En menos de dos años, el gobierno de Javier Milei sancionó tres regímenes de incentivo a la inversión que cubren casi todo el universo empresario: desde la pyme que busca renovar maquinaria hasta el gigante tecnológico que evalúa instalar un centro de semiconductores en el país. Cada esquema tiene su escala, su lógica y sus beneficios.

Con RIGI, RIMI y el proyecto de Súper RIGI, la Argentina buscó construir un sistema escalonado de estímulos para distintos tamaños de inversores: grandes proyectos desde USD 200 millones, medianas inversiones pyme desde USD 150.000 y nuevas industrias con umbral de USD 1.000 millones. El diseño combinó alivios fiscales, reglas de adhesión y, en el caso del RIGI, estabilidad normativa por 30 años.

La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada: retenciones a las exportaciones, restricciones cambiarias que impedían girar utilidades o acceder a divisas, presión tributaria elevada e inestabilidad normativa que volvió rutinario el cambio de reglas en mitad del partido.

Mientras otros países captaron inversiones de escala en energía, minería, tecnología e infraestructura, Argentina ofreció un marco que desincentivó el compromiso de capital de largo plazo por la inestabilidad normativa, el intervencionismo estatal y el deterioro de la confianza contractual.

Ese fue el punto de partida del esquema de incentivos que el gobierno nacional construyó desde 2024.

Los tres regímenes no compitieron entre sí: se complementaron. Cada uno apuntó a un segmento del universo inversor y conformó un sistema escalonado por escala y tipo de actividad, desde la pyme que renueva equipos hasta el inversor global que evalúa radicar una industria que hoy no existe en el país.

Grandes proyectos en sectores estratégicos

El RIGI, vigente desde julio de 2024, quedó destinado a proyectos con inversión mínima de USD 200 millones en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Ofreció un paquete de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años.

El puntapié inicial fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, la Ley de Bases, sancionada en julio de 2024 y reglamentada por el Decreto 749/2024. Se diseñó para proyectos de envergadura en ocho sectores taxativos.

El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años. El régimen exigió que cada proyecto se estructurara en una sociedad separada, creada exclusivamente para ese fin y sin posibilidad de mezclarla con otros negocios del inversor: el Vehículo de Proyecto Único (VPU).

Los VPU debieron comprometer al menos el 20% de la inversión total en pagos a proveedores locales. El plazo para solicitar la adhesión vencía en julio de 2026, pero se prorrogó por un año. El inversor debía presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en un plazo de 90 días hábiles.

En materia tributaria, los VPU tributaron Ganancias a una alícuota fija del 25%, 10 puntos por debajo del régimen general. Además, accedieron a amortización acelerada de activos: en el RIGI, los bienes muebles se amortizaron en un mínimo de dos cuotas anuales y las obras de infraestructura se amortizaron con vida útil reducida al 60 por ciento.

El régimen también permitió deducir quebrantos sin límite temporal, a diferencia del régimen general, que habilitó el traslado por cinco años. En proyectos con fases de construcción y puesta en marcha prolongadas, ese límite operó como un problema porque las pérdidas podían acumularse más allá del plazo.

Durante los primeros cinco años desde la adhesión, los VPU dedujeron intereses sin límite porque el RIGI suspendió las restricciones del régimen general. Los dividendos tributaron 7% durante los primeros siete años y 3,5% a partir del año siete.

En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción. En el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, el 100% de lo abonado fue computable como crédito del Impuesto a las Ganancias.

En el plano aduanero, las importaciones quedaron exentas de derechos para los bienes que se incorporaran como activos del proyecto. Las exportaciones quedaron libres de retenciones a partir del tercer año de adhesión. En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), esa exención rigió desde el segundo año.

En materia cambiaria, los cobros de exportación tuvieron libre disponibilidad progresiva: 20% al segundo año, 40% al tercero y 100% al cuarto desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Para los Peelp -proyectos con al menos USD 1.000 millones por etapa y al menos 70% de producción destinada a exportación- el esquema se aceleró: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la puesta en marcha, además de exención de retenciones desde el segundo año.

