INTERNACIONAL
El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela persiste pese a las promesas de transparencia

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano. El gobierno de Trump dijo que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, y Estados Unidos dijo que había contratado auditores para comprobarlos.
La nueva dirigente de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en un nuevo sitio web.
Sin embargo, por ahora ninguna de estas iniciativas ha aclarado el destino del dinero petrolero de Venezuela, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política tanto en Washington como en Caracas.
Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela constituiría una tarea colosal. Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró resolver en gran medida durante su gestión previa al frente de la economía nacional.
Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo de la venta de petróleo a principios de esta década, un dólar fue robado, según revelan documentos internos y estadísticas oficiales.
Lo que está en juego es aún mayor hoy en día. Para Trump, su plan para liberar el inmenso potencial petrolero de Venezuela mediante una inversión estadounidense de 100.000 millones de dólares depende, en parte, de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su gobierno puede establecer el Estado de derecho.
Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera –un pilar fundamental de la identidad nacional del país– beneficia a muchos y no solo a unos pocos resulta vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas, las cuales Estados Unidos está impulsando para el próximo año.
No está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez con tal de mantener su control sobre el gobierno, el cual sigue plagado de los burócratas leales a Maduro y de los empresarios que los apadrinan.
Durante los 13 años de gobierno de Maduro, PDVSA, la omnipresente compañía petrolera estatal de Venezuela, se había convertido en el patrimonio personal de su familia, permitiendo a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente preferenciales. Este clientelismo aceitó los engranajes del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las fuerzas especiales de Estados Unidos.
Los esquemas de comercio petrolero opacos continuaron hasta la propia caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo la gestión de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector.
Esta cuestionable actividad de concertación de acuerdos pone a prueba la promesa de Rodríguez de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que ha culpado de la prolongada crisis financiera de Venezuela.
Estos documentos, no reportados anteriormente, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, un periodo marcado por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna.
Los documentos y las entrevistas revelan también el papel central desempeñado por un pariente de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector han descrito como el custodio de la riqueza de la familia Maduro. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, en diciembre, alegando que había “facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro”. Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos parientes.
Los documentos de PDVSA muestran que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal. Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según indican las estadísticas del banco central del país. Nicolás Maduro conversa con una trabajadora de la petrolera estatal PDVSA durante la celebración del Primero de Mayo en Caracas el 1 de mayo de 2022. (Foto: Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Estas ventas de petróleo no registradas oficialmente parecen haber violado la legislación venezolana vigente en aquel momento, la cual otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.
Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según personas cercanas a la industria. Sin embargo, dichas personas –así como un alto funcionario petrolero venezolano– afirman que Malpica continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local.
El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump declinó hacer comentarios públicos para este artículo.
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Un funcionario del gobierno estadounidense señaló que Venezuela estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando de manera adecuada.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, informó al Congreso el mes pasado que el gobierno de Estados Unidos había contratado a KPMG –una firma global de servicios financieros– para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, añadiendo que la firma presentará sus informes en una fecha posterior aún por determinar. El Banco Central de Venezuela comunicó la semana pasada que, por su parte, había contratado a otra firma de auditoría, sin ofrecer detalles adicionales al respecto.
La historia de Malpica, de 53 años, personifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro; un sistema que, a pesar del cambio de liderazgo, sigue vigente en gran medida.
Exconductor de autobús y líder sindical, Maduro carecía de la comprensión técnica de la intrincada economía de Venezuela cuando su mentor y predecesor –Hugo Chávez, aquejado de cáncer– le legó la presidencia en 2013.
Maduro necesitaba aliados para gobernar el país. Y esas personas debían ser leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que despertaba la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa, Cilia Flores –una política de alto rango por derecho propio– se embarcaron en la creación de una nueva élite.
Entre los aliados de Maduro estaba Rodríguez, abogada proveniente de una destacada familia de izquierda.
Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares –sin cualificaciones aparentes– para ocupar cargos públicos, en los que algunos permanecen hasta el día de hoy.
Uno de esos familiares fue Malpica, sobrino de la primera dama, quien al inicio del mandato de Maduro convenció al presidente de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero, según relataron altos funcionarios de la época.
La carrera de Malpica despegó rápidamente. Meses después de asumir el poder, Maduro lo nombró miembro de la junta directiva del banco de desarrollo de Venezuela, conocido como Bandes. Poco después, se convirtió en tesorero nacional y en jefe de finanzas de PDVSA.
Estos cargos otorgaron a Malpica un acceso irrestricto a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando incluso después de abandonar el sector público en 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA.
