Los analistas y consultoras que el Banco Central (BCRA) convoca cada mes en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compartieron sus expectativas respecto al futuro de la inflación y el dólar. En ambos casos hicieron correcciones en relación a lo que habían anticipado en los meses anteriores.

De acuerdo con los expertos, la inflación de 2026 cerrará en 30,5 por ciento. El dato representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a lo que el mismo grupo había estimado un mes atrás. Es, además, la primera vez en el año que la proyección anual supera el umbral del 30 por ciento.

El grupo de analistas que históricamente mostró mayor precisión en sus estimaciones -denominado Top 10- es todavía más pesimista en su proyección: anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026 será de 33%, es decir 2,5 puntos por encima de la mediana general y 1,2 puntos más que lo que el mismo grupo proyectaba el mes anterior.

El REM también releva las expectativas de inflación mensual para los próximos meses. Según esos datos, el ritmo de suba de precios continuaría desacelerándose de forma gradual durante el resto del año. Tras el 2,6% proyectado para abril y el 2,3% para mayo, los analistas estiman que el IPC llegaría al 2,1% en junio y al 2% en julio. Desde agosto en adelante, la baja sería más pronunciada: 1,8% para ese mes, 1,9% para septiembre y 1,8% para octubre.

En cuanto al IPC núcleo —que excluye los precios regulados y los estacionales— las proyecciones siguen una trayectoria similar, aunque con valores levemente distintos según el período. Para 2026 en su conjunto, la mediana del REM ubica la inflación núcleo en 30,3%, mientras que el Top 10 la proyecta en 32,1 por ciento.

En materia cambiaria, los analistas corrigieron a la baja sus pronósticos respecto al relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la mediana del conjunto de participantes del REM ubica el tipo de cambio nominal mayorista en $1.676 por dólar. Un mes atrás, la estimación para ese mismo período era de $1.700, lo que implica una corrección de 24 pesos.

El Top 10 proyecta un tipo de cambio bastante más bajo para el cierre del año: $1.611 por dólar, lo que significa una diferencia de $65 respecto a la mediana general.

La tendencia de revisiones a la baja se observa también en los meses intermedios. Para mayo, la mediana se ubica en $1.410, frente a los $1.449 que se proyectaban en el REM anterior. En junio se espera $1.437, en julio $1.460, en agosto $1.500 y en septiembre 1.533 pesos. En todos los casos, los valores son menores a los que los mismos analistas pronosticaban un mes atrás, con correcciones que oscilan entre los $28 y los 44 pesos.

Los especialistas también redujeron sus estimaciones sobre la tasa de interés mayorista de Argentina (Tamar), que mide el promedio ponderado de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de $1.000 millones o más en bancos privados. Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes del REM proyecta una Tamar de 22% nominal anual, 1,4 puntos por debajo de lo que se anticipaba en el relevamiento de marzo. Eso equivale a una tasa efectiva mensual de 1,8 por ciento.

En este caso, el Top 10 diverge en sentido contrario: proyecta una Tamar de 23,52% para el cierre del año, 1,52 puntos por encima de la mediana general.

Más allá de la inflación y el dólar, el REM releva otras variables con proyecciones al cierre de 2026. En materia de actividad económica, el conjunto de analistas espera que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca 2,8% en promedio respecto a 2025. Es la estimación más baja del año y representa una caída de 0,5 puntos frente al relevamiento anterior.

En comercio exterior, las estimaciones son más favorables. Los analistas proyectan exportaciones de bienes por USD 96.056 millones para todo 2026, una cifra que en caso de concretarse sería un récord histórico. Las importaciones, por su parte, se estiman en USD 79.550 millones, lo que arrojaría un superávit comercial de USD 16.506 millones al cierre del año.

Finalmente, en materia fiscal, la mediana del REM anticipa un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) de $15,9 billones para 2026.

Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2025, el empleo privado formal en Argentina creció apenas 96.052 puestos de trabajo a nivel nacional. Detrás de ese número se esconde un dato que revela la magnitud de la transformación productiva que atraviesa el país: Neuquén explicó por sí sola el 60,8% de ese crecimiento neto. Ninguna otra provincia se acerca a ese protagonismo.

