POLITICA
El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y presiona con retiros voluntarios

El Gobierno nacional avanza con el plan de reducción del tamaño del Estado, a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados.
Así lo confirmaron a dos fuentes oficiales de la Casa Rosada. La apuesta para lograr la reducción de la planta de trabajadores está dada, fundamentalmente, en los retiros voluntarios. Algo a lo que ya suscribieron varios organismos y en el correr de las próximas semanas podrían hacerlo aún más. Hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.
Tal como adelantó este medio en marzo pasado, la cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo el Ejecutivo oscila alrededor de los 5000 cargos para el primer tramo del año. Y la mayoría se daría vía los acuerdos voluntarios, lo que acelera los tiempos y protege al Estado de posibles juicios, según apuntan en la administración mileísta.
El Gobierno apuntaría a un número aún mayor de desvinculaciones a lo largo del año. Los planes de retiros voluntarios ya se abrieron en varios organismos, según confirmaron distintas fuentes oficiales de la administración libertaria, y podrían abrirse en otros más.
Entre los que ya que acumulan desvinculaciones voluntarias están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES).
En ANSES, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, más de 1200 empleados dejaron el organismo a través de retiros voluntarios. Mientras que en el INTA estaría cerca de los 500. Y una cifra superior en la Dirección Nacional de Vialidad. Una fuente al tanto de los pormenores ubicó en “unos 2000″, el número de empleados que aceptaron, solo entre ANSES y Vialidad.
En organismos como PAMI, según parte de las fuentes consultadas, la posible apertura de retiros voluntarios “es algo en lo que se está trabajando, pero aún no se anunció”. El organismo, encargado de la salud de las personas mayores, tiene más de 12 mil trabajadores bajo su orbita. Y viene de hacer drásticos ajustes en la provisión de servicios y medicamentos.
El sector que también lo tiene en vigencia es el de los medios públicos, con una planta inicial de más de 2200 empleados. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos. Y podría estar, también, la Casa de la Moneda.
En el gobierno defienden la decisión de abrir retiros voluntarios, que contempla alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado, como un gasto en lo inmediato, pero que “evita juicios millonarios” y que es, en muchos casos, por los tipos de contrato que imperan en los organismos descentralizados, “la única forma” de reducir el número de empleados.
”El gasto que genera hoy se recupera en cuestión de meses y se evitan juicios millonarios», resaltaron fuentes al tanto de los números en danza.
Entre las limitaciones para quienes se quieran adscribir está que no pueden volver a trabajar en el Estado por cinco años o bien, deben devolver el dinero cobrado si deciden volver. En tanto que quienes estén cerca de jubilarse no pueden sumarse a los retiros voluntarios.
El achique desde 2023
De acuerdo a datos del INDEC, a marzo de este año, el Sector Público Nacional Argentino, que incluye la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, contaba con 276.104 empleados.
A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno se enfoca las reducciones en organismos descentralizados.
Entre las bajas, además de los retiros voluntarios, están los contratos que caen y que ya no serán renovados. Los contratos anuales son históricamente una de las principales formas de contratación del propio Estado.
Según datos oficiales, desde que empezó la administración mileísta, ya hay más de 61.00 puestos menos en la plantilla estatal nacional.
El diseño de los recortes en el área es llevado adelante por Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los ministros más valorados por Milei.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: en medio del conflicto diplomático con Brasil, el Presidente recibe hoy a la directora del FMI

POLITICA
De Mendiguren evalúa llevar a Milei a la Justicia por los insultos en La Rural

