POLITICA
Agustín Rossi: “La defensa de Adorni generó más dudas que certezas”
En una entrevista exclusiva, Agustín Rossi afirmó que la exposición del jefe de Gabinete Adorni en Diputados profundizó las dudas sobre su gestión, durante la emisión de Infobae al Regreso, al analizar el impacto institucional y político del respaldo oficialista al funcionario.
En una charla con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Gustavo Lazzari, el diputado nacional del bloque Unión por la Patria desmenuzó el desarrollo y las consecuencias de la sesión especial que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete Adorni.
Rossi planteó que, lejos de despejar sospechas, la defensa pública del funcionario incrementó la desconfianza sobre su figura: “La sensación que tengo es que están mirando un canal que no es el canal que mira la mayoría de los argentinos”.
El rol de Adorni y la reacción del oficialismo en la Cámara
Rossi diferenció los planos del discurso del jefe de Gabinete: de un lado, la defensa de la gestión; del otro, las respuestas sobre las denuncias personales. “Toda la defensa del jefe de Gabinete fue refugiarse detrás de que estas son causas judiciales. Como es una causa judicial, claramente no voy a hacer ningún tipo de declaración porque está la justicia actuando”, señaló.
Según el diputado, “si alguien tenía dudas, generó más dudas. Porque la defensa fue esconderse detrás de la causa judicial”.
El legislador recalcó la excepcionalidad política de la jornada: “Es la primera vez en la historia desde 1994 que un presidente de la Nación, en este caso el presidente, todo el gobierno, fue a apoyar al jefe de Gabinete”. Rossi recordó su propia experiencia en el cargo: “Yo fui jefe de Gabinete y sabía que entre las múltiples funciones estaba la de defender la gestión, comunicar la gestión y defender al jefe de Gabinete”.
Consultado sobre el clima inusual de la sesión, Rossi reveló: “Nosotros tomamos una decisión como bloque, la charlamos con el resto de los bloques opositores, de estar muy tranquilos. Sabíamos que iba a haber momentos en donde se nos iba a agredir, se nos iba a descalificar”.
Sin embargo, remarcó que la estrategia opositora no fue producto del temor a eventuales acusaciones del oficialismo: “No es que tomamos una actitud de estar tranquilos por lo que nos podían decir, porque la verdad es que nos lo dicen todo el tiempo. Lo que sí creíamos era que no podíamos caer en que esto se convirtiese en un escándalo”.
Sobre el momento más incómodo para el oficialismo, Rossi sostuvo: “El momento que más incómodo lo vi a Adorni fue cuando los compañeros nuestros, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, hablaron y especificaron las cuestiones que él no daba respuesta y el cierre de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que fue un muy buen cierre”.
Moralidad, corrupción y confianza ciudadana
La entrevista puso en primer plano la cuestión de la moralidad como política de Estado, a partir del discurso presidencial del 1 de marzo. Rossi fue contundente: “No parece que este gobierno sea el gobierno que vaya por el camino de la rectitud de los estoicos. Yo no digo que sea un gobierno de corrupción generalizada, pero es un gobierno que tiene corrupción extendida. El presidente con Libra, la hermana del presidente con las coimas en ANDIS, el caso de Adorni, lo que estamos viendo ahora”.
Enumeró casos recientes que comprometen la credibilidad oficialista: “Esta semana, el domingo creo que renunció un funcionario del Ministerio de Economía porque se había olvidado de declarar siete departamentos. El titular del Arca, que teóricamente debe auditar a todos los argentinos para que no haya evasión impositiva y lavado de dinero, está imputado en una causa por lavado de dinero”. Para Rossi, “eso repercute en la totalidad de la política y genera un escenario donde la sociedad termina descreyendo”.
El diputado reconoció la dificultad de restaurar la confianza pública, incluso entre votantes desencantados del oficialismo: “Me encuentro con gente que ha votado a Milei que hoy están desencantada y que te dicen: ‘Son todos iguales’. Es un desafío que la política tiene que registrar, resolver los problemas de la vida diaria y cotidiana de la gente y resolver los abusos de la política en el uso del poder”.
Futuro electoral, unidad y desafíos de gestión
Rossi remarcó la necesidad de un frente opositor amplio y con programa. “Axel Kicillof tiene el derecho ganado a ser candidato a presidente de la Nación. Ganó dos veces la reelección en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente conocido en todo el país”, argumentó. Sin embargo, advirtió: “El peronismo debería resolver su candidatura a través de una PASO, en donde podrá haber uno, dos o tres candidatos a presidente y que sean los argentinos los que terminen decidiendo”.
Sobre la amplitud del armado opositor, Rossi consideró: “Yo creo que nosotros tenemos que construir un frente lo más amplio posible. Un frente que vaya desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda”. Y justificó: “Lo peor que le puede suceder a la Argentina son cuatro años más de Milei”.
El diputado aportó datos duros sobre el presente: “No quiero 52% de pobres, 67% de pobreza infanto-juvenil, 211,4% de inflación y 19% de inversión privada con respecto al producto. Muchos de los que cuestionan a Milei, además de cómo lo cuestionamos los periodistas todos los días, son responsables de la Argentina que hizo que Milei hoy sea presidente”.
