POLITICA
Causa dólar blue. Investigan a un excandidato de La Libertad Avanza y a un banquero de Tucumán ligado a Piccirillo
Un excandidato de La Libertad Avanza apareció en la ruta del dinero que investiga la causa del dólar blue. Se trata de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identificó como una de las estaciones que utilizó la casa de cambio de un binguero para realizar un “rulo” sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un dólar más caro, conocido como “dólar MEP”. No es el único banquero investigado. La Justicia también allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Elías Piccirillo.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Sobre la actual investigación, voceros de Napoli Inversiones consultados por sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.
La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.
Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.
Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.
La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.
Este rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utiliza dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gestión de Milei, el BCRA emitió una normativa que limitó el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por interpretaron como una regla “anti blue”. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de dólares baratos en época de cepo y su posterior utilización.
El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.
Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.
Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.
El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.
Desde la defensa de Blanco indicaron a que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.
Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $ 20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina», aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.
Cuando Piccirillo terminó preso, su ex socio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán», contó Smith.
En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.
Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.
Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.
Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Conforme a
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La Cámara de Casación rechazo el pedido de Lázaro Báez para obtener la prisión domiciliaria: los motivos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves el rechazo de la prisión domiciliaria para el empresario Lázaro Báez que había pedido el beneficio por cuestiones de salud y una delicada situación personal.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Báez que había pedido que se considere el agravamiento de su estado de salud. Según los informes presentados, el empresario padece de patologías crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado.
En el fallo, los camaristas explicaron que “las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios, mientras que la prisión domiciliaria constituye una excepción de interpretación restrictiva, que requiere justificación suficiente y control riguroso”.
“Este análisis resulta aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público», y por el que fue condenado Báez.
Al respecto, los magistrados agregaron que “el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar adecuadamente tales conductas” y, en casos como este, “una flexibilización carente de adecuada fundamentación corre el riesgo de debilitar ese mensaje normativo”.
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La Cámara resaltó que Báez fue objeto de sucesivas evaluaciones e intervenciones médicas y que las afecciones que viene padeciendo “están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado”.
Por lo tanto, las patologías descriptas por su defensa no logran demostrar que su estado de salud, de momento, sea incompatible con su permanencia en el establecimiento penitenciario donde actualmente se encuentra alojado.
El pedido de Lázaro Báez
Báez cumple una pena de 15 años de prisión, unificada en julio de 2025 por el mismo Tribunal Oral Federal N° 4. Esa condena combina los 10 años impuestos por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y los 6 años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante la gestión de Cristina Kirchner.
La defensa había alegado que las condiciones de detención agravaban el estado de salud del empresario y que existían demoras en la atención médica que ya habían ocasionado perjuicios.
En el informe también se señaló que el año pasado le extirparon un tumor premaligno del intestino y requiere un seguimiento especial. Ese seguimiento no se concretó pese a episodios de sangrado previos. También se remarcó que, tras su traslado al pabellón común no recibe los controles glucémicos indicados y carece de pilas para su dispositivo de medición.
A su situación de salud se suma que su pareja se encuentra en medio de un tratamiento por un cáncer y a cuidado de sus dos hijos menores de edad.
Lázaro Baez, Justicia, casación penal
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Votación cerrada. El Senado rescató de la jubilación al juez que convalidó la reforma laboral
El Senado aprobó este mediodía un paquete de pliegos judiciales entre los que se destacan la designación de Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa contra Martin Insaurralde y Jesica Cirio y la extensión de su magistratura por cinco años más para Víctor Pesino, el camarista del fuero del Trabajo que avaló la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La nominación de Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio, fecha en la que debería pasar a retiro si no recibe un nuevo acuerdo del Senado, fue impugnada con fuertes acusaciones por parte del kirchnerismo, que levantó un manto de sospechas sobre la decisión del juez de dejar sin efecto la medida cautelar presentada por la CGT contra más de 80 artículos de la Reforma Laboral.
Esto se tradujo en una cerrada votación en la que por 35 votos a favor y 32 en contra logró un nuevo acuerdo para continuar como camarista laboral hasta que cumpla 80 años.
“Justo al día siguiente que saca el fallo (avalando la reforma laboral), el Poder Ejecutivo presenta la propuesta para que siga por cinco años más”, afirmó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital).