El exministro de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, evalúa presentar una demanda contra el presidente Javier Milei por los insultos que recibió este domingo durante la Exposición Rural. “Creo que lo voy a querellar. Si alguien no pone un límite y todo se acepta, si nos parece una gracia, esto es muy grave para las instituciones”, afirmó este lunes.
El episodio ocurrió luego de que Milei encabezara el acto de inauguración de la muestra agropecuaria en Palermo. Más tarde, durante una entrevista en el estudio móvil de Radio Mitre instalado en el predio, el Presidente interrumpió la conversación al advertir que De Mendiguren pasaba frente al lugar.
“Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, dijo Milei mientras señalaba con el brazo levantado hacia el exterior del estudio. Cuando uno de los presentes respondió “De Mendiguren”, el mandatario continuó: “Sí. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares”.
Según relató el propio Presidente, el exfuncionario lo miró mientras caminaba por el predio, lo que motivó una nueva descalificación. “Vos, sí, ladrón. Arruinaste el país con [Eduardo] Duhalde y toda su banda”, lanzó.
Este lunes, De Mendiguren reconoció, en diálogo con Radio Mitre, que le cayeron “mal” las palabras que tuvo el mandatario nacional para con su persona. “Semejantes injurias sin ningún tipo de prueba, tan alejadas de la realidad que molestan. Pero estoy acostumbrado. Venía de Brasil de decirle lo que le dijo al presidente de ese país”, prosiguió el exfuncionario al referirse a los fuertes dichos de Milei contra Lula que generaron una tensa relación diplomática con ese país vecino.
“Escuchar que me robé, ¡lo mismo le dijo a [Luis, ministro de Economía] Caputo cuando le dijo que se había llevado 14 mil millones de dólares! O como a Patricia [Bullrich] que le dijo que tiraba bombas en los colegios y después los nombra ministros. Muchos de ellos tuvieron procesos; yo en mi vida tuve ni un telegrama, no tuve ni una causa, ni una demanda”, se explayó De Mendiguren.
Para el exministro de Producción durante la gestión de Duhalde, llevar a la Justicia al mandatario nacional sería porque con este tipo de agravios se ve afectada “la institucionalidad argentina; nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, y lo dejamos pasar”.
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Crisis entre Milei y Lula: la trama política, personal y geopolítica detrás del mayor choque diplomático entre Argentina y Brasil

La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil tiene una cronología conocida. El sábado, Javier Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y en el acto lanzó agrias descalificaciones a Luiz Inácio Lula da Silva y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ayer, el gobierno brasileño respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, en la señal diplomática más severa desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada.
Esa secuencia no alcanza para explicar lo ocurrido. La crisis no empezó este fin de semana ni nació con un discurso o con una decisión de Itamaraty. Tiene una historia anterior que ayuda a entender por qué una relación construida durante cuatro décadas sobre intereses permanentes terminó, al menos por unos días, subordinada a la lógica de la política doméstica.
Para encontrar el origen hay que retroceder casi tres años.
El 28 de agosto de 2023, ocho días después de que Milei sorprendió al sistema político argentino al imponerse en las PASO, Sergio Massa viajó a Brasilia para reunirse con Lula. Infobae estuvo presente en aquella visita al Palacio del Planalto.
No fue una reunión protocolar. Fue un encuentro político entre dos dirigentes que compartían un mismo objetivo: impedir que el candidato libertario llegara a la Presidencia.
“Hacé lo que tengas que hacer, pero tenés que ganar”, le dijo Lula a Massa durante aquella conversación, según reconstruyeron ante Infobae quienes participaron del encuentro. Hubo otra frase que también quedó grabada entre los presentes: “Juntá votos, no dólares”.
Alrededor de esa mesa estaban la entonces secretaria de Energía, Flavia Royón (hoy senadora por Salta); el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren (a quién Milei acusó de “ladrón” en la Rural); el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo (hoy también senador por Entre Ríos); y el entonces embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo del gobierno de Milei.
Aquel encuentro confirmó algo que ya era evidente: Lula había decidido involucrarse políticamente en la campaña presidencial argentina. Nunca ocultó esa preferencia. La expresó en público y también en privado.
Massa se reunió con Lula a fines de agosto de 2023 en Brasilia, en una conversación que, según reconstruyó Infobae en ese momento, giró en torno a un objetivo compartido: evitar que Javier Milei llegara a la Presidencia. Con el paso del tiempo, ese antecedente se convirtió en una referencia central para explicar por qué la confrontación actual entre Buenos Aires y Brasilia tiene, además de una dimensión ideológica, un componente personal y político que se arrastra desde 2023.

