ECONOMIA
Casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y el 30% no come regularmente, según la UCA

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.
Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.
En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).
El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.
En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.
Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.
La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.
Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.
La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.
Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.
Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.
Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.
En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.
Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.
En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.
En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).
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ECONOMIA
Colapsa la obra social de Camioneros y ya no garantiza descuentos en remedios

La delicada situación económica que atraviesa la obra social vinculada al sindicato de Camioneros sumó un nuevo capítulo. En las últimas semanas, miles de afiliados dejaron de acceder a descuentos en medicamentos debido a la interrupción de convenios con farmacias por falta de pagos, una situación que ahora afecta incluso a tratamientos crónicos.
Según testimonios de beneficiarios, las pocas farmacias que continuaban trabajando con la cobertura dejaron de aplicar descuentos, obligando a los pacientes a afrontar el costo total de los productos o a postergar compras esenciales.
Las quejas también comenzaron a multiplicarse en los canales digitales del gremio. Sin embargo, afiliados aseguran que muchos de esos reclamos desaparecen de la página oficial poco tiempo después de ser publicados.
Crisis en la obra social de Camioneros: afiliados ya no consiguen medicamentos con descuento
Hasta hace pocos días, quienes necesitaban medicamentos podían recurrir a Farma Social, ubicada en el barrio porteño de Constitución, muy cerca de la sede sindical. Pero esa opción también dejó de funcionar para numerosos afiliados.
Personas que acudieron con recetas médicas para adquirir remedios, fórmulas infantiles, pañales o insumos específicos relataron que recibieron una misma respuesta: falta de stock disponible para la cobertura de la obra social.
Ante ese escenario, la única alternativa ofrecida consistía en pagar la totalidad de los productos y luego iniciar un trámite de reintegro. Para muchos trabajadores, sin embargo, esa posibilidad resulta inviable
El trabajador explicó que percibe alrededor de dos millones de pesos mensuales gracias a la realización de horas extras y que, entre aportes sindicales, mutuales y de obra social, se le descuentan más de 150.000 pesos cada mes.
Coberturas que quedaron en suspenso
Hasta el agravamiento de la crisis, los afiliados accedían a descuentos que variaban según la rama de actividad y el nivel de aportes realizados a la mutual del sindicato.
Los porcentajes podían ubicarse entre el 50% y el 90% del valor de los medicamentos. Los mayores beneficios correspondían a trabajadores del sector de recolección de residuos que, además de la obra social, contribuían económicamente a la mutual.
Una situación que arrastra varios años
Los problemas financieros de la estructura sanitaria vinculada al gremio no son nuevos. Ya a fines del año pasado habían surgido dificultades para afrontar salarios de profesionales y trabajadores de sanatorios propios, lo que derivó en protestas y reclamos internos.
El liderazgo sindical encabezado por Hugo Moyano administra dos sistemas de cobertura: OSCHOCA, que opera en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y la obra social de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encargada de brindar prestaciones en el resto del país.
Los números reflejan el deterioro. De acuerdo con documentación contable oficial, la obra social de la federación acumulaba deudas con prestadores por más de $26.600 millones hacia agosto del año pasado. Meses después, en febrero de 2026, el pasivo registrado ascendía a más de $32.400 millones.
Búsqueda urgente de fondos
En medio de este contexto, circulan versiones sobre posibles desprendimientos de activos vinculados al universo camionero para obtener liquidez.
Entre ellos aparecen el eventual proceso de venta del sanatorio Antártida y la posibilidad de transferir un predio de diez hectáreas ubicado en Escobar que pertenece a la mutual del sindicato.
La administración de la cobertura médica también mantiene vínculos con IARAI, la empresa encargada de su gerenciamiento. La firma fue fundada por Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y madre de su hijo menor. En la conducción de la compañía participa además Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet.
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ECONOMIA
Pese a la suba de tarifas, un usuario con subsidios paga en promedio solo el 32% del costo real de la electricidad

