Las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 4 de octubre, han adquirido un significado global. Fuera de ese marco es imposible comprender la agresiva incursión de Javier Milei en la competencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Milei sigue una línea trazada por Donald Trump en los Estados Unidos. Ese alineamiento se verifica en los insultos a Lula da Silva. Pero mucho más en la agresión contra el juez Alexandre de Moraes. El ministro del Superior Tribunal Federal no es un magistrado intrascendente: entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, Moraes tuvo suspendida su visa para ingresar a los Estados Unidos. Fue una decisión del Departamento de Estado, adoptada para sancionar varios pronunciamientos del juez por la actividad política que tenían en Brasil redes sociales radicadas en los Estados Unidos. Entre ellas, X, de Elon Musk y Truth Social, del propio Trump.

Las sanciones contra el juez Moraes se dictaron al mismo tiempo que Trump elevaba los aranceles a las importaciones brasileñas del 10 al 50%. Fue una represalia explícita por las sanciones que la Corte de Brasil impuso al expresidente Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Negociaciones diplomáticas consiguieron flexibilizar ese “castigo” comercial de Trump, que en el terreno electoral hizo subir la popularidad de Lula. La clásica torpeza del magnate inmobiliario. A pesar de ese efecto contraproducente, anteayer la Casa Blanca renovó las sanciones, cuya vigencia vencía hoy. Los argumentos para esa prórroga son llamativos: la persecución judicial a Bolsonaro y su familia, la violación de derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión de ciudadanos norteamericanos, que ponen en emergencia los intereses de los Estados Unidos en Brasil.

Al mantener las sanciones comerciales a Brasil, como si Lula liderara una dictadura de tipo cubano, nicaragüense o aun venezolano, Trump consolida una política: la de intervenir en los procesos electorales de países de la región con auxilios o sanciones destinados a producir un resultado favorable a la estrategia exterior de su gobierno. En esta línea estuvo la ayuda de 20.000 millones de dólares que recibió Milei el año pasado, cuando peligraba el resultado de los comicios legislativos, sobre todo después de la derrota bonaerense. En aquella oportunidad, cuando el presidente de los Estados Unidos anunció el salvataje, aclaró que sólo se haría efectivo si las elecciones las ganaba su amigo Milei. Como en el caso de las restricciones comerciales a Brasil, Trump desea que quede claro que son operaciones económicas con un propósito de intervención electoral.

Estos antecedentes permiten imaginar escenarios similares para las elecciones presidenciales argentinas del año próximo, cuando Milei ponga en juego su continuidad en la Casa Rosada. Esa vocación intervencionista otorga una relevancia singular para la región a los comicios que se celebrarán en noviembre en los Estados Unidos. Es posible que un Trump debilitado en el Congreso de su país pierda capacidad para inmiscuirse en la rutina electoral de las democracias latinoamericanas.

La raíz del problema que está en juego aparece con claridad en un par de mapas. Uno fue publicado por el sitio El Orden Mundial. Es un planisferio pintado de azul y colorado. Azules son los países que comercian más con los Estados Unidos. Colorados los que comercian más con China. El mapa es casi todo colorado. Si se revisa la misma cartografía, pero del año 2000, tal como aparece en la web de Vonoroi, se verá que era casi toda azul. El impresionante avance chino es el motivo principal de la reacción norteamericana, sobre todo bajo el poder de Trump: un conflicto abierto con Pekin y un regreso a la doctrina de las “zonas de influencia” en la que cada potencia se enseñorea de una parte del mundo. Washington se ha fijado el objetivo de volver a ejercer un predominio sobre América. Desde el punto de vista de los intercambios de bienes y servicios, América del Norte reconoce la hegemonía estadounidense, gracias al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Aun cuando México y Canadá son gobernados por Claudia Sheinbaum y Mark Carney, dirigentes con un signo político contrario al de Trump. En cambio, América del Sur fue “conquistada” por China. Allí es clave Brasil, que concentra alrededor del 50% del PBI de la región.