Con el correr de las semanas, comenzó una colaboración más estrecha entre dirigentes y especialistas vinculados al Partido de los Trabajadores y el equipo de campaña de Unión por la Patria. Formalmente, la estrategia seguía bajo la conducción del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, otro viejo enemigo de Milei. En paralelo se incorporaron referentes como Edinho Silva, uno de los dirigentes históricos del PT que había participado de la campaña que permitió el regreso de Lula al poder en 2022.
Milei nunca dejó de hablar de aquel episodio. Durante la campaña y después de asumir la Presidencia sostuvo reiteradamente que dirigentes brasileños vinculados al PT habían participado de la estrategia negativa desplegada en su contra. Para el líder libertario, ellos estuvieron detrás de las peores acusaciones sobre su vínculo con Karina Milei y sus perros. En los últimos días volvió sobre ese recuerdo durante una entrevista radial desde el predio de la Sociedad Rural. Lo hizo casi tres años después, pero con la misma convicción.
Ese antecedente no explica por sí solo la dureza del discurso pronunciado el sábado en San Pablo. Pero ayuda a entender por qué la confrontación con Lula nunca fue una discusión exclusivamente ideológica: también tiene una dimensión personal y política que viene desde 2023.
El dato importa porque marca el momento en que la política doméstica empezó a cruzar la frontera de la política exterior. Lula actuó entonces como un actor político interesado en el resultado de las elecciones argentinas. Milei respondió ahora como presidente de la Argentina. Y allí aparece una diferencia fundamental: lo que hace tres años podía interpretarse como un episodio de campaña terminó proyectándose sobre la relación entre dos Estados.

Sería un error, sin embargo, explicar esta crisis únicamente desde Buenos Aires. Porque la confrontación tampoco resulta políticamente inconveniente para Lula.
El presidente brasileño atraviesa una campaña electoral difícil. En octubre buscará la reelección en un escenario de fuerte polarización con el bolsonarismo y con una economía que, si bien muestra indicadores más sólidos que los de otros países de la región, ya no le garantiza por sí sola el respaldo político que obtuvo en 2022.
En ese contexto, la disputa con Milei aparece como una oportunidad para reforzar un discurso que el Palacio del Planalto viene construyendo desde hace meses: la defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones externas. Ese relato comenzó a consolidarse cuando Donald Trump endureció su política comercial hacia Brasil y vinculó parte de esa estrategia con la situación judicial de Jair Bolsonaro. El gobierno de Lula respondió presentando ese conflicto como una injerencia de Washington en asuntos internos brasileños.
La aparición de Milei en San Pablo, respaldando al hijo del ex presidente y cuestionando al actual mandatario y a uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal, encajó en esa narrativa. No significa que Lula buscara esta crisis. Sí explica por qué el gobierno brasileño decidió responder con firmeza.
El canciller Mauro Vieira resumió esa posición. Calificó las declaraciones de Milei como “muy graves”, sostuvo que constituyeron una “interferencia en asuntos domésticos” de Brasil y pidió explicaciones al gobierno argentino. Al mismo tiempo dejó una señal que pasó relativamente inadvertida, pero resulta decisiva para entender el momento diplomático.
“La retirada de embajadores es un paso de gran gravedad. No vamos a hacer eso ahora”, afirmó. Y agregó una definición que probablemente exprese mejor que ninguna otra el desafío que enfrentan ambos gobiernos: “Tenemos que trabajar por el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se hace de conversaciones”.
Esa aclaración no es menor. Brasil decidió elevar el costo político de los dichos de Milei, pero evitó cruzar un umbral que hubiera colocado a la relación bilateral en una situación mucho más delicada. El mensaje fue doble: las declaraciones del Presidente argentino resultan inaceptables para el gobierno de Lula, pero el vínculo entre ambos países sigue siendo demasiado importante como para quedar atrapado en una escalada sin retorno.
Ese matiz aparece también cuando se observa el tablero internacional. Mientras Milei profundiza un alineamiento con Trump e Israel, Lula intenta ampliar los márgenes de autonomía de Brasil.
No fue casual que el mismo domingo en que estallaba la crisis diplomática el presidente brasileño mantuviera una extensa conversación con Xi Jinping. Hablaron de profundizar la relación comercial entre China y el Mercosur, de cooperación económica, de seguridad energética y también de los conflictos internacionales que dominan la agenda global. Ambos expresaron preocupación por la situación humanitaria en Gaza y por las consecuencias que los conflictos en Medio Oriente pueden tener sobre la economía mundial.
Es una mirada muy distinta de la que sostiene Milei, uno de los principales aliados internacionales de Israel y uno de los presidentes occidentales que respaldó explícitamente la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos para neutralizar las amenazas vinculadas con Irán y sus aliados regionales.
La distancia entre Buenos Aires y Brasilia, entonces, no se limita al vínculo personal entre Milei y Lula. Empieza a reflejar dos maneras muy diferentes de entender la inserción internacional de América Latina. Mientras la Argentina privilegia el alineamiento con Washington, Brasil intenta consolidar una estrategia de mayor autonomía, profundizando al mismo tiempo sus vínculos con Estados Unidos, China, Europa y el Sur Global.
En ese contexto, la pelea entre ambos deja de ser solamente una disputa bilateral. Empieza a expresar dos proyectos distintos sobre el lugar que la región debería ocupar en el nuevo escenario internacional.
Hay otro dato, menos visible, que ayuda a entender hasta qué punto la política argentina y la brasileña siguen entrelazadas. Mientras Milei profundizaba su confrontación con Lula, la ex presidenta Cristina Kirchner terminó de incorporar a su estrategia judicial internacional al jurista brasileño Rafael Valim, un reconocido especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos que integró el equipo de abogados del actual mandatario brasileño y mantiene una estrecha relación con el Partido de los Trabajadores.
Su incorporación no tiene consecuencias diplomáticas directas ni modifica la situación judicial de la ex presidenta. Pero vuelve a mostrar que los vínculos construidos entre el lulismo y el kirchnerismo siguen activos y trascienden los cambios de gobierno en ambos países. Es otra manifestación de una relación política que nunca desapareció. La diferencia es que, esta vez, encontró del otro lado a un presidente argentino que tampoco está dispuesto a separar la política doméstica de la política exterior.
Esa transformación es la que preocupa a buena parte del cuerpo diplomático argentino. En conversaciones con Infobae, dos embajadores que conocen como pocos la relación bilateral —Diego Guelar, ex representante argentino en Brasil, Estados Unidos y China, y Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos, Portugal y las Naciones Unidas— llegaron, desde recorridos políticos muy diferentes, a una conclusión parecida.
Guelar definió la crisis como “innecesaria” y advirtió que tendrá “un impacto negativo en la relación bilateral”, aunque descartó que pueda alterar una integración económica construida durante décadas. Argüello fue todavía más lejos desde el plano conceptual. “Los presidentes pueden tener posiciones políticas e ideológicas, pero lo que no pueden hacer es imponerlas sobre el interés nacional”, dijo a Infobae.
La frase resume uno de los principios históricos de la política exterior argentina. Los gobiernos cambian, las coaliciones llegan y se van, las mayorías electorales se construyen y se pierden. Pero el interés nacional debería conservar cierta estabilidad.