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la política energética adoptó un mensaje directo: transparentar el precio real de la energía tras años de tarifas congeladas y altos subsidios. Durante mucho tiempo, los argentinos desconocieron el verdadero costo de servicios como el gas y la electricidad. A pesar de la recomposición tarifaria impulsada durante el último año, la brecha estructural del sistema eléctrico sigue vigente.
Actualmente, según un estudio elaborado por Regional Investment Consulting (Ricsa), un usuario residencial base con subsidio —es decir, un hogar representativo con consumo promedio dentro del bloque que recibe el beneficio a nivel nacional— paga en su factura solo el 32% del costo real de la electricidad. El 68% restante se financia con fondos públicos. Este porcentaje corresponde a un perfil tipo y puede variar según el nivel de consumo y la segmentación vigente en todo el país, ya que los usuarios que superan el bloque subsidiado o no cumplen ciertos requisitos afrontan una mayor proporción del costo real.
En abril de 2026, analizó el informe de Ricsa, el precio estacional alcanzó los $86.929 por megawatt-hora (MWh), un 36% más que un año atrás, pero el usuario residencial subsidiado abona solo $37.693 por MWh. Quienes no reciben subsidios pagan hasta $107.430 por MWh, cubriendo el 93% del valor total.
En esta línea, el Gobierno autorizó un nuevo aumento para las boletas de energía a partir de junio. Si bien en el interior del país depende de los entes reguladores provinciales, en el caso del AMBA, será de un 1,5 por ciento.
Según el estudio de Ricsa, la demanda eléctrica nacional mostró un fuerte crecimiento en abril: ascendió a 10.578 GWh, con una suba del 7,7% interanual, impulsada principalmente por temperaturas superiores al promedio histórico y un aumento generalizado en todas las regiones del país.
El segmento residencial cubierto explicó el 42% del consumo total. El crecimiento estuvo liderado por el Noreste, Litoral y Patagonia (hasta 17,2%), mientras el Gran Buenos Aires mostró un avance más moderado.

Por el lado de la oferta, el sistema debió reacomodarse ante una caída del 51,9% en la generación nuclear respecto a abril del año anterior, lo que dejó un hueco de 466 GWh que fue cubierto principalmente por más despacho térmico (+721 GWh) e hidráulico (+172 GWh), junto con un aumento de importaciones, que pasaron de 10 a 165 GWh.
Las energías renovables consolidaron su participación, aportando el 39,5% de la generación local. La energía solar lideró el crecimiento interanual con un salto del 20,8%, y la eólica superó su peso en potencia instalada, reflejando buenos factores de carga. En total, las renovables no convencionales, excluyendo la hidráulica mayor, cubrieron el 20,5% de la demanda del mes.
El informe subraya que, pese al ajuste tarifario y a los aumentos registrados, la brecha entre el costo real de la energía y el valor abonado por los usuarios residenciales subsidiados se mantiene prácticamente inalterada. El grueso del gasto en electricidad sigue siendo absorbido por el Estado, lo que preserva una estructura de subsidios que condiciona las cuentas públicas y la dinámica del sector eléctrico.
Desde principios de año, rige en la Argentina un nuevo régimen de subsidios energéticos. Se trata del SEF, una normativa que entró en vigencia mediante el decreto 943/25. La nueva norma estableció un esquema de subsidios para la tarifa de gas natural, energía eléctrica y gas propano por redes, así como garrafas de 10 kilos, de manera que el beneficio se otorga a hogares que cumplan condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.

Entre ellas: ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (alrededor de $4,3 millones), titulares de Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El objetivo de la medida es, acorde al lineamiento del Ejecutivo, reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas y esclarecer el costo real de la energía en el país.
Actualmente, unos 8.731.765 hogares reciben el Subsidio Energético Focalizado (SEF) sobre un total de 16.472.523 usuarios de energía eléctrica, según los datos analizados por Infobae del Anexo de la respuesta a la Pregunta 314 del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviado el 29 de abril a la Cámara de Diputados. Esto implica que el 53% de los usuarios del país acceden a subsidios estatales en sus facturas de luz, con una tasa de 19.027 beneficiarios por cada 100.000 habitantes. En electricidad, la bonificación promedio es del 50% sobre un bloque de consumo determinado.
En tanto, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), los subsidios a la tarifa del agua, energía y transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual. En paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594%. Esto refleja el impacto de los ajustes, aunque la brecha estructural entre lo abonado por el usuario y el costo real permanece.
ECONOMIA
Gigante norteamericano del agro sigue acentuando su salida de Argentina y vende planta clave