A finales de 2022, la junta directiva de PDVSA se reunió para hacer un balance de los años de facturas petroleras impagas dejadas por Malpica y otros confidentes de Maduro, según consta en una presentación de dicha reunión a la que tuvo acceso el Times. La junta contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano.
La junta votó a favor de dar por perdida esa suma de dinero, tal como indica la presentación. Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tareck El Aissami, un protegido de Maduro que actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA –como las ventas de petróleo impagas– cesaron en gran medida.
Sin embargo, Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron gozando de acceso preferencial al petróleo, lo que puso de manifiesto los límites de las iniciativas de Rodríguez.
En 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, situándose solo por detrás de Chevron –una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela–, según revelan los documentos.
Copias de algunos de los contratos muestran que dicha empresa fantasma –Hangzhou Energy, registrada en China– recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de todo historial de actividad comercial. Un contrato correspondiente a 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año, a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de “ayuda humanitaria”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación en Caracas el 13 de abril de 2026. (Foto: Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Se desconoce la cantidad exacta de ayuda que Hangzhou finalmente entregó, así como su contenido. Estos acuerdos de “petróleo por alimentos” –similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses– se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.
Un correo electrónico enviado a la gerente de operaciones de Hangzhou, Zhang Junling, no recibió respuesta.
Si bien los representantes legales de Hangzhou se encontraban, en teoría, en China, en la práctica fueron Malpica y un socio suyo –Ramos Carretero– quienes representaron a la empresa en las reuniones con PDVSA; así lo confirman varios funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía.
Asimismo, Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago inusuales y altamente lucrativos.
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La mayoría de los compradores de petróleo debían pagarle a PDVSA en dólares. Hangzhou, sin embargo, realizaba sus pagos al Bandes –el banco de desarrollo estatal– en bolívares, la moneda local; así lo indican documentos internos de PDVSA, mensajes internos a los que tuvo acceso The New York Times y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano.
El esquema desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: obtener divisas fuertes para financiar las importaciones.
El control de cambio de Venezuela implicaba que comprar petróleo con bolívares subvalorados y venderlo a refinerías chinas a cambio de divisas estables –como el dólar– permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios.
Y la inflación desbocada de Venezuela significaba que cualquier bolívar que Hangzhou terminara depositando en el Bandes –una institución opaca vinculada a Malpica– quedaba prácticamente desprovisto de valor.
La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA, que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de quienes firmaron contratos con Hangzhou.
Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos. Esta conexión parece haberlo librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.
Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de delito financiero alguno.
El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera –denominado “Transparencia Soberana”–, prometido por la Rodríguez en enero, tiene una sola entrada. El sitio web afirma que el gobierno vendió combustible por un valor de 300 millones de dólares en marzo, que se utilizó para aumentar el salario mínimo. El sitio web no especificó quién adquirió el petróleo ni cuál fue el monto de la operación.
*Por Anatoly Kurmanaev, periodista que cubre Venezuela y su gobierno interino. Mariana Martínez colaboró en este reportaje desde Caracas.
The New York Times, Venezuela, Estados Unidos
INTERNACIONAL
FBI y Departamento de Justicia arrestan a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que más de 200 menores víctimas de delitos sexuales fueron localizados y más de 350 presuntos abusadores detenidos durante una operación federal desarrollada en abril de 2026. Las acciones, coordinadas bajo el nombre de “Operation Iron Pursuit” (Operación Persecución de Hierro), involucraron a todas las oficinas de campo del FBI y a fiscalías federales en los 50 estados, según documentos oficiales. Esta intervención forma parte de una política institucional enfocada en la identificación de víctimas, la detención de responsables y la protección de los derechos de los menores, en el marco del Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil declarado por la Administración para Niños y Familias.
De acuerdo con los comunicados emitidos por el Departamento de Justicia, la operación se desarrolló entre el 1 y el 30 de abril con la participación conjunta de la Oficina de Asuntos Públicos, la División de Servicios a Víctimas del FBI y la Administración para Niños y Familias. Las autoridades federales resaltaron la coordinación nacional como un factor decisivo en la localización de víctimas y la ejecución de detenciones en casos de explotación sexual infantil, trata de personas y delitos relacionados con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
El operativo se suma a una serie de intervenciones federales iniciadas en 2025, entre las que se incluyen Operation Relentless Justice, Enduring Justice y Restore Justice. Estas acciones han permitido el rescate y la asistencia de más de 450 menores en menos de dos años y la detención de casi 750 sospechosos en todo el país, según registros institucionales. La política de protección infantil del gobierno federal se basa en la cooperación entre agencias, la aplicación de la ley y la provisión de servicios especializados a víctimas y familias.
