POLITICA
El PJ evita una avanzada aislada contra Adorni y busca correrse del eje exclusivo de la corrupción
El peronismo en la Cámara de Diputados busca exponer a Manuel Adorni por sus inconsistencias patrimoniales, aunque evita que el eje exclusivo de una próxima sesión sea la corrupción. Insiste, en cambio, en avanzar en paralelo con una agenda social y económica que sus legisladores vienen trabajando desde hace semanas en la Cámara.
La postura generó roces con otros sectores opositores, que pidieron una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de tratar los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete de Javier Milei. Uno de esos textos, de hecho, está firmado por casi todos los integrantes de Unión por la Patria (UP).
Ninguna de las propuestas tiene dictamen de comisión, por lo que el objetivo implícito es forzar su tratamiento en comisiones.
Pero las versiones se cruzan. Los impulsores de la sesión, encabezados por el socialista Esteban Paulón, aseguran que mantuvieron conversaciones con autoridades del bloque peronista. En el PJ, en cambio, sostienen que la jugada se organizó sin consultarles.
En UP aseguran, además, que buscan impulsar un temario más amplio, que incluya temas como el incumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, los recortes en salud, la emergencia PyME, la caída del consumo, el crecimiento del endeudamiento familiar y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Más que discutir únicamente a Adorni, el peronismo pretende discutir el rumbo del Gobierno a partir del caso Adorni.
La discusión, sin embargo, también expone distintas miradas dentro del propio peronismo. Algunos consideran que el jefe de Gabinete debe continuar expuesto al desgaste político que atraviesa desde hace semanas sin interferir. Otros creen que hay que avanzar con la interpelación cuanto antes. Y un tercer grupo rechaza quedar atrapado en una ofensiva centrada exclusivamente en un caso institucional o judicial.
Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.
Algo similar expresó el diputado Santiago Cafiero, en el programa A dos voces, por TN. “Adorni no va a poder explicar nunca la situación patrimonial que tiene. Cuando vos entrás en la función pública tu vida privada queda difusa. Tenés que tener una ética y poder demostrarla en todo momento. Y esa credibilidad es la que te da legitimidad de acción. Si no tenés eso, estás perdido, y es lo que le pasa a Adorni”, sostuvo. También admitió que la oposición todavía no tiene garantizados los votos para avanzar con la interpelación.
“No queremos que sea una jugada testimonial”, explican cerca suyo. “Sin quorum victimizamos a Adorni y fortalecemos a [Martín] Menem. No sirve”.
Pero la incomodidad del peronismo va más allá de una cuestión táctica. Algunos dirigentes consideran que avanzar hacia una interpelación seguida de una eventual moción de censura podría dejar un antecedente delicado, sobre todo cuando el jefe de Gabinete ni siquiera fue procesado. En la Argentina pendular, la oposición de hoy puede gobernar mañana.
Las interpelaciones que la oposición impulsó anteriormente contra Guillermo Francos se dieron en el marco del caso $LIBRA y nunca derivaron en una discusión seria sobre una eventual moción de censura. Hubo, más bien, un fuerte interrogatorio político. La posibilidad volvió a mencionarse después de los incumplimientos del Gobierno en materia de discapacidad y financiamiento universitario, aunque el recambio de Francos y algunas concesiones parciales del oficialismo terminaron desinflando la ofensiva opositora.
En este contexto, el PJ busca cuestionar políticamente a Adorni sin aparecer promoviendo una lógica “punitivista” que antes criticó.
Así lo expresó el diputado kirchnerista Carlos Castagneto. “No estoy de acuerdo con que nosotros desde el Congreso digamos qué persona tiene que ir presa o no. Yo mantengo la independencia de poderes. Creo que tiene que actuar la Justicia”, sostuvo. Y agregó: “Lo que sí sostengo es que hubiese sido bueno, como fue la sesión en el Congreso, para que Adorni explicara frente a la sociedad de dónde sacó el dinero”. Eludió referirse a una interpelación.