Las desinversiones por parte de los capitales multinacionales se han vuelto una constante durante la gestión presidencial de Javier Milei, y más allá de la posición pro empresas extranjeras que suele publicitar La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, y tras desprenderse de su participación del 50% en la productora de fertilizantes Profertil, en una venta al binomio Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por una cifra cercana a los u$s600 millones, ahora el gigante Nutrien, participado por capitales canadienses y estadounidenses, vendió a la cooperativa agrícola AFA su planta de plaguicidas en Casilda, en la provincia de Santa Fe. Dicha operación se cerró en una cifra en torno a los 3 millones de dólares.
La compra por parte de AFA fue confirmada por Darío Marinozzi, titular de esa cooperativa. El directivo declaró que la escritura se firmó el viernes de la última semana, y que eso «lo liberó para contar sobre esa negociación que hasta ahora se mantenía en secreto».
La operación es vista en el agronegocio como otra señal de que Nutrien evaluaría retirarse de la Argentina.
Respecto de la operación, y de acuerdo al sitio especializado Bichos de Campo, AFA ya cuenta con su propia planta de pesticidas en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, desde donde atiende las necesidades de sus propios productores pero también formula para terceras empresas, incluso multinacionales.
«A esas instalaciones añadió además recientemente una planta para elaborar biológicos que irán sustituyendo paulatinamente su oferta de agroquímicos», indicó la fuente.
Se afirmó, además, que la compra de la planta de Casilda por parte de la cooperativa AFA se suma a un proyecto de escala mucho mayor que es la posible instalación de una planta de bioetanol, «que podría demandar una inversión de entre 160 y 230 millones de dólares y que todavía busca lugar para su localización».
Nutrien viene de desprenderse de su participación en Profertil
La venta de la parte de Nutrien en Profertil fue detallada por iProfesional en diciembre del año pasado. En ese momento se brindaron precisiones respecto de la relevancia de la firma de la que salieron los norteamericanos.
Así, Profertil mantiene un ritmo de producción de casi 1,5 millones de toneladas de urea, un compuesto determinante para la producción de maíz y trigo. Prácticamente el 60% de la urea que demanda el agronegocio proviene de las plantas de la compañía. Asimismo, la firma elabora alrededor de 800.000 toneladas de amoníaco.
Además de su presencia en Bahía Blanca, la compañía en cuestión cuenta con oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe).
La operación cerró un proceso que se anunció a principios de septiembre de 2025, momento en que los compradores de la porción de Nutrien en Profertil anticiparon la compra a través de un comunicado.
En esa instancia, Adecoagro y ACA indicaron que «han firmado un acuerdo para adquirir en forma conjunta la participación del 50% de Profertil SA, el mayor productor de urea granulada de Sudamérica. El 50% restante de Profertil pertenece a YPF SA, la mayor productora de petróleo y gas de la Argentina».
«Adecoagro y ACA, en una sociedad 80%-20% respectivamente, ejecutarán la adquisición del 50% del capital social en circulación de Profertil. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete antes de finales de 2025″, añadieron.
Nutrien se retira para concentrarse en mercados más relevantes
Por el lado de Nutrien, y en el marco de la venta de su participación en Profertil, la compañía norteamericana emitió un comunicado a nivel global donde expuso que la desinversión se corresponde con la decisión de concentrar su participación en «geografías clave».
En esa línea, Ken Seitz, presidente y director ejecutivo, afirmó que «el acuerdo para vender nuestra participación en Profertil impulsa nuestra estrategia de centrarnos en activos y geografías clave para nuestra visión a largo plazo«.
«Pretendemos destinar el producto de la venta a iniciativas acordes con nuestras prioridades de asignación de capital, incluyendo inversiones de crecimiento específicas, recompra de acciones y reducción de deuda. Creemos que estas iniciativas mejorarán la calidad de los ingresos de Nutrien y respaldarán el crecimiento a largo plazo del flujo de caja libre», concluyó.
La venta de las instalaciones de Nutrien en Casilda se enmarcaría, entonces, en la decisión de la firma de concentrar sus negocios en mercados con menores turbulencias, mayor previsibilidad y mejores números comerciales.
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