“No tenemos pruebas, pero hay indicios graves y concordantes de que este juez (por Pesino) no actúa de acuerdo con la justicia sino a sus conveniencias y necesidades”, agregó el senador.
Recalde fue más allá y dijo que en el mundo judicial se conoce al tribunal que integra Pesino, la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral como “la Sala Banelco”.
El pliego de Pesino fue defendido por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien acusó al kirchnerismo de atacar a los jueces por el contenido de sus sentencias. En ese sentido, dijo que la administración libertaria “busca una justicia que sea neutral a los distintos gobiernos”.
“Judicializaron decisiones del Congreso (por la ley de Reforma Laboral) y este juez decidió que no era judiciable y quieren buscar el atajo de sacar a alguien por sus fallos, y los jueces no se sacan por sus fallos”, replicó Bullrich.
En la misma sesión, cuyo quórum de inicio se alcanzó con lo justo, el Gobierno logró darles ingreso oficial a los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos por Javier Milei, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para ocupar vocalías en la estratégica Cámara Federal porteña. Se trata del tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py.
Tal como se esperaba, Rodríguez Ponte superó sin objeciones ni críticas el debate en el Senado. El Exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo es en la actualidad titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que tiene a su cargo el control y la custodia de las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia, por ejemplo.
Una vez que el jefe del Estado firme su decreto de designación, Rodríguez Ponte quedará a cargo del estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene bajo su jurisdicción el aeropuerto internacional y el penal federal, ambos ubicados en Ezeiza.
En el tribunal lo espera una causa de alto perfil, como es la investigación que tiene como protagonista a Insaurralde y Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y su exesposa están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento y ante la vacancia en el juzgado, el expediente lo subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella.
Todos los acuerdos
El Senado también les dio acuerdo a otros 27 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta es la segunda tanda de pliegos judiciales que aprueba la Cámara alta desde que el ministro de Justicia comenzó a completar las vacantes del Poder Judicial.
Varios de esos nombramientos son para ocupar vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña. Así, recibieron el visto bueno del Senado las nominaciones de María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Diego Fernando Manauta (Sala V) y Claudio Fabián Loguarro (Sala III).
Se aprobaron varios nombramientos en tribunales orales del interior del país: Pablo Toledo (San Miguel de Tucumán), Ruth María Ponce de León (Posadas-Misiones) y Angel Roger Luna Roldán (San Miguel de Tucumán).
En tanto, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia se aprobó el pliego de María Virginia Ise, mientras que Santiago French obtuvo el apoyo como juez la Cámara Federal de Salta. Leopoldo Rago Gallo, por su parte fue designado en el Juzgado N°2 de la ciudad de San Juan.
También se aprobaron varios pliegos de jueces laborales. Entre ellos se destaca el de Marina Edith Pisacco, a quien el Poder Ejecutivo nominó para ocupar una vocalía en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Pisacco es esposa del periodista Adrián Ventura, que trabaja en el canal de noticias Todo Noticias. Si bien se temió que su candidatura pudiera provocar algún Inconveniente en el oficialismo, el presidente Javier Milei parece que no ha encontrado conflictos de intereses como sí lo hizo cuando se trató el pliego de María Victoria Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.
Hasta el día de hoy, el jefe del Estado se niega a firmar el decreto designando a Michelli como jueza, a pesar de que obtuvo en junio último el acuerdo de la Cámara alta.
En territorio bonaerense, fueron aprobados Bernardo Rodríguez Palma, para la Cámara Oral Federal 2 de San Martín, y Santiago José Martín en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Para ocupar vacantes en los tribunales orales criminales porteños recibieron su acuerdo Juan Carlos Riccardini, Paula Vanessa Romeo, José Ignacio Polizza y Mariano Adolfo Klumpp. Por su parte, María Gabriela Janeiro recibió acuerdo para en el juzgado 5 de la seguridad social de la capital.Para el juzgado comercial 28 de Capital Federal fue designado Pedro Manuel Crespo, y Javier Cosentino en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Por último, fueron aprobados los pliegos para fiscales de Juan Marcelo Burella Acevedo (Corrientes) y Hugo Danuel Froy (Paso de los Libres-Corrientes ), Patricio Sabadini (Resistencia-Chaco) y Fernando Alcaraz (Mendoza); además de las defensoras públicas María Laura Irastorza (Río Negro) y Amanda Espino (Capital Federal).
