. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica; ni la nueva Ley General de Sociedades, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.

Facultades delegadas

El Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses para quedar habilitado a modificar o derogar normas que, a su criterio, restrinjan la competencia o generen barreras de entrada en distintos mercados. Entre otras cuestiones, podría avanzar sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno considera obsoletas o perjudiciales. A cambio, deberá remitir al Congreso un informe trimestral con las medidas adoptadas.

El objetivo implícito es acelerar la eliminación de regulaciones sin necesidad de impulsar una ley para cada modificación. Se trata de un esquema similar al que el Gobierno buscó durante la sanción de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad circunscripto a la agenda de desregulación económica.

Medicamentos, libros y garrafas

Uno de los capítulos más sensibles tiene que ver con los medicamentos. El Gobierno insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.

Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.

Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.

El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.

En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.

Cambios en el sistema financiero

El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.

Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.

En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.

Campos, barcos e inmobiliarias

El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.

Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.

La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.

En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.

Vino, traductores y cooperativas

El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.

Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.

Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.

La conferencia de prensa semanal del vocero Adrián Ravier registró hoy momentos de tensión luego de que el propio funcionario cuestionara a los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando Ravier buscó desmentir una declaración suya respecto del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. “Fíjense la mala fe de algunos medios, incluso de editar las palabras del Presidente, editando un video donde primero le ponen una pregunta que nunca existió, luego toman sus palabras de una entrevista que sí existió y se las ponen a una pregunta que no existió y a partir de ahí conjeturar cosas que el presidente nunca dijo”, argumentó sin demasiada claridad ni precisión sobre una supuesta publicación reciente.

Ravier siguió con su mensaje, sin dar detalles. “Esto es algo que tiene que terminar. Estamos generando nosotros, y ahora lo digo desde los que estamos un poco trabajando en los medios, estamos colaborando con la violencia que después se ve en la sociedad».

Y amplió: “Porque también poner titulares que después generan tanto rechazo de parte de personas alimenta un enojo que realmente se está alimentando desde los medios. Esto tiene que terminar”.

La reacción de Ravier desató un tenso intercambio con las acreditadas Tatiana Scorciapino, de Tiempo Argentino y C5N, y Silvia Mercado, por Radio con vos y miembro de Fopea.

Scorciapino le preguntó si él avalaba que Milei dijera que “no se odia lo suficiente a los periodistas” y si creía que esos dichos no generan violencia. Mercado, en tanto, opinó que es el propio presidente de la Nación quien “denosta al periodismo”.

Ravier, cuyas performances ya vienen generando dudas en el propio oficialismo, intentó primero eludir las respuestas y dijo: “No es una crítica al 100% del periodismo. El Presidente no ataca al periodismo de buena fe y en todo caso responde críticamente a aquellos que él interpreta de mala fe, que atacan al gobierno”.

“Nos viven agrediendo”, replicó Mercado, de larga trayectoria en el periodismo y la cobertura de LA Casa Rosada.

Mientras que Ravier buscó retomar el orden de la conferencia y seguir con las preguntas, el reclamo fue sostenido por los siguientes acreditados que tenían preguntas para hacer.

Previamente, Ravier también había eludido responder sobre las limitaciones que desde mayo pasado los acreditados viven de forma absolutamente inédita. Lo que incluye solo poder estar dentro de la sala de prensa, ser seguidos por personal de Casa Militar cuando se va al baño o cuando se baja al comedor. Sin poder realizar ningún tipo de circulación por fuera de eso, lo que no registra antecedentes en la historia del periodismo en Casa Rosada.

Pese al rol que ocupa, el economista y exdiputado, delegó toda la responsabilidad sobre eso en Fabián Fernández, titular del área de Comunicación y Prensa. También, pese a que fue el mismo Ravier quien recibió la carta con un reclamo sobre la situación que se vive desde mayo pasado de manos de los acreditados, en su primer mensaje como reemplazante de Manuel Adorni y prometió ocuparse, aún no lo hizo.

Más adelante en la ronda de preguntas, Ravier volvió a recibir una consulta por el tema de Alejandro Gomel, de Radio Splendid, quien consultó por si no consideraba que era generar violencia que el propio presidente declarara: “Periodistas de mierda, 95%”. “¿Ustedes avalan eso?”, le preguntó.

Ravier consideró que el presidente “era claramente crítico de una parte del periodismo y es una respuesta a la cantidad de operaciones mediáticas que recibe”. Incómodo, evitó responder.

Poco después de eso volvió a darse un reclamo por la situación de los acreditados y la imposibilidad de moverse en la Casa Rosada, como históricamente se hizo. Y volvió a delegar la responsabilidad en eso en la figura de Fernández, eludiendo toda intervención suya en el tema.