Los aportes de capital y financiamientos quedaron sin obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios desde el primer día, por lo que los fondos pudieron mantenerse en la moneda y el lugar que el inversor eligiera.

El régimen ofreció tres garantías centrales:

1. La estabilidad normativa: las reglas tributarias, aduaneras y cambiarias vigentes al momento de la adhesión no pudieron modificarse en perjuicio del proyecto durante 30 años.
2. Los incentivos se reconocieron como un derecho adquirido asimilable al de propiedad.
3. La resolución de conflictos: si surgía una disputa, el VPU podía recurrir a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Ciadi.

Para que un proyecto localizado en una provincia accediera a estos beneficios, la jurisdicción correspondiente debió adherir expresamente al régimen; a la fecha lo hicieron 19 provincias.

El esquema se amplió en febrero de 2026 con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Quedó en pleno funcionamiento en mayo de 2026, cuando la Resolución Conjunta 5849/2026 de ARCA y las Secretarías de Agricultura y Energía estableció los procedimientos de acceso y operación.

A diferencia del RIGI, limitado a ocho sectores, el RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no exigió constituir un VPU: cada firma accedió bajo su forma jurídica habitual, sin crear una sociedad separada.

Los montos mínimos de inversión escalaron por tamaño: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas Tramo 1 y USD 9 millones para medianas Tramo 2. Ciertas inversiones agropecuarias (riego, mallas antigranizo, semovientes) y bienes de alta eficiencia energética no requirieron monto mínimo.

El plazo para invertir fue de dos años desde la entrada en vigencia. Los beneficios fueron más acotados que los del RIGI y no incluyeron estabilidad normativa por 30 años, régimen cambiario especial ni arbitraje internacional.

En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada: los bienes muebles nuevos (excepto automóviles) se amortizaron en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas, y las obras productivas se amortizaron con vida útil reducida al 60%. Para sistemas y equipos de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, la amortización se aplicó en una sola cuota.

En IVA, permitió la devolución anticipada del crédito fiscal: el impuesto pagado en las inversiones pudo solicitarse como devolución una vez transcurridos tres meses desde su cómputo, sin esperar la finalización u operatividad de la obra.

El último régimen fue el más ambicioso. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el “Súper RIGI”, que obtuvo dictamen de Diputados el 17 de junio.

El Súper RIGI se planteó como autónomo y complementario del RIGI. Quedó destinado a inversiones en “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica que hoy no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto.

El umbral de inversión fue de USD 1.000 millones por proyecto, con el compromiso de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. El plazo para solicitar la adhesión fue de cinco años desde la reglamentación, prorrogable por un año. El inversor debió presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en 90 días hábiles.

En incentivos, el Súper RIGI profundizó lo ofrecido por el RIGI. La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general. Los dividendos pagaron 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto.

Los derechos de exportación quedaron exentos desde el primer día, sin el período de espera de tres años del RIGI. En seguridad social, creó una alícuota única del 10% de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, un esquema que el RIGI no estableció porque remitió al régimen general de la Ley 27.541.

La libre disponibilidad cambiaria de los cobros de exportación siguió el esquema acelerado que en el RIGI solo aplicó a los Peelp: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la fecha de la primera exportación.

El texto incluyó quebrantos sin límite temporal, actualizables por IPC, y transferibles a terceros a los cinco años si no se absorbieron. También contempló Certificados de Crédito Fiscal para el IVA de inversiones en activos computables.

Se garantizó estabilidad normativa por 30 años y se extendió a la seguridad social. Las jurisdicciones provinciales que adhirieran asumieron compromisos fiscales, como que la alícuota de Ingresos Brutos no superara el 0,50%, la supresión del Impuesto de Sellos y la renuncia a regalías y cánones.

Casi dos años después de su sanción, el RIGI acumuló 41 proyectos presentados en energía, petróleo y gas, minería, siderurgia e infraestructura, con inversiones comprometidas por USD 140.929 millones, que implicarían la generación de aproximadamente 195.000 empleos.

