POLITICA
Norte de Salta: el brote de dengue que saturó los hospitales y que el Gobierno prefiere silenciar

En Orán, el hospital está saturado de pobladores que llegan con los síntomas de dengue o chikungunya y relatan que en los barrios o las comunidades aborígenes hay muchos casos
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ORÁN, Salta (de un enviado especial).– Venían tres en una moto. En el medio, un joven que gritaba de dolor. Ella, su madre, lo cargó en su espalda y entró a la única puerta abierta del Hospital San Vicente de Paul de Orán. La otra, la principal, ya está cerrada a eso de las 19 horas. Con su hijo colgado, casi no se podía tener en pie en la guardia donde una empleada tiraba agua y detergente como para remover el vómito del adolescente.
Eran las 19 y, dentro de la guardia, decenas de personas esperaban su turno. Nadie se sorprendió de aquella escena porque situaciones similares se repetían desde la mañana. La gran mayoría llega con un mal que produce fuertes dolores abdominales, náuseas, dolores articulares y fiebre atesta las guardias de los hospitales. Esos síntomas coinciden con el dengue o la chikungunya.
El dengue se murmura y se presiente en el norte de Salta. Ellos, los que esperan ser atendidos, suponen que ese estado que refieren se trata de alguna de las enfermedades que se contagia por la picadura de un mosquito. Los otros, los funcionarios, no quieren siquiera pronunciar la palabra. “Está lleno, por todos lados. En mi barrio, el Néstor Kirchner, hay cantidad de gente”, dice una joven, de unos 35 años, que trajo a su mamá con esos síntomas.
Lejos de los pacientes, los funcionarios son los grandes silenciadores del fenómeno. “Soy coordinador de enfermedades tropicales del municipio y desde nuestro lugar hacemos prevención y capacitación en la lucha contra el dengue. En cuanto a la situación epidemiológica corresponde que la información se las proporcione la jefa del Área de Epidemiología del Hospital San Vicente de Paul”, dijo Sebastián Lazarte, Coordinador de Enfermedades Tropical del municipio. Hay quienes dicen que no lo que no se publica no existe. Quizá un paso por los centros de salud podría servir de comprobación empírica.
Pero más allá de la negativa con , el funcionario había hablado en Radio Ciudad de esta localidad. “En el área operativa Orán la cantidad de casos positivos confirmados hasta ayer es de 149 de los cuales 85 corresponden a la ciudad de Orán y el resto a las localidades de Aguas Blancas e Isla de Cañas”, dijo el coordinador.
El intendente de la ciudad, Pablo González, médico, no contestó los mensajes que le envió este cronista.
En el hospital, las escasas estadísticas toman cuerpo. Un hombre que trabaja en la construcción también habla de esos síntomas. “Yo espero a mi concubina –dice con voz de susurro–. No sabemos qué tiene, pero llegó con un dolor de panza y fiebre”.
La sala de espera respira la posibilidad de que haya dengue. En un punto, pese a las horas, los dolores y la falta de diagnóstico, entienden que estos síntomas saturaron la demanda de médicos. “No dan abasto. Hay dos, y cada vez que entra alguna emergencia, uno de los médicos la atiende y queda solo uno para la guardia. No queda más que esperar porque no tenemos plata para ir a una privada”, dice un padre que llevó a su hija, de 36 años, con los mismos síntomas.
Una madre, que como todos no quiso dar su nombre, contó que llegó a media mañana a la guardia del hospital. “Mi hija vino con fiebre, dolores en todo el cuerpo y náuseas. A las 10 de la mañana no pudo más y vomitó en la guardia. Recién a la una vinieron a limpiar lo que quedó. Así estamos”, dijo. Eran las 20 y no tenía diagnóstico aún. “Seguro que es dengue. Nadie dice nada, pero está lleno”, agregó.