Además de ser un aliado comercial de China, Brasil es el principal destino de las inversiones que ese país distribuye por el mundo: en 2025 representaron 6.100 millones de dólares. Los sectores en los que se vuelcan esos fondos son estratégicos, lo que explica mejor la inquietud de los Estados Unidos. Se trata de energías renovables, minería, automóviles eléctricos, puertos y logística, telecomunicaciones y centros de datos. Quiere decir que Brasil es mucho más que un socio comercial de China, como lo podrían ser Chile o la Argentina.

La evidencia más elocuente de que la batalla electoral brasileña tiene una magnitud mundial es que Xi Jinping intervino en la polémica con Milei con una declaración a favor de Lula. Xi aprovechó el ataque de Milei para decir que Brasil tiene derecho a resistir intervenciones externas en su política doméstica. No hablaba de Milei. Hablaba de Trump. Hubo un episodio que encendió todas las alarmas de Pekín en relación con América latina. Fue la presión de los Estados Unidos para que la empresa CK Hutchinson, radicada en Hong Kong, vendiera su operación en los puertos Balboa y Cristóbal del canal de Panamá al grupo Blackrock. China presiona con éxito para que la operación no se realice. La disputa sigue abierta. Trump declaró hace 20 días que “los Estados Unidos recuperarán el control del Canal”. Esta disputa podría ser vista como la primera aplicación fáctica de la “Doctrina Donroe”, “América para los americanos”, la consigna de James Monroe reinterpretada por Donald Trump.

La intervención de Milei en la campaña brasileña es parte de la estrategia general de Trump. No sólo en los ataques a Lula al que, sin nombrarlo, denominó “ladrón”, “presidiario”, “basura socialista” y “zurdo de mierda”. Llamó más la atención el insulto al juez Moraes. Este magistrado ha sido un protagonista central del conflicto con Trump. Por la situación penal de Bolsonaro, que está a cargo de él dentro del Superior Tribunal Federal. Pero también porque Moraes tomó decisiones severísimas sobre redes sociales a las que había acusado de difundir información falsa o inducir a conductas que terminaron en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. El juez ordenó el cierre de cuentas de X, la red social de Elon Musk, a la que impuso sanciones pecuniarias. Para que esas sanciones se cumplieran, embargó activos de Starlink, otra empresa de Musk. Algo similar ocurrió con Rumble, red de origen estadounidense que decidió acusar a Moraes en los tribunales norteamericanos. A esa querella contra el juez se sumó Trump Media & Technology Group, la compañía de Trump que controla la red Truth Social.

Los conflictos con estas compañías se trasladaron al terreno diplomático. En julio de 2025 el secretario de Estado Marco Rubio anunció que a Moraes y a sus familiares más cercanos se les había suspendido la visa de ingreso a los Estados Unidos. A los pocos días la Secretaría del Tesoro comunicó que el juez brasileño había sido sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por violaciones a los derechos humanos y por haber cancelado cuentas de redes sociales pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Estas condenas a Moraes fueron levantadas en el marco de las negociaciones que permitieron aquel retroceso de Trump en la aplicación de aranceles especiales a los productos brasileños. A la luz de estos antecedentes se puede calibrar mejor la agresión de Milei conta Moraes, que fue un ataque quirúrgico, alineado con una estrategia general de Trump frente a Brasil en plena campaña electoral.

La incursión de Milei en la competencia brasileña es parte de un movimiento más amplio, estimulado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Consiste en asignar al Presidente un rol central en el armado de una liga latinoamericana de asociación con Trump. Una tarea con la que están colaborando los electorados de la región consagrando a candidatos de derecha y extrema derecha. La expresión más reciente de ese propósito acaba de ocurrir: es la participación con altísimo perfil del Presidente en la asunción de Keiko Fujimori.