De ese total, 16 fueron aprobados, por USD 29.892 millones y con 54.495 empleos proyectados, mientras que otros 25 permanecieron en evaluación con solicitudes que sumaron USD 111.037 millones adicionales.

La distribución territorial de los proyectos aprobados mostró concentración donde existieron recursos estratégicos, infraestructura disponible y adhesión provincial:

• Río Negro apareció como uno de los principales polos, impulsado por proyectos vinculados a Vaca Muerta, transporte de hidrocarburos y gas natural licuado.
• San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, con iniciativas mineras asociadas al cobre, el oro, la plata y el litio.
• Mendoza, con proyectos mineros y de energía renovable.
• Buenos Aires, con inversiones en siderurgia y energía eólica.
• Santa Fe, con infraestructura portuaria.
• La Pampa, alcanzada por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Aunque la provincia no adhirió formalmente al RIGI, el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno fue aprobado por tratarse de una obra de infraestructura energética interjurisdiccional destinada a ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.

Esa excepción no invalidó el punto central: las provincias que adhirieron al régimen ofrecieron un marco adicional de previsibilidad y acompañamiento local, mientras que las que permanecieron al margen resignaron una herramienta de competencia para atraer inversiones de gran escala.

En ese sentido, La Pampa no quedó excluida por falta de potencial, sino por una decisión política. La provincia integró corredores energéticos estratégicos, tuvo ubicación territorial relevante y pudo captar inversiones asociadas a infraestructura, energía, logística y agregado de valor.

Pero mientras otras jurisdicciones buscaron posicionarse frente al nuevo mapa de inversiones, La Pampa mantuvo una postura defensiva frente al RIGI y corrió el riesgo de quedar como territorio de paso antes que como destino de radicación productiva.

El autor es economista y recién nombrado Vocero Presidencia; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

La inflación retomó en abril el sendero de la desaceleración y el Gobierno sostuvo una hoja de ruta macroeconómica basada en la reducción del índice de riesgo país, impulsada por la mejora de la nota de la deuda según evaluadoras internacionales; la acumulación de reservas en el Banco Central; el crecimiento de las exportaciones, y la disminución de la deuda pública a partir de la consolidación del superávit fiscal.

Matías Surt, economista y socio director de Invecq Consultora Económica, analizó en diálogo con Infobae el alcance de esas señales y los puntos de tensión que siguieron abiertos, como el caso Adorni, los altibajos de los sectores industriales orientados casi exclusivamente al mercado interno y la evolución del consumo de las familias, en un contexto de expectativas concentradas en el corto plazo.

Surt es máster en Economía (Ucema) y profesor de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del CEMA y el Instituto Universitario CIAS. En la entrevista, expuso su visión sobre la coyuntura y las proyecciones inmediatas para la actividad, el consumo y los principales precios de la economía.

— En un proceso de estabilización, ¿una política de ingresos es necesaria o alcanza con orden fiscal y monetario? ¿En qué condiciones funciona y en cuáles fracasa?

— Del estudio teórico y empírico de programas de estabilización se aprende que las políticas de ingreso pueden hacer más eficientes los procesos desinflacionarios. Eficientes en el sentido de ayudar a cambiar expectativas, a quebrar la inercia y, en definitiva, a coordinar mejor la dinámica de precios. Son componentes heterodoxos que, asegurado lo esencial -el núcleo ortodoxo del orden fiscal y monetario-, pueden ayudar a hacer menos costosa la desinflación en tiempo y en pérdida de PBI y empleo.

Ahora bien, de ninguna manera el componente heterodoxo de ingresos puede sustituir al orden fiscal y monetario: hacerlo es una garantía de fracaso y hay muchos antecedentes. Son los experimentos de los “poetas”, como los definió Rüdiger Dornbusch en un paper de referencia sobre el tema. Acá diríamos experimentos de “voluntaristas” que creen que se puede salir de un proceso inflacionario tan arraigado y en aceleración como el que tenía Argentina en 2023 solo con controles de precios y coordinación de salarios, y sin medidas drásticas de orden.

