Mientras Argentina busca expandir el crédito, en un contexto agravado por el aumento de la morosidad a valores récord, Chile consolidó en las últimas décadas un modelo que permitió aumentar de manera sostenida el acceso a préstamos.

Según especialistas, esa diferencia se explica por factores tales como la estabilidad macroeconómica, las reformas institucionales y la confianza en la moneda.

Chile registra un nivel de crédito al sector privado equivalente al 104% del PBI, considerando tanto bancos como Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), según estimaciones de Deloitte. En Argentina, ese porcentaje es de apenas 15%.

El crédito bancario en Chile pasó de representar el 42,6% del PBI en 1990 al 70,2% en 2025. En Argentina, en cambio, alcanzó un pico del 26,6% en 1989 y se ubicó en 14,2% del producto el año pasado.

El objetivo inicial de los bancos locales es elevar esa relación hasta el 25% del PBI, para luego acercarse al promedio regional, que ronda el 50%.

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), consideró: “No existe la bala de plata para el crédito. Es un proceso de años, donde se deben generar las condiciones para su desarrollo”.

Entre ellas, mencionó la estabilidad macroeconómica, la confianza en la moneda, un marco regulatorio adecuado y la eliminación de impuestos distorsivos en todos los niveles de gobierno, lo cual contribuirá a la baja de tasas. “Al sector privado le corresponde aportar el capital, la gestión y la innovación”, dijo Bolzico.

Y agregó: “En los próximos años, Argentina no solo debe elevar el volumen de los préstamos, sino que también debe extender los plazos. Esto requiere confianza y que el sistema financiero tenga acceso a fondos de mediano y largo plazo”.

Fuentes del sector bancario señalaron que otros puntos relevantes para la expansión son la disminución del riesgo país, que determina el costo de fondeo, y una economía abierta, integrada al mundo y a los movimientos de capitales.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, afirmó que Chile adoptó políticas de austeridad fiscal, desregulación financiera y una mayor apertura para el ingreso y egreso de capitales desde las décadas de 1970 y 1980, una estrategia que, con matices, se sostiene hasta la actualidad. Remarcó que el país vecino nunca enfrentó una crisis comparable a la de Argentina en 2002.

Según el especialista, aunque Chile tuvo un problema importante con el endeudamiento en dólares de las empresas en 1982 -por la combinación de suba de tasas de interés internacionales, recesión y devaluación del peso- el retroceso del crédito no fue tan pronunciado.

A su juicio, las caídas más abruptas en el mercado local responden, entre otras cuestiones, a la falta de mecanismos de contención como los que posee Chile, incluidas las reservas de divisas y de capitales. Al mismo tiempo, destacó el temprano desarrollo del sistema de capitalización previsional, que fomentó el ahorro de largo plazo y fortaleció al sector financiero.

Jorge Berrios, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile (Uchile), relató que a principios de los 80’ el país no estaba especialmente bancarizado ni tenía un acceso masivo de los individuos a distintas fuentes de financiamiento. Esa realidad comenzó a cambiar de manera radical desde la década de 1990.

El primer factor se vincula con la profunda reestructuración del sistema bancario, que implicó dotarlo de mayor solidez, profundidad y reglas alineadas con los estándares internacionales. “Dada la crisis que nosotros atravesamos entre 1982 y 1983, que implicó la quiebra de numerosas empresas y entidades; la banca está muy controlada, con órganos supervisores estrictos. Entonces, en general, en Chile hay mucha credibilidad tanto para suscribir deuda como para invertir”, detalló Berrios y subrayó que el país no tuvo episodios como el “Corralito” en Argentina.

El segundo elemento, y quizás el más relevante, fue el avance del crédito de las casas comerciales, una opción que hasta ese momento prácticamente no existía. Gran parte del crecimiento del financiamiento estuvo vinculado a los préstamos directos que estas empresas comenzaron a otorgar a los consumidores para la compra de ropa, muebles, electrodomésticos y otros bienes.

Eso se dio a través de un proceso de semibancarización, mediante la emisión de las denominadas tarjetas de casa propia, que se concedían con mínimos requisitos y permitían comprar en hasta 48 cuotas. “Las cadenas de retail rompieron el paradigma, porque ya no se necesitaba tener una cuenta de banco para acceder”, resaltó Berrios.

Posteriormente, en una línea paralela, creció la bancarización, que hoy abarca a más del 90% de las personas, de modo que los consumidores pudieron obtener tarjetas tradicionales. El límite resultaba equivalente a tres veces el sueldo del cliente.

En cuanto a las tasas de interés, Berrios calculó que, si se toman las últimas dos décadas y se excluye el impacto extraordinario de la pandemia, Chile registra una inflación promedio de entre 3% y 3,5% anual, por lo que “lógicamente, el costo de financiamiento también es muy bajo”. En ese contexto, recordó que hacia 2019 la tasa interbancaria se situó cerca del 0,5% anual.

Por otro lado, aseguró que actualmente en Chile predominan los créditos al consumo, mientras que los hipotecarios tienen una menor participación, debido al fuerte aumento del precio de las viviendas en los últimos años, cuyos valores subieron mucho más rápido que los salarios.

Como ejemplo, el economista contó que una propiedad que hace unos 15 años costaba alrededor de 100 millones de pesos chilenos hoy puede llegar a valer cerca de 400 millones.

En otro orden, Berrios dijo que Chile ha tenido niveles muy reducidos de morosidad, rara vez superó el 5% del total. De hecho, cuando por primera vez se autorizó el retiro de fondos de pensiones, muchas personas utilizaron esos recursos para cancelar anticipadamente sus compromisos financieros en lugar de destinarlos al consumo.

“Existe una fuerte cultura de pago y, además, la legislación favorece los procesos de cobranza. Cuando se incumplen obligaciones, los procedimientos judiciales y de embargo suelen activarse con rapidez”, indicó Berrios. Esto también se relaciona con el poder adquisitivo de la población.

Aparte, si una persona no tiene capacidad para pagar sus deudas, puede acogerse a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Se trata de una normativa que permite que el deudor notifique formalmente su quiebra, similar al procedimiento que siguen las empresas.

Para Berrios, la contracara del crecimiento del consumo motorizado por el crédito es la escasa capacidad de ahorro. Asimismo, el especialista advirtió sobre los efectos sociales y personales del sobreendeudamiento, entre ellos problemas laborales, familiares y de salud.

Jorge Selaive, profesor adjunto del Departamento de Administración de la FEN, apuntó: “El mercado de crédito a individuos y empresas en Chile empezó a desarrollarse una vez que la inflación se consolidó en torno a la meta del Banco Central (3% anual), las expectativas se anclaron y se extendió el uso de la Unidad de Fomento (UF), índice que evoluciona con el nivel general de precios, lo cual permitió otorgar préstamos de largo plazo”.

Respecto al mecanismo de fondeo de los bancos, Selaive explicó que se sustenta en la emisión de bonos en UF y depósitos a plazos nominales y a la vista.

Sobre Argentina puntualmente, el académico opinó: “Es difícil tener un mercado de crédito profundo en una economía emergente, sometida a permanentes shocks políticos y en el precio de sus materias primas, sin tener algún instrumento indexado a la inflación que funcione como un seguro para los bancos e instituciones financieras”.