El operativo constituye una intervención federal de un mes de duración, enfocada en la identificación de víctimas menores de edad y la detención de responsables de explotación sexual infantil en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la iniciativa se implementó mediante acciones coordinadas por las 56 oficinas de campo del FBI, en conjunto con las fiscalías federales y el apoyo de la División de Servicios a Víctimas.
Las autoridades informaron que la operación se desarrolló en abril de 2026, coincidiendo con el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, promovido por la Administración para Niños y Familias. El objetivo central fue identificar, ubicar y asistir a víctimas, así como ejecutar órdenes de detención contra personas presuntamente implicadas en delitos de explotación, trata, secuestro y producción de material de abuso sexual infantil.
Durante la intervención, se realizaron acciones coordinadas en múltiples estados, con la participación de fiscales, agentes del FBI y equipos de apoyo a víctimas. Según el reporte oficial, la coordinación nacional permitió optimizar recursos y compartir información relevante entre jurisdicciones.

El Departamento de Justicia informó que más de 350 individuos fueron arrestados por presuntos delitos de explotación sexual infantil y delitos conexos. Más de 200 menores fueron localizados y asistidos por las autoridades. Entre los delitos imputados se encuentran la explotación sexual, la trata de menores, el secuestro, el abuso sexual y la producción, distribución o posesión de material de abuso infantil.
La División de Servicios a Víctimas del FBI (VSD) brindó asistencia directa a los afectados, proporcionando entrevistas forenses, derivaciones médicas, recursos de salud mental y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia destacó que la misión de la VSD es “informar, apoyar y asistir a las víctimas en el proceso judicial con dignidad y resiliencia”.
Entre los casos reportados, se encuentra el rescate de una niña de 10 años en Utah, quien fue repatriada desde Cuba junto a su madre biológica. Según la información institucional, la menor debía participar en un viaje de campamento bajo la custodia de un progenitor transgénero, pero fue trasladada junto con otros adultos y un menor adicional desde Canadá a México y posteriormente a Cuba. El FBI intervino tras recibir información sobre supuestas intenciones de realizar un procedimiento de reasignación de género, logrando la recuperación de la menor y la asistencia a los involucrados.
Los detenidos enfrentan cargos por explotación sexual de menores, trata de personas, secuestro, abuso, así como por la posesión, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, según el Departamento de Justicia. El informe detalla algunos de los perfiles y cargos presentados:
- Un residente de Columbus, Ohio, se declaró culpable de crear material obsceno generado mediante inteligencia artificial, tanto de adultos como de menores, y de acosar a exparejas por medios digitales.
- Un hombre del Distrito de Columbia fue acusado de producir pornografía infantil.
- Un ciudadano de Nueva York fue imputado por explotación sexual de un menor.
- Un exconvicto de Pensilvania enfrentó cargos por explotación sexual infantil y tenencia ilegal de un arma de fuego.
El Departamento de Justicia precisó en sus comunicados que todas las personas arrestadas mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. Las investigaciones involucraron tanto conductas individuales como actividades de redes organizadas dedicadas a la explotación de menores.

La “Operation Iron Pursuit” se integra en una serie de iniciativas federales destinadas a combatir la explotación infantil y proteger a los menores en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, en diciembre de 2025 la Operation Relentless Justice concluyó con el rescate de 205 menores y la detención de 293 sospechosos. En agosto del mismo año, la Operation Enduring Justice resultó en la localización de 133 menores y 234 detenciones, mientras que en mayo de 2025 la Operation Restore Justice permitió el rescate de 115 menores y la detención de 205 individuos.
El FBI reportó que, en el año anterior, en coordinación con agencias asociadas, se logró identificar y rescatar a más de 6.300 menores desaparecidos en Estados Unidos. Estos datos, publicados por el Departamento de Justicia, ilustran la magnitud de los esfuerzos institucionales en la protección de la infancia.
Las víctimas localizadas y sus familias reciben atención y apoyo a través de la División de Servicios a Víctimas del FBI, que ofrece entrevistas forenses, acceso a servicios médicos y psicológicos y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia mantiene alianzas con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que opera una línea directa 24/7 para la recepción de reportes y alertas sobre casos de explotación o desaparición infantil.
La VSD enfatiza la importancia de la atención integral, la coordinación interinstitucional y el acceso a recursos especializados para la protección de los menores. El Departamento de Justicia supervisa y financia las subvenciones dirigidas al NCMEC, que recibe alertas y reportes mediante la línea 1-800-THE-LOST y el sitio web missingkids.org.

