La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.

En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.

Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.

La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.

La reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.

Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.

Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.

En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.

La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.

Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.

El FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.

La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.

Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.

El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.

Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.

Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.

La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.

Por el momento, el Ejecutivo no difundió el nuevo cronograma previsto para avanzar con la implementación, aunque se daría en el segundo semestre. Con la confirmación oficial de que no comenzará a regir en junio, el FAL suma un nuevo capítulo de incertidumbre dentro del proceso de aplicación de la reforma laboral.

Una asistencia internacional transitoria brindaría el tiempo necesario para afianzar la generación genuina de divisas por exportaciones energéticas, reconfigurando la economía y dando lugar a una nueva etapa de crecimiento sostenido.

En 2025, el peso sufrió un fuerte ataque especulativo que buscó desestabilizar el modelo económico de Argentina. El puente financiero proporcionado por Estados Unidos resultó decisivo: permitió consolidar el salto exportador y evitó una nueva crisis cambiaria.

El año cerrará con exportaciones energéticas por USD 16.500 millones -con un barril a USD 64- tras inversiones para aumentar la producción de USD 11.000 a USD 17.000 millones. Estas cifras continuarán creciendo hasta alcanzar USD 50.000 millones en 2032, cuando las exportaciones de LNG estén totalmente operativas, evitando así futuras crisis de balanza de pagos.

El economista Ricardo Arriazu advierte que, desde 1980, Argentina acumuló 20 años de crecimiento negativo sobre 45 años, atribuibles principalmente a crisis de balanza de pagos, originadas en buena medida por la propia acción de los argentinos: ataques especulativos debido a la desconfianza en el peso.

En 2025, los clientes bancarios compraron para atesorar USD 42.000 millones, aun enfrentando alternativas financieras más rentables, un fenómeno que se constituyó en el principal riesgo para la estabilidad económica y la concreción de un desarrollo a futuro.

El puente financiero de Estados Unidos cubrió el faltante transitorio de divisas y ayudó a restaurar la confianza tras las elecciones de medio término y errores políticos del gobierno. La recuperación permitió avanzar en las obras de infraestructura necesarias para que la producción en Vaca Muerta se duplicara, sentando las bases para sostener el nuevo ciclo exportador.

Este año, las exportaciones energéticas sumarán USD 16.500 millones, y podrían llegar a USD 20.500 millones si el barril se sostiene en USD 100. Además, se proyecta alcanzar USD 20.000 millones cuando el oleoducto Vaca Muerta Sur funcione a pleno desde 2027, y continuar el crecimiento hasta los USD 50.000 millones en 2032 con la operación completa de los buques de gas natural licuado de YPF-ENI, XRG y Adnoc, la estatal de Emiratos Árabes.

A estas cifras deben sumarse USD 6.056 millones de exportaciones mineras de litio y cobre previstas para este año. Estas exportaciones se estiman en USD 22.000 millones para 2035, junto a USD 7.000 millones generados por el agro tras una cosecha récord. El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales.

Estas fuentes aseguran dólares suficientes para el país, aunque en sectores que no son grandes generadores de empleo y cuyas áreas productivas se encuentran alejadas del conurbano bonaerense, la región más afectada por el desempleo y la insuficiencia salarial.

El comercio, la construcción y la industria sufren la crisis, a pesar de tratarse de los sectores que más mano de obra demandan. El economista Juan Carlos de Pablo recuerda que, en economías en transformación, el crecimiento es desigual entre sectores, dada la asincronía inherente al cambio estructural. Esto no debe sorprender: es un fenómeno propio de una economía en ajuste.

El sector industrial afronta una transformación estructural forzada por la apertura económica y la eliminación de subsidios. El tiempo insuficiente para adaptarse junto con condiciones lejos de ser ideales acentúan la caída del poder adquisitivo.

Este es un desafío serio para el gobierno: debe atender un sector que genera malestar social y cuyos cambios se ven reflejados en la forma “K” del ciclo económico actual, con energía, minería y agro creciendo, pero generando poco empleo, y sectores demandantes de mano de obra (comercio, construcción, industria) en baja.

La industria presenta una retracción prolongada, mientras el economista austríaco Joseph Schumpeter explicaba que el proceso destructivo suele adelantarse al proceso de creación de lo nuevo; una tendencia acentuada por la apertura de importaciones y la competencia internacional.

Existen beneficios cuantiosos -cosecha récord, superávit energético, apoyo financiero internacional (con Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional)-, pero estos ingresos no impactan en el salario ni el empleo. El modelo actual no traslada estos fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables.

Los sondeos de opinión revelan un cambio de humor social y respaldo al gobierno, pero persiste el desencanto por la desconexión entre los indicadores económicos positivos y la experiencia cotidiana de la población.

Las encuestas muestran que el 70% de la población debió recortar gastos básicos, evidenciando la fractura entre el crecimiento y el bienestar generalizado. Según Arriazu, esto ocurre por dos motivos: el crecimiento no “derrama” hacia los salarios ni el empleo en el conurbano, y el pico de consumo registrado beneficia en especial al 30% favorecido por los cambios, con alto consumo de automóviles, turismo y bienes de lujo.

A pesar de las señales alentadoras de los bancos internacionales, el escenario político es inestable y la economía dista de haber alcanzado el equilibrio. Es preciso sostener el rumbo y adoptar medidas concretas en lugar de esperar sólo por una mejora espontánea.

El tiempo resulta esencial: aunque la inflación parece ceder, los salarios recién empiezan a recuperarse y el crédito da señales de reactivación, la economía requiere un empuje adicional.