“Es más seguro estar fuera del hospital que adentro. Yo le juro que no se puede estar de mosquitos en las habitaciones y los pasillos. Yo entré a ver a mi hijo que está internado por otra cosa. Pero es impresionante la cantidad que hay”, dijo una señora, de unos 60 años, que salió sorprendida de la situación dentro del centro de salud.
“Alerta, dengue”
“¿Por qué está acá?”, le preguntó este cronista a un joven que dijo llamarse Carlos, de alrededor de 40 años. Estaba parado, recostado en la pared de la guardia, con una pierna recogida y apoyada. “Tengo dolor acá –dijo y se señaló la panza–. Hoy no tengo fiebre, ayer sí. Espero que sea otra cosa y no dengue. Pero hay mucho dengue.”
Un par de horas antes, había llegado a Hickman, un pequeño poblado que está a unos 70 kilómetros de Embarcación. Con 40 grados, en la localidad de unos pocos cientos de habitantes y que se ubica entre la ruta 81 y las vías del ferrocarril Belgrano, hay una sola calle asfaltada. Tres mujeres aborígenes, wichis, esperan afuera. Apenas quieren hablar, pero después de algunas preguntan admiten que todas tienen los mismos síntomas. “Dolor de panza y calor”, dice una de ellas. “Muchas estamos así”, dice la otra.
Dentro del hospital, una mujer, vestida de pollera amarilla y remera negra, estaba conectada a un suero. Esperaba el traslado a Salta para ser tratada por dengue. Casi como un capricho del destino, en la puerta de la pequeña habitación hay un cartel pegado: “Alerta, dengue”.
En ese pequeño poblado donde prima el marrón y el sol pleno, ya hubo varios casos. Además, algunas derivaciones a centros de salud con algo más de complejidad. Toso se ha agravado en las últimas semanas cuando las lluvias llegaron después de una gran sequía y dejó algunas lagunas. De hecho, ahí, en la entrada del pueblo que está rodeado de comunidades aborígenes, una laguna llena de juncos y agua estancada se ha convertido en un criadero de mosquitos. Con solo acercarse, se comprueba. “Todo está peor en Fortín Dragones. Acá nadie cuida y no se ha fumigado. Estamos solos”, dijo una pobladora.
Unos kilómetros más arriba por la ruta 81, de camino a Formosa, el silencio era el idioma del hospital. Nadie dijo nada sobre dengue, como si estuviese prohibido hablar. “En las comunidades aborígenes hay muchos casos. Lo que pasa es que no todos van al hospital”, deslizó una vecina que esperaba.
Pero más allá de los síntomas, en el Hospital de Orán hay muy poco diagnóstico entre quienes esperan. Unos pocos, que tienen sus familiares internados, sí pueden afirmar que efectivamente padecen esta enfermedad que se contagia cuando un tipo de mosquito pica a alguien infectado. Mientras están sentados, nadie está aislado.
A las 23.30, en la guardia del hospital, la gente espera. Que la atiendan o que le den un turno para el otro día. En el fondo de la sala de espera, una mujer joven está tirada sobre un cartón. Ojalá esté dormida. A las 19, cuando entró por primera vez a la guardia, estaba apenas unos metros más cerca de la puerta. Tirada, en ese mismo cartón.
En la puerta principal del hospital hay una carpa de la Cruz Roja. En la mañana de hoy estaba abierta. “Sí, muchas consultas”, dijo el doctor Quipildor, tal como se presentó.
En el hospital, la jefa de Infectología, Gabriela Méndez, reconoció el brote. “Estamos en un brote. Hay 139 casos en Orán y 81 positivos en Aguas Blancas. Pese a que trabajamos todo el año con la concientización, igual hay brote. Tenemos internados, 15, con tules y estamos por habilitar un sector más. Pero necesitamos alguna instalación como hospital de campaña con aire por si no alcanza. Porque tenemos otras patologías”.
Diego Cabot,LA NACION,Sociedad
POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión

La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
condenas impuestas,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”

Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.
“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.
Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.
Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.

Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.
Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.
La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.
Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.

En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.
“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.
Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.
El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.
La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.
La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.
Diego Santilli,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina,política
POLITICA
Quién es Rodolfo Aguiar, el líder de los estatales de ATE que tomó un edificio de los militares

Rodolfo Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.
Aguiar fue denunciado hoy en la Justicia por tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la prestadora médica de los militares que está en crisis y podría despedir en los próximos días a 600 personas.
No es el primer cruce que tiene Aguiar con la gestión libertaria. Hace dos años, un tuit fue casi como una declaración de guerra. “En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos. No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, escribió.
Así, dio un paso más en su ofensiva por llevar a la Justicia “los miles de despidos” a su juicio “arbitrarios” que dispuso el gobierno libertario.
Contratado a sueldo desde hace 24 años en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de General Roca, Aguiar construyó su carrera sindical en Río Negro, siempre en la administración pública. A los tres años de haber ingresado al PAMI se convirtió en delegado gremial de ATE. Escaló hasta la Secretaría General de la seccional provincial, en la que estuvo durante dos mandatos. Se interesó por subir el perfil cuando aceptó secundar a “Cachorro” Godoy en la conducción nacional y ser su adjunto. El 7 de noviembre de 2023 lo reemplazó al frente de ATE en una elección en la que venció sin inconvenientes a Carlos Quintriqueo, referente estatal en Neuquén, y a Alejandro Lipcovich, dirigente del Hospital Garrahan. Mantuvo así la hegemonía de la Lista Verde.
Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo. Pesaron sobre él 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le llegó a imputar la comisión de delito, según averiguó . Una de esas causas fue por encabezar una protesta contra Mauricio Macri, en Viedma, cuando Cambiemos gobernaba el país. Además, Aguiar es un impulsor de los reclamos en la Patagonia por la compra de tierras por parte del empresario inglés Joe Lewis, un antecedente que según él, contribuye a la “extranjerización” de los territorios en el sur.
También tuvo sus choques con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien ordenó detenerlo después de haber encabezado una protesta para oponerse a un proyecto oficial sobre endeudamiento. “Me declaro preso político de la alianza del gobierno nacional de Macri y del provincial de Weretilneck”, desafió al entregarse a la Justicia en General Roca. Estuvo detenido 10 días por coacción agravada. En 2019 fue sobreseído. Los caminos con Weretilneck se volvieron a cruzar recientemente. Aguiar asistió a la inauguración del año legislativo y apoyó a Weretilneck en su pelea con la Casa Rosada por la coparticipación y otros fondos.
Aguiar es considerado un duro, pero también un reformista en lo relativo al tablero sindical. Impulsó en ATE una reforma estatutaria que estableció a partir de 2022 la paridad de género en los cargos y limitó las reelecciones a dos mandatos. En Río Negro rompió el molde cuando entregó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes mientras estuvo al frente de la seccional de ATE. Pidió que la publicación de estos datos sea obligatoria para el resto de sus pares sindicales. No tuvo eco.
Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra el sector dialoguista de la CGT (representado por su histórico jefe, Andrés Rodríguez). Aguiar y Rodríguez se enfrentaron públicamente hace un mes, cuando chocaron por un nuevo acuerdo salarial por debajo de la inflación con el Gobierno, que actuó en su rol de empleador. “Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de fake news, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, lo acusó Rodríguez, en un comunicado.
Orígenes
Aguiar nació el 2 de mayo de 1971 en Ingeniero Huergo, un municipio del departamento rionegrino de General Roca. Su padre (de familia peronista) murió en un accidente de auto cuando él tenía 3 años, mientras que su mamá (de familia radical) fue docente y militante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER).
Terminó el secundario con uno de los mejores promedios y asumió un cargo como preceptor en el Colegio CEM N° 9 de Roca. Aunque no se recibió, después estudió Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. En su entorno, dijeron a que le restan entre 10 y 15 materias para recibirse.
Trabajó para Coca-Cola y en 2002 comenzó a trabajar en el Estado, en la sede roquense del PAMI. Allí estuvo como delegado durante 6 años, mientras que fue dos veces secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro.
Además, se posicionó en los últimos años como referente provincial del partido político Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP). “En lugar de estar tocando el bombo afuera de la Legislatura tenemos que estar adentro con una banca, discutiendo y aportando proyectos. El sindicato tiene un límite. Cortar la calle puede ser superado por tener un representante adentro. Unión Popular no es un partido de los trabajadores del Estado, es un partido político que convoca a todos”, marcó su postura.
Su hijo Romeo es actualmente Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.
reemplazó a Hugo Godoy,contra la gestión,tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa),pic.twitter.com/gXh8nHno9f,December 27, 2024,Conflicto gremial,Conforme a
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