El Departamento de Justicia y el FBI exhortan a la población a reportar cualquier sospecha de explotación infantil a través de la línea nacional del FBI (1-800-CALL-FBI), el portal tips.fbi.gov o la oficina local más cercana. Según los comunicados oficiales, la colaboración ciudadana resulta fundamental para la identificación de víctimas y la persecución de los responsables.
Las autoridades indicaron que los procedimientos judiciales seguirán su curso para quienes han sido detenidos, reiterando la importancia de la vigilancia y la cooperación entre instituciones y sociedad para prevenir y sancionar los delitos contra menores. El compromiso institucional se mantiene en la continuidad de los operativos y en la mejora de los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en todo el país.
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INTERNACIONAL
Republican lawmaker welcomes House Ethics probe into sexual misconduct allegations against him

Rep. Nancy Mace demands accountability for Swalwell sexual misconduct
Sexual misconduct allegations rock Capitol Hill as Congresswoman Nancy Mace criticizes media and Democrats for reportedly ignoring years of rumors about Eric Swalwell. An accuser claims Swalwell drugged, raped, and choked her, leading Mace to demand resignations from all alleged congressional predators. Mace also discusses Iran and her recent personal loss.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
A House Republican facing sexual misconduct allegations said he welcomes the chance to set the record straight after the House Ethics Committee opened an investigation into the claims.
«They are baseless allegations designed to impact the campaign driven by those who want to settle old political scores,» Rep. Chuck Edwards, R-N.C., said in a statement to Fox News Digital. «We welcome the ethics inquiry because it allows for facts to be entered into the record, not public allegations designed to drive media interests.»
Edwards, 65, is accused of sexual misconduct toward at least two younger female staffers, according to multiple reports. Axios first reported the existence of the ethics probe.
The two-term lawmaker, who has been married since 1980, has denied any wrongdoing. Fox News Digital has not independently verified the allegations.
Rep. Chuck Edwards, R-N.C., said the sexual misconduct allegations against him are «baseless.» (Sean Rayford/Getty Images)
NORTH CAROLINA GOP TOWN HALL TURNS HEATED AS SELF-DESCRIBED VETERAN ESCORTED OUT BY SECURITY
Under House rules, lawmakers are prohibited from engaging in sexual relationships with aides under their supervision. The ban does not extend to staffers employed by other offices.
The House Ethics probe comes as Edwards is facing a competitive re-election challenge in November’s midterm elections. The North Carolina Republican is a top target of House Democrats’ campaign arm, which is supporting Democrat Jamie Ager to try and flip Edwards’ seat in the red-leaning district.
Ager, a fourth-generation farmer, issued a statement this week indicating the allegations against his competitor could become a flash point in the battleground contest.
«Corruption or abuses of power in any way are unacceptable,» Ager said. «The people of Western North Carolina deserve to hear from their representative about what these allegations are.»
The House Ethics Committee has yet to publicly announce its investigation into Edwards, which could take months — or even years — to complete unless the panel moves to dismiss the case.
A spokesperson for the House Ethics Committee declined to comment when reached by Fox News Digital.
Rep. Nancy Mace, R-S.C., an outspoken lawmaker against sexual misconduct in Congress, said in a statement obtained by Fox News Digital that she hopes the House Ethics Committee «moves swiftly» to review the allegations against Edwards.

Rep. Nancy Mace, R-S.C., demands swift accountability for misconduct, regardless of party affiliation. Mace arrives for a House Republican caucus meeting at the U.S. Capitol in Washington, D.C., on Nov. 19, 2024. (Kevin Dietsch/Getty Images)
NANCY MACE TO FORCE VOTE TARGETING FELLOW GOP LAWMAKER ACCUSED OF AFFAIR WITH STAFFER
«We stand with those who came forward, and we expect the Ethics Committee to move swiftly and hold those who committed wrongdoing fully accountable,» Mace said. «We have said it from the beginning, if you are abusing your power in Congress it does not matter if you have an R or a D beside your name, there needs to be consequences for your actions.»
Edwards is the latest in a string of lawmakers to face sexual misconduct allegations this year.
Former Reps. Eric Swalwell, D-Calif., and Tony Gonzales, R-Texas, issued back-to-back resignations in April to avoid potential expulsion votes related to separate alleged sexual misconduct against them. Gonzales acknowledged an extramarital affair with a former aide who later died by suicide. Swalwell, who is also married, has admitted to a lapse in judgment, but has vigorously denied accusations of sexual assault and rape.
