INTERNACIONAL
El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela persiste pese a las promesas de transparencia
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano. El gobierno de Trump dijo que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, y Estados Unidos dijo que había contratado auditores para comprobarlos.
La nueva dirigente de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en un nuevo sitio web.
Sin embargo, por ahora ninguna de estas iniciativas ha aclarado el destino del dinero petrolero de Venezuela, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política tanto en Washington como en Caracas.
Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela constituiría una tarea colosal. Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró resolver en gran medida durante su gestión previa al frente de la economía nacional.
Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo de la venta de petróleo a principios de esta década, un dólar fue robado, según revelan documentos internos y estadísticas oficiales.
Lo que está en juego es aún mayor hoy en día. Para Trump, su plan para liberar el inmenso potencial petrolero de Venezuela mediante una inversión estadounidense de 100.000 millones de dólares depende, en parte, de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su gobierno puede establecer el Estado de derecho.
Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera –un pilar fundamental de la identidad nacional del país– beneficia a muchos y no solo a unos pocos resulta vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas, las cuales Estados Unidos está impulsando para el próximo año.
No está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez con tal de mantener su control sobre el gobierno, el cual sigue plagado de los burócratas leales a Maduro y de los empresarios que los apadrinan.
Durante los 13 años de gobierno de Maduro, PDVSA, la omnipresente compañía petrolera estatal de Venezuela, se había convertido en el patrimonio personal de su familia, permitiendo a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente preferenciales. Este clientelismo aceitó los engranajes del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las fuerzas especiales de Estados Unidos.
Los esquemas de comercio petrolero opacos continuaron hasta la propia caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo la gestión de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector.
Esta cuestionable actividad de concertación de acuerdos pone a prueba la promesa de Rodríguez de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que ha culpado de la prolongada crisis financiera de Venezuela.
Estos documentos, no reportados anteriormente, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, un periodo marcado por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna.
Los documentos y las entrevistas revelan también el papel central desempeñado por un pariente de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector han descrito como el custodio de la riqueza de la familia Maduro. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, en diciembre, alegando que había “facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro”. Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos parientes.
Los documentos de PDVSA muestran que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal. Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según indican las estadísticas del banco central del país. Nicolás Maduro conversa con una trabajadora de la petrolera estatal PDVSA durante la celebración del Primero de Mayo en Caracas el 1 de mayo de 2022. (Foto: Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Estas ventas de petróleo no registradas oficialmente parecen haber violado la legislación venezolana vigente en aquel momento, la cual otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.
Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según personas cercanas a la industria. Sin embargo, dichas personas –así como un alto funcionario petrolero venezolano– afirman que Malpica continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local.
El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump declinó hacer comentarios públicos para este artículo.
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Un funcionario del gobierno estadounidense señaló que Venezuela estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando de manera adecuada.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, informó al Congreso el mes pasado que el gobierno de Estados Unidos había contratado a KPMG –una firma global de servicios financieros– para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, añadiendo que la firma presentará sus informes en una fecha posterior aún por determinar. El Banco Central de Venezuela comunicó la semana pasada que, por su parte, había contratado a otra firma de auditoría, sin ofrecer detalles adicionales al respecto.
La historia de Malpica, de 53 años, personifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro; un sistema que, a pesar del cambio de liderazgo, sigue vigente en gran medida.
Exconductor de autobús y líder sindical, Maduro carecía de la comprensión técnica de la intrincada economía de Venezuela cuando su mentor y predecesor –Hugo Chávez, aquejado de cáncer– le legó la presidencia en 2013.
Maduro necesitaba aliados para gobernar el país. Y esas personas debían ser leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que despertaba la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa, Cilia Flores –una política de alto rango por derecho propio– se embarcaron en la creación de una nueva élite.
Entre los aliados de Maduro estaba Rodríguez, abogada proveniente de una destacada familia de izquierda.
Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares –sin cualificaciones aparentes– para ocupar cargos públicos, en los que algunos permanecen hasta el día de hoy.
Uno de esos familiares fue Malpica, sobrino de la primera dama, quien al inicio del mandato de Maduro convenció al presidente de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero, según relataron altos funcionarios de la época.
La carrera de Malpica despegó rápidamente. Meses después de asumir el poder, Maduro lo nombró miembro de la junta directiva del banco de desarrollo de Venezuela, conocido como Bandes. Poco después, se convirtió en tesorero nacional y en jefe de finanzas de PDVSA.
Estos cargos otorgaron a Malpica un acceso irrestricto a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando incluso después de abandonar el sector público en 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA.
A finales de 2022, la junta directiva de PDVSA se reunió para hacer un balance de los años de facturas petroleras impagas dejadas por Malpica y otros confidentes de Maduro, según consta en una presentación de dicha reunión a la que tuvo acceso el Times. La junta contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano.
La junta votó a favor de dar por perdida esa suma de dinero, tal como indica la presentación. Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tareck El Aissami, un protegido de Maduro que actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA –como las ventas de petróleo impagas– cesaron en gran medida.
Sin embargo, Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron gozando de acceso preferencial al petróleo, lo que puso de manifiesto los límites de las iniciativas de Rodríguez.
En 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, situándose solo por detrás de Chevron –una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela–, según revelan los documentos.
Copias de algunos de los contratos muestran que dicha empresa fantasma –Hangzhou Energy, registrada en China– recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de todo historial de actividad comercial. Un contrato correspondiente a 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año, a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de “ayuda humanitaria”.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación en Caracas el 13 de abril de 2026. (Foto: Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Se desconoce la cantidad exacta de ayuda que Hangzhou finalmente entregó, así como su contenido. Estos acuerdos de “petróleo por alimentos” –similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses– se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.
Un correo electrónico enviado a la gerente de operaciones de Hangzhou, Zhang Junling, no recibió respuesta.
Si bien los representantes legales de Hangzhou se encontraban, en teoría, en China, en la práctica fueron Malpica y un socio suyo –Ramos Carretero– quienes representaron a la empresa en las reuniones con PDVSA; así lo confirman varios funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía.
Asimismo, Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago inusuales y altamente lucrativos.
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La mayoría de los compradores de petróleo debían pagarle a PDVSA en dólares. Hangzhou, sin embargo, realizaba sus pagos al Bandes –el banco de desarrollo estatal– en bolívares, la moneda local; así lo indican documentos internos de PDVSA, mensajes internos a los que tuvo acceso The New York Times y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano.
El esquema desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: obtener divisas fuertes para financiar las importaciones.
El control de cambio de Venezuela implicaba que comprar petróleo con bolívares subvalorados y venderlo a refinerías chinas a cambio de divisas estables –como el dólar– permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios.
Y la inflación desbocada de Venezuela significaba que cualquier bolívar que Hangzhou terminara depositando en el Bandes –una institución opaca vinculada a Malpica– quedaba prácticamente desprovisto de valor.
La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA, que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de quienes firmaron contratos con Hangzhou.
Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos. Esta conexión parece haberlo librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.
Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de delito financiero alguno.
El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera –denominado “Transparencia Soberana”–, prometido por la Rodríguez en enero, tiene una sola entrada. El sitio web afirma que el gobierno vendió combustible por un valor de 300 millones de dólares en marzo, que se utilizó para aumentar el salario mínimo. El sitio web no especificó quién adquirió el petróleo ni cuál fue el monto de la operación.
*Por Anatoly Kurmanaev, periodista que cubre Venezuela y su gobierno interino. Mariana Martínez colaboró en este reportaje desde Caracas.