Dicho eso, el programa del Gobierno no tuvo ausencia total de este tipo de componentes heterodoxos, pero quizás no sean completos y con seguridad no se los reconoce ni se los define de esa manera por parte del equipo económico.

El control cambiario y el crawling peg de la primera etapa fue un componente heterodoxo que, junto con la normalización del comercio exterior, tuvo el objetivo de “controlar” indirectamente o disciplinar a una porción importante de la canasta de precios: los transables. Es incompleto porque la mayor proporción de la canasta de consumo son servicios, y ahí el control cambiario y la apertura no son eficientes para disciplinar o coordinar esos precios.

También hubo algún tipo de control de salarios, cuando se topeaban las paritarias para fijar una pauta por debajo del 2% mensual. Y no hay que olvidar la intervención directa sobre las prepagas en abril de 2024. No constituyó una cosa completa y consistente como para llamarla política de ingresos, pero que son componentes heterodoxos, lo son.

Un tema no menor, que creo que generalmente se pasa por alto cuando se habla de incorporar políticas de ingresos o los “pactos sociales”, es que es mucho más difícil hacerlo cuando el problema inflacionario tiene asociado un fenómeno de distorsión de precios relativos. Y ese era el caso de Argentina en noviembre de 2023. No creo que hubiera sido posible o eficiente implementar una política de ingresos cuando todavía no había una estructura de precios relativos que hiciera funcionar correctamente a los mercados.

Y una vez que se la tiene, para que el acuerdo sea duradero tiene que haber un consenso social de que esa es una estructura de precios relativos aceptable, que se puede “congelar” en ese momento. De lo contrario, se romperán los acuerdos al intentar mejorar la posición relativa de cada actor. No es sencillo.

— Si la inflación baja, ¿qué distorsiones de precios relativos quedan más expuestas (tarifas, tipo de cambio, salarios, tasas) y cuál es el principal riesgo de un rebrote?

— El principal riesgo de un rebrote inflacionario es que golpee aún más los ingresos, impidiendo la recuperación del mercado interno que el Gobierno necesita para llegar mejor posicionado a las elecciones del año que viene. No veo riesgos reales de rebrote o espiralización permanente; sí aceleraciones temporales como la que vimos de mayo 2025 a marzo 2026.

Hay distorsiones aún en tarifas de servicios públicos. Hoy hay una porción de la demanda que paga el 100% del costo eléctrico y otra porción (mayoritaria) que paga, en promedio, el 40%; con el gas de red, algunos el 100% y otros el 50%; y el transporte público, en la zona del 30% para todos.

Las tasas activas vinculadas al consumo están muy distorsionadas. Nadie podría decir que tarjetas de crédito a tasas promedio del 90% o los créditos personales al 65% son precios relativos “alineados” o de una macro saneada. Porque, con cualquier expectativa de inflación que tomes, están hablando de tasas reales de entre 30% y 50%. Imposible.

Y sobre el tipo de cambio, el debate es infinito. Yo sigo pensando que este tipo de cambio real (TCR) no es compatible con los niveles de productividad actuales de la economía argentina. Quizás sí con la productividad del futuro, cuando se hayan hecho y madurado todas las reformas que están en agenda o en ejecución. Pero esa será la productividad del futuro y el TCR está hoy. El sector externo está volando, por buenos volúmenes y acelerado por precios internacionales que nos favorecen.

Eso se traduce en una cuenta corriente de la balanza de pagos casi equilibrada, que puede permitir un TCR que está debajo del de equilibrio. Pero los precios son volátiles, y al stock de reservas del BCRA le falta mucho para estar en una posición saludable. Además, el TCR es relevante también como precio relativo de la actividad y, por ende, del equilibrio interno.

—En materia fiscal, ¿la mejora se sostiene por recorte de gasto, por cambios en ingresos o por recuperación de la actividad? ¿Qué dos rubros son decisivos?

