El gobierno de Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino, habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores y abogó por la necesidad de cubrir vacantes claves en el andamiaje institucional del país.

Esa postura incómoda para el gobierno de Alberto Fernández la escuchó en vivo y en directo el lunes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, durante la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), para tratar el Examen Periódico Universal (EPU) al país. Pietragalla había leído el informe de la situación argentina, en el que puso especial énfasis en denunciar “la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”.

Después de su discurso, 104 países miembros de la ONU pidieron la palabra para hacer comentarios y recomendaciones a la Argentina vinculados a su política de derechos humanos. Esos comentarios se incorporarán en el informe final que se presentará este viernes y que incluirá compromisos concretos del país para mejorar en esta materia.

Hubo tres Estados que aludieron a la necesidad de garantizar la independencia judicial en la Argentina (Eslovaquia, Chile y Alemania), mientras que otro –Suecia– presentó una pregunta escrita a la delegación que encabezó Pietragalla en la que alude a “la creciente preocupación de organizaciones independientes” sobre la injerencia política en la Justicia. Bolivia fue el único país que respaldó la denuncia kirchnerista sobre el lawfare (y añadió un reclamo para liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala).

“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, leyó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, que representó a su país en la audiencia. Fue al final de su alocución, en la que -como todos los países- también tuvo elogios a los avances del país en otras cuestiones.

Mensaje incómodo

Ningún otro país fue tan enfático con un reclamo que toca la agenda central de la política argentina. Se da justo una semana antes de que el canciller federal, Olaf Scholz, visite la Argentina para reunirse con Alberto Fernández, como parte de una gira que incluirá escalas en Brasil y Chile. El mensaje sobre la injerencia política en la Justicia resulta altamente disonante con la estrategia del Gobierno de promover la destitución por juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema, a los que acusa de ser parte de una conspiración contra el kirchnerismo.

Aunque la mayoría de las recomendaciones planteadas por los países aludieron a la lucha por la igualdad de género, a la situación en las cárceles y a la aplicación de legislación internacional contra flagelos como la tortura, la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Derechos Humanos la ONU comunicó una lista oficial de los planteos vertidos en la sesión encabezada por la cuestión de la independencia judicial.

Ante la publicación de esa información en diversos medios de la Argentina -entre ellos -, Pietragalla denunció este martes que se trataba de una noticia falsa, publicada “con mala intención”. Dijo que “el informe oficial con las recomendaciones realizadas por los estados a la Argentina será publicado recién el viernes”, sin aclarar que los delegados ya las habían adelantado en su discurso y que el propio Consejo había destacado algunas -en especial la vinculada con la independencia judicial- en su comunicado oficial en redes sociales. El funcionario añadió que “solo dos países solo dos Estados hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina” (en realidad fueron tres en la audiencia y otro más por escrito) y que los 107 Estados presentes felicitaron al país por su informe. Esta última es una verdad a medias: a todos los delegados se les pidió al inicio del debate que listen en un minuto y medio sus elogios y sus recomendaciones. Es decir, todos eligen por qué felicitar y en qué marcarle una observación crítica al Estado que se somete a la revisión.

Pietragalla no respondió el mensaje de Alemania. Y dijo que se había tergiversado la postura de Chile al punto que su representante había tenido que aclarar sus dichos en Twitter. La representante del gobierno de Gabriel Boric, en realidad, leyó en la sesión que su país recomienda a la Argentina “garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones”. Después, en su cuenta de redes sociales, no aludió a ese tramo de su discurso; posteó solamente una felicitación y otras dos recomendaciones menos controversiales para la relación bilateral.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye una revisión de los expedientes de derechos humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Lo dirigen los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Del proceso de “diálogo” entre las naciones surge un informe que recoge las recomendaciones de la comunidad internacional y los compromisos que asume el país sujeto a la revisión, que serán evaluados a mediano plazo. Cada país se somete al EPU una vez cada cuatro años y medio.

Durante la sesión en Ginebra, la mayoría de los países se limitó a expresar consideraciones generales sobre derechos humanos, sin alusiones muy específicas sobre Argentina. Entre las excepciones se encuentran Israel, que reclamó por la impunidad de los atentados contra la Embajada y la AMIA. Estados Unidos felicitó por el desarrollo de los juicios contra represores de la dictadura y planteó tres recomendaciones: designar al Defensor del Pueblo -vacante desde 2009-, mejorar la situación de las cárceles de las cárceles y aprobar una ley nacional sobre “la propiedad comunitaria” de las tierras ancestrales indígenas. Entre los discursos más curiosos resaltan los de Irán, que pidió acciones para garantizar los derechos de la mujer, y de Venezuela, que cuestionó las situaciones de hacinamiento en las cárceles argentinas.

La gira de Scholz

La postura alemana en la sesión del Consejo de Derechos Humanos abre la incógnita sobre si el canciller socialdemócrata Scholz hará algún tipo de planteo a Fernández durante su visita a Buenos Aires, prevista para el lunes y martes próximos.

