POLITICA
Condenan a un exjuez federal y a un funcionario de la Casación por intentar desviar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra

El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a dos exfuncionarios de la Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país, por formar parte de una maniobra que intentó garantizar la impunidad del sindicalista José Luis Pedraza en la investigación por el asesinato del sindicalista y militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
El exjuez federal de primera instancia y exsecretario de la Casación Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue encontrado culpable del delito de tráfico de influencias agravado y condenado a cinco años de prisión por buscar influir en aquel proceso judicial, valiéndose de su paso como secretario del excamarista Eduardo Rafael Riggi.
Luis Ameghino Escobar, en tanto, un exfuncionario a cargo de los sorteos de la Casación, fue condenado a tres años de prisión condicional por ser partícipe necesario del mismo delito.
El fallo fue dado a conocer hoy en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.
Las condenas estuvieron parcialmente alineadas con las que solicitó el fiscal del juicio, Marcelo Colombo. Según la acusación fiscal, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de injerir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, el extitular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.
El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado en la trama, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.
La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, que se jactaba de tener contactos en todos los niveles de la Justicia y respondía en los hechos a Pedraza, falleció durante el proceso.
En esta causa se revisó la puesta en marcha de un plan para garantizar la impunidad del sindicalista Pedraza. La Justicia activó escuchas telefónicas, allanamientos y otras medidas para recabar pruebas. Entre ellas, figura una factura de 2010 por un total de 370.000 pesos (cerca de 90.000 dólares) que Aráoz de Lamadrid emitió al Belgrano Cargas, el mismo día en que la fiscalía pidió la indagatoria de Pedraza en la causa principal.
También se incluyen fotografías e informes de inteligencia, 50.000 dólares secuestrados en la oficina de Aráoz Lamadrid y diversos mensajes entre los imputados. Algunos de ellos refieren a Escobar, el funcionario a cargo de los sorteos, como “el hombre de las teclas”.
Las defensas de los imputados sostuvieron sin embargo que no es posible vulnerar el sistema de sorteo de la Casación, que utiliza un algoritmo aleatorio imposible de manipular ni de predecir.
“Me informan del otro lado que son verdes”, señala Riquelme en uno de las comunicaciones interceptadas por la Justicia. “Me están allanando el estudio por este tema, corten todos los teléfonos”, le advertía Lamadrid a Stafforini, en otra.
Las condenas quedaron por debajo del pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el caso y había reclamado ocho años de prisión para Aráoz de Lamadrid y seis para Escobar.
El manifestante Ferreyra fue asesinado por un grupo de integrantes de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.
José Luis Pedraza,View this post on Instagram,Federico González del Solar,Poder Judicial,Violencia sindical,Conforme a,Poder Judicial,,Privatizaciones. Un gremio aeronáutico denunció a Milei y a Caputo por la tasación de Intercargo,,Industria en auge. Un juez rechazó frenar la nueva ley de Glaciares y la minería celebra el primer fallo a su favor,,Más de 5000 expedientes. El 81% de las causas por evasión se vieron beneficiadas por la Ley de Inocencia Fiscal
POLITICA
Karina Milei se puso al frente de la mesa política y llamó a una reunión antes de tratar las reformas en el Congreso

El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.
“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.
Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández.
La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.
Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.
La agenda de reformas que impulsa el Gobierno
El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.
En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.

La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.
Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.
Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.
POLITICA
Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.
La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero.
“Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia”, expresó Sosa tras la asunción.
El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.
El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.
Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación.
“Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa”, afirma Sosa a , sin perder el tono moderado de sus palabras.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa.
Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo.
La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad.
La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo.
El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.
Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.
Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte.
La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.
Un pedido de disculpas
En estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.
Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional.
Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado.
“El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”, detalló Sosa.
Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: “El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, sostiene. Y agrega: “Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Santa Cruz,Néstor Kirchner,Cristina Kirchner,Conforme a,Santa Cruz,,Investigación alentadora. Probaron un “cultivo estratégico” en una de las zonas más frías y el resultado fue sorprendente,,Rafael Martínez de Sanzo. “El sueño es que se repueble la Patagonia”,,La culpa es del buchón
POLITICA
El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear en Atucha por US$1200 millones

El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, con una inversión estimada de US$1200 millones. La iniciativa fue presentada por Meitner Energy Latam ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. Prevé el desarrollo del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR.
En el Ejecutivo aseguran que el proyecto será financiado con capitales privados estadounidenses y estará basado en una patente argentina. Según informó Caputo, la obra generaría alrededor de 2000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.
La central se instalaría en el predio donde ya funcionan Atucha I y Atucha II, en Lima, partido de Zárate. El Gobierno presenta la iniciativa como el primer reactor de ese tipo a nivel mundial y como una señal de que el sector nuclear argentino puede atraer inversiones privadas de gran escala.
El proyecto fue presentado por Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en la Argentina. En Balcarce 50, lo ubican dentro del nuevo esquema que busca promover inversiones estratégicas sin financiamiento estatal directo.
“Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo”, sostuvo Ramos Nápoli. El funcionario aseguró que la propuesta está en línea con los lineamientos de política nuclear que el Gobierno presentó a fines de mayo.
Por el monto de inversión, en el Ejecutivo creen que el proyecto podría ingresar al super-RIGI, el régimen de incentivos que Milei quiere enviar al Congreso para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos. El Gobierno busca incluir allí áreas como energía, minería, inteligencia artificial, data centers, defensa y tecnología nuclear.
El anuncio, sin embargo, no implica el inicio inmediato de la construcción. La iniciativa deberá ser aprobada por el Ministerio de Economía y obtener el licenciamiento correspondiente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Según trascendió, el plazo previsto de obra sería de alrededor de cinco años una vez superadas esas instancias.
Leé también: El Gobierno prepara una reunión de la mesa política y define el envío de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal
El ACR-300 tendría una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos. Se trata de un reactor modular pequeño, una tecnología que distintos países buscan desarrollar para generar energía de base con menores tiempos de construcción, menor escala de inversión por unidad y mayor flexibilidad operativa que las centrales nucleares tradicionales.
La propuesta también involucra a Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Según la información oficial, Meitner Energy abonaría un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazaría la central, mientras Nucleoeléctrica tendría derecho a asumir la operación y mantenimiento en condiciones de mercado.
El anuncio se da en medio de la crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), luego de que el Gobierno resolviera no renovar 61 contratos en el organismo.
Desde ATE denunciaron un vaciamiento del sector, mientras las autoridades oficiales sostienen que no hubo bajas de ingenieros nucleares ni de personal técnico especializado. La discusión también quedó cruzada por el futuro del CAREM, el reactor argentino de baja potencia impulsado por la CNEA desde hace años.
Gobierno, nuclear, energia nuclear
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