La relación con Brasil fue, probablemente, uno de los mejores ejemplos de esa lógica. Desde que Raúl Alfonsín y José Sarney decidieron transformar una vieja rivalidad geopolítica en una asociación estratégica, radicales, peronistas, liberales y socialdemócratas administraron ese vínculo con una premisa casi inalterable: las diferencias ideológicas no debían poner en riesgo una relación considerada estratégica para ambos países.
Eso no significó ausencia de conflictos. Los hubo. Hubo disputas comerciales, diferencias dentro del Mercosur, desacuerdos sobre política internacional e incluso fuertes contrastes personales entre algunos presidentes. Pero existía una frontera relativamente clara entre la competencia política y la política de Estado.
Esa frontera hoy aparece mucho más difusa. Lula decidió involucrarse activamente en la campaña presidencial argentina de 2023 porque entendía que el triunfo de Milei afectaba el proyecto político que representaba en la región. Milei respondió tres años después involucrándose de manera igualmente explícita en la campaña brasileña, respaldando al principal adversario político de Lula y utilizando un lenguaje que rompió con las formas tradicionales de la diplomacia.
No son hechos equivalentes. Pero revelan una misma tendencia: la creciente dificultad para separar la disputa política interna de la relación entre los Estados.
Eso explica por qué esta crisis no puede analizarse únicamente como un intercambio de agravios. También expresa un cambio más profundo: la política exterior empieza a quedar condicionada por la lógica de las campañas permanentes.
Por eso la pregunta más importante que deja esta crisis no es si Milei y Lula volverán a cruzarse públicamente, ni cuándo regresará el embajador brasileño a Buenos Aires. La verdadera incógnita es otra: si, cuando pasen las elecciones, las campañas y las cuentas pendientes que ambos líderes arrastran desde 2023, la Argentina y Brasil volverán a colocar el interés permanente de la relación bilateral por encima de las necesidades coyunturales de sus dirigentes.
Porque ese equilibrio, construido con avances y retrocesos durante más de cuatro décadas, no parece haberse roto definitivamente este fin de semana. Pero sí quedó sometido, probablemente como nunca desde el regreso de la democracia, a una tensión que obliga a preguntarse cuánto espacio conservará la política de Estado en una época dominada por la confrontación permanente.
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