Meanwhile, Rep. Cory Mills, R-Fla., is currently under investigation by the House Ethics Committee for alleged sexual misconduct, among other ethics violations. Mace has introduced a resolution to expel the embattled lawmaker, but has yet to trigger a vote on the measure.

Rep. Cory Mills, R-Fla., is another Republican lawmaker facing misconduct allegations and an ethics probe. (David Dee Delgado/Getty Images)
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House Speaker Mike Johnson, R-La., and other GOP lawmakers have said they want the ethics panel to conclude its probe before they consider sanctions against the embattled lawmaker. Mills has denied any wrongdoing and has not been criminally charged.
«The corruption and misconduct in Congress goes far deeper than anyone outside Washington knows,» Mace said Tuesday.
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INTERNACIONAL
El petróleo y el gas se desploman tras el informe de que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

El petróleo cayó por debajo de los 100 dólares el barril y el gas se desplomó después de que Axios informara que Estados Unidos cree estar cerca de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que dura ya casi diez semanas.
El crudo Brent de referencia cayó hasta un 9,4%, situándose en 99,50 dólares el barril en Londres, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se desplomó casi un 11%. El gas natural europeo también se desplomó hasta un 11%.
Según Axios, Washington y Teherán están cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra. El memorando, que incluiría el levantamiento de las restricciones en el estrecho de Ormuz por ambas partes, aún no se ha acordado y Estados Unidos prevé una respuesta de Irán en las próximas 48 horas.
«El precio del petróleo está reaccionando a un cambio en el sentimiento del mercado, más que a los equilibrios existentes, impulsado por la noticia de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán», afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS Group AG en Zúrich. «Aún no está claro cuándo se reanudará el flujo a través del estrecho».
El presidente Donald Trump declaró el martes en una publicación de Truth Social que Estados Unidos suspendería el escolta de buques a través del estrecho de Ormuz para intentar alcanzar un acuerdo con Irán. Añadió que se han logrado «grandes avances» en un acuerdo final para poner fin a la guerra.
El precio del crudo ha subido cerca de un 40% desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, lo que ha provocado la interrupción del suministro de cientos de millones de barriles de petróleo del Golfo Pérsico a los mercados mundiales.
El flujo a través de este punto estratégico se encuentra ahora restringido por un doble bloqueo: Teherán obstaculiza el transporte marítimo, mientras que Estados Unidos impide que los buques accedan a los puertos iraníes.
El máximo diplomático chino pidió la pronta reapertura del estrecho de Ormuz en su primer encuentro con su homólogo iraní este año, lo que evidencia los esfuerzos de Beijing por reducir la tensión en la crisis global, pocos días antes de la reunión entre el presidente Xi Jinping y Trump.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, expresó en una publicación en X su esperanza de que el impulso actual conduzca a un acuerdo duradero.
Anteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa en la Casa Blanca que la Operación Furia Épica ha concluido, 66 días después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán. «Logramos los objetivos de esa operación», afirmó.
El martes, Washington restó importancia a la posibilidad de un regreso a la guerra activa, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la tregua que comenzó hace poco menos de un mes sigue vigente. Mientras tanto, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, afirmó que los ataques de Irán contra buques en el Golfo Pérsico y la infraestructura energética en los Emiratos Árabes Unidos no constituían una violación del alto el fuego.
El cierre del estrecho de Ormuz ha dejado a más de 1.550 buques mercantes, con unos 22.000 marineros a bordo, atrapados en el Golfo Pérsico, según Caine.
Sin embargo, cualquier avance en las conversaciones de paz tardará mucho más en repercutir en los mercados energéticos.
«Cuando se abra el estrecho, creemos que el petróleo tardará medio año en volver a la normalidad«, declaró el director financiero de Equinor, Torgrim Reitan, en la conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales de la compañía. «En el caso del gas, tardará mucho más».
El cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha interrumpido el suministro de una quinta parte del gas natural licuado del mundo. Si bien la mayor parte de ese combustible normalmente se destinaría a Asia, la interrupción amenaza con intensificar la competencia por un suministro mundial limitado de combustible transportado por vía marítima, a medida que Europa reabastece sus reservas de gas antes del próximo invierno.
En Estados Unidos, los datos del sector mostraron que las reservas de crudo cayeron 8,1 millones de barriles la semana pasada, lo que supondría la mayor disminución desde mediados de febrero si se confirma con los datos oficiales que se publicarán el miércoles.
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