The New York Times, Venezuela, Estados Unidos
INTERNACIONAL
Dead voter allegation fuels concerns about voting safeguards as blue state official turns herself in
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Illinois GOP Chairman Bob Grogan is calling on a Democratic Waukegan city official to resign after prosecutors said she submitted her dead mother’s vote-by-mail ballot, a case conservatives say exposes broader concerns about mail-in voting and voter-roll safeguards even though the ballot was caught before it was counted.
A Waukegan, Illinois alderman, Sylvia Sims Bolton, turned herself on Wednesday after prosecutors said she submitted her dead mother’s vote-by-mail ballot during a March primary election, which has resulted in two charges, including one Class 4 Felony.
According to the Office of the State’s Attorney in Lake County, Illinois, a vote-by-mail ballot for Mary Sims, Bolton’s late-mother, was issued in the first tranche of ballots to go out from the Lake County Clerk’s Office in February. Just days later, however, the same office processed the cancellation of Mary Sim’s voter registration after receiving a notification of her passing from the Illinois Department of Public Health via the state’s Board of Elections voter registration system.
After the ballot was dropped by Bolton at an official ballot drop box, it went through the county’s established security and verification protocols, which flagged that the voter’s death record was processed prior to the ballot being submitted and ultimately spurred the sheriff’s office investigation leading to the charges against Bolton.
PA WOMAN CHARGED WITH TRYING TO REGISTER DEAD PEOPLE, INCLUDING OWN FATHER, TO VOTE
A picture of the Illinois state flag is seen next to Illinois alderman, Sylvia Sims Bolton’s mugshot. (Getty Images/Lake County State’s Attorney Office)
«A dead person voting, that you’re actually aware that they’re dead, is the easiest voter fraud to find. It’s like somebody leaning over the cash register and grabbing the cash out of the till,» Grogan told Fox News Digital. «But the complicated stuff, the behind-the-scenes stuff, that’s something that is harder to find … This is a one-off incident and if fraudsters do it right, it could be many, many more votes like this.»
Election integrity advocate Jason Snead, who runs the Honest Elections Project, added that the Bolton case «plainly shows that voter fraud occurs.»
«Mail ballots are especially vulnerable, which is why they should be secured, should never be mailed without a specific request from the voter, and should always be verified before they are tabulated. This case also shows how essential it is to maintain clean voter rolls,» Snead said. «Had the list maintenance process been slower, it is possible this illegal vote would have been counted before the fraud was discovered. Unfortunately, too many states—particularly blue states—actively resist commonsense safeguards, which begs the question: how many other illegal votes have slipped through the system?»
A press release from the Lake County State’s Attorney Office indicated that «all ballot envelopes» get reviewed through automated systems designed to flag irregularities that may require additional review.
Readability issues due to barcode problems, ballots being submitted for the wrong election, ballots that were previously rejected, and ballots associated with a canceled voter registration record, are all examples of irregularities that might be flagged. Other, less obvious irregularities, include whether a ballot is overweight or underweight.
TRUMP CALLS FOR DOJ PROBE INTO MARYLAND MAIL-IN BALLOT ERROR, SUSPECTING ‘CORRUPT’ GOV WES MOORE TIES
Poll workers process ballots at an elections warehouse outside of Philadelphia, Pennsylvania, on Nov. 8, 2022. (Ed JonesAFP via Getty Images))
The investigation into Bolton, who represents Waukegan’s Ward 1, began in March, and she turned herself in Wednesday, according to a spokesperson for Rinehart’s office. She has been charged with one count of Mutilation of Election Material, a Class 4 felony, for allegedly knowingly falsifying election material, and one count of Disregarding Election Code, a Class A misdemeanor.
If convicted on the felony count, Bolton could face one to three years in prison, though Illinois law also allows probation or conditional discharge for Class 4 felonies. The election-material charge also carries a five-year ban on public employment after completion of the sentence. A Class A misdemeanor conviction carries less than one year in jail and a possible fine.