En relación a la problemática habitacional, Rossi explicó: “Para resolver el problema del déficit habitacional en la Argentina se necesitan construir 100 mil viviendas por año durante diez años”. Debatió también sobre el componente impositivo en la construcción y el efecto sobre el acceso al crédito: “La vivienda es la actividad de la construcción que mayor cantidad de mano de obra genera, entre tres y cuatro en forma directa por cada vivienda que se realiza”.
La conversación cerró con una reflexión sobre la experiencia en política: “Claramente hay pasado. Si yo soy un dirigente que tiene 66 años, obviamente que tengo pasado. El que no tiene pasado es el que recién empieza”.
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agustín rossi
POLITICA
Un argentino es candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol
Ramiro Anzit Guerrero, abogado argentino con trayectoria en organismos policiales internacionales, fue propuesto por Argentina como candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su nombre figura en la lista de postulantes elegibles -es el único latinoamericano- aprobada por el Comité Ejecutivo de la organización durante su 229.ª sesión, celebrada el 24 y 25 de junio de 2026.
La elección de los siete miembros que integrarán la CCF tendrá lugar en la 94.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL, programada en Hong Kong, China, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cargos quedarán formalmente vacantes el 11 de marzo de 2027, cuando expire el mandato de los miembros actuales.
Anzit Guerrero compite por uno de los puestos en la categoría. Su postulación es una de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, provenientes de naciones como Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia, entre otros. De los 20, solo serán seleccionados siete.
El perfil académico y profesional del candidato argentino abarca múltiples jurisdicciones y disciplinas. Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. En la Universidad Tecnológica Nacional cursó la especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.
Hasta su designación como Director Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina —cargo al que accedió en marzo de 2025 por decisión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich—, Anzit Guerrero se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En ese rol, tenía a su cargo las actividades de la agencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, de acuerdo con lo publicado por Infobae.
Su vinculación con redes académicas internacionales del campo criminológico complementa esa trayectoria operativa. Integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.
La CCF es el órgano independiente de INTERPOL encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de la organización y de garantizar que dicho tratamiento se ajuste a las normas internas. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto de los países que los proponen.
Según las reglas electorales publicadas por INTERPOL, cada país miembro puede presentar a una misma persona para varios cargos, siempre que reúna los requisitos de cada uno. Si un candidato resulta electo para uno de los puestos, su nombre se retira automáticamente de las demás categorías en que competía. Del mismo modo, si un Estado tiene más de un candidato y uno de ellos es elegido, los restantes quedan excluidos de la contienda por los cargos vacantes.
Los miembros que accedan a la CCF por primera vez cumplirán un mandato de cinco años, mientras que quienes sean reelegidos ejercerán por tres años adicionales. Entre los 20 postulantes figuran cinco integrantes en ejercicio que buscan renovar su lugar en el organismo: Hamza Es Said, de Marruecos; Michel Forst, de Francia; Mohamed Kamara, del Líbano; Teresa McHenry, de Estados Unidos; y Mohamed Elfadhel Miled, de Túnez.
Lista de 20 candidatos:
Sr. Ramiro ANZIT GUERRERO (Argentina)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular cooperación policial internacional• Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sr. Givi BAGDAVADZE (Georgia)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Dominique BAYA (Camerún)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.
Sr. Stefano BETTI (Italia)• Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sra. Maria-Elena Piera Enrica CICCOLINI (Italia)• Miembro con experiencia en protección de datos
Sr. Hamza ES SAID – miembro actual (Marruecos)• Abogado que ocupe o haya ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Michel FORST – miembro actual (Francia)• Abogado con experiencia en derechos humanos
Sr. Ben HAYES (Reino Unido)• Miembro experto en protección de datos• Miembro experto en procesamiento electrónico de datos• Abogado experto en protección de datos
Sr. Mohamed KAMARA – miembro actual (Líbano)• Abogado con experiencia en protección de datos • Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional • Abogado con experiencia en derecho penal internacional
Sr. Vitalii KASAP (Ucrania)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos• Abogado con experiencia en protección de datos• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional
Sr. Lilungwe Theophilus MAYUMBELO (Namibia)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.
Sra. Teresa McHENRY – miembro actual (Estados Unidos)• Abogada con experiencia en derecho penal internacional • Abogada con experiencia en derechos humanos• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional
Sr. Mohamed Elfadhel MILED – miembro actual (Túnez)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos
Sra. Alejandra NEGRETE MORAYTA (México)• Abogada con experiencia en derechos humanos
Sra. Tania NEIRA (Finlandia)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional
Sra. Padmini SINGH (India)• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sr. Murat ŞEN (Turquía)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.
Sra. Tetiana USTYMENKO (Ucrania)• Abogada con experiencia en derechos humanos
Sra. Elisabeth VOS (Países Bajos)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional
Sra. Amanda WESTON (Reino Unido)• Abogada con experiencia en derechos humanos
Defence,International Relations,Defense,Diplomacy / Foreign Policy,Europe
POLITICA
Causa Vialidad: la Corte ratificó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben devolver $685.000 millones
La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.
¿Cómo se estableció el monto?
El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
Leer más: La Procuración le pidió a la Corte que le saque la pensión por viudez a Cristina Kirchner
El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.
En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cristina Kichner, Vialidad, Corte Suprema
El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.
Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.
La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.
La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.
Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas
Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.
La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.
Defensa, metalmecánica y requisitos para participar
El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.
El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.
Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.
Interés internacional y contexto geopolítico
En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.
Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.
Antecedentes, desafíos y expectativas futuras
Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.
La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.
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