POLITICA
Causa dólar blue. Investigan a un excandidato de La Libertad Avanza y a un banquero de Tucumán ligado a Piccirillo
Un excandidato de La Libertad Avanza apareció en la ruta del dinero que investiga la causa del dólar blue. Se trata de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identificó como una de las estaciones que utilizó la casa de cambio de un binguero para realizar un “rulo” sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un dólar más caro, conocido como “dólar MEP”. No es el único banquero investigado. La Justicia también allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Elías Piccirillo.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Sobre la actual investigación, voceros de Napoli Inversiones consultados por sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.
La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.
Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.
Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.
La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.
Este rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utiliza dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gestión de Milei, el BCRA emitió una normativa que limitó el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por interpretaron como una regla “anti blue”. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de dólares baratos en época de cepo y su posterior utilización.
El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.
Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.
Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.
El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.
Desde la defensa de Blanco indicaron a que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.
Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $ 20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina», aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.
Cuando Piccirillo terminó preso, su ex socio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán», contó Smith.
En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.
Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.
Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.
Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Conforme a
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones: las primarias serán en abril de 2027 y los comicios generales, en junio. La decisión separará los comicios locales de las elecciones en las que se elegirá al próximo Presidente de la Nación y otros cargos nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.
La provincia litoraleña se sumará al pelotón de distritos que resolvieron un esquema electoral que, en principio, tiende a favorecer a los gobernadores de la fuerza política que busca ser reelecta. Es que, cuando se celebra la votación nacional junto a comicios provinciales, existe una incidencia o efecto “arrastre” del voto de los candidatos a presidente hacia el resto de la lista.
Otros distritos que desdoblaron son Tucumán, que votará el 9 de mayo, mientras que Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes. Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo; Chubut analiza hacerlo entre julio y agosto, al igual que Neuquén. Chaco tendrá su proceso electoral en la segunda quincena de septiembre, Tierra del Fuego debe votar 90 días antes del final del mandato vigente, y Mendoza y Corrientes también anunciaron que desdoblarán sus elecciones, aunque todavía no definieron las fechas.
En el caso de Santa Fe, aún no se oficializó el decreto y tampoco hay fechas fijas, pero Pullaro aclaró que esos serán los meses del cronograma electoral.
“El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos”, sostuvo.
“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe. Tenemos un límite constitucional. Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó ayer el mandatario en una rueda de prensa.
Los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En Rosario también se votará a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
La decisión provocó críticas de sectores políticos de la oposición. Diego Giuliano, del Frente Renovador, sostuvo que las fechas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie” y acusó al oficialismo provincial de “cambiar las reglas de juego con frecuencia”.
Giuliano también reclamó “un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.
Por su parte, el senador nacional (PJ), Marcelo Lewandowski consideró que el calendario que se filtró “son más o menos las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril”. Y a renglón seguido, compartió un recuerdo familiar pero con un fuerte impacto en la lectura política. “Mi vieja siempre dice ’13 de junio, San Antonio milagroso’; así que a lo mejor se da el milagro y el peronismo vuelve al gobierno”, consideró en diálogo con el diario El Litoral.
En este contexto político, Pullaro se muestra como un aliado del gobierno de Javier Milei y se espera que su fuerza política se mantenga distante al peronismo/kirchnerismo para el próximo turno electoral. “Yo estoy convencido de que lo peor que le puede pasar a la República Argentina es que nosotros volvamos atrás, que volvamos a un populismo que derrocha los recursos del Estado nacional con una matriz de corrupción muy fuerte que hizo que la Argentina perdiera muchas oportunidades”, sostuvo en la conferencia de prensa.
Cronograma electoral de Santa Fe
Según informó el senador Felipe Michlig días atrás, y que replicó El Litoral, estas son las fechas probables de celebración de los comicios locales de la provincia litoraleña.
-7 de febrero de 2027: cierre para inscribir las alianzas electorales.
-12 de febrero de 2027: fecha límite para presentar las listas de candidatos.
-18 de abril de 2027: se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe.
-13 de junio de 2027: se realizarán las elecciones generales para la elección de gobernador y de los demás cargos provinciales.
Maximiliano Pullaro,cárcel de máxima seguridad,servicio penitenciario
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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