El Consejo de la Magistratura suspendió y decidió promover el juicio político de dos jueces federales, cerró las investigaciones contra numerosos magistrados, incluida la jueza María Eugenia Capuchetti, y además envió al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para cubrir 17 tribunales, algunos de ellos clave en los juicios orales contra funcionarios en Comodoro Py 2002.

El cuerpo se reunió en un plenario encabezado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y todos los consejeros.

El plenario suspendió y abrió el procedimiento de remoción mediante juicio político de los jueces Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, y del juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.

López renunció hace una semana, pero el Poder Ejecutivo aún no se pronunció acerca de si le acepta o no la dimisión. El asunto no es menor, pues si le admiten la renuncia evitará el juicio político y cobrará su jubilación. Pero si no lo hacen, deberá ser sometido a un jury y si es removido, perderá el derecho a cobrar su retiro.

López está acusado de proferir expresiones anitisemitas mediante su cuenta de X y redactar mensajes en redes sociales en contra de los judíos por su origen y religión.

Pablo Ramiro Díaz Lacava también está acusado de mal desempeño y fue denunciado por ejercer violencia contra empleados de su tribunal y en particular contra las mujeres. También fue suspendido.

Votaron a favor de estas medidas los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena, De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manuel Galderisi, Alvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y el juez Rosatti. Son 15 votos.

Se abstuvieron los concejeros del oficialismo, el libertario Gonzalo Roca y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola. Quien votó en contra fue el consejero juez Alberto Lugones. Estuvieron ausentes Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit.

El cuerpo, además, decidió cerrar al menos 16 expedientes disciplinarios contra otros tantos jueces, porque se vencieron los tres años sin tratarlos, porque renunciaron o porque no encontraron evidencias en su contra.

Entre ellos están los que enfrentaban la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Asimismo, el Consejo de la Magistratura aprobó 17 ternas de candidatos a jueces para cubrir diferentes tribunales, algunos de ellos clave, pues son los tribunales orales federales de Comodoro Py 2002, que juzgan a los funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción.

De los ocho tribunales orales federales, hay vacantes en casi la mitad de ellos.

Un ejemplo de los problemas que trae esta situación se dio la semana pasada, pues se sorteó el tribunal que debe hacer el juicio contra exfuncionarios del Ministerio de Salud por la existencia del Vacunatorio VIP durante la pandemia del Covid y salió sorteado el tribunal oral federal 6, que no tiene jueces.

Por eso, se designó como suplentes a otros magistrados de sus propios tribunales que tiene sus propios casos en marcha. Ellos son Enrique Méndez Signori (caso cuadernos), Adriana Palliotti (Hotesur y Los Sauces) y Diego García Berro (Penal Económico).

Los candidatos para seis cargos que fueron elegidos para estos tribunales son:

Primera terna: 1º) Agustina Inés Rodríguez, 7º) Nicolás Antonio Pacilio, 13º) Mariano Jorge Cartolano.

Segunda terna: 2º) Nicolás Schiavo, 8º) Nicolás Ramón Ceballos, 14º) Valeria Alejandra Rico.

Tercera terna: 3º) Luis Alcides Arnaudo, 9º) Gabriel Gonzalo Rey, 15) Albertina Anatonia Carón.

Cuarta terna: 4º) Ignacio Labadens, 10º) Nicolás Grappasonno, 16º) Diego Perone.

Quinta terna: 5º) Marcelo Alejandro Peluzzi, 11º) Vanesa Silvana Alfaro, 17º) Juan Carlos Palacios.

Sexta terna: 6º) Ivana Sandra Quinteros, 12º) Santiago Juan Schiopetto, 18º) Raúl Alejandro Roust.

También fueron elegidos candidatos para ocho cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de instrucción, para delitos comunes.

Los ternados son:

Primera terna: 1°) Fernando Buján, 9°) Laura Belloqui, 17°) Sebastián Noé Alfano.

Segunda terna: 2°) Santiago Alberto López, 10°) María Jimena Monsalve, 18°) Ignacio Labadens.

Tercera terna: 3°) David Gabriel Mangiafico, 11°) Ramiro Javier Rua, 19°) Lucía Inés Gallagher Campo.

Cuarta terna: 4°) Marina Soberano, 12°) Ariel Alejandro Vilar, 20°) Juan Carlos Bernial.

Quinta terna: 5°) Javier Teodoro Álvarez, 13°) Érica María Uhrlandt, 21°) Gastón Ariel Bermúdez.

Sexta terna: 6°) Mariana Salduna, 14°) Ramiro Riera, 22°) Pablo Alberto Bonini.

Séptima terna: 7°) Mariano Jorge Cartolano, 15°) Gabriela Eugenia Topalián, 23°) Walter Alfredo Cavassa.

Octava terna: 8°) Sixto Mihura Gradín, 16°) Diego Olivera Zapiola, 24°) Romina Monteleone.

Fueron elegidos los postulantes para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba e integran la terna: 1°) María Soledad Mancini, 2°) Hugo Germán Burgos, 3°) Gustavo Javier Zapata.

La fiscal María Carmona, que salió primera y denunció haber sido relegada tras la entrevista personal, no entró en la terna, sino que fue incluida en una lista complementaria.

Fueron enviadas al Poder Ejecutivo ternas para cubrir dos cargos en la Cámara Federal de Córdoba, atravesada por denuncias contra sus integrantes.

