POLITICA
Causa AFA: la Justicia encontró nuevas propiedades vinculadas al entramado empresarial de Pablo Toviggino

El juez federal de Zárate Adrián González Charvay solicitó este miércoles peritajes contables y tasaciones de bienes pertenecientes a empresas ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La lista incluyó tres nuevas propiedades en el barrio porteño de Belgrano.
Según aseguraron fuentes judiciales, González Charvay ya cuenta con detallados informes financieros sobre el titular de la AFA, Claudio Tapia, su mano derecha, Toviggino, y las empresas satélite sospechadas de lavar dinero de la casa madre del fútbol argentino, entre ellas Real Central SRL.
En ese contexto, mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez queda al frente de la causa por la mansión de Pilar valuada en más de 20 millones de dólares -atribuida al tesorero de la AFA-, el magistrado presentó una larga lista de bienes a tasar.
A su vez, también les pidió a los peritos contadores de la Corte que realicen “una experticia de la especialidad a los efectos de que, a partir de la totalidad de los elementos incorporados en autos, se detallen las personas físicas y jurídicas que hubieran intervenido en cada operación”.
La lista de bienes vinculados a la AFA bajo investigación de la Justicia
Entre las propiedades bajo investigación, González Charvay incluyó dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la firma Wicca SAS. De acuerdo al expediente, sus gastos eran pagados con una tarjeta de la AFA por Luciano Pantano, presunto testaferro de Toviggino.
Los peritajes también fueron solicitados para el terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL -hoy Real Central SRL- a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.
La lista se amplía con otro terreno en Pilar adquirido por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA; la parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana -Barrio cerrado Diciembre SA-, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019; y la parcela 74 de Estación Río Luján, partido de Campana -Barrio Cerrado Diciembre SA-, adquirida por Claudio Tapia el 20 de agosto de 2020.
A esas propiedades se incorporaron tres departamentos del edificio ubicado en Pampa al 1900 esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.
Acusaciones de desvío de fondos y la investigación sobre la tarjeta de la AFA
De acuerdo a la hipótesis de la Justicia, las empresas vinculadas a Toviggino no habrían podido generar recursos suficientes como para adquirir ese patrimonio, por lo que los fondos habrían surgido de desvíos de la AFA.
En ese contexto, la Justicia también investiga los gastos totales de la tarjeta corporativa de la AFA American Express emitida a nombre de Pantano, con la cual se habrían pagado expensas de las casas de Ayres Plaza y seguros de vehículos.
Si bien Pantano figura como titular de la mansión en Pilar, los investigadores sostienen que no tiene la capacidad económica para afrontar los gastos, sino que se trata de un allegado del tesorero de la AFA. Junto a él, figuraba como socia de Real Central Ana Conte, una jubilada y exempleada doméstica.
A la tarjeta se suman otras facturas apócrifas emitidas por la AFA por supuestos servicios inexistentes por $900 millones, en una maniobra que fue denunciada por ARCA esta semana.
AFA, Pablo Toviggino, Justicia
POLITICA
Monteoliva marcó distancia con Bullrich en medio de la interna en el Gobierno: “Mi respuesta es al señor Presidente”

