Luis Abinader reconoció que República Dominicana investiga el reclutamiento engañoso de jóvenes dominicanos hacia Rusia, aunque cifró en menos de 20 las personas que hasta ahora habrían acudido a esos llamados.

El mandatario hizo esa revelación durante una rueda de prensa con periodistas locales e internacionales en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente dominicano explicó que la Cancillería emitió una advertencia pública este viernes y mantuvo contacto con su par ruso para esclarecer los hechos. “Lo que queremos es que la gente sepa a lo que va”, afirmó Abinader ante la prensa reunida en Nueva Jersey este viernes al mediodía.

Abinader recordó que la alerta no fue exclusiva de su país. “Por cierto, haciendo la advertencia nosotros hoy también la hicieron varios países de Latinoamérica, no es solamente República Dominicana”, señaló.

La cifra oficial contrasta con una investigación periodística de mayor alcance

Abinader habló de “quizás menos de veinte personas” reclutadas mediante engaños, según los informes preliminares de su gobierno. Esa cifra choca con los datos recopilados por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y difundidos en una investigación de Infobae.

Según ese trabajo, más de 200 dominicanos habrían viajado a Rusia bajo distintos esquemas de captación desde mayo de 2026. De ese total, al menos 50 personas firmaron contratos de manera consciente para combatir en el frente, mientras que el resto salió del país creyendo que se dirigía a empleos técnicos, agrícolas o de construcción en Centroamérica o Europa.

Las redes de reclutamiento engañoso ofrecen empleos falsos para trasladar a las víctimas hasta zonas de combate del conflicto entre Rusia y Ucrania. Una vez en territorio ruso, los reclutados son despojados de sus documentos y obligados a firmar contratos militares, según documentó el CDDH.

El coordinador del comité, Carlos Manuel Sánchez Díaz, describió el perfil de las víctimas: “Hay soldadores de aquí de Haina, mecánicos, choferes que han sido llevados a Rusia y entre los 15 a 20 días ya los están mandando a la zona de guerra”.

Focos de captación en comunidades vulnerables

La investigación ubicó los principales focos de reclutamiento en el municipio de Bajos de Haina y el distrito de El Carril, en la provincia de San Cristóbal. Las redes se extendieron también hacia el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Higüey, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.

Sánchez Díaz atribuyó el fenómeno a la necesidad económica extrema. Las ofertas incluyen pagos iniciales de entre USD 8,000 y USD 16,000, además de promesas de indemnizaciones de hasta USD 500,000 para las familias en caso de muerte en combate.

El activista también alertó que las denuncias públicas de los familiares provocaron represalias contra los combatientes dominicanos en el frente, a quienes les confiscaron los teléfonos y enviaron a la primera línea de fuego. El CDDH confirmó la muerte de al menos un joven dominicano por el impacto de un dron.

Ese saldo fatal no fue mencionado por Abinader durante la rueda de prensa. El mandatario limitó su respuesta a confirmar que el gobierno investiga la magnitud de la red y descartó la posibilidad de prohibir a los ciudadanos aceptar ofertas laborales en el exterior.

Rechazo tajante a eliminar el voto en el exterior

Durante la misma sesión de preguntas, un periodista de Noticias SGN consultó a Abinader sobre planteamientos para suprimir el sufragio de los dominicanos residentes fuera del país. El mandatario respondió con firmeza: “¿Alguien está planteando eliminar el voto en el exterior? Eso sería una barbaridad, un retroceso democrático tremendo”.

El presidente pidió en cambio acelerar el proceso de cedulación entre la diáspora. Llamó a los clubes, las asociaciones sociales y los partidos políticos a sumarse a esa tarea y recordó que la doble nacionalidad y el voto en el exterior figuran entre los principales logros históricos de José Francisco Peña Gómez.

Inversión extranjera récord pese a la retracción regional

Abinader destacó que República Dominicana recibirá este año más de USD 5,000 millones en inversión extranjera directa, una cifra que calificó de récord incluso cuando la región muestra una tendencia a la baja. Atribuyó ese resultado a la seguridad jurídica y ciudadana que, según dijo, ofrece el país a las empresas.

