POLITICA
El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar
En una sesión caótica e inesperada para La Libertad Avanza, el Senado adelantó la discusión por el pliego de María Verónica Michelli y finalmente fue aprobado hoy con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien esta semana contradijo la posición del Gobierno con respecto a la candidata a jueza federal de La Plata.
El futuro del pliego de Michelli debía definirse recién en una semana. Pero la presión de la oposición y otras negociaciones subterráneas lograron convulsionar la sesión de hoy, en la que se iban a tratar solo 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.
Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.
Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.
Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La semana pasada, la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Esto desató otra interna en el corazón del Gobierno, que hoy sufrió otro revés con la aceleración y posterior aprobación del nombramiento.
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POLITICA
Martín Irurzun cumple 75 años y pide a la Corte que resuelva en la feria judicial su continuidad como camarista
Martín Irurzun juega sus últimas fichas antes de cumplir 75 años. El juez de la Sala II de la Cámara Federal, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilite a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.
En la Corte, el pedido del juez fue recibido por un secretario que transmitió que el recurso estaba en el tribunal. Una respuesta formal. Pero en la Corte nada se va a mover en estas vacaciones, con lo que el magistrado está más cerca de la jubilación que de permanecer en el cargo.
De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso administrativo federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.
La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara con la cual el camarista pugna por permanecer en el cargo.
El camarista cumple 75 años el 18 de julio y la Justicia está en plena feria de invierno. Por eso pidió la habilitación de días y horas inhábiles para que la Corte resuelva este fin de semana y de la propia feria judicial para que la cautelar se resuelva antes del vencimiento del plazo.
Mientras tanto, analiza solicitar una licencia cuando termine el receso invernal, un recurso para ganar tiempo sin resignar el cargo. Pero en su propio entorno reconocen que la suerte está echada: salvo una decisión judicial de último momento, el domingo a las 0 horas Irurzun dejará de ser camarista federal.
La demanda reedita la discusión entre los precedentes Fayt y Schiffrin de la Corte.
El planteo central es que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994, no habilitó a la Convención Constituyente a fijar un límite etario para los jueces, y solo le permitió avanzar sobre los mecanismos de designación y remoción de magistrados.
Al incorporar la cláusula de los 75 años, sostiene la presentación, la Convención se excedió de sus competencias y cometió un acto “nulo, de nulidad absoluta”, en los términos del artículo 6° de la propia ley declarativa.
Argumenta Irurzun que agrede la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio del cargo, y “deviene atentatorio de la independencia del Poder Judicial”.
El escrito no ignora que la Corte Suprema ya convalidó la cláusula en el caso Schiffrin, cuando revirtió la doctrina del caso Fayt.
Pero sostiene que ese estándar “se ha extinguido” porque los jueces hoy no son los mismos, pues la salida de Juan Carlos Maqueda cambió las mayorías.
Irurzun se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a todo ministro de la Corte que haya intervenido como convencional constituyente en 1994 y aprobado el precepto impugnado.
Alude al presidente de la Corte Horacio Rosatti, convencional en Santa Fe hace 32 años y autor de uno de los votos de la mayoría en Schiffrin.
Con una Corte de tres miembros, un eventual apartamiento de Rosatti dejaría el caso en manos de Ricardo Lorenzetti, que votó por la validez de la cláusula en 2017 y de Carlos Rosenkrantz, el único disidente del caso Schiffrin.
Entonces el máximo tribunal debería llamar a conjueces para resolver. Toda una arquitectura judicial que difícilmente se puede poner en marcha en horas, y mucho menos en la feria judicial.
Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal de apelaciones que revisa todas las causas de corrupción, un espacio que el Gobierno ansía ocupar con un candidato afín.
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POLITICA
La Casa Blanca respaldó el derecho de los jugadores de la selección argentina a expresarse sobre la cuestión Malvinas
La Casa Blanca sentó posición en la previa de la final de la Copa del Mundo frente a la polémica desatada luego de que los jugadores argentinos desplegaran una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria contra Inglaterra en la semifinal del torneo y defendió su derecho a expresarse libremente.
Al ser consultado en una conferencia de prensa por el periodista británico Rob Harris (Sky News) sobre el accionar de los jugadores albicelestes, el director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, fue categórico: “Tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”.
“Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda en los Estados Unidos de América. Creo que esta va a ser una final increíble. Pienso en Argentina, en la increíble remontada que lograron contra el equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensó que este sería el año en que, finalmente, después de 60 años, Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta el 2030 o más. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Y, en cuanto a la capacidad, la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”, respondió.
La bandera había sido arrojada desde la tribuna y fue el mediocampista Giovani Lo Celso quien se encargó de colocarla en una de las áreas, rodeado por varios de sus compañeros. El gesto expuso la fuerte carga emocional e histórica con la que el plantel vivió el encuentro, en contraste con los esfuerzos previos del director técnico, Lionel Scaloni, quien durante los días anteriores había intentado bajar los decibeles de la rivalidad al asegurar ante la prensa que solo era una “partido de fútbol”.
El mensaje de los futbolistas desafió las estrictas pautas de seguridad impuestas para el partido, catalogado previamente como de “alto riesgo” por las autoridades estadounidenses.
Incluso la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los hinchas argentinos que estaría “prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial”, aclarando específicamente que quienes intentaran ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso.
La posibilidad de una sanción para el equipo que conduce Scaloni comenzó discutirse mediáticamente luego de las quejas de periodistas y políticos británico, que alegaron que el código de la FIFA prohíbe expresamente “pancartas, banderas, volantes, prendas y otros elementos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria”.
En 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 27.000 dólares tras un incidente idéntico —la misma leyenda— antes de un amistoso contra Eslovenia. De haber una pena, en base a los antecedentes, no debería exceder a un castigo económico.
El presidente Javier Milei también se refirió al episodio y lo calificó como una expresión “perfectamente válida y lícita”. Sin embargo, aclaró que la cuestión de la soberanía se resolverá por la vía diplomática y separó ese episodio de una eventual sanción económica de la FIFA.
“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, sostuvo. Pero agregó que el reclamo soberano “está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente”. “Son cosas distintas. Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, dijo.
Por su parte, el gobierno británico reclamaron una investigación formal por parte de la FIFA.
La portavoz del primer ministro,Keir Starmer, fijó la postura oficial durante la habitual conferencia de prensa con periodistas parlamentarios.“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, afirmó. Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”.
Durante la conversación con los medios también le consultaron si la FIFA debía intervenir por la exhibición de la bandera. La portavoz respondió que coincidía con las declaraciones formuladas previamente por el ministro de Ciencia, Peter Kyle, y señaló que cualquier decisión corresponde al organismo rector del fútbol mundial.
Medios británicos, como DailyMail o The Telegraph, reseñaron las declaraciones del funcionario del gobierno de Trump y lamentaron que se “haya puesto del lado de Argentina”. También señalaron que no se sabe si la FIFA tomará alguna decisión -algún castigo- antes de la final del domingo contra España.
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