Como consecuencia de las lluvias, desbordes de ríos e inundaciones, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia (DyN)
Con motivo de las lluvias e inundaciones que afectaron a varios departamentos deSanta Fe, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las regiones que resultaron afectadas. La medida amparará a los productores agropecuarios y hortícolas entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2026.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 819/2026 en el Boletín Oficial, el ministro Luis Caputo anunció que “todas las explotaciones agropecuarias afectadas por excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua” podrán acceder a la ayuda social.
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El estado de emergencia y/o desastre agropecuario regirá en las localidades de Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos, ubicadas en el departamento de Vera; Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño, pertenecientes al departamento 9 de Julio; y Villa Guillermina en el departamento General Obligado.
De la misma manera, la normativa declaró la emergencia para explotaciones hortícolas de los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe del departamento La Capital. No obstante, aclararon que la ayuda no estará disponible para el subdistrito de San José del Rincón.
La ayuda social estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 (REUTERS)
Según explicaron las autoridades, el fin del estado de desastre culminará el 30 de septiembre de este año, debido a que se tomó como referencia el ciclo productivo de las explotaciones comprendidas, según lo estipulado en los artículos 22 y 23 del decreto reglamentario 1712/2009.
Para acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente, donde conste que sus predios están incluidos en los casos previstos.
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En línea con esta normativa, el Gobierno de Santa Fe deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copia de los certificados emitidos.
Mientras que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán garantizar el acceso a los beneficios establecidos para los productores afectados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía fue instruida para celebrar convenios y actos que garanticen la ejecución de la resolución.
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La semana pasada, el Gobierno nacional también declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en varios departamentos de Mendoza debido a las condiciones climáticas extremas que afectan a miles de productores en el sur y oeste de Argentina.
La medida se implementó bajo el marco de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria y establece distintos períodos y condiciones según la provincia y el tipo de contingencia. En Chubut, la Resolución 746/2026 dispuso el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, vigente desde el 7 de enero de 2026 hasta el 7 de enero de 2027.
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La Resolución 792/2026 estableció la emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por sequía y fuertes vientos, desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027. El procedimiento y los beneficios para los productores santacruceños replican el esquema de la Ley N° 26.509, incluyendo la presentación de certificados, inclusión en el listado de afectados y acceso a prórrogas fiscales y asistencia bancaria.
El estado de emergencia durará un año, pero las fechas variarán de acuerdo con la jurisdicción
En el caso de Mendoza, la Resolución 765/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos perjudicados por heladas y granizo. Para los cultivos afectados por helada, la emergencia abarca del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2027; para los dañados por granizo, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Los productores deberán presentar la certificación provincial para acceder a los alivios fiscales y crediticios que prevé la normativa nacional.
Así, la medida abarcó a los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael. Entre las localidades incluidas se encuentran Chilecito, Villa San Carlos, El Totoral, Tunuyán, Cordón del Plata, Junín, La Colonia, Andrade, Alto Salvador, Capdevila, Costa de Araujo, Barrancas, Alvear Oeste, San Rafael, entre otras.
Para acceder a los beneficios previstos por la ley, los productores deberán presentar un certificado provincial que acredite los daños sufridos en sus explotaciones. Entre las ayudas se incluyen prórrogas impositivas y líneas de asistencia financiera a través del sistema bancario nacional, provincial o mixto, así como el acompañamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El exMinistro de Economía de la presidencia de Alberto Fernández realizó un análisis del presente económico del país y habló de su futuro
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Martín Guzmán, la iInflación, caída del empleo y la crítica al RIGI
Crecimiento sectorial desacoplado: «El país, cuando miramos la economía como un todo, crece un poquito, pero crece porque hay principalmente cuatro sectores, que son el agro, la energía, la minería y la integración financiera, que impulsan ese crecimiento, pero eso no está redundando en una mejora de las condiciones laborales, no crean empleo en esos sectores hoy en día», explicó.
Impacto en la industria y la recaudación: En contraposición con los rubros extractivos y financieros, remarcó que la actividad urbana y la industria manufacturera sufren caídas pronunciadas. Según su visión, este retroceso le dificultará al Gobierno sostener la política de superávit fiscal debido a la merma directa en la recaudación impositiva.
Cuestionamientos al RIGI: El exfuncionario calificó la capacidad de acción del Estado como «muy limitada» y arremetió contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al considerar que «es algo que es anti-industrial para la Argentina, es una pena, porque además debilita inclusive al Estado».
Morosidad de los hogares: Respecto al incremento en los niveles de incumplimiento crediticio de las familias, detalló que el fenómeno responde a una combinación de dos factores: «La primera es que cayeron los ingresos en términos reales. Hay más necesidad. La segunda es que se desestructuraron las tasas de interés».
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En lácteos y carnes, algunas provincias tienen precios hasta 30% por encima del promedio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13 Sep, 2026 07:11 p. m. EST
Las mayores distancias respecto de los centros de producción y distribución, junto con los costos de transporte, almacenamiento y energía, terminan trasladándose a los precios finales (Di Pace)
El peso de la logística sobre los costos, determina en gran medida las diferencias de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)
En los bienes perecederos el costo de la logística es mayor que en los productos no perecederos (Piccardo)
En líneas generales, los precios tienden a ser más caros en las provincias con mejores ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las canastas van a presentar diferencias de precios en distintas regiones, provincias y ciudades por un concepto denominado paridad de poder adquisitivo (Garro)
Se observan grandes diferencias de precios incluso dentro de una misma provincia (Foto: NA)
El séptimo mes del año registró una nueva suba, consolidando un período de 21 meses consecutivos de aumentos según un informe de Eco Go
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Morosidad: la brecha entre el sistema bancario tradicional y las fintechs
Bancos y sistema financiero tradicional: Concentran el 85,4% del crédito total de las familias (equivalente a $84,9 billones). En este segmento, el índice de morosidad por monto se ubicó en un 15,8%.
Proveedores no financieros (fintechs y tarjetas no bancarias): Abarcan el 14,6% restante del mercado ($14,5 billones). Sin embargo, la morosidad por monto en este sector escala hasta el 31,3%, duplicando el registro del sistema tradicional.
El mapa del nivel de mora y endeudamiento por provincias
Provincias con mayor morosidad por monto: La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%).
Provincias con menor morosidad por monto: La Pampa (9,6%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%).
Provincias con mayor endeudamiento respecto al PBG local: Tucumán (13,5%), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%).
Desempeño mensual del crédito real: La Pampa fue la única jurisdicción que anotó un crecimiento real en el mes (+0,5%), mientras que Chaco registró la mayor contracción (-2,1%).
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