Las relaciones de La Libertad Avanza con la nueva presidenta de Perú tienen varios pliegues. Un estratega crucial de la campaña de Fujimori fue el argentino Federico Falco. A Falco se sumó después el talentoso Esteban “Cuco” Apellaniz. Ambos prestaron servicios profesionales ajenos al gobierno argentino. Sin embargo, después del triunfo de Fujimori se produjo una conexión. Falco es un duranbarbista que integró en su momento, igual que el “Mago”, la consultora Move. Ahora esa trama permite que la Casa Rosada aproxime a peruanos, como sucedió hace pocos días con el vicepresidente Luis Galarreta.

🚨🇦🇷🇵🇪 | TMAP: El asesor presidencial Santiago Caputo recibió en Casa Rosada al vicepresidente electo de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, con el objetivo de profundizar la alianza derechista impulsada por Milei en la región. pic.twitter.com/mE9P1X7H5J

— La Derecha Diario (@laderechadiario) July 6, 2026

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Los libertarios argentinos celebran el ascenso de Fujimori con la consigna TMAP. Es una apropiación indebida. ¿Ignoran cómo fue la competencia en Perú? Allí ganó la versión más moderada de la derecha, superando al radicalizado Rafael López Aliaga, a quien llaman “el Bolsonaro de Perú”. Por eso se vio tan contento a Alberto Núñez Feijóo en la fiesta de Fujimori. Es la primera vez en años que en América latina se impone un aliado del PP, que él lidera en España. Para traducirlo al argentino: en Perú triunfó Mauricio Macri, no Milei.

Vale la pena aclarar dos detalles: no es que, con Falco y Apellaniz, Milei haya enviado asesores suyos a Fujimori. Así como tampoco la presencia de Fátima Florez en Lima tuvo que ver con la de su exnovio Milei. La nueva presidenta de Perú es una vieja admiradora de la actriz, a la que invitó con independencia de cualquier vínculo político. Minucias.

El ímpetu con que Milei lleva adelante estas operaciones externas hizo que el gobierno brasileño reaccionara ante los insultos llamando en consulta a su embajador, Julio Bitelli. Sin embargo, en Brasilia están lejos de considerar una ruptura de relaciones, lo que obligaría a dar otro paso: que Bitelli no regrese. En auxilio de esa estrategia pacifista salió ayer el canciller argentino Pablo Quirno, fijando dos posiciones. La primera: el conflicto de Milei con Lula pertenece al campo ideológico y político. “Nosotros no lo llevamos al terreno institucional”, dijo. Y agregó: “Esperamos que el embajador Bitelli regrese”.

Sin embargo, Quirno admitió con total sinceridad lo que resulta evidente aunque, para la ortodoxia diplomática, incorrecto: “Nosotros queremos que las elecciones de Brasil tengan un resultado y ellos quieren otro”. Quirno está obligado a hacer malabares para mantener las relaciones exteriores dentro de los límites de la diplomacia sin por eso contrariar los impulsos de su jefe. Aunque es probable que sus amigables afirmaciones obedezcan a otro factor: el impacto negativo que tuvieron los exabruptos de Milei en la opinión pública argentina.

Pocas veces un funcionario admitió con tanta franqueza como Quirno lo que sucede cada vez más a menudo: que la política exterior está dominada por un espíritu faccioso que no se priva de intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Cuando Lula recorría el conurbano acompañando a Daniel Scioli, cuando recibió en su despacho a Sergio Massa pocos días antes del ballotage, o cuando le dijo a Joe Biden que si ganaba Milei peligraba la democracia en la Argentina, hacía lo que Quirno le atribuye, sin complejo alguno, al oficialismo argentino: intentar intervenir en el resultado de las elecciones de otro país. De nuevo, son antecedentes que tal vez estén sembrando el camino que conduce a los comicios presidenciales en los que Milei buscará la reelección. ¿Volverá a irrumpir Trump en el escenario?

