A más de un año de que se desataran las fricciones partidarias entre el Partido Justicialista (PJ) nacional, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los dirigentes que representaban al espacio en Salta, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.

En línea con esto, las autoridades electorales designaron como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta. De esta manera, su tarea principal será normalizar el partido a través de elecciones internas, tras haber pasado más de un año bajo intervención partidaria ejercida por el PJ nacional.

La intervención original en el distrito Salta fue dispuesta el 24 de febrero de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional del PJ el 20 de mayo del mismo año. En aquella instancia, la presidenta del PJ nacional designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Posteriormente, el 20 de febrero, se nombró a dos referentes locales, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes habían convocado a celebrar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento del plazo original de intervención. No obstante, la propuesta estaba pendiente de ser tratada en el Congreso Nacional programado para este martes 19 de mayo.

A pesar de esto, en el fallo emitido por la CNE, se consideró que los distintos interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables durante el periodo de intervención. Según la información obtenida por El Tribuno, las autoridades electorales lo interpretaron como un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados del PJ en Salta.

Según la resolución, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas.

De la misma manera, el tribunal remarcó que el uso reiterado y prolongado de la intervención por parte del PJ nacional se transformó en un “mecanismo abusivo”, que no logró resolver los conflictos internos del distrito y comprometió tanto la autonomía como la democracia interna del partido.

En línea con esto, la Cámara Nacional Electoral señaló que la convocatoria a internas para el 25 de octubre de 2026 resultaba “tardía” en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

Por este motivo, plantearon que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por ello, Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

Mientras que desde el PJ Nacional no hubo una respuesta al fallo, el ex interventor Kosiner repudió la decisión de las autoridades electorales. Por medio de un comunicado, denunció que “la decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.

“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución”, reiteró el dirigente salteño al hacer referencia a que el cronograma electoral iba a ser aprobado formalmente el próximo martes.

Por otro lado, el ex titular del espacio consideró que “la resolución se inscribe en un preocupante clima de época en la Argentina”. Asimismo, apuntó que “se naturaliza y se avala desde sectores funcionales, la vulneración de instituciones, la afectación de autonomías y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas y del respeto a la voluntad de las organizaciones políticas”.

“La autonomía de los partidos políticos es una garantía democrática”, sostuvo Kosiner. Finalmente, concluyó el comunicado con una reflexión: “Cuando se desconoce la voluntad de sus órganos y se interviene judicialmente aun existiendo mecanismos institucionales en marcha, lo que se debilita no es solo a un partido: es a la calidad democrática de la Argentina”.

José Mayans,Partido Justicialista,política,Argentina,reunión,legislador,peronismo,dirigentes

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la venta del 90% del paquete accionario de AySA. Hizo lo mismo con la empresa Intercargo y avanza con el Belgrano Cargas y con varios corredores viales. Ya privatizó la empresa IMPSA y las centrales hidroeléctricas del Comahue (fines de 2025): las cuatro represas patagónicas —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

En la última semana también vendió el 50% de Citelec, la empresa controlante de Transener, que tiene buena parte del tendido de alta tensión de la Argentina. A este paquete de empresas se le suma la venta de propiedades por todo el país, que incluye desde terrenos ferroviarios hasta edificios ocupados por dependencias públicas. “En la última semana, mientras se discutía la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, sucedió un hecho que pasó por debajo del radar y que será fundamental en esta discusión”.

En este esquema, la oposición ya anunció que buscará hacer un “férreo” seguimiento de las operaciones, en especial en lo que se refiere a las privatizaciones, y busca hacerlo desde el Congreso de la Nación.

Se conformó la comisión bicameral de seguimiento de las empresas privatizadas y La Libertad Avanza logró imponerse en su conformación, con lo que se aseguró que, entre propios y socios, podrá bloquear cualquier intento de parte de la oposición. Los libertarios se quedaron con la presidencia de la comisión que tiene que hacer el seguimiento de las privatizaciones y con la mayoría: 4 diputados y 2 senadores libertarios, más un senador radical y otro de Provincias Unidas. Por el lado del peronismo, tiene dos sillas para los diputados y otras dos para senadores del bloque.

“Es una de las pocas comisiones en las que los senadores del peronismo presentaron los nombres y asumieron con el fin de poder controlar las privatizaciones”, explicaron desde el mundo libertario.