Castagneto hacía referencia al pedido judicial presentado por la diputada Marcela Pagano, que solicitó la detención del jefe de Gabinete por supuestos riesgos sobre el debido proceso, una solicitud que luego fue rechazada por la Justicia.
Pese a las distintas miradas, todos los referentes peronistas consultados por aseguraron que darán quorum el próximo jueves. Aun así, su presencia difícilmente alcance para habilitar la sesión. Según un sondeo preliminar realizado por este medio, la oposición no reúne por ahora la mitad más uno para abrir la sesión. Sin el respaldo de Pro y de legisladores alineados con gobernadores dialoguistas, cualquier ofensiva contra Adorni quedará a mitad de camino.
“Funcionará como un principio de revelación”, afirman los sectores que impulsan la sesión especial. “Que queden expuestos los que apoyan a Adorni”, agregan.
En paralelo, el peronismo trabaja desde hace semanas en la construcción de una agenda propia vinculada a temas sociales y económicos. La idea, explican en el bloque, es “proponer y no solo reaccionar”.
Esa estrategia es impulsada especialmente por sectores alineados con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque también por dirigentes que buscan ordenar al peronismo detrás de una discusión común, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos y Emir Félix. Martínez y Cecilia Moreau acompañan esta mirada como autoridades del bloque.
En las últimas semanas mantuvieron reuniones con pequeñas y medianas empresas, comerciantes afectados por la apertura importadora, representantes del colectivo de discapacidad, rectores universitarios, especialistas en endeudamiento y referentes sanitarios que alertaron sobre el impacto de los recortes en el sistema de salud.
Desde el sector sindical del bloque, además, avanzaron con un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa surgió a partir de datos sobre el mercado laboral: según un informe de la consultora Econviews elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de los 141.000 nuevos empleos registrados, 101.000 corresponden a trabajadores que se desempeñan en la calle, vehículos o desde sus hogares, mayormente bajo modalidades independientes.
El proyecto −presentado, entre otros, por Hugo Moyano (h.), Hugo Yasky, Juan Marino y Jorge Taiana− busca formalizar la relación entre las plataformas y los prestadores de servicios. La iniciativa presume la existencia de vínculo laboral y garantiza derechos básicos como remuneración mínima, límites de jornada y cobertura frente a riesgos de trabajo.
sesión especial,pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx,May 7, 2026,@Diputados_UxP,pic.twitter.com/oagBylzQvi,May 6, 2026,informe de la consultora Econviews,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Ofensiva en el Congreso. Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Adorni,,Los temas. Martín Menem reactiva la agenda legislativa y el oficialismo busca correr el eje del caso Adorni,,“Gasto menor”. La Libertad Avanza ploteó con un león violeta una sala de reuniones del anexo de Diputados
POLITICA
Un intendente cordobés lloró en una entrevista por la crisis económica en su municipio: “No duermo, no como”
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, rompió en llanto durante una entrevista al hablar sobre los despidos en el complejo turístico estatal de la localidad cordobesa y la situación económica que atraviesa el municipio.
El jefe comunal se mostró angustiado por el impacto social de las cesantías y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”, expresó en diálogo con un streaming de La Voz del Interior.
Mientras hablaba, Rivarola se quebró y describió el complejo panorama financiero que enfrenta el municipio. “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?”.
El intendente también aseguró que el sistema de salud local está desbordado y afirmó que la crisis golpea cada vez más fuerte a los vecinos de la zona. “Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las 4 de la mañana y estaba despierto porque digo: ‘No sé qué hacer’. Estoy desesperado, es muy duro”, agregó con la voz quebrada.
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El conflicto se desató días después de que el Gobierno habilitara la privatización de distintos inmuebles estatales, entre ellos la Unidad Turística Embalse. El pasado 26 de mayo fueron despedidos 40 trabajadores que se desempeñaban en el complejo.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 322/2026, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar con la venta, transferencia o concesión de propiedades nacionales con el objetivo de reducir gastos y “eficientizar” la estructura estatal.