—El superávit primario se sostuvo por un control estricto sobre el gasto que, luego de caer 30% real en 2024, no rebotó (a diferencia de lo que pasó el año pasado en las provincias, por ejemplo). Los recursos no están ayudando; de hecho, por eso el superávit primario fue menor en 2025 que en 2024 y para 2026 fue revisado a la baja por el FMI respecto de la proyección original.

Dado un superávit primario más bajo, el financiero también se ajusta, bordeando el equilibrio y yendo a déficit si la deuda con intereses capitalizables se hubiera emitido con cupón. El FMI lo estimó en un déficit de 0,8% del PBI. De todos modos, sigue siendo el pilar del programa y el compromiso del Gobierno es total.

Dicho eso, y pensando en la salud de las finanzas públicas a mediano y largo plazo y en la necesidad de generar espacio fiscal para una reforma tributaria, el gran pendiente es la reforma previsional que comprenda los parámetros fundamentales del sistema: edad, tasa de sustitución, tasa de contribución y ratio de activos aportantes sobre pasivos, en relación al “régimen general” y a los más de 200 “regímenes especiales”.

— ¿Cómo evalúa el esquema cambiario y la estrategia de reservas del Banco Central de la República Argentina?

— El cambio en la estrategia de acumulación de reservas internacionales me parece el giro más importante del programa económico en los últimos meses, y al que le asigno la mayor parte de la baja del índice de riesgo país.

Con respecto al régimen de flotación entre bandas, creo que quedó algo desdibujado, porque hay una sola banda relevante, que es el techo. No hay “bandas”: hay una banda superior; la inferior es irrelevante por el punto de partida y la evolución que se le puso. Y la superior quizás podría estar más alta pensando en el año electoral que viene, para evitar tocarla con tanta facilidad como el año pasado y obligar a la política monetaria nuevamente a sobrerreaccionar con tasa de interés.

— ¿Qué riesgo ve más relevante: atraso cambiario, volatilidad o insuficiencia de reservas?

— El mayor riesgo es político. Si nuevamente, y nada parece indicar lo contrario, el año que viene hay algún grado considerable de probabilidad de que gane un candidato que propone desandar todo lo hecho en este período y volver a un esquema macroeconómico populista, la volatilidad será enorme. Dado ese riesgo, cuanto más bajo sea el nivel del TCR y cuanto más bajas sean las reservas internacionales, mayor será la vulnerabilidad y la volatilidad.

Y obviamente hay un punto en donde todo se hace medio endógeno, porque la magnitud del riesgo político (que tiene existencia y vida propia) no es independiente del desempeño de la economía de acá hasta las elecciones.

— Qué define la fortaleza macro: ¿el valor de la moneda, la acumulación de reservas o el crecimiento del comercio exterior? ¿Cuál priorizaría y por qué?

— Una macro fuerte es una macro que no es vulnerable. Es medio tautológico, pero quiero decir una macro que permite una buena tasa de crecimiento económico con baja inflación, sin acumular desequilibrios fiscales, financieros y externos. Y que el núcleo de esa macro que permite crecer con baja inflación y sin acumular desequilibrios no sea puesto en tela de juicio en cada campaña electoral. No estamos ahí todavía. Ni por los desequilibrios ni por la puesta en tela de juicio de los componentes esenciales.

Necesitaríamos una mejor condición fiscal y haber resuelto el problema de stock del Banco Central de la República Argentina. El BCRA sigue teniendo reservas netas negativas bajo metodología del FMI o apenas positivas contándolas de otra manera. Pero estamos lejísimos de tener el 20% o el 30% del PBI en reservas internacionales como tienen los bancos centrales fuertes de la región.

— ¿Qué debería ocurrir para que el crecimiento de sectores como energía, minería y agro se traduzca en más empleo y mejor ingreso real en el resto de la economía?