El mandatario también respondió a una consulta sobre fraudes inmobiliarios que afectan a la diáspora. Recomendó a los dominicanos en el exterior contratar abogados antes de cualquier inversión y desconfiar de ofertas con precios bajos y fotografías atractivas publicadas exclusivamente en internet.

Seguridad, aranceles y Haití en la agenda

Sobre la criminalidad, Abinader citó una tasa de 7.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región según sus cifras. El presidente puso como ejemplo el caso de Julián Oro Duro, cuyos cuatro responsables fueron detenidos en menos de 48 horas.

En materia comercial, el mandatario informó que el embajador estadounidense Greer transmitió que los aranceles de la administración Trump llegaron para quedarse, aunque los aplicados a América Latina serán los más bajos. Abinader dijo esperar que se respete el tratado de libre comercio vigente desde 2004.

Sobre Haití, el presidente se mostró confiado en que la fuerza internacional de pacificación contra las pandillas esté desplegada en territorio haitiano hacia finales de este año o principios del próximo.

Cerró su intervención con un llamado a la comunidad dominicana a sumarse a la plataforma RD Aprende para fomentar la alfabetización en inteligencia artificial.

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An order issued Friday by the Supreme Court temporarily allows the Trump administration to move forward with a mass voter verification system.

The emergency order allows states, for now, to use the Department of Homeland Security program, called Systematic Alien Verification for Entitlements, or SAVE, in their efforts to verify the eligibility of voters on their rolls. 

Because existing law blocks most states from systematically purging voters from their rolls within 90 days of an election, the immediate impact of Friday’s order on the upcoming midterms is likely limited, the Associated Press reported. States’ use of the SAVE program is voluntary.

Norm Eisen, a senior fellow with Brookings, agreed that the Supreme Court’s ruling was restrained. 

«Don’t overreact to the SCOTUS SAVE database decision,» Eisen wrote on X. «Page 6 of the decision makes clear that we are in the 90-day statutory window when mass changes can’t be made to voter lists!»

LIBERAL JUSTICE HAMMERS SUPREME COURT FOR FAST-TRACKING EMERGENCY DOCKET CASES

The court’s order puts on hold a federal judge’s June ruling that had deemed the Republican administration’s recently revamped version of SAVE illegal. U.S. District Court Judge Sparkle L. Sooknanan had blocked the use of the tool, saying it violated Americans’ privacy rights and could result in voters being wrongly removed from the rolls.

A federal appeals court declined to pause Sooknanan’s ruling, prompting the administration’s appeal to the Supreme Court. 

The Trump administration moved to expand SAVE after the president signed an executive order directing the creation of a federal voter registration list and imposed new restrictions on eligibility for voting by mail as part of a broader effort to combat voter fraud.

TRUMP REVIVES SUPREME COURT IMMIGRATION SHOWDOWN AFTER HOCHUL PARDON TORPEDOED FIRST CASE

The SAVE program was created in 1986 under an immigration law mandating that DHS help federal, state and local agencies prevent government benefits from going to noncitizens. The Trump administration last year moved to significantly expand its search abilities. Since then, at least 67 million registrations have been scanned through the program, but critics, the AP says, worry it could end up purging valid voters from the rolls.

Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson was joined by Justices Elena Kagan and Sonia Sotomayor in dissenting.

«In my view… the harm caused by burdening or disenfranchising even a few lawful voters outweighs the nonexistent harm that the Government experiences when it is prevented from taking an action that it likely lacks the authority to take,» Jackson wrote in a dissenting opinion. «This imbalance, along with the Government’s improbable merits arguments, should have compelled the Court to deny the stay.»

But the majority pushed back on concerns that lawful voters could simply be removed from state voter rolls, noting that federal officials are required to contact individuals flagged by SAVE to seek additional information if their citizenship cannot be confirmed.

The majority also noted that SAVE has long allowed federal, state and local agencies to verify citizenship and immigration status using records maintained by the Department of Justice, Department of Homeland Security and Department of State.

«The Supreme Court’s order allows the federal government to share information in its possession concerning people’s apparent citizenship status to help election officials register eligible voters while preventing the improper addition of non-citizens to the registration rolls,» Michael Morley, director of the Election Law Center at Florida State University, said in a statement to Digital. «The Court recognized Congress expressly endorsed such information sharing in 1996 amendments to federal immigration law.»