Al confirmar la visita, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, dijo que el viaje “subraya la relevancia como socio de la región” y que Alemania se dispone a “profundizar” las relaciones políticas y económicas con estos países, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y al crecimiento económico sostenible.

Alemania es el primer socio comercial de Argentina dentro del bloque de la Unión Europea (UE). Scholz llegará a Buenos Aires acompañado por una delegación oficial integrada por unas 70 personas, que incluirá a empresarios y periodistas alemanes. Será la tercera reunión oficial entre Fernández y el actual canciller alemán.

“El viaje del canciller Scholz a Chile, Brasil y Argentina, se realiza en el marco de una necesidad de estrechar los vínculos con América Latina ante una situación donde Alemania, al igual que América Latina, son regiones afectadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania. En el caso alemán, por su dependencia energética de los hidrocarburos rusos; en el caso chileno, por una contracción económica, inflación y caída en los empleos”, señaló Gitte Cullmann, representante de la Fundación Heinrich-Böll, en declaraciones a DW.

El canciller alemán Olaf Scholz llegará a Buenos Aires mañana, dos días antes de lo previsto originalmente, como parte de una visita a Sudamérica en la que se entrevistará con Alberto Fernández y que tendrá como eje central un encuentro con el presidente de Brasil.

La estadía en la Argentina de Scholz, el sucesor de Ángela Merkel, durará menos de 24 horas y se da en un contexto de tensión evidente, luego del reclamo de la delegación alemana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, centrado en las “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores y en la necesidad de cubrir vacantes claves en el andamiaje institucional argentino.

La preocupación fue compartida, días atrás, por los Estados Unidos, a través de voceros del departamento de Estado, y se manifestó también ayer en una reunión reservada de delegados políticos de la Unión Europea, según contaron a dos participantes de ese encuentro. Con matices, distintos delegados se mostraron en alerta ante el inicio del juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados y la retórica hostil que comparten el Presidente y su vice, Cristina Kirchner, condenada el mes pasado por corrupción.

El lunes, un rato después del informe del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el que denunció “lawfare” y sostuvo que hay una “persecución judicial” contra la vicepresidenta, Alemania cuestionó en la ONU la injerencia política sobre el sistema judicial argentino.

“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, leyó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, que representó a su país en la audiencia.

Desde la delegación alemana en Buenos Aires evitaron hacer comentarios a al respecto, horas antes de la llegada de Scholz. Pero trascendió de fuentes cercanas que no se trata, por cierto, de una casualidad y que el informe “quirúrgico” es una muestra de que el gobierno alemán sigue con atención la pelea entre el Gobierno y la Justicia.

No fue ese el único cuestionamiento internacional que recibió el Gobierno. Durante la sesión en Ginebra hubo otros dos estados que aludieron a la necesidad de garantizar la independencia judicial en la Argentina (Eslovaquia y Chile), mientras que otro –Suecia– presentó una pregunta escrita a la delegación que encabezó Pietragalla en la que aludió a “la creciente preocupación de organizaciones independientes” sobre la injerencia política en la Justicia. Bolivia fue el único país que respaldó la denuncia kirchnerista sobre el lawfare (y añadió un reclamo para liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala).

La semana pasada, y a través de voceros del Departamento de Estado, Estados Unidos llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes” en el país luego de que el presidente Alberto Fernández escaló su enfrentamiento con la Corte Suprema al impulsar un juicio político en el Congreso a todos los integrantes del máximo tribunal. “Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”, afirmó el funcionario norteamericano.

Alerta de Human Rights Watch

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado a principios de enero en su Informe Anual 2023 que la retórica hostil hacia los jueces por parte de las autoridades argentinas, las demoras en la designación de jueces y de otras autoridades de alto nivel -como el Procurador General o el Defensor del Pueblo- y la corrupción, presente también en el Poder Judicial, “han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”. Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, dijo a que el impulso a un juicio político era un “gravísimo ataque a la separación de poderes”.

A ellos se suma la reunión de delegados políticos europeos, este jueves en la sede porteña de la UE, en la que distintos diplomáticos europeos coincidieron -según testigos- en que “es la República lo que está en juego” y en la importancia de “sostener la independencia del Poder Judicial” en el país.

Desde el Gobierno minimizan las críticas de Alemania en Ginebra. Y apuntan a la importancia de la reunión entre Scholz y Fernández, la tercera si se cuenta el encuentro a solas en Berlín, de abril pasado, y el de Munich, durante la reunión del G7, al que Fernández llegó como presidente pro témpore de la Celac. Destacan además que una importante delegación de empresarios acompañará al sucesor de Merkel, ansioso por reafirmar la “alianza estratégica” con la región y conseguir abastecimiento energético, limitado al máximo por su férrea oposición a la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania.

El domingo por la tarde, ya fuera del país, Scholz será recibido por el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda. Será un paso previo a su encuentro del día siguiente con el presidente Lula, en el final de un paso veloz pero significativo que comenzará en Buenos Aires, lugar en el que la preocupación alemana por el ataque kirchnerista a la Corte podría formar parte de las conversaciones.