— Varias cosas. Primero, tiempo. Son todos sectores que estuvieron subdesarrollados durante muchísimos años, aún la agroindustria que es el corazón competitivo de la economía argentina, pero que no es todo lo que podría ser. Y tienen períodos de planificación, inversión y maduración largos. En la minería es clarísimo, pero en las economías regionales de la agroindustria también: son ciclos largos. Solo se pondrán en marcha a full cuando haya mayor seguridad de que no se volverán a distorsionar sus precios relativos con cierres de exportaciones o encarecimiento de insumos con cepos y brechas; y se haya avanzado en las reformas pro competitividad y en acuerdos comerciales para contar con mercados externos.

Aun así, con el crecimiento de base que podemos descontar, hay un aporte fenomenal de estos sectores a los 47 millones de argentinos, aunque nunca hayan visto ni vean un poroto de soja, cobre o una perforación petrolera. Son todos sectores exportadores, que generan dólares para sostener el salario actual y futuro de toda la economía.

— ¿Cómo cree que serían los salarios hoy, que están golpeados, sin Vaca Muerta, los futuros proyectos mineros o la cosecha de todos los años?

— Seguro que muchas de esas actividades estarían creciendo a una tasa mayor y más rápido con más infraestructura, con políticas de reentrenamiento laboral como las que hace el primer mundo y, en definitiva, con mejores bienes y servicios públicos. Eso quizás es lo que le falta a la política nacional, provincial y local para ayudar a acelerar la transformación estructural.

Y me parece importante bajar a los niveles de gobierno subnacionales porque no todo está en la Nación. A mí me preocupa, por ejemplo, la proliferación de distintas “políticas industriales” en las provincias energéticas y mineras que pueden agravar la heterogeneidad regional de la actividad, poner mayor rigidez al proceso de reconversión de empresas e incrementar costos innecesariamente con las regulaciones de “compre provincial”, “contrate provincial”, etc.

Además, me parecen insólitas en un país federal. ¿Se imaginan a Santa Fe exigiendo que el 70% de la cosecha de soja la hagan empresas santafesinas? ¿O que el 60% del maíz cordobés sea transportado por camioneros cordobeses? En lugar de facilitar que una empresa que puede estar pasándolo mal en algún gran conurbano sea proveedora de los sectores ganadores, las regulaciones provinciales buscan limitarlo.

O los cuellos de botella en servicios públicos para el desarrollo de Añelo, por ejemplo, que tiene una población que crece enormemente año a año, pero la política decide que la coparticipación de ingresos provinciales a los municipios siga haciéndose con los porcentajes de la década del 90. Parece que en lugar de facilitar el derrame y la flexibilidad se buscara llenar de rigideces una transformación virtuosa.

— ¿La mejora de la calificación de la deuda soberana debería impactar en la economía real (tasas de interés, crédito, inversión, empleo)?

— De forma muy indirecta. Es mejor que ocurra, por supuesto, pero no es algo que tenga impacto directo y rápido. Hay otros factores, que mencionamos, que prevalecen. El impacto más claro sería si esta mejora habilita el regreso al mercado internacional y, de esa manera, se conservan en el BCRA las reservas compradas en los últimos meses.

— ¿Qué condición falta para que se vea en la calle?

— Un poco lo que ya charlamos. Tengamos en cuenta que lo que vemos en la calle es un agregado: ahí adentro ya está el efecto positivo de estas cosas buenas. El tema es que los efectos negativos están primando. Sin tirar por la borda el corazón del programa, el Gobierno podría buscar un mejor esquema cambiario, menores tasas de interés activas y algo más de obra pública a través de la aceleración de licitaciones.

— ¿Cómo influye desde ahora la dinámica política y las expectativas electorales hacia 2027 en decisiones de inversión, consumo y dolarización? ¿Qué variable reacciona primero?

— Mal, como comentaba anteriormente. Dado el estado actual, no veo cómo la dinámica política, que comenzará a intensificarse en los próximos meses, no complicará esas decisiones. La única forma posible sería que la elección se dirima entre candidatos que comparten el núcleo del esquema macroeconómico, con matices menores, y que las diferencias fuertes estén en el resto de la agenda política. No es el escenario de base.