The Supreme Court’s stay is temporary, and the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit could still rule against the SAVE program, potentially sending the case back to the Supreme Court.

Jason Snead, executive director of the Honest Elections Project, said the Supreme Court already «got it right.»

«The Trump Administration’s SAVE expansion just makes it easier for states to get federal citizenship data to help them clean up voter rolls. Once again, left-wing interests are doing everything they can to block states from verifying citizenship on the eve of a federal election, and for the second time in a week they have lost in court. This a major win for election integrity.»

 Fox News’ Shannon Bream, Bill Mears, Ashley J. DiMella and the Associated Press contributed to this report.

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El Ministerio Público de Guatemala investiga un número indeterminado de denuncias contra Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei, por presunto lavado de dinero y crimen organizado.

El fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, aseguró que las pesquisas también alcanzan a familiares y allegados del exfuncionario y anticipó nuevas diligencias en una causa bajo reserva.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que el miércoles 23 de septiembre realizó 13 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia de Martínez. Los operativos incluyeron la residencia de sus padres en Jocotenango, Sacatepéquez; inmuebles en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, lugar de origen del exfuncionario; y propiedades en la ciudad de Guatemala.

Durante los procedimientos, ejecutados con apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y la Policía Nacional Civil, fueron incautados teléfonos celulares, dispositivos USB y documentos vinculados con la administración gubernamental. García Luna calificó esa intervención como la primera de una serie de acciones judiciales relacionadas con el caso.

El fiscal general confirmó las pesquisas durante la presentación de su informe de gestión tras sus primeros cuatro meses al frente de la institución. Afirmó: “Del señor Miguel Martínez yo le puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas se están investigando, la mayoría son en lavado de dinero, pero también en crimen organizado”.

El poder de Martínez durante el gobierno de Giammattei

Martínez, conocido en el ámbito político como “Miguelito”, ocupó la jefatura del Centro de Gobierno gracias a su cercanía personal con Giammattei. La comisión fue creada en enero de 2020 para supervisar a los ministerios y concentró atribuciones que generaron cuestionamientos de distintos sectores.

La entidad contó con un presupuesto superior a Q 6 millones y su titular percibía un salario mensual de Q 42 mil. El Centro de Gobierno fue disuelto en diciembre de ese mismo año, después de roces con el entonces vicepresidente Guillermo Castillo y críticas de organizaciones sociales.

García Luna señaló que no divulgará la cantidad de expedientes abiertos ni las fiscalías que intervienen en cada uno, debido a razones de estrategia procesal. Las actuaciones, explicó, no se limitan al exfuncionario y abarcan a personas de su círculo directo con algún vínculo familiar o personal.

Consultado sobre una posible filtración antes de los allanamientos, reconoció que ese fenómeno “es evidente” en algunos casos dentro del Ministerio Público. También sostuvo que el departamento de prensa de la institución difundirá con mayor apertura la información pública disponible.

Las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido

Los señalamientos contra Martínez también derivaron en sanciones internacionales. El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en las restricciones de la Ley Global Magnitsky por presuntamente solicitar sobornos durante la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 e intervenir en adjudicaciones de contratos públicos en beneficio de sus intereses.

La medida implicó el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones dentro de su sistema financiero. Reino Unido adoptó restricciones similares en abril de 2025.

El exjefe del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros ante la Corte del Distrito de Columbia, representado por el abogado Alexei Schacht. En julio de 2026, la jueza federal Beryl A. Howell rechazó su petición al determinar que el Departamento del Tesoro contaba con pruebas sustanciales para mantener las sanciones.

Tras esa decisión, la defensa presentó en agosto pasado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia para intentar revertir el bloqueo de sus activos en el exterior.

García Luna rechazó que las investigaciones respondan a criterios políticos y aseguró que el Ministerio Público no mantiene relación directa con funcionarios de gobiernos actuales o anteriores. “No somos políticos, no somos de ningún partido político y eso nos da la solvencia de poder investigar cualquier denuncia de forma objetiva, imparcial”, sostuvo.

Durante la gestión de la anterior fiscal general, Consuelo Porras, varias denuncias contra Martínez fueron desestimadas y ninguna prosperó.

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