El pedido del intendente al Gobierno
Rivarola, dirigente del peronismo cordobés, reclamó mayor diálogo entre la Casa Rosada y las provincias. “Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores”, sostuvo.
Las declaraciones del intendente generaron repercusiones en redes sociales. Uno de los que salió a respaldarlo fue el intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien calificó de “desgarrador” el testimonio del jefe comunal cordobés.
“El abandono del gobierno nacional en el interior es devastador, sin la contención de los intendentes Milei se cae como un piano”, escribió el dirigente bonaerense en sus redes.
Córdoba, crisis, despidos
POLITICA
Cómo la investigación de un robo a Arsat en un depósito en San Fernando derivó en la detención de Facundo Leal
El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat ingresaron a un depósito en San Fernando donde se resguardaba material sensible de la empresa estatal. En el complejo, que era operado por la firma Argentina Logistic Services S.A., hallaron quince contenedores que presentaban signos de robo. Les habían sustraído flejes de cobre y componentes internos de los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la estructura troncal que lleva internet de alta velocidad a lo largo y ancho del país.
Las cámaras del depósito no funcionaban; y desde hace tiempo, el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.
A raíz de ese episodio se inició una causa (FSM1924/2024), que quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez.
Lo que comenzó como una investigación judicial en torno a un robo derivó en otra hipótesis. Es que la falta de infraestructura mínima necesaria para preservar los equipos en el depósito de San Fernando hizo que el fiscal Domínguez pusiera la mira en la contratación de Argentina Logistic Services, la compañía que estaba a cargo de la seguridad del predio.
La causa avanzó después de que se dispusieron varias medidas de prueba. Cuando los investigadores accedieron a los teléfonos secuestrados, hallaron indicios de un presunto pago de coimas. Hasta ahora, según fuentes con acceso al expediente, están involucradas once personas físicas, además de la firma Argentina Logistic Services (ALS). Se intenta si hubo un direccionamiento en la contratación del depósito donde se resguardaba el material sensible de Arsat. El fiscal pidió citar a los acusados a prestar declaración indagatoria por defraudación contra la administración pública, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de esa investigación penal, se ordenó un allanamiento en el departamento de Palermo de Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), expresidente de Arsat y actual empleado de la empresa pública de soluciones satelitales.
En ese operativo, los efectivos de la Policía Federal Argentina encontraron cerca de US$ 650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Lo que derivó en la detención del exfuncionario. En su casa de Mendoza , hallaron cerca de US$ 1.700.000.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron un dictamen que reconstruyó, con mensajes de WhatsApp, audios y registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), de qué manera los funcionarios de Arsat debían controlar al proveedor eran, al mismo tiempo, sus beneficiarios.
Un contrato millonario y sin licitación
El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, subgerente de la Gerencia de Administración y Finanzas de Arsat, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa. El documento señalaba a ALS como la firma indicada para el trabajo y pedía avanzar por contratación directa, bajo el inciso m) del Reglamento de Compras.
El 3 de septiembre de 2021, la empresa llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores llegaron el 10 de septiembre. La propuesta de ALS entró a las 14:41. Las otras dos -Transportes Padilla y Tradelog- ingresaron a las 15:09 y 15:24 del mismo día. El margen de minutos no fue coincidencia. Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS y firmante de cheques, mantenía relación de dependencia con esa misma firma. La competencia era, en los hechos, parte de la misma estructura societaria y familiar.
El memorándum que justificó la contratación directa no consignó cuánto pagaba Arsat en el depósito anterior ni cuál era la propuesta económica de ALS, que a esa fecha ni siquiera había sido presentada. El área jurídica dictaminó que el proceso cumplía los extremos formales del reglamento, pero aclaró que no evaluaba la justificación técnica ni económica.