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Por qué se postergó la ley de Propiedad Privada: la trastienda de cómo el oficialismo no logró los votos de los aliados
El oficialismo no logró construir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La propuesta fue impulsada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, y recibió 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. Logró ganar tiempo hasta después del receso invernal en el Congreso para continuar negociando.
Las principales diferencias surgieron este jueves en torno al futuro régimen de tierras rurales, uno de los capítulos centrales de la iniciativa. Las provincias reclaman preservar su autonomía en el control de las operaciones sobre esos inmuebles y el tema se metió en la negociación entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
Por el momento, quedó descartada la posibilidad de reabrir el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La intención oficialista es acercar posiciones para volver a insistir con la ley en una nueva sesión el 6 de agosto. En caso de aprobarse, la iniciativa tiene que ser girada a Diputados para su sanción definitiva.
Negociaciones sin consenso
El proyecto, que incorpora desalojos exprés, modifica el régimen de tierras rurales y deroga una restricción de la Ley de Manejo del Fuego, obtuvo dictamen en el Senado el pasado 20 de mayo aunque desde entonces sufrió numerosas modificaciones.
En las horas previas a la sesión se sucedieron reuniones entre la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, con el objetivo de acercar posiciones. Bullrich también mantuvo encuentros con referentes de la oposición dialoguista en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo, pero las conversaciones no alcanzaron para cerrar un acuerdo.
El oficialismo consiguió iniciar la sesión con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando el quórum de 37 senadores para que la vicepresidenta Victoria Villarruel abriera el debate. No acompañó la bancada Convicción Federal, encabezada por la jujeña Carolina Moisés.
Mientras el recinto reconocía a la selección argentina de Lionel Messi y varios legisladores exhibían camisetas nacionales, el oficialismo continuaba negociando un texto definitivo con sus aliados, aunque finalmente no logró unificar una propuesta.
La disputa por las tierras rurales
La UCR, conducida en el Senado por Eduardo Vischi, encabezó los cuestionamientos al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. El bloque insistió en que los registros de esas operaciones queden bajo la órbita de las provincias, una facultad que la Casa Rosada no está dispuesta a ceder.
Ante la falta de coincidencias, la decisión fue postergar el tratamiento hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto, luego del receso invernal.
En paralelo, la UCR nacional, liderada por Leonel Chiarella, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la Ley de Tierras y recordó que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
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A esa postura se sumó la senadora salteña Flavia Royón, mientras otros bloques también impulsaron modificaciones. De las reuniones con La Libertad Avanza participaron —además de los radicales Vischi y Mariana Juri, y de Royón (Primero los Salteños)— Martín Goerling Lara (PRO), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (Neuquinidad).
“Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó la senadora Ávila.
Las objeciones de Convicción Federal
La bancada integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada defendió su dictamen de minoría, especialmente en lo referido a la situación de los inquilinos.
Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”.
La propuesta distingue jurídicamente los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler, preserva el debido proceso y garantiza que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin brindar una instancia efectiva de defensa al inquilino.
El bloque también manifestó su rechazo a flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros y planteó la necesidad de mantener los límites a la extranjerización, fortalecer los mecanismos de transparencia y proteger los recursos naturales estratégicos.
También hubo críticas desde el peronismo de Unión por la Patria, incluso de la bancada de Diputados. “Por redes hablan de patria, de soberanía, muestran mucho la bandera argentina… pero cuando llega el momento de sentarse y votar, con carita de piedra hacen entrega de nuestras tierras a extranjeros, habilitan la quema de los bosques nativos y le quitan herramientas al Estado para proteger a los argentinos. Esto son”, expresó la diputada Cecilia Moreau.
Qué establece el proyecto
El dictamen incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.
La nueva redacción establece que, cuando los inmuebles se encuentren en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el proyecto modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
Entre los principales cambios figura la incorporación de los denominados desalojos exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La iniciativa habilita al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este presente caución juratoria.
La reforma también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite mediante documentación la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, el proyecto deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que impide durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
propiedad privada, sesion, Senado
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