Los datos surgen de estadísticas del Ministerio de Capital Humano en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En ese período, Neuquén pasó de 90.642 a 149.028 trabajadores registrados en el sector privado, una ganancia neta de 58.386 puestos. El dato forma parte de un análisis del economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, quien en la edición de abril de la publicación Economic GPS señaló que “Neuquén es quizás el caso más elocuente” del proceso de cambio estructural que experimenta la economía argentina.

Segura precisó que, en 15 años, la provincia patagónica “explicó el 58% del crecimiento neto del empleo privado registrado a nivel nacional”. La leve diferencia con el 60,8% que arrojan las estadísticas mencionadas se debe a las diferentes metodologías de cálculo utilizados, pero ambos números apuntan en la misma dirección: ninguna jurisdicción del país generó empleo formal a una escala remotamente comparable a la de Neuquén.

La explicación central del fenómeno neuquino está en el desarrollo de Vaca Muerta, que convirtió a la provincia en el corazón de la producción de petróleo y gas no convencional de Argentina. El boom de inversiones asociado a ese fenómeno traccionó la demanda de empleo en la provincia de forma sostenida durante más de una década.

Segura enmarca este proceso en una transformación más profunda de la estructura productiva del país. Según su análisis, “la minería, la energía —impulsada por el desarrollo de petróleo y gas no convencional—, el agro y los servicios financieros consolidan su rol como motores de actividad”, mientras que sectores históricamente ligados a la demanda interna “muestran un rezago”. El mapa del empleo, escribe, “se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales”.

El contraste con otras provincias es marcado. Buenos Aires, la jurisdicción con mayor cantidad de trabajadores registrados del país, sumó 37.572 puestos en el mismo período, con una variación de apenas 1,9%. Santa Fe incorporó 13.882 empleos y Córdoba, 12.822. Río Negro, que también tiene exposición a la actividad energética por su cercanía con Neuquén, sumó 13.120 puestos y explica el 13,7% del crecimiento total.

En el otro extremo, nueve provincias registraron caídas absolutas en el empleo privado formal durante el período: CABA perdió 42.941 puestos, Santa Cruz 9.020 y San Luis 5.512. También cayeron San Juan (-5.492 empleos), Chubut (-3.513), Formosa (-4.077), La Rioja (-1.958), Tierra del Fuego (-2.361) y Tucumán (-495).

El análisis de Segura advierte que esta redistribución geográfica del empleo no es neutral. Los datos de desocupación por aglomerado del cuarto trimestre de 2025 muestran que las ciudades vinculadas a la energía y la minería registran tasas de desempleo sensiblemente menores al promedio nacional, mientras que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— “muestran un deterioro relativo”.

Este proceso no solo enfrenta restricciones económicas, sino también geográficas y sociales. Como señala el economista, el desplazamiento entre sectores “implica que familias enteras consideren relocalizarse, con todo lo que eso supone en términos de arraigo, infraestructura y calidad de vida”. Y hay indicios de que esa tensión ya opera en la práctica: en ciertas zonas y sectores, “las empresas enfrentan dificultades para cubrir posiciones calificadas y evalúan recurrir a trabajadores del exterior para sostener sus proyectos”.

La objeción más frecuente al modelo económico actual es su capacidad para generar empleo masivo. Sin embargo, José María Segura indicó que “no debería abstraerse del análisis la creación de empleo indirecto que, por ejemplo, conlleva la construcción de infraestructura asociada”.

El economista de PwC agrega una variable que el debate público suele ignorar: la demografía. La tasa de natalidad en Argentina viene cayendo de forma sostenida, los hogares sin hijos menores ya son mayoría y el promedio de hijos por mujer se ubica por debajo del nivel de reemplazo poblacional. En ese escenario, la presión sobre el mercado laboral para absorber nueva oferta de trabajadores sería menor que en el pasado.

Para Segura, el caso neuquino es la mejor evidencia de que el mercado, con tiempo, tiende a equilibrarse. “La evidencia sugiere que con el tiempo el mercado ajusta”, escribe, aunque advierte que “el factor clave aquí es el tiempo y la paciencia o no que tenga la sociedad para transitar el proceso”.

En esa línea, el análisis concluye que el desafío principal de Argentina no es tanto la cantidad de empleos que el nuevo modelo productivo puede generar, sino la capacidad del sistema educativo, institucional y territorial de “formar el capital humano y favorecer los flujos migratorios que esa transformación demanda”. La Argentina que viene, según Segura, “parecería tener menos un problema de empleo que un problema de empleabilidad”.