— ¿Cuál es su escenario base para 2027 en tres variables: inflación, nivel de actividad y resultado fiscal? ¿Qué supuesto es el más frágil?

— Este año esperamos que cierre con una tasa de inflación del orden del 30%, un crecimiento económico muy dispar con promedio de 2,5% y equilibrio financiero, sin contabilizar los intereses capitalizables. El 2027 es difícil de proyectar por lo político, pero creo que pueden ser posibles algunos puntos menos de inflación (no muchos menos) con una tasa de crecimiento similar. Y el equilibrio financiero el Gobierno lo va a buscar como sea. Quizás la mayor fragilidad esté en la inflación, por la volatilidad cambiaria que puede llegar a haber.

— ¿Qué variable explica más el “bolsillo” en 2027: salario real, empleo registrado, crédito o precios regulados? Ordene esas cuatro por importancia.

— Bueno, por definición “el bolsillo” es el salario real, ¿no? Después está la discusión práctica respecto de cómo medimos el salario real para que refleje fielmente la capacidad de compra de los individuos y ahí entra el debate sobre los ponderadores del IPC. Si medimos la evolución del salario real con los ponderadores de 2004, el último dato disponible muestra un bolsillo del asalariado registrado 5% más bajo que en noviembre 2023.

Si lo medimos con los ponderadores de 2017/2018, que considero más fieles que los de 2004, ese bolsillo en realidad está bastante más flaco: bajó 11%. Para los asalariados públicos esa misma cuenta es menos 17% o menos 22%, y para la media de los jubilados es inferior: 10% entre los que tienen bono y 3% en los que no.

— ¿Qué va a pasar con esas variables de acá a 2027?

— Tiendo a pensar que los privados y públicos encontrarán un piso en estos meses y, con la baja de la inflación que estamos viendo, recuperarán muy lentamente algo de poder adquisitivo: nada espectacular, un cero coma algo por mes. Y eso se puede frenar por la volatilidad nominal electoral.

Los jubilados de la mínima con bonos no van a recuperar porque el bono fijo en $70.000 se sigue licuando. Y el resto tiene, en el mejor de los casos (si la inflación se fuera a 0% mañana), un 5% de recuperación (que es la inflación con lag que reciben de los últimos dos meses). A partir de ahí, nada más, porque la fórmula vigente consiguió topear las jubilaciones en términos reales.

— Si tuviera que elegir dos reformas o decisiones para mejorar crecimiento y empleo en 2027–2028, ¿cuáles serían y cuál es el principal riesgo de implementación?

— Una reforma previsional y tributaria, que idealmente condicione un acompañamiento provincial. El principal riesgo de implementación es la impopularidad que las reformas previsionales suelen tener. Acá, en Uruguay en 2023 o en Francia. Y pensando en la tributaria también: muchos creen que una reforma tributaria implica bajar impuestos y listo, pero dadas las condiciones argentinas es más complejo.

Si queremos tener un buen sistema tributario, hay impuestos que bajar, pero quizás otros que deban subir; hay alícuotas por armonizar, gasto tributario por reducir y evasión por combatir.

Fotos: Maximiliano Luna

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, que parecía dormido desde hace décadas, volvió a la superficie con fuerza esta semana. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, la norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones, y para habilitar acciones judiciales que permitan reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina.

La respuesta del lado de la cordillera fue inmediata y contundente: tanto el gobernador Marcelo Orrego como la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que una disputa de ese tipo podría tener sobre las inversiones en curso.

El detonante inmediato de la escalada es el proyecto Vicuña, la sociedad formada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en San Juan, pero con parte de su logística dependiente del territorio riojano. Apenas cuatro días antes del anuncio de Quintela, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, comprometiendo una inversión inicial de USD 9.700 millones con posibilidad de escalar hasta USD 18.000 millones a lo largo de una década. El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado al emprendimiento como “el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”.