Audios y mensajes entre los involucrados
Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat durante la gestión de Fernández y expresidente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Milei -renunció en enero pasado-, firmó la orden de compra OC-00010632: US$766.099 para un año de servicio. Ese mismo día le mandó un audio a Diego Padilla: “Dieguito, ¿cómo te va hermano? Ahí en un ratito te estamos mandando, aunque usted no lo crea, la orden de compra del depósito. Vamos, vamos”
El reglamento de Arsat establece que contratos por encima de cierto monto requieren aprobación del Directorio. La Gerencia General solo podía adjudicar hasta $70 millones más IVA por año. El dictamen jurídico interno advirtió que si el contrato se extendía más allá del primer año, debía intervenir el Directorio.
La solución fue contratar por doce meses, con prórroga de veinticuatro. El 26 de diciembre de 2022, con las firmas de Boschin, el gerente requirente, Pablo Gastón Pagani, el gerente de finanzas, Nicolás Canet, y de Leal, entonces gerente general, se formalizó la prórroga por $133.944.749 sin intervención del Directorio. En diciembre de 2023 se emitió una nueva orden por US$104.000.
En total, en contrataciones directas, se acumularon US$1.930.861 y $40.300.000. Estos documentos públicos, al contrastarse con los mensajes extraídos de los teléfonos, resultan reveladores. El primer contacto documentado data del 1 de noviembre de 2020: Santiago Pando -socio de los Padilla- le escribió a Diego Padilla para decirle que llamara con urgencia a Boschin. Tres días después, Padilla se presentó ante Boschin como referente de ALS.
El 21 de diciembre, tras una reunión en las oficinas de Arsat, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS: “Estoy en Arsat. Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”
El contrato de locación del predio de San Fernando entre ALS y el propietario Marcos Sued se firmó el 14 de mayo de 2021. Se fijó una extensión de 36 meses y se estableció un precio de US$20.000 mensuales. Treinta y nueve días después, el memorándum de Navarro pedía que Arsat contratara a ALS para ese mismo predio por tres años. La fiscalía señala esa coincidencia como indicio de que la negociación preexistía al trámite formal.
El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla, vice de ALS: “Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000… Esto es para Pando por negocios ARSAT”. El 16 de mayo: “El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”.
Los registros vehiculares de Leal arrojan datos llamativos. En noviembre de 2021, días después de la primera orden de compra, Boschin registró una VW Highline. En mayo de 2021, Leal compró una Ford F150 Lariat V8 4×4. En junio, su cónyuge adquirió una BMW X5. En julio de 2022, Leal sumó una Volkswagen Amarok. En 2023 incorporó una Ford Ranger Raptor y una Can-Am Maverick X3. La declaración jurada de Pablo Pagani pasó de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 en 2023.
Sin controles
El pliego de especificaciones técnicas enviado a los oferentes en septiembre de 2021 exigía condiciones de seguridad las 24 horas: cámaras operativas, cerco adecuado, iluminación, control de acceso, recorridas de vigilancia. Nada de eso existía al momento del robo. El cerco eléctrico no funcionaba desde que ocupaba el predio la empresa anterior. Las cámaras instaladas en 2022 fallaron por problemas de firmware, sin que ALS solicitara mantenimiento. Cuando la policía pidió las grabaciones del período del robo, el presidente de ALS, Fernando Paredes, informó por nota que las cámaras no habían funcionado entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024.
Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que el tipo de sustracción realizada requería escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno. El informe de Gendarmería Nacional fotografió los cortes en los flejes, los soportes arrancados y los cables dañados en el shelter N° 361 y recomendó la intervención de peritos.
La Fiscalía pidió declaración indagatoria para Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez.