Frente a la proximidad de elecciones -donde el 70% del conurbano vota y es el más afectado-, se plantea la necesidad de tender un puente salarial a los desocupados de la construcción, el comercio y la industria, para acompañarlos hasta que sus empleos se regeneren.

Arriazu propone dos instrumentos: un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano, hasta que la economía y el consumo se reactiven, y un programa de obras públicas transitorio, focalizado en esa misma zona para quienes perdieron su empleo en la construcción. Estos mecanismos funcionan como puente hasta que el crédito hipotecario y la construcción privada retomen su marcha.

Estos programas sociales impulsarán la economía al recomponer el empleo y la recaudación fiscal, fortaleciendo el superávit fiscal hoy debilitado por la caída de ingresos.

Restablecer el sustento a las familias de los sectores en transición permitirá la recuperación de la demanda, el consumo y la recaudación fiscal, y dará tiempo a los empresarios para completar la transformación estructural, mientras la economía encuentra su nuevo equilibrio. Estas medidas pueden financiarse a través de un préstamo puente del Programa de Reforma Estructural del Banco Mundial y el BID, conceptualmente equivalente al puente financiero que permitió superar la crisis de 2025.

Así, el país podrá encarar 2027 y 2028 en mejor posición, permitiendo el desarrollo de soluciones estructurales para los problemas industriales, con acceso a crédito, reducción del riesgo país y el apoyo de la calificación de la calificadora internacional Fitch Ratings, facilitando el cumplimiento de obligaciones externas sin usar reservas del Banco Central.

Por último, se plantea la inclusión de los jubilados que realizaron aportes en las mejoras, utilizando los fondos que acumuló el Fondo de Garantía de Seguridad del Anses: USD 36.000 millones de incremento hasta los USD 78.000 millones al 30 de abril de 2026, desde los USD 42.000 millones en diciembre de 2023.

Estos fondos pueden aplicarse normativamente, permitiendo diferenciar a quienes contribuyeron de quienes no lo hicieron, sin afectar ningún derecho ni comprometer el superávit fiscal o el presupuesto.

El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI

El mercado de oficinas en Argentina enfrenta el reto de su reconversión. Tradicionalmente, el desempeño del sector se midió en ladrillos y hormigón, pero las proyecciones para 2028 muestran que los metros cuadrados previstos no alcanzarán para absorber una demanda cada vez más selectiva, que prioriza servicios y calidad. Con una absorción neta que en 2025 marcó el mayor movimiento de la década, la vacancia en el segmento alta gama mantiene una baja constante, impulsada por el fenómeno de flight to quality.

Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esta tendencia: la absorción neta del mercado Clase A en Buenos Aires fue de 19.405 m², y la tasa de vacancia bajó a 14,9% tras varios trimestres consecutivos de descenso. Un año atrás, ese indicador estaba en 16,5%. La disponibilidad total se precisó en 340.044 m² sobre un inventario de 2.283.838 m², mientras que la incorporación de nueva superficie fue de apenas 3.850 m² en el trimestre.

En este contexto, el reto se traslada: construir deja de ser el eje y toma protagonismo la reconversión. Existe una diferencia entre la sobreoferta de edificios Clase B y la escasez de producto Premium que abre una oportunidad financiera a través de la modernización de inmuebles.

Un ejemplo es la Torre Pirelli, ubicada en el corazón del Microcentro porteño, y la Torre ProUrban -conocida como el “Rulero” de Libertador-. Ambos edificios, mediante la incorporación de tecnología, el rediseño de plantas y la elevación de estándares operativos, lograron reposicionarse en el segmento A y capturar rentas más altas. La transformación integral fue resultado de una decisión de gestión y no de intervenciones superficiales; la modernización implica también optar por un gerenciamiento profesional.

La segmentación del mercado evidencia el nuevo escenario. Submercados con alta calidad edilicia, como Puerto Madero (8,2% de vacancia), Polo Saavedra (5,3%) y Corredor Libertador GBA (9,8%), exhiben vacancias muy inferiores al promedio de la ciudad, mientras que zonas como Microcentro (25,0%) y Corredor Panamericana (23,9%) concentran la mayor superficie desocupada. Esta disparidad responde a la diferencia clara entre activos que lograron aumentar su propuesta de valor y aquellos que no superaron el estándar tradicional.

Si bien la infraestructura es la base inicial, alcanzar la categoría Premium demanda una transformación operativa. Convertir un activo Clase B en uno A o A+ depende en gran medida de elevar el nivel de servicio al mismo nivel de la calidad constructiva. Las empresas, que compiten por captar y retener talento, eligen oficinas donde el bienestar, la experiencia y los servicios sean parte central de la propuesta.

Hoy los edificios de oficinas necesitan robustecer tanto su propuesta “blanda” -experiencia, servicios, bienestar- como su estructura “dura” -infraestructura, prestaciones, seguridad-. Sin embargo, un tercer componente suele pasar inadvertido: el equipo humano responsable de la operación diaria del edificio. Un proyecto triple A promete tiempo, confort y soluciones. Para sostener estos atributos, el personal de un edificio Premium trasciende el rol tradicional de “seguridad” o “limpieza” y se convierte en anfitrión de una experiencia de hospitalidad.

El gerenciamiento profesional deja de ser una cuestión administrativa para convertirse en una herramienta clave. No se trata solo de administrar expensas; es custodiar la integridad de la propuesta de valor y articular el vínculo entre arquitectura y servicio de alta gama. La calidad de este gerenciamiento marca el ritmo para evitar la depreciación acelerada de los activos frente a su amortización contable.

En los próximos años, el mercado de oficinas en Buenos Aires enfrentará una demanda creciente y exigente, con una cartera de nuevos desarrollos que no estará funcional antes de 2028.

El autor es cofundador y CEO de Wave