Los ternados son:

Primera terna: 1º) Pablo Roberto Toledo, 3º) Germán Luis Gianotti, 5º) María Soledad Mancini.

Segunda terna: 2º) José Manuel Belisle, 4º) Manuel Celedonio Malbrán, 6º) Facundo Carlos Cortés.

El plenario también aprobó el pase a la Comisión de Acusación del único expediente que quedaba en la Comisión de Disciplina sobre denuncias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain.

A casi un año de que la iniciativa fracasara en el Senado, diputados de la oposición dialoguista buscan reinstalar Ficha Limpia en la agenda parlamentaria. Provincias Unidas ya presentó un proyecto para impedir candidaturas de personas condenadas, entre otros, por casos de corrupción, mientras que la Coalición Cívica y una legisladora radical preparan sus propios textos para volver a dar la discusión en el Congreso.

“Junto a Diputados de Provincias Unidas presenté un proyecto para que quienes tengan condenas por delitos graves no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales”, anunció Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara baja.

“No partimos de cero: ya tuvo media sanción en Diputados y en Santa Fe lo incorporamos a la Constitución como política de Estado. No podemos dejar caer lo que ya avanzamos”, agregó.

El proyecto -enviado el lunes al Congreso- propone una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prevenir que se postulen a cargos electivos personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción, delitos en perjuicio de la administración pública y crímenes de guerra y lesa humanidad. La restricción también alcanza a condenados por lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos contra el orden constitucional y deudores alimentarios, entre otros.

“El proyecto incluye a los delitos de corrupción, criminalidad grave y el incumplimiento de obligaciones alimentarias, como estándar integral de integridad pública. No se trata de una sanción penal, sino de una condición razonable de elegibilidad”, explican los autores de la iniciativa en sus fundamentos. Además de Scaglia, el proyecto lleva la firma de María Inés Zingarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.

Según detalla el texto presentado, la inhabilitación para competir en elecciones regirá mientras subsista la condena o hasta transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena. “La inhabilitación prevista en el presente inciso resultará aplicable independientemente de la interposición de recursos extraordinarios o pendientes de resolución, sin requerir sentencia firme ni autoridad de cosa juzgada”, establece el proyecto.

La iniciativa de Provincias Unidas llega a casi un año de que Ficha Limpia naufragara por última vez en el Congreso. En febrero del año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del oficialismo, pero, dos meses más tarde, fue rechazado en la Cámara alta, donde cosechó 36 votos a favor y 35 en contra. Por tratarse de una reforma electoral, la Constitución exige para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, lo que en el Senado representa 37 votos afirmativos.

Tras el fracaso de 2025, el presidente Javier Milei confirmó en enero pasado que volvería a insistir con la ley, pero aún no hubo avances en esta dirección. En este contexto, y en medio de las investigaciones que enfrenta el oficialismo por el aumento patrimonial de Manuel Adorni y el caso $LIBRA que salpica a los hermanos Milei, la oposición busca reinstalar el tema en la agenda parlamentaria.

Además de Provincias Unidas, otros diputados de la oposición dialoguista tienen previsto presentar en los próximos días sus propios textos para reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En redes sociales, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, confirmó que su partido llevará al Congreso un proyecto de Ficha Limpia. Según indicó a , por estas horas ultima los pormenores de su propuesta y tiene previsto enviarla a la Cámara baja antes del fin de semana.

En tanto, la legisladora Karina Banfi -hoy en un monobloque que juega en tándem con Pro y parte del radicalismo que decidió no adherir a Provincias Unidas- anticipó a que presentará esta semana una iniciativa más estricta.

En su caso, que replica la iniciativa que había impulsado la senadora radical Carolina Losada, la restricción aplica para todo delito penal: el espectro abarca, por ejemplo, desde casos de corrupción hasta homicidios y lesiones leves o graves por motivos de género u orientación sexual. La inhabilitación se extenderá, aún cuando la condena no se encontrase firme, hasta que fuera revocada o se hubiera cumplido en su totalidad.

“Es imperioso echar un manto de moralidad al ejercicio de la función pública; es imperioso darles calidad a las instituciones y a quienes las integran, y por eso deviene indispensable que aquellos a quienes se los ha encontrado culpables de cometer delitos previstos en la legislación penal estén ‘cautelarmente’ inhabilitados para postularse para ocupar cargos públicos de elección popular», argumenta Banfi en el proyecto al que accedió este medio.

Según pudo saber , aunque comparte interbloque con Banfi, Pro tiene previsto volver a insistir con el proyecto original de la bancada amarilla que había impulsado la exdiputada nacional Silvia Lospennato y se limitaba a delitos de corrupción. Esa versión había conseguido dictamen de comisión en 2024, pero nunca llegó a debatirse en el recinto por falta de quórum. En noviembre de ese año, Milei aseguró a la ahora legisladora porteña que presentía un proyecto propio en la misma dirección. Ese nuevo texto es el que rechazó el Senado el año pasado.

Los proyectos de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Banfi a presentar esta semana se suman al que ya había enviado al Congreso la Neuquinidad, el espacio político que responde al gobernador Rolando Figueroa, en enero pasado. Además de casos de corrupción, su iniciativa abarca condenas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales -salvo delitos contra el honor-, del Régimen Penal Tributario, contra la Administración Pública y tráfico de estupefacientes.