Además, se solicitaron allanamientos en los domicilios de todos los imputados —en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, en las oficinas de ALS en San Fernando, en las sedes de Arsat y en los domicilios de Martín Mareco y Matías Valent, señalados como eslabones del circuito de pagos. También se pidió el levantamiento del secreto bancario, bursátil y de la UIF, y la remisión de los anexos reservados de las declaraciones.
derivó en la detención del exfuncionario,Camila Dolabjian,Conforme a
El gobierno sigue avanzando en su agenda parlamentaria y hoy entró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que regula el lobby y el super RIGI que días atrás anunció el ministro de Economía.
En el caso del primero de ellos, el proyecto de ley regula por primera vez de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional, al establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.
La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.
El universo de funcionarios alcanzados por el deber de registración es amplio: en el Ejecutivo abarca desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los directores nacionales, pasando por ministros, secretarios y subsecretarios. En el Poder Legislativo Nacional, la obligación recae sobre senadores, diputados y funcionarios con rango no inferior a director. Los asesores y colaboradores que actúen por delegación de cualquiera de ellos también quedan comprendidos, y la responsabilidad de registrar esos contactos recae sobre el legislador o funcionario del que dependan.
Uno de los ejes del proyecto es el régimen de incompatibilidades y el período de enfriamiento post-cargo. Los funcionarios públicos no pueden actuar como gestores mientras estén en funciones, y al dejar sus cargos quedan inhabilitados durante 24 meses para gestionar ante el organismo donde se desempeñaron o en asuntos en los que hayan intervenido. Esa restricción se extiende también a las personas jurídicas en las que el exfuncionario dirija, administre o controle la voluntad social.
El proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.
El régimen sancionatorio combina vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Súper RIGI
En el mismo movimiento el Ejecutivo envió un segundo proyecto de ley en la búsqueda de inversiones. En este caso es una nueva edición del Régimen Impositivo para Grandes Inversiones al que denomina “súper RIGI” con el objetivo de atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones destinados exclusivamente al desarrollo de actividades industriales, tecnológicas o de infraestructura digital.
En este esquema quedan excluidos los proyectos que consistan en la ampliación, modernización o reconversión de instalaciones preexistentes, y tampoco podrán adherirse los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que ya hayan solicitado adhesión al RIGI o que tengan objeto similar a proyectos presentados bajo ese régimen.
El mecanismo de adhesión exige la constitución de un VPU —sociedad anónima, unión transitoria u otro contrato asociativo— con objeto único y activos afectados exclusivamente al proyecto. Los interesados tendrán cinco años desde la reglamentación para presentar su solicitud, con una prórroga posible de hasta un año adicional. La inversión mínima en activos computables es de USD 1.000 millones por proyecto, de los cuales al menos el 20% debe ejecutarse dentro de los primeros dos años desde la fecha de adhesión.
El núcleo del proyecto son los incentivos tributarios y aduaneros. Los VPU adheridos tributarán el Impuesto a las Ganancias a una alícuota del 15%, con amortización acelerada para bienes muebles e infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades a partir del cuarto año de adhesión —con un período transitorio del 7% durante los primeros cuatro años—. Las importaciones de bienes del plan de inversión estarán exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción o retención de tributos nacionales, provinciales y municipales, mientras que las exportaciones de los productos obtenidos al amparo del proyecto quedarán exentas de derechos de exportación.
En materia de seguridad social, los VPU pagarán una alícuota única del 10% de contribuciones patronales sobre las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la fecha de adhesión, con la excepción de la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que mantiene su carácter obligatorio por separado. En el plano cambiario, el proyecto establece un esquema escalonado de libre disponibilidad de divisas de exportación: 20% al año de la primera exportación, 40% a los dos años y 100% a los tres años. Los aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto no estarán sujetos a la obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios.
Estos dos proyectos de ley vienen a completar el anuncio realizado la semana pasada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los otros dos proyectos, que ingresaron por el Senado de la Nación, se refieren a la modificación de la ley de Etiquetado Frontal y la Ley de Ludopatía.
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