According to the State’s Attorney’s office, the investigation by law enforcement officials «did not uncover any facts linking these allegations to her city duties,» adding that she «is not charged with official misconduct.»
A vote-by-mail ballot drop box is shown alongside Waukegan alderperson Sylvia Sims Bolton, who was charged after authorities alleged she submitted a ballot in her deceased mother’s name during Illinois’ 2026 primary election. (Getty Images and City of Waukegan)
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Officials in the State’s Attorney’s office also noted that they were not aware of any previous investigations related to individuals trying to use the vote-by-mail system to cast a ballot on behalf of deceased individuals.
Fox News Digital reached out to Bolton and her attorney but Fox News Digital did not receive a response in time for publication.
«This case shows the importance of having a well-funded, independent Clerk’s office that also has state-of-the-art technology,» State’s Attorney Eric Rinehart said in a statement to Fox News Digital. «Clerk Vega and his team followed national best practices in order to detect and report this crime. We must say loudly to people that if you improperly vote for others, you will be caught, investigated, and prosecuted.»
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INTERNACIONAL
Lo secuestraron cuando era bebé durante la dictadura chilena y 35 años después conoció a su mamá: el emotivo video del encuentro
La vida de Kyle Adler cambió para siempre cuando, a los 36 años, descubrió que había sido robado de su madre biológica en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El hallazgo lo sumió en una crisis de identidad que duró años, pero también lo llevó a un reencuentro tan esperado como doloroso con su mamá, Ana María Navarrete, a quien volvió a abrazar este año.
“Siento el amor, la compasión, el cariño… es lindo volver a tener una familia”, contó Adler, todavía conmovido por la experiencia.
El reencuentro fue el resultado de una búsqueda incansable, impulsada por el rastreo de ADN y la ayuda de organizaciones que trabajan para reunir a los hijos robados con sus familias de origen.
Una historia marcada por el desarraigo y la búsqueda de identidad
Adler fue adoptado por una familia estadounidense cuando tenía apenas 9 meses. Creció en un suburbio acomodado de Chicago, sin saber que era uno de los miles de niños chilenos que fueron separados de sus familias durante los 17 años de dictadura militar.
“Mis padres no me robaron; me criaron con amor y no sabían lo que había pasado”, explicó Adler sobre sus padres adoptivos, Mike y Connie. Sin embargo, reconoció que al principio ellos no apoyaron su decisión de buscar a su madre biológica, aunque finalmente emprendió el camino solo. Kyle Adler se abraza por primera vez con su madre biológica, Ana Maria Navarrete 35 años después de haber sido robado. (Foto: AP/Esteban Felix).
El día que lo arrebataron de su madre
La madre de Adler, Ana María Navarrete, tenía 19 años y trabajaba de noche en una pescadería en la ciudad costera de Coronel.
Sin recursos para criar sola a su hijo, confió su cuidado a una mujer que, según explicó, terminó entregándolo a una pareja estadounidense tras la intervención de un sacerdote local. “Se lo llevaron y ella lo entregó”, recordó Navarrete, aún furiosa y avergonzada por lo ocurrido. Kyle Adler descubrió que fue robado de bebé y tuvo que hacer años de terapia. (Foto: AP/Esteban Felix).
Un investigador policial le confirmó que su hijo había sido víctima de una red de adopciones fraudulentas, en la que participaban agencias, funcionarios, jueces, enfermeras y médicos. Nadie fue juzgado por estos crímenes. “Esos años fueron los peores de mi vida”, dijo la mujer.
Sin apoyo familiar, Navarrete terminó resignándose a la idea de que nunca volvería a ver a su hijo.
El camino hacia la verdad
En 2017, Adler encontró el grupo de Facebook de la ONG Nos Buscamos mientras buscaba indicios sobre su madre biológica en internet. En solo tres meses, Del Río confirmó su historia y organizó un primer reencuentro virtual.
