POLITICA
Cruces, gritos y acusaciones de traición: así se aprobó en el Senado el pliego de María Verónica Michelli
En medio de acusaciones cruzadas por una supuesta “traición parlamentaria”, el Senado aprobó el pliego de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La designación obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra de La Libertad Avanza y dos abstenciones: las de Patricia Bullrich y la radical Silvana Schneider.
También fueron aprobadas otras designaciones judiciales, entre ellas la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Además, avanzaron los pliegos de Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga, entre otras causas, el caso Libra.
La crisis de la sesión
“Bullrich nos somete a esta situación”, dijo Victoria Villarruel al ingresar a la Cámara alta, cuando la sesión ya estaba avanzada y era presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Para ese momento, en el recinto ya retumbaban los gritos de José Mayans y del resto de la bancada kirchnerista, que cuestionaban la incorporación de la totalidad de los 73 pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales con dictamen de la Comisión de Acuerdos, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto.
El reclamo de la oposición se originó en el acuerdo alcanzado el miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por Villarruel. Según plantearon distintos bloques, allí se había convenido tratar 50 de los 73 pliegos e incorporar en una próxima sesión la nominación de Michelli.
Sin embargo, minutos antes del inicio de la sesión comenzó a circular el listado de los pliegos que se iban a tratar y allí figuraban todos los postulantes. Para Mayans, eso implicó la ruptura del acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria.
Los libertarios señalaron que en el acta firmada tras la reunión nunca se determinó un número específico de pliegos a tratar. De todos modos, el compromiso verbal entre los legisladores era avanzar solo con 50 nombramientos y dejar el resto, junto con el caso Michelli, para una nueva sesión la semana siguiente.
“El acuerdo de Labor Parlamentaria se cumple. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, cuestionó la senadora peronista Juliana Di Tullio. En la misma línea, Mayans le pidió a la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, que confirmara cuántos pliegos ponía en consideración La Libertad Avanza. “Son 73 pliegos, senador”, respondió Martínez.
El justicialismo también apuntó contra Pagotto. Aseguraron que el titular de la Comisión de Acuerdos “violó el reglamento y la Constitución” porque, según plantearon, debería haber presentado de manera inmediata la orden del día correspondiente al pliego de Michelli, que desde un principio contaba con las nueve firmas reglamentarias para su aprobación.
Villarruel buscó despegarse de la maniobra y aclaró: “Media hora antes de la sesión se empezaron a agregar pliegos al listado. En esto no tuvo intervención ni la Presidencia ni la Secretaría Parlamentaria”. Con esa frase, dejó la responsabilidad en manos de la bancada oficialista que preside Patricia Bullrich.
Los cuestionamientos en el recinto llevaron a que la vicepresidenta, ya a cargo de la sesión, dispusiera un extenso cuarto intermedio.
Tras arduas negociaciones en distintos salones del Senado y llamadas a la Casa Rosada, la incorporación del pliego de Michelli al plan de labor obtuvo 63 votos a favor y dos en contra, de los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia.
Ese fue el primer paso para destrabar la sesión y avanzar con la designación de Michelli, vetada por el presidente Javier Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Bullrich, Mayans, Eduardo Vischi y Mariana Juri, de la UCR; el libertario Bartolomé Abdala; y el correntino Carlos Espínola, entre otros, terminaron cerrando un nuevo acuerdo parlamentario que permitió retomar la sesión y votar los pliegos de los candidatos a jueces y fiscales.
Además, volvió a comisión para continuar su tratamiento el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Los pliegos cuestionados
Todavía restan dictaminar, por diferentes motivos, las postulaciones de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad.
También quedó pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.
sesion, Senado, Patricia Bullrich
POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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