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió a las versiones de tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei dentro del oficialismo y aseguró que, en su rol como integrante del Gabinete, responde directamente al Presidente. Además, habló sobre el operativo organizado para el velorio del Indio Solari y la relación con la provincia de Buenos Aires.
Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Monteoliva respondió a las versiones de internas en el Ministerio de Seguridad. “Las tensiones, las internas, todo eso de lo que ustedes hablan, a veces es más la conversación que lo que en realidad ocurre”, enfatizó. Ante la consulta sobre su alineación, fue tajante: “En mi caso, yo respondo al señor Presidente. No hay posibilidad humana que como ministra de Seguridad Nacional tenga otro tipo de alineación”.
Monteoliva sostuvo que el debate interno es propio de cualquier gestión, pero que el rumbo de Seguridad está claro: “Yo no concibo espacios donde no pensemos diferente o donde no tengamos a veces posiciones distintas, pero el norte es el mismo”. Aclaró su vínculo con Patricia Bullrich: “Con Patricia trabajé hace años, he trabajado años, hemos compartido, los equipos técnicos somos los mismos, porque somos el mismo equipo. Le tengo un aprecio y un cariño muy grande a Patricia. Patricia es un actor político clave en el país, pero como ministra mi respuesta es al señor presidente y estoy en total alineación con lo que define el presidente”.
Consultada sobre si percibe el “aire de tensión” entre la mano del presidente y Bullrich, Monteoliva relativizó: “Yo lo que no concibo es que se haga política. Y yo no vengo de la política ni tengo historia en la política, pero no me explico de qué manera se generan definiciones, consensos, acuerdos, si no es en las discusiones. A mí me parecería raro que todo el mundo pensara igual o creyera igual, sería como sospechoso”.
Sobre el video viralizado de Patricia Bullrich, Monteoliva optó por eludir la polémica: “El equipo de comunicación de Patricia son muy ingeniosos. Patricia tiene otras cosas para comunicar como actor político”. Ante la pregunta sobre la presentación de su declaración jurada, aclaró: “No, todavía no presenté porque el plazo es hasta el 31 de julio. No tengo ningún inconveniente en hacerlo”.
Otro de los temas abordados fue el operativo desplegado durante el velorio del Indio Solari. La ministra explicó que, tras conocerse la muerte del músico, algunos diputados solicitaron que la despedida se realizara en el Congreso, pero el Ministerio de Seguridad desaconsejó esa alternativa por cuestiones técnicas.

“Hicimos una consulta técnica rápida y dimensionamos una posible asistencia de 400 mil personas. Para ese escenario, en un lugar eminentemente urbano como el Congreso o la Casa Rosada, no estaban garantizadas las condiciones de seguridad”, explicó.
Según detalló, el Gobierno propuso como alternativa el predio de Tecnópolis por sus condiciones de acceso y por la posibilidad de organizar un operativo de gran escala. “La última palabra la tiene la familia en casos como este. Nosotros podemos proponer lugares, pero después tenemos que acompañar la decisión que se tome”, indicó.
Monteoliva también defendió el trabajo conjunto realizado con el gobierno bonaerense y rechazó las lecturas políticas sobre el despliegue. “No ideologizo nada ni politizo una situación como esa. Cuando algo está bien hecho hay que decir que está bien hecho”, sostuvo.
En ese sentido, calificó el procedimiento como “un operativo bien planteado” y aseguró que existió una coordinación permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Había más de 1.500 policías. Es imposible hacer un operativo de esas características sin policías”, concluyó.
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POLITICA
Aprobaron las ternas para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, clave en los casos de corrupción

El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.
La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.
A fines de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.
De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.
Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.
La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
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POLITICA
Manuel Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación por su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que en el trámite ya realizado por el matrimonio, que es investigado en la Justicia por el incremento de su patrimonio, no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La explicación sobre el origen de fondos para la adquisición de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía, aclararon.

El periodista Hugo Alconada Mon anticipó anoche que Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron la información aunque rechazaron la versión de que se había amparado en el régimen de inocencia fiscal que permite exteriorizar bienes. Además precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva.
“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”, argumentan.
“No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.
La declaración impositiva es privada, aunque la Justicia tiene la potestad de solicitar el levantamiento el secreto fiscal, tal como sucedió en el expediente judicial que investiga al matrimonio.
La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte de Adorni y Bettina no significa, necesariamente, que vayan a sacar dólares del colchón. Uno de los beneficios de Régimen es que les calculará a ambos -en base a información existente en su base de datos— el impuesto a pagar. Pero el más importante que tendrían ambos, en caso de ser aceptados en el Régimen, es el “tapón fiscal”.
El mismo bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisarlos por periodos fiscales anteriores. Entre ellos, el 2025, que es donde el jefe de Gabinete y su esposa hicieron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Aunque hay que destacar un dato: en 2025 no se podían sacar dólares del colchón, la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se lo conceden, ARCA no podrá mirar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024; y el año base de 2025.
El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”.
El avance de las causas y los próximos pasos
Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.
El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.
La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.
La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.
La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.
La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.
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