La transición económica que atraviesa Argentina bajo la presidencia de Javier Milei no puede entenderse únicamente como un cambio de políticas: es, en esencia, un cambio de modelo económico. Y como toda mutación de este tipo, implica costos inevitables en el corto plazo, aun cuando prometa beneficios más estructurales en el mediano y largo plazo.

Durante años, el funcionamiento de la economía estuvo sostenido por un entramado de controles, subsidios y distorsiones de precios relativos. En ese contexto, muchas decisiones a nivel microeconómico -desde la fijación de precios hasta la asignación de capital- no respondían a señales genuinas del mercado, sino a incentivos artificiales. Empresas rentables en ese entorno no necesariamente lo eran por eficiencia, sino por capacidad de adaptarse a regulaciones, aprovechar brechas o capturar transferencias implícitas.

El actual programa apunta a corregir ese andamiaje: equilibrio fiscal, menor emisión monetaria, desregulación y liberalización de precios. Pero ese sinceramiento tiene un correlato inmediato: expone fragilidades acumuladas.

Aquí aparece el núcleo del problema: la macroeconomía puede ordenarse relativamente rápido en términos conceptuales, pero la microeconomía necesita tiempo y capital para adaptarse.

Un caso concreto ayuda a ilustrarlo. Pensemos en una pyme industrial que durante años operó con energía subsidiada, acceso intermitente a importaciones y una demanda interna sostenida artificialmente por políticas expansivas. En el nuevo esquema, enfrenta tarifas más altas, costos financieros más elevados en términos reales, apertura parcial a la competencia externa y un consumidor con menor poder adquisitivo. El resultado inmediato no es eficiencia automática, sino tensión: caída de márgenes, necesidad de inversión y riesgo de salida del mercado.

Este fenómeno no es nuevo en la historia económica. Rudigger Dornbusch, el economista del MIT, al analizar programas de estabilización en América Latina, señalaba que los costos de transición suelen ser subestimados políticamente y sobreestimados socialmente en su duración. Es decir, el ajuste duele más de lo esperado al principio, pero también puede generar condiciones para una recuperación más sólida si se sostiene en el tiempo.

El punto crítico, entonces, no es negar el costo, sino entender su naturaleza. No se trata solo de un “ajuste” en el sentido clásico. Es una reasignación de recursos. Sectores menos productivos pierden peso, mientras que aquellos con mayor eficiencia potencial -o capacidad de adaptarse- encuentran nuevas oportunidades.

En ese marco, la promesa de una macroeconomía más estable no debe subestimarse. La previsibilidad, si se sostiene, tiene efectos profundos: permite planificar inversiones, reducir el horizonte de incertidumbre y reconstruir el crédito. Los precios, al reflejar condiciones reales, mejoran la asignación de recursos. Y la competencia, lejos de ser únicamente una amenaza, se convierte en un mecanismo de disciplina y mejora continua.

Hay una tensión evidente: los beneficios de la estabilidad son graduales, mientras que los costos del ajuste son inmediatos. Esa asimetría define el clima económico y social de la transición.

La respuesta no pasa únicamente por la reducción de costos -una estrategia defensiva y limitada-, sino por un cambio más profundo en la lógica empresarial. Replantear modelos de negocio, invertir en productividad, incorporar tecnología y diferenciarse en términos de valor agregado dejan de ser opciones para convertirse en condiciones de supervivencia.

También implica un cambio cultural: pasar de una economía donde el éxito muchas veces dependía de “leer” al Estado, a otra donde depende de entender al cliente y competir en calidad y eficiencia.

En definitiva, la transición actual expone una verdad: no todas las estructuras económicas heredadas son sostenibles en un entorno de mayor disciplina macroeconómica. El desafío no es evitar ese proceso, sino gestionarlo.

Si el programa logra sostener estabilidad, el terreno que emerja será más exigente, pero también más fértil para quienes logren adaptarse. La historia muestra que las economías que logran atravesar estas transiciones no son las que evitan el costo, sino las que consiguen transformarlo en una inversión hacia un nuevo equilibrio.

La pregunta, entonces, no es si el costo existe -porque es evidente-, sino quiénes estarán en condiciones de capitalizar las oportunidades cuando ese costo deje de ser transición y pase a ser pasado.

El autor es Analista económico y director de Focus Market