El golpe de saber que su adopción fue ilegal lo sumió en una crisis que lo llevó a años de terapia. Pero el año pasado, Adler se animó a buscar respuestas definitivas. Un test de ADN de la plataforma MyHeritage confirmó el vínculo con Navarrete, que hoy vive en Santiago.
El reencuentro: lágrimas, recuerdos y una herida que sigue abierta
En febrero, Adler viajó desde Miami para reencontrarse con su madre en Chile. El encuentro fue el Día de San Valentín, dos días después del cumpleaños 56 de Navarrete.
Las cámaras de la agencia de noticias Associated Press captaron el momento en que madre e hijo, ambos vestidos de blanco, se fundieron en un abrazo en el aeropuerto de Santiago. “Estoy tan feliz de finalmente conocerlo, mi sueño se hizo realidad”, dijo Navarrete, entre lágrimas
Durante esa semana, recorrieron juntos la playa de Coronel, el hospital donde nació Adler y la casa de donde se lo llevaron. Recuperaron su acta de nacimiento original y él conoció a sus hermanos. En Miami, Adler también se reunió con otra hermana y su sobrina.
Adler, que no habla español, contó con la ayuda de traductores y aplicaciones para comunicarse con su familia biológica. Entre los recuerdos que llevó como regalo, estaban su diploma de graduación, fotos de la infancia y unos zapatitos de bebé que sus padres adoptivos guardaron durante años.
Sin embargo, la felicidad del reencuentro estuvo teñida de dolor. “Me costó tanto encontrarlo. Y después de pasar una semana juntos, tener que dejarlo ir… Es como si lo hubiera encontrado y ahora lo perdiera de nuevo”, dijo Navarrete entre lágrimas.
El rol de las organizaciones y la lucha por justicia
Durante el régimen de Pinochet, más de 20.000 niños fueron robados de familias pobres e indígenas, según estimaciones oficiales.
“La justicia para la gente pobre en Chile no existe; aún no existe”, denunció Constanza del Río, fundadora de la ONG Nos Buscamos, que ayuda a los adoptados a rastrear sus orígenes.
El caso de Adler no es aislado. Organizaciones como Nos Buscamos colaboran con plataformas de genealogía como MyHeritage para ofrecer pruebas de ADN gratuitas y facilitar los reencuentros. Así, cientos de familias han logrado volver a verse después de décadas.
Jimmy Lippert Thyden González, otro chileno adoptado ilegalmente, se convirtió en abogado de derechos humanos y lleva adelante una demanda contra el Estado chileno. “Fue un intento de erradicar a la clase pobre y a la población indígena”, sostuvo sobre el plan sistemático de robo de bebés. Kyle Adler fue robado cuando tenía 9 meses y dado en adopción a una familia estadounidense (Foto: AP/Esteban Felix).
Junto a Adler viajaba Tyler Graf, fundador y director general de la ONG Connecting Roots.
Graf también fue robado de bebé y se reencontró con su madre biológica, Hilda Quezada Godoy, décadas después de que se lo llevaran. Ahora, su misión es rastrear a otros que fueron arrancados de sus familias en Chile.“Ahora es momento de reunir a estas familias y traer a todos de vuelta a casa para que puedan ver de dónde vienen”, manifestó Graf.
El camino hacia el perdón y la esperanza de justicia
Navarrete espera que los responsables de la red de adopciones fraudulentas reciban penas de cárcel. Un estudio jurídico la asiste en su reclamo. “Quiero justicia. No solamente por mí, a lo mejor también por él, porque yo no sé la vida que le tocó a él”, expresó.
Para Adler, el proceso de sanación sigue en marcha. “No soy solo el hijo que perdiste. Soy el hijo que encontraste. He vuelto a ser tu hijo”, le dijo a su madre, con la esperanza de que algún día puedan dejar atrás el trauma y reconstruir la familia que les arrebataron.
Chile, Estados Unidos, robo de bebés, Dictadura
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