El presidente del bloque en la Cámara Alta, José Mayans, ya anunció que buscarán trabajar en esa comisión. “Van a ir a la justicia por las privatizaciones. Vendieron el 50 % de Transener, de lo que le costó al Estado. La comisión va a mirar cuál es el daño que hicieron, qué relación tienen con el Presidente Javier Milei los compradores. Estas privatizaciones son un show de corrupción”, dijo el formoseño.

Pero no solo el peronismo en el Senado tiene previsto “apretar” en la comisión que preside el ex diputado radical, hoy senador libertario por Neuquén, Pablo Cervi. Los diputados peronistas planean “inundar” de pedidos de informes la comisión.

“Hicimos una gran cantidad de pedidos el año pasado y no responden. Vamos a hacer lo mismo este año”, adelantó la diputada Florencia Carignano. “La semana pasada ingresamos uno junto a la diputada Ana María Ianni”, agregó.

El peronismo presentó durante 2025 siete notas, de las que solo obtuvo una respuesta “pero sin detalles suficientes sino generalidades que estaban en el Boletín Oficial. Ampliamos con 5 más incluyendo cosas que no se habían preguntado como Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, explicó la legisladora de Unión por la Patria. Las notas son un equivalente a un pedido de informes, pero al ser una bicameral los envía como nota directo al ministerio sin que las Cámaras tengan que aprobarlo.

Los últimos pedidos de informes se presentaron por los Corredores Viales, Intercargo, el Belgrano Cargas y Sofse. En octubre se hizo el primer pedido y en diciembre se reiteró. No hubo respuesta hasta ahora.

“Ellos van a bloquear todo, nosotros vamos a intentar todo. La verdad es que están regalando las empresas y el caso Intercargo es un ejemplo —la base para competir es USD 10 millones menos que los activos corrientes de la compañía—. No hicieron un kilómetro de ruta y privatizan los corredores que son los más beneficiosos desde lo económico. Están rifando todo”, señalaron desde el bloque del PJ.

En el gobierno explican que el plan económico incluye la venta de activos sin importar si son estratégicos o si generan ganancias. El propio viceministro de Economía, Juan Manuel Daza, explicó en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) que la estrategia “compartida con el FMI contempló la adquisición de USD 7.000 millones y otros USD 3.000 millones obtenidos por privatizaciones”.

El recorte conocido esta semana por $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación – a partir de la decisión administrativa 20/2026 del Ministerio de Economía que modificó partidas y ajustó el gasto público-, comprendió una reducción de la partida para el Programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes.

Se trata de las becas Progresar y de Fortalecimiento Educativo que, en 2025, fueron otorgadas a casi un millón de beneficiarios. Para ser más precisos, a 953.169 a diciembre del año pasado, según el informe del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a la Cámara de Diputados a finales de abril y analizados por Infobae, en base a datos de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los inscriptos habían sido casi el doble: 1.767.524.

Un informe del Ministerio de Capital Humano publicado con el balance de sus dos primeros años de gestión indicó que el programa tuvo un número ligeramente inferior de beneficiarios durante 2025, 971.280. Esta cifra, igualmente, muestra una baja respecto de 2024, cuando los que recibieron la beca Progresar habían sido más de 1,3 millones.

La beca Progresar es un programa de respaldo de los estudiantes argentinos para que terminen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Tiene tres líneas: Progresar Educación Obligatoria, Progresar Educación Superior, y Progresar Trabajo o Formación Profesional. A mayo de 2026, implicó una suma de $35.000 brutos por mes. Sin embargo, el cobro efectivo es de $28.000 mensuales, porque ANSES retiene el 20% hasta acreditar regularidad académica al final del ciclo lectivo.

Anualmente se abren dos convocatorias, una con el inicio del calendario escolar y otra después del receso invernal. Los beneficiarios de la beca Progresar no tienen incompatibilidad con el programa Volver al Trabajo ni con pensiones no contributivas por invalidez.

Del último año de la gestión de Alberto Fernández a los dos primeros años del gobierno de Milei, se observa una caída a casi la mitad de los becarios del Progresar. De 1.860.871 que había en 2023, se pasó a 1.359.274 en 2024, y a 953.169 en 2025.

En 2024, los inscriptos para recibir la beca habían sumado 2.189.769, de los cuales el 62% finalmente la recibieron. La mayor parte de las solicitudes rechazadas obedeció a la evaluación socioeconómica, a superar los límites de edad establecidos y a no ser alumno regular en un establecimiento educativo, según precisó Guillermo Francos en su informe Nro 142 al Congreso.

El 49% de los beneficiarios fueron del Progresar Educación Obligatoria, de los cuales el 83% tenía entre 16 y 18 años.