Otras aclaraciones en un terreno minado por las ambigüedades. Que Cristina Kirchner haya contratado para denunciar una persecución judicial ante la ONU a Rafael Valim, expatrocinante y amigo de Lula, no obliga a pensar que el presidente brasileño haya estado involucrado en la gestión. Que Quirno haya levantado una bandera blanca, diciendo que el Gobierno espera el regreso del embajador Bitelli, tampoco significa que haya habido en Lima un contacto con autoridades de Brasil. A pesar de que el canciller Mauro Vieira viajó a la toma de posesión del mando de Fujimori en representación de Lula. No hay indicio alguno de que Quirno y Vieira se hayan reunido en las últimas horas. Aunque resulte raro que no lo hayan hecho. Vieira sí se había encontrado, en Brasilia, con el embajador argentino Guillermo Raimondi.

Quirno tal vez esté dentro de poco en otra encrucijada en relación con los Estados Unidos. Hoy declarará el primer testigo ante el Gran Jurado que se constituyó en La Florida para investigar movimientos sospechosos con cientos de millones de dólares derivados de contratos de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y Érica Gillette. Ese testigo sería Leandro Petersen, responsable del marketing de la AFA durante años, a las órdenes de Pablo Toviggino.

Si a partir de muchos testimonios como el de Petersen, además de las pruebas documentales, se determina que hay motivo para imputar a Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y sus secuaces, la Cancillería puede recibir un pedido de extradición que deberá responder Quirno.

El tratado de extradición con los Estados Unidos establece que si alguien está imputado en los dos países por el mismo delito, puede elegir en cuál jurisdicción quiere ser juzgado. Por eso para los sospechosos de AFA se volvería imprescindible que un juez amigable abra una causa local con el mismo objeto procesal que se definió en la corte de La Florida.

Ante esta encrucijada es crucial el auxilio que puedan prestar los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, flamante expresidente del Tribunal de Ética (sic) de la AFA. Ambos tienen que decidir, el próximo 12 de agosto, si la causa principal que se sigue contra Tapia y Toviggino se mantiene en el fuero Penal-Económico o se remite al juzgado federal de Campana, de Adrián González Charvay, que es donde quieren ser investigados los sospechosos.

También se vuelve vital la ayuda del ministro de Justicia y ex funcionario de AFA Juan Bautista Mahiques. Él está en condiciones de cubrir con magistrados complacientes algunas vacantes en tribunales por los que pasarían los expedientes. Una de esas sedes es la Sala C de la Cámara Comercial del fuero nacional, que debe resolver la apelación de Guillermo Tofoni por un embargo multimillonario contra Tapia. Allí se desempeña como subrogante Matilde Ballerini, que necesita que Mahiques logre que el Senado le otorgue un nuevo acuerdo antes del 6 de septiembre, cuando cumple 75 años. Si no se alcanza ese objetivo, el ministro debería tener lista la designación de Valeria Pérez Casado: con un curriculum que no deslumbra, logró quedar quinta en la terna del concurso 478. En Tribunales aseguran que fue gracias a que el Consejo castigó a una competidora con muchos más antecedentes, a través de la clásica discrecionalidad de las entrevistas. Fue una de esas entrevistas, de 13 minutos, la que permitió que Jorge Djivaris ingresara a la terna respectiva después de ocupar el puesto 12 del concurso. Djivaris, cercanísimo a Pro, fue, como Mahiques, funcionario del área de Justicia del gobierno porteño. Sería el subrogante en la vacante que pudiera presentarse en la Sala C, donde se decide parte del futuro patrimonial de Tapia.

La asombrosa capacidad de Mahiques como manipulador judicial terminará, es lo más probable, rindiendo homenaje al Moreno del Martín Fierro en nombre de Tapia y Toviggino: “La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja”.

pic.twitter.com/mE9P1X7H5J,July 6, 2026,Carlos Pagni,Conforme a