La aprobación del RIGI otorga a Vicuña beneficios de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Con el conflicto entre La Rioja y San Juan, se enciende la alarma sobre uno de los ejes más sensibles de cualquier inversión: la seguridad jurídica.

El conflicto limítrofe entre ambas provincias tiene raíces en la dictadura. El decreto-ley 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, fijó los límites interprovinciales a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. La norma es precisa en sus definiciones: establece tramo por tramo la línea divisoria entre ambos territorios y deja en claro, en su artículo primero, que los parajes Ichigualasto y Los Baldecitos “quedarán en la provincia de San Juan”.

Sin embargo, en 1973 la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento. Ese rechazo es el que Quintela busca ratificar y proyectar en nuevas acciones legales.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses” de la provincia en las áreas en disputa. Además, crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales y miembros consultivos como historiadores, geógrafos y especialistas en minería y cartografía.

La posición riojana sostiene que el acuerdo de 1968 fue perjudicial para sus intereses territoriales y que significó un “despojo” de áreas que hoy tienen enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos. La reactivación del reclamo no es casual: la cordillera sanjuanina se convirtió en los últimos años en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y el propio distrito Vicuña.

El conflicto tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana suspendió temporalmente las operaciones en territorio de esa provincia y cerró caminos estratégicos, argumentando que Vicuña no había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades riojanas.

La respuesta del gobernador sanjuanino fue inmediata. A través de su cuenta de X, Orrego descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió el mandatario.

Orrego fue más allá y convocó a la unidad política interna ante lo que calificó como una amenaza sobre el patrimonio provincial. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

El argumento jurídico central de San Juan es que la Ley 18.004 no puede ser modificada por una norma provincial. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias, por lo que ninguna legislatura provincial podría alterarlos de manera unilateral. El propio proyecto de Quintela, al mencionar que la Fiscalía de Estado deberá coordinar con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso y recurrir a la Justicia, reconoce implícitamente que el camino no pasa por la sola voluntad de la Legislatura local.

La Cámara Minera de San Juan también tomó posición de manera pública. En un comunicado emitido este viernes, la entidad advirtió sobre los riesgos que genera cualquier cuestionamiento a las condiciones legales vigentes. “La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo”, señaló el texto.

La entidad recordó que San Juan construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad institucional y la continuidad de políticas de Estado, y subrayó que ese historial fue lo que permitió atraer inversiones y generar empleo. “La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”, advirtió la Cámara.

El comunicado incluyó además un llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación política. “En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político”, concluyó.

La posición de Quintela en este conflicto se produce en un momento de fragilidad fiscal para su provincia. A principios de junio, el propio gobernador reconoció ante Infobae que La Rioja atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios y anunció el retorno de los “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), cuasimonedas que ya habían sido utilizadas como herramienta de emergencia en el pasado. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, dijo Quintela. La provincia también solicitó al gobierno nacional un adelanto de $85.000 millones en concepto de coparticipación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En esa misma entrevista, Quintela había calificado al RIGI como “una entrega total de nuestros recursos” y se había mostrado crítico de la gestión económica nacional. “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, señaló entonces.

Más allá de los argumentos históricos y jurídicos, el trasfondo económico del conflicto es de primera magnitud. Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, con exportaciones esperadas de USD 6.000 millones anuales una vez en plena operación, una cifra equivalente a la totalidad de lo que exportó la minería argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones. La etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos y la fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con más del 81% de los empleados directos oriundos de San Juan.

La relevancia de la provincia en el mapa minero internacional quedó reflejada en el último ranking del Instituto Fraser, de Canadá, que ubicó a San Juan como el 18° (sobre 68) distritos mineros del mundo, con 76,94 puntos sobre 100, lo que la convierte en la jurisdicción más atractiva de América Latina en minería. El informe también identificó entre las preocupaciones emergentes para San Juan precisamente los “conflictos por reclamos territoriales”, una advertencia que cobra mayor relevancia a la luz de la disputa en curso.