El 45,5% recibió el Progresar Educación Superior, de los cuales el 35,3% tenía entre 17 y 20 años; el 46,5%, entre 21 y 24 años; y el 18,2%, 25 años o más.

En tanto solo un 5,5% recibieron el Progresar Trabajo, de los cuales el 30% tenían entre 18 y 20 años; el 26%, entre 21 y 24 años; y el 44%, 25 años o más.

La reducción de beneficiarios en 2025 respecto de 2024 respondió, en gran medida, a que la Secretaría de Educación excluyó a principios del año pasado a los colegios privados en la apertura de la inscripción a las becas Progresar, por lo que muchos numerosos estudiantes que asistían a instituciones de gestión privada quedaron inicialmente fuera del alcance del beneficio.

No obstante, la situación se revirtió y en la segunda convocatoria del año en agosto pasado, se volvió a incluir a determinadas instituciones educativas privadas. Puntualmente, colegios que emitan títulos oficiales y brinden servicios gratuitos o de contribución voluntaria no superior al equivalente anual de dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se aceptaron aquellas instituciones privadas ubicadas en zonas sin oferta educativa estatal disponible. Desde Capital Humano explicaron, en ese momento, que el objetivo era garantizar que las Becas Progresar lleguen a quienes realmente lo necesitan.

El presupuesto del Progresar

La partida inicial asignada en el Presupuesto para la beca Progresar en 2025 fue de $392.332 millones, apenas por encima del monto del 2024 ($290.922 millones) pese a la inflación de ese año.

Sin embargo, el monto devengado fue aún inferior: $293.768 millones, por debajo de los fondos devengados para el Progresar en 2024 ($360.472 millones), según los datos del sitio oficial de Presupuesto Abierto consultados por Infobae.

En 2026, el presupuesto previsto es de $364.147 millones, y lo devengado en los cuatro meses y medio que van del año es de solo $62.523 millones.

Los requisitos

Para anotarse en el Progresar Educación Obligatoria, se requiere ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI; tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria, y la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 salarios mínimos, Vitales y Móviles, excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez. Una vez recibido el beneficio, el alumno debe cumplir con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar, y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Para el Progresar Nivel Superior, en caso de ser extranjero, el aspirante debe tener residencia legal de al menos 5 años en el país y DNI, y contar con entre 17 y 24 años de edad al momento de ingresar. En el caso de estudiantes avanzados, hasta 30 años. Se requiere no adeudar materias del Secundario, e ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Para el Progresar Formación Profesional, el aspirante debe tener 2 años de residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI argentino, si es extranjero, y tener entre 18 y 24 años cumplidos. La posibilidad de inscribirse se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Deberán realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Distribución por provincias

Las provincias con más beneficiarios de la beca Progresar en 2025 fueron Buenos Aires (278.473); Córdoba (65.500); Tucumán 59.368; Santa Fe (50.944); Salta (49.171) y Chaco (49.039).

En el otro extremo, las de menor cantidad de estudiantes con esta beca fueron Tierra del Fuego (2.145); Neuquén (3.793); La Pampa (4.606); y Santa Cruz (5.306).

Becas Fortalecimiento Educativo

Las becas de Fortalecimiento Educativo – en el marco del programa Progresar como apoyo a la escolaridad o para ayudar a finalizar los estudios – son también otorgadas por el Ministerio de Capital Humano y tienen cuatro líneas con diferentes grupos específicos de destinatarios.

La de los “Ahijados presidenciales”, determinados por la ley N° 20.843 de Padrinazgo Presidencial; la destinada a los hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas, de civiles y militares fallecidos o de quienes sufrieron incapacidades como consecuencia del conflicto bélico; la de estudiantes con medidas de protección de derechos y/o en conflicto con la ley penal; y la de alumnos pertenecientes a pueblos indígenas.

En 2025 fueron otorgadas 33.439 y, en 2024, un número similar: 33.426.

El año pasado, el mayor número de beneficiarios de estas becas fueron alumnos indígenas (25.229), otros 7.443 fueron estudiantes con medidas de protección de derechos y/o en conflicto con la ley penal; 568 fueron hijos de combatientes de Malvinas; y solo 199 ahijados presidenciales.

Al igual que las becas Progresar, consisten en un monto mensual de $35.000. De ese total, se paga mensualmente el 80% ($28.000) y el 20% restante ($7.000) queda retenido hasta que el estudiante acredite regularidad y cumplimiento académico. Son aplicables en todos los niveles educativos.

Visualizaciones: Daniela Czibener